Desde mediados de agosto asistimos en Guatemala a un repunte de las luchas campesinas e indígenas. El centro de la misma fue en un inicio la demanda de derogación de la Ley de Protección a las Obtenciones Vegetales, que permitía el registro de cultivos transgénicos y también el registro y privatización de las variedades vegetales que desde hace siglos se cultivan libremente en el país. A esta lucha se unieron no solo las organizaciones campesinas e indígenas, sino también maestros, estudiantes, intelectuales y otros sectores populares. La fuerza y la unidad logradas no se veía desde el segundo semestre de 2012, cuando numerosos sectores hicieron suyas y lucharon por demandas que iban desde la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural hasta la anulación de la reforma a la carrera magisterial y la nacionalización de la energía eléctrica. La movilización de decenas de miles de indígenas y campesinos logró que los diputados del Congreso de la República derogaran la cuestionada ley.

Animadas por la fuerza lograda, las dirigencias campesinas, con el apoyo de algunas organizaciones sindicales, decidieron continuar la lucha y plantear otra serie de demandas, entre las cuales la que más destaca es la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural, propuesta desde hace 15 años y que lleva 10 engavetada en el Congreso. El 17 y 18 de septiembre el campesinado indígena de nuevo se movilizó bloqueando carreteras en todo el país y manifestando en la capital. El 18, en la sesión plenaria del Congreso se trató aprobar la ley, pero al final el quórum fue roto por la Junta Directiva y fracasó el intento. Los diputados aprovecharon para desviar la lucha y encerrarla en una mesa de diálogo que discuta reformas que quedaron pendientes desde 2012. El 22 y 24 la dirigencia campesina se intentó reunir con los jefes de bloques, pero éstos los dejaron plantados.

En otro orden de cosas, el día 19 se posicionó de nuevo en las noticias el conflicto entre pobladores de San Juan Sacatepéquez, en su mayoría campesinos productores de flores, y la empresa multimillonaria Cementos Progreso, que desde 2005 pretende instalar en el lugar una Planta de producción. Ese día por la noche, agentes a sueldo de la cementera provocaron a pobladores, dando como resultado 11 personas muertas, varias heridas y viviendas destruidas. El gobierno, la cementera y los medios a su servicio han presentado a las víctimas como victimarios, echando la culpa de los fallecidos a pobladores que se oponen a la empresa, y el gobierno impuso Estado de Excepción, realizando ya varias capturas.

Los desplantes de los diputados para con la dirigencia campesina sin duda tendrá como resultado nuevas movilizaciones y bloqueos; habrá que añadir a las demandas planteadas el levantamiento del Estado de Excepción y la liberación de los presos en San Juan.

El problema campesino también es agudo en Honduras, donde las grandes empresas agroindustriales y mineras han asesinado ya a decenas de dirigentes que reclamaban el derecho a la tierra. Los socialistas centroamericanos debemos plantearnos un programa de lucha que unifique las demandas por la tierra, la defensa de los territorios y la defensa de los derechos de las poblaciones originarias.