Por Eduardo Villalobos

La discusión acerca del 8% del producto interno bruto para la educación, es un asunto que rebasa el aspecto presupuestario y se transforma en político.

El derecho a la educación es un aspecto que en la sociedad costarricense se encuentra establecido, primero en la Constitución Política  de dos formas diferentes. La primera hace referencia a que es libre y obligatoria hasta el Tercer Ciclo de la Enseñanza General Básica. Por otro lado también se garantiza el financiamiento de las universidades. Además el aumento del presupuesto educativo hasta el 8% no se ha dado, por una razón muy sencilla, la educación es una prioridad relativa para la burguesía en la medida que garantice sus intereses como clase.

El gobierno y las autoridades educativas en los diferentes niveles y modalidades durante años han llevado adelante ajustes que atentan contra el derecho de la educación  y además excluyen de las universidades estatales a miles de estudiantes que se ven forzados a entrar a las universidades privadas.

Esto va  de acuerdo a los planes de ajuste implementados por los distintos gobiernos durante casi dos décadas. La inversión ha sido poca, más bien sólo en máxima instancia, sostener el sistema.

Cerca del 70% de los universitarios cursan sus carreras en centros privados y el resto dentro de las públicas, lo que refleja que el modelo de privatización ha tenido importantes resultados. Los sectores  excluidos de las universidades públicas han engrosado el negocio de las universidades privadas. Los costos crecientes de los aranceles,  además de los financiamientos ofrecidos por diversos organismos tanto estatales como de las mismas universidades,  hacen todavía más lucrativo el negocio, que prácticamente están a la libre, debido a las intencionadamente flojas regulaciones de Consejo Nacional de la Educación Superior Privada (CONESUP).

El 8% del PIB como eje permanente de lucha

El tema del presupuesto educativo queda, en la práctica,  ausente de las reivindicaciones de las organizaciones sindicales y estudiantiles. Esto no significa que lo levanten en sus programas o en sus discursos de propaganda.

La lucha emprendida este año por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) y los sindicatos de las universidades en contra de la disminución del presupuesto a las universidades fue parcial.

Las organizaciones en la práctica de circunscribieron a seguir la política levantada por las autoridades universitarias que luego de las negociaciones decidieron aceptar la propuesta del gobierno, que no es más que un parche presupuestario.

Los beneficios que obtienen un sector del estudiantado, sobre todo, las becas 11 o totales, se ven seriamente amenazadas. Los recortes en este campo, en los beneficios recibidos han sido constantes, empezando con la alimentación y otros más.

En los hechos, la política de privatización de las universidades estatales, en distintas modalidades ha avanzado a paso firme. La venta de servicios y otros programas ha generado enormes cantidades de recursos administrados fundamentalmente por las autoridades.

En esto el papel burocrático de la actual dirección de la FEUCR ha sido categórico para que la administración universitaria haya podido golpear.

Formalmente, la posición levantada es correcta como se publica en la página web “Además, por lo que llamamos a no aceptar esta negociación, por el contrario desde las universidades y las organizaciones magisteriales debe levantarse la lucha por el 8% para la educación en el presupuesto del 2010, ya que hoy el gobierno pretende dar un 6% que en el marco de la crisis no es más que un claro recorte presupuestario.”

Pero las Asambleas de Estudiantes y  trabajadores de la diversidad, en conjunto con los trabajadores y estudiantes de las escuelas y colegios no se han dado.

Es diferente cuando una de las organizaciones denuncia y no dirige un organismo tan importante como una federación de estudiantes. El llamado a organizar debe ser claro así como su concreción, aún si las otras organizaciones se nieguen o ignoren.

Es por esto que hacemos un llamado a todas las organizaciones estudiantiles  y de trabajadores de la educación para que se organice un encuentro que prepare la lucha presupuestaria. Los congresos magisteriales, las elecciones de la FEUCR deben ser puestos en función de esta lucha.