Ante la crisis social y política nicaragüense ¡Solidaridad con las reivindicaciones populares y contra la represión orteguista!

De la Revolución Popular Sandinista

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) nació como una “Organización de Vanguardia”, de planteamientos antiimperialistas y revolucionarios, como lo establece su Programa Histórico (1969), “capaz de lograr […] la toma del poder político y el establecimiento de un sistema social que liquide la explotación y la miseria del pueblo nicaragüense”.

Cuando se derrota a la dictadura de Somoza en julio de 1979, el FSLN contaba con un amplio respaldo de las mayorías sociales e intentó sentar las bases objetivas y subjetivas de un proyecto revolucionario de carácter socialista, no sin grandes desafíos que enfrentar en un país de una economía altamente dependiente y una profunda desestructuración social, sin mencionar la contrarrevolución que Estados Unidos promovería en los 80 y que sería determinante en esta etapa del sandinismo. La Cuarta Internacional inmediatamente celebró el derrocamiento de dicha dictadura y se implicó a fondo en la solidaridad con el movimiento revolucionario popular.

Conscientes de que las transformaciones económicas y sociales radicales serían paulatinas, el FSLN impulsó una Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional donde estaba representado el bloque sandinista y la burguesía. Se proclamó pues, que los principios de la revolución eran la economía mixta, el pluralismo político y el no alineamiento, como las estrategias necesarias en el corto plazo.

En el largo plazo, el Programa Histórico del FSLN sería el marco general a desarrollar, si bien no se realizó en su totalidad, dejando deudas importantes con respecto a la emancipación de las mujeres (en particular, dejando intactas las leyes restrictivas de aborto que sólo permitían la interrupción del embarazo si la vida de la mujer estaba en peligro) o las reivindicaciones del campesinado, así como errores gravísimos como el respetar la deuda externa contraída por el somocismo y la aplicación de políticas monetaristas a finales de los años 80. No obstante, a partir de 1988, los líderes sandinistas introdujeron un ajuste estructural que degradó las condiciones de los pobres sin afectar a los ricos. Estas políticas se parecían mucho a las condiciones que habitualmente impone el FMI y el Banco Mundial mientras, al mismo tiempo, bajo la presión de Washington, ambas instituciones habían suspendido su ayuda a las autoridades sandinistas. Dichas políticas de ajuste fueron muy criticadas por ciertas tendencias en el seno del FSLN, ya que cargaban sobre las espaldas de las clases populares el esfuerzo del ajuste.

De todos modos, el Programa sí incluía la construcción de un Gobierno Revolucionario que permitiese la plena participación de todo el pueblo, tanto a nivel nacional como a nivel local, el respeto a los derechos humanos, la libertad para organizar el movimiento obrero-sindical en la ciudad y el campo, libertad para organizar agrupaciones campesinas, juveniles, estudiantiles, de mujeres, etc. Se expropiaron latifundios, se redistribuyó la tierra y se formaron sindicatos y asociaciones campesinas. También hubo nacionalización de fábricas, edificios y demás activos de la oligarquía somocista.

Durante los once años siguientes, se generalizó la enseñanza, se abrió la universidad a las clases populares, se crearon programas de atención social y se puso en marcha un sistema de salud de carácter universal y otros servicios básicos y se lanzaron Comités de Defensa Sandinista (CDS) para organizar a la población de los barrios.

El FSLN también establecía una política tributaria justa, derechos laborales y justicia social histórica para la Costa Caribe, en razón de la explotación y discriminación para con los pueblos indígenas originarios. Se trataba pues, de un programa hacia el socialismo que preparaba las condiciones materiales para ello, con planteamientos tácticos y estratégicos, que, a pesar de las dificultades del contexto y la amenaza del imperialismo estadounidense, abría nuevas promesas de ruptura con el sistema hegemónico.

Sin embargo, la reforma agraria no fue suficientemente lejos: las expropiaciones se centraron principalmente en los activos de la familia Somoza y sus aliados, y salvaguardó los intereses de los principales grupos capitalistas y las familias más poderosas, que ciertos líderes sandinistas querían convertir en aliadas o compañeras de viaje. Además, en lugar de dar prioridad a explotaciones pequeñas y medianas, el FSLN rápidamente creó un sector agrario de cooperativas estatales, que no concordaba con las actitudes de la población rural, partes de la cual fueron atraídas por los contrarrevolucionarios de la Contra.

