Por Sebastian Chavarría Dominguez

En Nicaragua, por segunda ocasión, no se celebra el 1 de Mayo. El año pasado, mediante decreto presidencial, Daniel Ortega prohibió cualquier tipo de concentración popular, bajo el pretexto de combatir la expansión del virus H1N1. Este año, sin mediar ninguna justificación, el gobierno sandinista organizó una concentración en la tarde del 30 de abril, en la llamada “Plaza de las Victorias”, frente al Hotel Princess en Managua.

¿Por qué el viernes 30 de abril y no el sábado 1 de Mayo, como realmente correspondía? La única explicación es que la capacidad de convocatoria del FSLN esta seriamente deteriorada a raíz de las pasadas elecciones municipales del 2008, cuando la oposición burguesa denunció un fraude masivo. El día viernes, todavía se encontraban laborando los empleados públicos, que se han convertido momentáneamente en la fuente de las movilizaciones sandinistas.

La Central de Acción y Unidad Sindical (CAUS), la Central de Unificación Sindical (CUS) y la Central de Trabajadores de Nicaragua (CTN), todos ellas influenciadas por la derecha, se negaron a marchar el 1 de Mayo en señal de protesta, por los constantes despidos de sus dirigentes y disminución de sus base social entre los empleados públicos.

El Bono cristiano, solidario y socialista

La “Plaza de las Victorias” se ha convertido en el punto de concentración de las ultimas movilizaciones del FSLN. La inmensa plaza de la revolución ha quedado destinada a celebrar únicamente el aniversario del derrocamiento de Somoza, o para el cierre de las campañas electorales.

En esa tarde lluviosa, el presidente Ortega anunció la entrega de un “Bono Complementario Cristiano, Socialista y Solidario de 529 córdobas” (25 dólares) a más de 120 mil empleados públicos, (salud, educación, ejercito y policía, etc.) el cual tendrá mantenimiento de valor en relación al dólar norteamericano, con derecho a ser incorporado en el treceavo mes navideño. Este Bono será aplicado a los empleados públicos que ganan menos de 5, 500 córdobas mensuales (260 dólares).

También anunció un leve descuento del precio de los combustibles de 7.50 córdobas por galón de gasolina regular y 8.45 córdobas por cada galón de diesel para el sector transporte, tradicional base de apoyo del sandinismo que ha dado muestras de descontento en los últimos meses. De igual forma, el Presidente Ortega anuncio que el aumento en la tarifa eléctrica  del 6,85% a partir del mes de Mayo, no será aplicado a unas 730,000 familias que consumen menos de 150 KWH al mes.

Polémica sobre el Bono

El anuncio del Bono “Cristiano, Socialista y Solidario” generó una gran polémica. Indudablemente, cualquier ingreso salarial extraordinario, por mínimo que sea, es bien recibido por los trabajadores, independientemente de su filiación política.

El Arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, declaró que “aunque 500 córdobas no le van mal a nadie, lo mejor hubiese sido un aumento de salario, creo que todo mundo eso es lo que estaba esperando”, (El Nuevo Diario 02/05/2010)

Róger Arteaga, Presidente de AMCHAM, alertó que “estos 120,000 ciudadanos con C$529.00 cada mes ejercerá una presión en la demanda de C$63.4 millones de córdobas que al final del año se convertirían en C$507.2 millones de córdobas (…) si la actividad productiva como oferta no responde en igual magnitud lo que se tendrá es una subida generalizada de precios y aumentará la tasa de inflación (…) Esta parece ser más una medida populista, que persigue desesperadamente mejorar la imagen del gobierno, la cual está deteriorada”.

El general Hugo Torres, El diputado del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), dijo que “todo esto es un acto típicamente electorero, con la complicidad del Presidente Hugo Chávez” (Informe Pastrán 3/05/2010)

El reaccionario economista, José Luis Medal, coincidió con el MRS en el sentido que “esta disposición no es más que una medida política preelectoral, que no tiene ninguna sustentación técnica, ni se enmarca en un contexto de retribución al sector público. Lo correcto sería que los recursos provenientes de Venezuela se incorporen al Presupuesto General de la República”. (El Nuevo Diario 02/05/2010)

