Por Abelardo de la Torrente

Se acerca otro primero de mayo en Estados Unidos y nuestros hermanos migrantes, sobre todo latinoamericanos, se aprestan a marchar. Esta fecha que recuerda la masacre de obreros perpetrada por la policía de la ciudad de Chicago en 1886 se ha negado en este país. Pero desde 2006 la clase obrera latinoamericana migrante la conmemora y en los últimos años se han incorporado otros segmentos del proletariado estadounidense.

Esta vez los migrantes tienen muchos motivos para salir a manifestar. Una comisión del senado conformada por ocho senadores demócratas y republicanos presentó una propuesta de regulación migratoria para 11.5 millones de inmigrantes sin residencia legal. Según los ponentes, esperarán consultas con organizaciones de derechos civiles, de inmigrantes, sindicatos y una propuesta similar que están realizando en la Cámara de Representantes. Unos días antes, la única central sindical controlada por el Partido Demócrata, la AFL-CIO y las cámaras empresariales habían llegado a un acuerdo para que el gobierno federal emitiera cada año permisos suficientes para trabajadores no calificados, sobre todo mexicanos y centroamericanos, y pudieran laborar en el país.

Esta reforma tiene un alto componente represivo para los trabajadores que busquen entrar ilegalmente a EE. UU. De hecho los beneficios para los inmigrantes residentes se aplicarán para los que haya entrado antes del 31 de diciembre de 2011 y después de seis meses de prueba de un operativo militarizado de control de la frontera sur. Se crea una figura que es el Inmigrante Provisional Registrado (RPI en sus siglas en inglés), otorgando un status temporal para que después 10 años y una serie de requisitos se le conceda la residencia legal.

Sobre los aspectos represivos, se busca que, aprobada esta ley por ambas cámaras legislativas, se implemente un plan de reducción de la inmigración ilegal, donde se le da potestad a la Guardia Nacional y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS en sus siglas en ingles) para que en 6 meses se reduzca el flujo ilegal de personas en la frontera sur en un 90 %.

Además se diseña un sistema de controles en puertos y aeropuertos a cargo del DHS llamado E-Verify, que consiste en un control biográfico para los beneficiarios RPI; varias organizaciones de derechos civiles han considerado que se violan derechos individuales. Si la estrategia de control fronterizo no logra sus metas, un consejo de gobernadores dará sugerencias para extender en tiempo y recursos esta estrategia. Si esto no funciona no inicia la aplicación del programa de regularización migratoria.

Entre los requisitos para ser beneficiario está que paguen impuestos, no tener antecedentes criminales, tener empleo y pagar una multa de 500 dólares. Al terminar el periodo de 10 años tendrán que presentar las mismas condiciones, pagar una multa de 1000 dólares y demostrar que viven arriba de la línea de pobreza, sin duda otra burla tomando en cuenta que la crisis capitalista se carga sobre las espaldas del proletariado.

Los beneficiarios de otros programas como la Dream Act (un programa de regularización para estudiantes de educación primaria y media) podrán por distintas vías tener el status de RPI. Por otro lado, los trabajadores beneficiados con el Programa Agrícola, es decir que trabajen de jornaleros tendrán, aunque con más dificultades, la posibilidad de recibir el status RPI. Por otro lado se realizarán programas específicos para extender la cantidad de visas para trabajadores especializados, una forma cínica de robar profesionales sin otorgarles totalmente la ciudadanía. El gobierno se compromete además a mejorar las condiciones procesales en los tribunales de inmigración respetando los derechos de los inmigrantes.

Independientemente de los aspectos positivos que tiene esta reforma y las enmiendas que se le agreguen, la tónica militarista y racista se mantiene. Por eso este primero de mayo, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a los trabajadores centroamericanos a expresar su solidaridad con sus hermanos en el norte, a exigir a los gobiernos una defensa real de los derechos de nuestros conciudadanos y a que se les reconozca derechos políticos en Centroamérica. A los trabajadores migrantes en EU a luchar, a través de la unidad de todo el proletariado sin importar la etnia y el color de piel, por una reforma migratoria que no tenga plazos tan grandes y tanas limitaciones para conseguir la residencia o la misma ciudadanía y a exigir que se detenga la militarización de la frontera.