La autoorganización y el control obrero no se fomentaron lo suficiente. Parte de la dirección del FSLN se había formado en Cuba en los años 60 y 70, lo cual, bajo la influencia de la Unión Soviética estalinizada, estaba promoviendo unas organizaciones populares en marcos muy controlados y limitados. Como resultado de ello, las masas no pudieron participar plenamente en su emancipación.

La traición al Programa Histórico del FSLN y el establecimiento de un régimen corporativista autoritario

Cuando el FSLN fue derrotado electoralmente en 1990, la nueva situación internacional favorecía a la derecha, la restauración capitalista en Europa del Este dejó a Nicaragua sin aliados internacionales. Pero también empezaba a cundir cierto desánimo por el rumbo que estaba tomando el proceso revolucionario. En las bases sandinistas había malestar por la burocratización y el verticalismo de la Dirección Nacional del FSLN, quienes elegían a los miembros de los CDS, cargos sindicales, cuadros territoriales y mandos intermedios. Progresivamente, la ausencia de democratización en estos órganos conllevó al desarrollo de una dirección sandinista burocratizada que gozaba de privilegios que contrastaban con la realidad de las grandes mayorías a quienes se le pedían sacrificios económicos y sociales en nombre de la revolución.

Cuando los principales comandantes de la Dirección Nacional, cargos públicos y cuadros medios se apoderaron de tierras, cafetales, mansiones, haciendas, automóviles y otras propiedades del Estado que, la revolución recuperó en nombre de las grandes mayorías —en lo que popularmente se conoce como “la piñata”—, este malestar se profundizaría. Los argumentos presentados por la comandancia era el evitar que el enemigo se adueñase de lo que tanta sangre había costado, pero esto no fue suficiente para explicar ante la población el enriquecimiento personal de la entonces incipiente burguesía sandinista.

Posteriormente, bajo Daniel Ortega el FSLN adoptó una actitud que osciló entre el compromiso y la confrontación ante el gobierno de la Unión Nacional Opositora (UNO) de Violeta Chamorro. El Directorio Nacional del FSLN, controlado mayoritariamente por la corriente Izquierda Democrática de Daniel Ortega, alentaba las luchas contra las privatizaciones, por un lado, mientras en la Asamblea Nacional apoyaba al gobierno de Chamorro que las llevaba a cabo, por el otro.

A finales de los años 90, Ortega pactó con el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de Arnoldo Alemán, quien era presidente desde 1997, en una suerte de coexistencia con la derecha más conservadora y corrupta. Éstas eran “amistades peligrosas” para un proyecto revolucionario. No obstante, fueron beneficiosas para el FSLN de Daniel Ortega y para el PLC de Alemán, quienes habían obtenido distintos beneficios de tales pactos. Ello se vio con el apoyo a Ortega por parte del PLC ante la denuncia de abuso sexual de su hijastra Zoilamérica Narváez. Y, años más tarde, cuando a Alemán, quien había sido sentenciado a 20 años de cárcel por corrupción galopante de su gobierno, se le permitió cumplir su condena bajo arresto domiciliario gracias a los hombres que Ortega había colocado en el poder judicial, hasta que el Tribunal Supremo anuló la pena en 2009 durante la presidencia de Ortega.

La reforma a la Ley electoral del año 2000, promovida por diputados sandinistas y liberales también fue otro producto del pacto Ortega – Alemán. La reforma permitió que la presidencia y vicepresidencia de la República se obtuviese con un mínimo del 35% y que superaran a los candidatos del segundo lugar por una diferencia de cinco puntos porcentuales. Esta Ley Electoral permitió a Daniel Ortega, quien carecía de apoyo electoral suficiente desde 1990, ser elegido en 2006 con el 38,07% de los votos.

Estando en la oposición, el grupo parlamentario sandinista votó en 2006, de acuerdo con los diputados conservadores, una ley que prohíbe completamente el aborto. Lo hicieron como parte del pacto con la derecha que les permitió volver a la presidencia de la república a finales de 2006. Y fue bajo la presidencia de Daniel Ortega —quien se negó a derogar la ley— cuando dicha prohibición fue incluida en el nuevo código penal que entró en vigor en 2008. Esta prohibición no permite ninguna excepción, ni tan siquiera cuando la salud o la vida de la mujer embarazada corre peligro, o cuando el embarazo es resultado de una violación.

