La crisis ha obligado, a la administración Trump, a priorizar la vigilancia y control en su frontera sur, su patio trasero (México y Centroamérica). En la conferencia de Miami, el Vicepresidente Mike Pence fue categórico al afirmar que: “El presidente Trump ya ha tomado pasos decisivos para proteger al pueblo estadounidense de las consecuencias más duras de la migración ilegal y el tráfico transnacional de drogas (…) Para seguir disminuyendo el flujo de migración ilegal (…) y de drogas ilegales hacia Estados Unidos, el presidente Trump sabe, como lo saben ustedes, que tenemos que enfrentar estos problemas desde su raíz. Tenemos que enfrentarlos y tenemos que resolverlos en Centro y Suramérica (…) La alianza con el Triángulo Norte es para construir y cumplir esta misión vital. Eso es lo que nos ha traído aquí hoy (…) Lo primordial para el presidente Trump es la seguridad de los Estados Unidos, pero él sabe que la seguridad y prosperidad de la región está directamente vinculada con la nuestra”.

Este discurso imperial liga la seguridad nacional de Estados Unidos a la lucha contra el narcotráfico en Centroamérica, y ponen un peligroso signo de igualdad entre la inmigración y el crimen organizado, como si fuesen dos manifestaciones de un mismo fenómeno. Incluso, pone otro signo de igualdad entre inmigrantes y la violencia de las maras al interior de las principales ciudades de Estados Unidos.

Y el resultado de esta política es un vuelco hacia la militarización de la frontera sur de Estados Unidos, pero no con marines, ni instalando nuevas bases militares, sino con soldados mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, por el momento.

Esta militarización no es propia de Trump, viene de las anteriores administraciones. Al final de la administración de George Bush, en 2008, el gobierno de Estados Unidos concibió el Plan Mérida, como una forma de combatir el narcotráfico en México. Posteriormente, en 2010, bajo la administración Obama, se creó la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana (CARSI, en inglés) para combatir el crimen organizado, pandillas transnacionales y el tráfico de drogas. A finales del 2014, Obama impulsó el Plan de la Alianza para la Prosperidad (PAP), que si bien mantenía como eje el fortalecimiento de los aparatos militares, tenía un componente social que buscaba inhibir la creciente oleada migratoria hacia Estados Unidos.

Lo que ha hecho la administración Trump es profundizar el giro hacia el fortalecimiento de los ejércitos, policías y órganos de seguridad, eliminando el componente social que había introducido Obama en 2014. Por ello, en la Conferencia de Miami, se formalizó el rumor de la reducción de fondos.

Detrás del discurso agresivo de los funcionarios de Trump se oculta un plan estratégico de la administración Trump: evitar a toda costa que, en las próximas décadas, los blancos se conviertan en una minoría en Estados Unidos. Por eso está expulsando inmigrantes, cerrando las fronteras, amenazando construir un muro gigantesco, armando y apertrechando a los ejércitos y aparatos policiales de México y Centroamérica.

La actitud de todos los gobiernos de Centroamérica, presentes en la Conferencia de Miami, fue abyecta, vergonzosa. Todos pedían dinero como limosneros, todos suplicaban que se mantuviera el TPS para los inmigrantes centroamericanos. En ambas peticiones, la repuesta de la administración Trump fue tajante: reduce los fondos del PAP y no negocia el TPS.

No es el momento de llorar de rodillas ante el imperialismo norteamericano, es el momento de prepararse para lo que viene: deportaciones masivas, militarización de nuestros países, un aumento de la miseria y desesperación de las masas, porque ya no tendrán la opción de ir a trabajar a los Estados Unidos, lo que obligará a decenas de miles a luchar contra las brutales condiciones de miseria y explotación del capitalismo semicolonial en Centroamérica.