La posición del gobierno sandinista fue aclarada por el Dr. Antenor Rosales, presidente del Banco Central de Nicaragua, quien restó importancia a las criticas: “Hemos tenido una sanidad financiera,no es un gobierno que se carcaterice por gastar de forma populista como dicen algunas personas, es un gobierno serio, responsable, que hemos mantenido la estabilidad macroeconómica que ha sido reconocida por los organismos financieros internacionales, por los nicaragüenses, por los inversionistas nacionales y extranjeros (…) cuando llegamos a  elecciones, dijimos: vamos a ser responsables, vamos a tener una política macroeconómica estable, pero también no nos vamos a olvidar de la importancia de tener subsidios focalizados, con el propósito de afectar lo menos posible a los nicaragüenses más pobres”. (El 19 digital).

Alberto Guevara, Ministro de Hacienda, refutó los argumentos sobre la inflación diciendo que “el que conoce de economía sabe que esto va a dinamizar la economía nacional, nunca va a haber inflación y a los que critican les recomiendo que se pongan a producir más”. (El 19 digital).

Erosión política del sandinismo

Independientemente si las críticas vienen de los empresarios, la derecha o los renovadores sandinistas, existe una realidad que no se puede negar: las medidas anunciadas por el Presidente Ortega el pasado 30 de abril son un intento de detener la enorme erosión social que sufre el FSLN desde que reasumió el gobierno en enero del 2007.

Las bases del sandinismo están realizando una amarga experiencia práctica con su partido en el gobierno. Ahora ya no se le puede echar la culpa al imperialismo norteamericano, no hay guerra civil ni agresión imperialista aunque no existen las mejores relaciones diplomáticas con Estados Unidos,existe una tolerancia mutua. En el plano economico, este segundo gobierno de Daniel Ortega ha sido, sin lugar a dudas, el gobierno mas neoliberal desde 1990.

¿Qué hacer con la ayuda venezolana?

La polémica se ha centrado en torno al origen de estos fondos, debido a que el convenido suscrito con Venezuela, y que fue firmado por los presidentes Ortega y Chavez, ha permitido que el gobierno sandinista controle desde el año 2007 el monopolio de la importación de hidrocarburos.

El 50% de la factura petrolera, unos 800 millones de dólares al año, queda con un crédito privado a favor del gobierno sandinista, que es utilizado por el grupo actualmente en el poder para impulsar negocios particulares y proyectos de asistencia social. La empresa mixta venezolana-nicaragüense ALBANISA es, después del Grupo Pellas y de los grupos financieros, la empresa más grande y rentable de Nicaragua.

Una parte de la polémica se ha centrado en como una empresa privada pagará el complemento salarial en las planillas del Estado, sin entrar estos recursos al Presupuesto General de la Republica. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha objetado este movimiento financiero del gobierno, congelando la cuarta revisión al programa económico desgobierno sandinista que, por cierto, ha recibido elogios de esta institución.

Poniéndole el cascabel al gato

Los únicos que han querido controlar los fondos de la ayuda venezolana han sido los diputados del MRS. Víctor Hugo Tinoco a nombre del MRS presentó a finales de febrero un proyecto de ley de nacionalización de la importación de hidrocarburos, provocando la alharaca y el temor de las otras bancadas, que no quieren enfrentarse al poder ejecutivo sino negociar con él.

Tinoco justificó su propuesta con el argumento técnico de que “No es posible que en el año 2009 la factura petrolera bajó un 35 por ciento con respecto al año 2008. Pero los precios de los combustibles subieron un 30 por ciento, los costos de la factura energética subieron 12 por ciento y el costo del gas licuado que se usa para cocinar se incrementó un 50 por ciento. ¿Dónde está el beneficio de comprar petróleo más barato?”(La Prensa 3/03/2010)

Pero en realidad el argumento no solo es técnico sino político. El manejo discrecional de los 800 millones de dólares le da un inmenso poder al presidente Daniel Ortega, y coloca a los trabajadores en absoluta desventaja. La única manera que los trabajadores gocen de los beneficios de la ayuda venezolana, es que se nacionalice la importación y venta de hidrocarburos, bajo control de los trabajadores, y que todas estas ganancias sean devueltas a los trabajadores por la vía necesario aumento de salarios, la creación de empleos dignos, la creación de viviendas a precios módicos. Así se le calla la boca a los empresarios, a toda la derecha, y los trabajadores tienen un alivio sostenible en sus duras condiciones de vida.