Este movimiento acompañó el progreso experimentado en la consolidación de otras amistades peligrosas: esta vez, con un antiguo adversario del FSLN, el Cardenal Miguel Obando y Bravo, a quien Ortega reincorporó a la vida pública como Presidente de la Comisión de Reconciliación, Paz y Justicia, una instancia que velaría por el cumplimiento de los acuerdos para con los desmovilizados de guerra. Aquí se iniciaría otra relación de prebendas entre el FSLN de Ortega y los poderes fácticos. Con el fin de ganar los votos de los conservadores, Daniel Ortega se casó con Rosario Murillo en la iglesia antes de las elecciones de noviembre de 2006, con el cardenal Obando oficiando el acto.

También fue a partir del regreso de Ortega al gobierno que el FSLN formalizó los acuerdos con el COSEP, estableciendo una alianza entre estos dos sectores, presentada como un espacio de concertación tripartita, entre gobierno, el sector privado y los sindicatos. No obstante, la participación de los sindicatos sería testimonial, ya que han sido cooptados por los intereses de partido del FSLN, es decir, de los Ortega-Murillo, como han evidenciado los posicionamientos de la Central Sandinista de Trabajadores (CST) en casos de luchas de los trabajadores frente a grandes empresarios como la familia Pellas o ante los acuerdos sobre el salario mínimo. Así, poco a poco, desde la formulación de leyes hasta las negociaciones salariales, la economía política nicaragüense estaría supeditada los intereses del gran capital nacional. No obstante, un pacto de esta naturaleza, no puede restringirse al gran capital nacional, pues su propia dinámica lleva al capital transnacional, en particular a la industria extractivista y, sobre todo, a la minería. En todo ello subyace la lógica neoliberal imperante en la región: la canalización de recursos públicos a inversiones privadas, la externalización y privatización de servicios, exenciones y beneficios fiscales para el capital, etc.

El tratado de libre comercio con los Estados Unidos fue adoptado en 2005. Si el grupo parlamentario del FSLN, entonces en la oposición, votó en contra de su ratificación en octubre de 2005, luego en 2006, los parlamentarios del FSLN apoyaron a cambios en una serie de leyes que permitían confirmar las condiciones impuestas por EE.UU. Además una vez en el poder a partir de 2007, el gobierno de Daniel Ortega no intentó en absoluto derogar este acuerdo de libre comercio con la superpotencia estadounidense. Esto constituyó un giro más en la orientación del FSLN pues, anteriormente, había acusado al gobierno del presidente Enrique Bolaños de someter Nicaragua a los intereses económicos de Washington. Otros tratados de libre comercio fueron aprobados con el apoyo del FSLN: un tratado con Taiwan (que entró en vigor en 2008), uno que concierne a América Central con México (2011) y otro entre América Central y la Unión Europea (2012).

En 2006, Nicaragua era beneficiaria de un alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados –el FMI canceló 206 millones de dólares de la deuda nicaragüense. Cuando Ortega volvió al gobierno en 2007, el programa FMI ya se había terminado y el Fondo no vio necesidad alguna de firmar otro, ya que consideraba sostenible la deuda de Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega insistió, no obstante, en implementar un nuevo programa con el fin de atraer inversores extranjeros. Finalmente el FMI aceptó, pidiendo al gobierno que profundizara las políticas neoliberales llevadas a cabo por la derecha y que aplicara una austeridad fiscal con el fin de obtener un superávit fiscal primario.

Por consiguiente, las instituciones de Bretton Woods no tienen nada que reprochar al gobierno nicaragüense. El FMI constata “el éxito que ha tenido Nicaragua en mantener la estabilidad macroeconómica” (marzo 2016). En la última visita de su personal técnico (febrero 2018), este organismo ha declarado que “el resultado económico de 2017 estaba por encima de las expectativas y que la perspectiva para 2018 era favorable”. En lo que respecta al Banco Mundial, eligió el momento preciso en abril de 2018 cuando el gobierno Ortega acababa de anunciar medidas neoliberales en relación con la Seguridad Social para felicitarle por sus acertadas políticas económicas. En otras palabras, Nicaragua ha funcionado dentro de las directrices que estos organismos imponen a la región.

