Por Armando Tezucún

Recientemente la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República anunció sus conclusiones sobre la propuesta de reformas a la Constitución de la República presentada por la Asociación Pro Reforma. Después de diez meses durante los cuales celebró 92 audiencias, escuchando la opinión de 160 personas, la comisión dictaminó que no debe apoyarse el proyecto de cambios constitucionales, pues en algunos puntos contradice los principios democráticos del Estado guatemalteco. La decisión final, sin embargo la tiene el pleno del Congreso, quien deberá rechazar el plan o llamar a una consulta popular que dé su veredicto sobre el tema.

El punto más polémico, en opinión de la comisión, es el que propone crear dos cámaras, una de diputados y otra de senadores, que reemplazarían al actual Congreso. Según Pro Reforma, el senado estaría conformado exclusivamente por personas cuya edad sea entre 50 y 65 años, y para elegir a sus miembros, solamente podrían votar las personas mayores de 50.

El análisis de la comisión expresa: “La comisión considera prudente advertir al pleno del Congreso, como máxima autoridad, el considerar que negarle el voto a cualquier ciudadano no sólo restringe los derechos del mismo, en contra de lo dispuesto por el poder constituyente, en contra de los tratados de derechos civiles y políticos suscritos, ratificados y vigentes en Guatemala”…”Se intenta cambiar el artículo pétreo 140, el cual señala que Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema es republicano, democrático y representativo” (Diario Prensa Libre 11/02/10).

Recordemos que el proyecto Pro Reforma nace en 2003 por iniciativa de personas pertenecientes a las familias de la oligarquía guatemalteca, teniendo como uno de sus principales líderes a Manuel Ayau Cordón, ingeniero y economista y uno de los más acérrimos defensores de las políticas neoliberales, un ícono en las universidades privadas de derecha. En marzo de 2009 la asociación presentó el proyecto ante el Congreso, respaldado por 73,193 firmas de ciudadanos.

Según pro reforma, el subdesarrollo económico y social de Guatemala se debe a la existencia de una Constitución que no vela por el respeto de los derechos individuales. Para Ayau Cordón, los problemas de pobreza y violencia del país se resolverán dando prioridad al derecho individual por encima del derecho colectivo. La base del proyecto es pues, garantizar la propiedad privada y fomentar la economía de mercado.

Paradójicamente, Pro Reforma pretende solucionar la pobreza y el atraso del país a través de un sistema que precisamente ha sido el causante de tales lacras. En este marco sugiere una serie de transformaciones que garantizan un férreo control de los grupos económicos de poder sobre las instituciones del Estado, tales como el discriminativo y excluyente sistema bicameral. Para controlar el poder judicial, por ejemplo, propone cambiar el procedimiento para nombrar a los Magistrados del Organismo Judicial, convirtiéndolos en funcionarios vitalicios. Entre otras cosas, propone que el presupuesto que el Estado debe asignar a la Universidad de San Carlos sea compartido con las universidades privadas, lo que debilitaría enormemente a la USAC, afectaría su autonomía y acentuaría el actual proceso de privatización.

El dictamen de la Comisión de Legislación del Congreso es un logro importante en la lucha por frenar este proyecto reaccionario de los sectores más retrógrados de las clases dominantes guatemaltecas. Pero la decisión aún debe pasar por el pleno del Congreso, por lo que los sectores populares, sindicales y campesinos deben estar listos para presionar para que este nefasto plan sea rechazado.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) no se opone a los cambios en la Constitución de la República. Al contrario, estamos a favor de que se le hagan transformaciones profundas, pero en beneficio de las mayorías explotadas, a través de una Asamblea Nacional Constituyente electa democráticamente que de solución a los problemas que causan el atraso y la pobreza del país, por una reforma agraria auténtica, por derechos sociales, etc. Esta demanda adquirirá cada vez más vigencia a medida que se profundicen las luchas de los oprimidos.