El caso, hasta ahora el más grande de corrupción en el gobierno del Morales, se destapó cuando el martes 27 de enero el empresario petrolero Jorge O'Connor fue asesinado en la puerta de un cuñado del influyente ex senador masista y en ese entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez.

Según las investigaciones, O'Connor fue victimado cuando quiso evitar el robo de una maleta con 450 mil dólares que llevaba consigo. La policía aclaró el hecho en 48 horas. Los autores intelectuales resultaron ser personas del mismo entorno del empresario, entre ellos los hermanos Luis Fernando y Ernesto Córdoba Santiváñez, además de los cuñados de Ramírez. La esposa de Ramírez, Giovanna Cristina Navia Doria Medina, está citada en el caso por los fiscales. Pero la captura de los autores materiales no representó el cierre del caso, sino el inicio de un escándalo de corrupción en el que están en juego un contrato por más de 85 millones de dólares.

"Sabemos de dónde salía el dinero, pero queremos saber a dónde iba", dijeron los investigadores del caso. El dinero había salido de una cuenta de YPFB como concepto de un adelanto de pago a la empresa Catler Uniservice, de la que O'Connor era representante.

Las primeras conjeturas acerca el destino del dinero apuntaban a Ramirez como el destinatario. Días atrás Catler Uniservice había recibido un desembolso de 4,5 millones de dólares, el 10 por ciento de los cuales, los 450 mil que estaban en la maleta del malogrado empresario petrolero, deberían -según las suposiciones- ir a parar a manos de Ramírez. El asesinato se convirtió en la punta del ovillo de un escandaloso caso de corrupción.

Intervenida YPFB, los fiscales apresaron a dos ex directores de esa empresa quienes intentaban borrar archivos de las computadores.

En su primera aparición pública después del asesinato de O'Connor, Ramírez intentó negar sus vinculaciones con la adjudicataria de la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande. "YPFB no tiene ninguna relación con ninguna empresa SRL", dijo y dijo tener documentación para demostrar la legalidad de la adjudicación de la obra. Sin embargo, ahora está claro que Ramírez aceptó que el consorcio Catler-Uniservice no presentara las tres boletas de garantía que exigía el proceso de licitación, no envió los contratos con esa empresa a la Contraloría, no están notariados, pero a pesar de todo ordenó millonarios desembolsos en favor de esa empresa.

Por si fuera poco, el Superintendente de Empresas, Rolando Morales, dijo que la empresa Catler-Uniservice no existe en Bolivia.

Morales, quien desde su posesión como presidente de la República, criticó la corrupción de las anteriores autoridades -durante el acto de posesión le encaró al ex presidente Jaime Paz la corrupción durante su gestión de gobierno- apoyó a Ramírez al conocerse las primeras vinculaciones de esa autoridad con el caso, pero tuvo que retractarse unas horas después y cambió al presidente de YPFB e instruyó una investigación "caiga quien caiga", en un intento de despejar las dudas que sembradas en relación a la honestidad de los funcionarios de gobierno.

"No vamos a preguntar apellido, amistad ni color político, el corrupto tendrá que ir a la cárcel, sea quien sea no nos importa, esa es la decisión del Presidente (Evo Morales) y el Gobierno tiene la obligación de hacer cumplir esa decisión del Presidente", dijo el vicepresidente Alvaro García Linera.

Mientras, en la población existe un creciente malestar por el accionar de las todavía consideradas nuevas autoridades que habían ofrecido un "cambio" en la forma de gestión del gobierno, a la par que las cadenas de televisión informan que la casa de Santos Ramírez, está valorada en un millón de dólares. Los periódicos compiten para demostrar habilidades investigativas. En la oposición, falta poco para que celebren el caso, pero forma comisiones de investigación para poner de relieve el caso.

Si hasta ahora el MAS criticaba a los políticos por escudarse en la inmunidad parlamentaria para evitar responder por casos de corrupción, ahora es la esposa de Ramírez, a la vez es diputada suplente del partido de Morales, quien se ampara en la inmunidad parlamentaria para evitar responder en el caso.