Todo esto ha sido posible con un control mayoritario de la Asamblea por parte del FSLN. Además, en noviembre de 2013, Ortega introdujo una iniciativa de Ley de Reforma a la Constitución de la República, en la que se incluía la propuesta de elegir al Presidente con “mayoría relativa” de votos, independiente del porcentaje alcanzado, y permitir la reelección presidencial indefinida. Actualmente, el FSLN de Ortega tiene el control absoluto de la Asamblea, con 71 diputados de un total de 92.

Pero quedan dos grandes traiciones del FSLN a su Programa Histórico que no pueden dejar de mencionarse. La primera, es la desmovilización y destrucción del tejido organizativo de base y de los grandes movimientos sociales, cooptados en su mayoría por el régimen. Esto se da a través de un control a distintos niveles, desde el normativo legal, con la eliminación de la elección por la suscripción popular y por el control ejercido a través de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), que son formas verticales de organización que persiguen el control de los ciudadanos para los propósitos de poder de la pareja presidencial.

La otra traición es a los derechos humanos de las mujeres, que, con la prohibición total del aborto, la reforma de la ley de violencia machista, la persecución al movimiento feminista crítico con el régimen, la impunidad frente a años de abuso sexual a Zoilamérica, etc., está cuestionando todo el sistema político y social levantado en torno al Orteguismo. En 2012, después de una importante campaña de las organizaciones de base de mujeres que se remonta a la época de la revolución, Nicaragua introdujo la Ley 779 que actúa contra la violencia contra la mujer. En particular, eliminó el requisito anterior de mediación en los casos de abuso. Esta disposición fue el resultado de una campaña progresista, pero hubo también una campaña reaccionaria en su contra, impulsada por la jerarquía católica, que la calificó de "anti-familia". Esto resultó en que la ley fuera seriamente debilitada por la enmienda que reintroducía la mediación obligatoria 15 meses después de que fuera aprobada por primera vez, sin resistencia alguna por parte del FSLN.

Frentes de lucha feminista y de base obrero-campesina. La represión estatal como respuesta

Llegados a este punto, está demostrado que el Programa Histórico del FSLN, comprometido con los derechos e igualdad entre las personas, es contradictorio con la deriva tomada por el Orteguismo. Dentro de todas los frentes abiertos de lucha, han sido los movimientos de mujeres, críticos con el gobierno, quienes no han dado tregua en la denuncia sobre los cambios a la Ley 779, que reduce los feminicidios al ámbito de las relaciones de parejas heterosexuales o que incluye la mediación con agresores como mecanismo de resolución de conflictos. Es decir, la ley fue vilipendiada, como lo son los cuerpos de las mujeres nicaragüenses expuestos a estas leyes o manifestándose en las calles por sus derechos.

Otros frentes se ubican en la lucha contra el extractivismo y hay distintos ejemplos de los conflictos entre la acumulación de capital y la sostenibilidad de la vida misma, derivado de la incompatibilidad que el extractivismo tiene como motor de un desarrollo que no beneficia a las grandes mayorías, ni a las comunidades que sufren sus efectos negativos, como se vio en Rancho Grande o Mina El Limón. En ambos casos, ante la organización comunitaria y la movilización, la respuesta ha sido la represión. Lo mismo sucede con proyectos mineros, hidroeléctricos y de agronegocios.

Pero, de todos estos proyectos que son una amenaza para las comunidades y el medio ambiente, hay uno que ha tenido una movilización generalizada, nacional e internacionalmente que Ortega no ha podido ocultar: se trata de la construcción de un canal interoceánico que propone partir en dos el país y la región, desde el mar Caribe hasta el Océano Pacífico, atravesando el Lago Cocibolca, principal reserva de agua dulce de Centroamérica. En este caso, la respuesta ha sido la persecución, represión y estigmatización de los movimientos sociales.

A la vista de todo lo anterior, el Gobierno, que sirve los intereses del capital privado (ya sea de propiedad capitalista local “tradicional”, burocrática o extranjera), no solo actúa reprimiendo al pueblo a favor de las transnacionales, sino que también es cómplice de la destrucción del medio ambiente y culpable de violaciones generalizadas de los derechos humanos.

Abril 2018 y la movilización popular contra el régimen: el orteguismo cruza el rubicón

Once años han pasado ya desde el regreso de Ortega al gobierno, un tiempo en el que se ha acumulado el suficiente descontento social como para que dos acontecimientos detonasen el estallido de abril de 2018: la inacción del Gobierno frente al incendio de la Reserva de Indio Maíz y la propuesta de reforma del Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS). Esta reforma recortaría el montante de las pensiones un 5%, limitaría la indexación de las pensiones en relación con la tasa de inflación e introducido recortes en las pensiones futuras de aproximadamente un millón de asalariados que podrían llegar a alcanzar el 13%.

