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Ya salió El Socialista Centroamericano No 279-

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Guatemala y El Salvador: dos peligrosos proyectos de nuevas amnistías

Mientras la atención de muchos se concentra en los decisivos acontecimientos de Venezuela, en Centroamérica están ocurriendo pequeños pero significativos cambios que, de materializarse, reflejarían un enorme retroceso histórico.

El genocidio cometido por el Ejército de Guatemala en contra de la población indígena, bajo el pretexto de combatir a las guerrillas, terminó con los Acuerdos de Paz de 1996 y con la aprobación de una Ley de Reconciliación Nacional (LRN) que incluyó una amnistía para los delitos políticos, pero no para los responsables de masacres, secuestros o violaciones, consideradas delitos de lesa humanidad. Con esa ley han sido juzgados más de 42 militares, mientras otros están con procesos penales pendientes.

 

Incluso, diez años después, en el 2006, la Organización de Naciones Unidas (ONU) impulsó la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), precisamente porque las mafias, la corrupción y la impunidad estaban ligada a los militares que habían cometido crímenes de lesa humanidad.

En su lucha a muerte contra la CICIG, el gobierno de Jimmy Morales impulsa la iniciativa de Ley No 5377, Reformas al Decreto número 145-96 del Congreso de la República, Ley de Reconciliación Nacional, que ya entró a segunda lectura en el Congreso de la República de Guatemala, pretende conceder amnistía a los responsables de crímenes de lesa humanidad, violentando la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por Guatemala.

Las alarmas se han encendido. La Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) del sistema de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha solicitado oficialmente al gobierno de Guatemala no proceder a reformar la LRN.

Pero lo que ocurre en Guatemala no es un hecho aislado, hay otro síntoma del mismo fenómeno en El Salvador. Como parte de los Acuerdos de Paz de 1992, en El Salvador se aprobó en 1993 la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz. Esta ley fue hecha a medida de los militares, fue muy generosa ya que impidió durante mucho tiempo juzgar a los responsables de crímenes cometidos durante la guerra civil, entre ellos los asesinatos de los jesuitas.

No obstante, en julio del 2016, la Sala Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993, lo que significó un duro golpe contra la impunidad a favor de los militares.

Igual que en Guatemala, una Comisión Ad Hoc de la Asamblea Legislativa de El Salvador, conformada  en el año 2018 por los diputados Rodolfo Parker del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Antonio Almendariz del Partido Conciliación Nacional (PCN), Nidia Díaz del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Mauricio Vargas de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y Juan Carlos Mendoza del Partido Gran Alianza Nacional (GANA), pretenden llenar con una nueva Ley de Reconciliación el enorme hueco dejado por la sentencia de la Sala Constitucional en el año 2016.

El contenido de la propuesta se conocerá a inicios de marzo de este año, pero si por la víspera se saca el día, nada bueno pretende la iniciativa de una nueva ley de amnistía.

La coincidencia de estos dos proyectos de ley de amnistía, tanto en Guatemala como en El Salvador, no es una casualidad. En ambos países se produjeron genocidios y masiva violación de derechos humanos, durante la lucha contra la insurgencia de las guerrillas de la URNG y el FMLN.

Ambos intentos de conceder nuevas amnistías, pretende proteger aquellos militares involucrados en crímenes de lesa humanidad. Además, refleja una tendencia a proteger a la oficialidad de los Ejércitos, en momentos en que los Estados del Triángulo Norte de Centroamérica están siendo sacudidos por crisis económica y fiscal que provoca altos índices de violencia, criminalidad y descomposición social. En pocas palabras, de aprobarse estos dos proyectos de nuevas amnistías, estaríamos retrocediendo al periodo anterior a los Acuerdos de Paz, cuando prevalencia campantemente la impunidad de los militares, con la diferencia que ya conocimos en carne propia los estragos causados.

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