El estallido social se reflejó en la movilización en las calles de varias ciudades nicaragüenses e hizo colocar la mirada de la comunidad internacional en Nicaragua y el descontento popular contra el régimen.

El 18 de abril las manifestaciones y protestas surgieron espontáneamente y de forma pacífica en ciudades de referencia, como León o Managua y fueron inmediatamente repelidas de forma violenta por parte del Gobierno. Distintos informes de DDHH refieren a grupos organizados progubernamentales o “fuerzas de choque” reclutados desde las Juventudes Sandinistas, además de policías antidisturbios. Este uso desproporcionado de la violencia alimentó las protestas y las movilizaciones del 19 de Abril a través de los llamados “autoconvocados”: se trata de jóvenes, estudiantes, trabajadores, etc., que organizaron tomas de calles y ciudades a través de los “tranques” y que poco a poco se fueron extendiendo por el país a ciudades como Masaya, Granada, Matagalpa, Rivas y Estelí, sumando a otros colectivos y movimientos. Desde ese día, el gobierno de Ortega-Murillo ha continuado con la represión policial y militar y, en especial, con la actuación de grupos paramilitares, que han disparado indiscriminadamente a la población. Dichos grupos están enmascarados, fuertemente armados y operan con total impunidad, a plena luz del día y junto a las fuerzas policiales. Ello pone de relieve que actúan con total acuerdo del régimen.

El 22 de abril, dada la gran participación en las manifestaciones, Ortega canceló la reforma del INSS. El 24 de abril, el Gobierno accedió a iniciar un Diálogo Nacional con un grupo de manifestantes y otros actores bajo la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, compuesto por organizaciones de la sociedad civil, estudiantes, campesinado e incluso el sector empresarial, y con la Iglesia Católica como mediadora, con el objetivo de resolver el conflicto. Entonces, los movimientos sociales ya tenían claro sus demandas para establecer el diálogo: no habría negociación sin el cese de la represión, la garantía de justicia y reparación por los manifestantes asesinados en los días anteriores y la salida del duo Ortega-Murillo del poder, como un objetivo que no era pues, de negociar una transición post Ortega. No obstante, tras la insistencia sobre estos puntos, el Gobierno decidió suspender la mesa de diálogo. Para la movilización social, continuar la negociación en ese contexto hubiese significado un refuerzo del Orteguismo y su régimen represivo.

Al mismo tiempo, se ha dado una rápida respuesta de las instituciones del Estado para legitimar la represión, por ejemplo, con la promulgación de la Ley Antiterrotista, que criminaliza y persigue a perfiles específicos de líderes y lideresas de los movimientos sociales. Miles de personas exiliadas y más de 400 personas muertas dan cuenta del punto sin retorno en el que ha derivado el régimen, que incluso ha llegado a expulsar a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, incluida la propia ONU. Tras el uso masivo del terror para reprimir e intimidar a la población, el gobierno recuperó el control de las calles a mediados de julio. Desde entonces, varios centenares de personas, tildadas de “terroristas” por el gobierno, han sido arrestadas y siguen en la cárcel, sin que se respeten sus derechos –no se permite a las asociaciones de defensa de los derechos humanos acercarse a las prisiones, ni a los abogados de algunos de los detenidos. Algunos de ellos han sido intimidados y torturados para que forzarles a dar falsas confesiones que confirmarían la afirmación de que el gobierno se enfrenta a un complot para ser derrocado por la fuerza.

Como resultado de la represión, amplios sectores de la población han sido suficientemente intimidados como para no tomar parte ya en manifestaciones callejeras. No obstante, se han organizado muchas manifestaciones, pero no han reunido a tantos participantes como en abril de 2018. Han sido organizadas y su diversidad es amplia: Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de Sociedad Civil, Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Movimientos estudiantiles, Movimientos 19 de Abril (por todo el territorio nacional), organizaciones de base comunitaria, Madres de Abril, Comités de Presos Políticos, Movimientos de Mujeres y redes feministas, colectivos LGTBIQ, Universidad, sindicatos y asociaciones gremiales independientes… Pero hay un consenso en que Ortega y Murillo dejen el Gobierno y en la necesidad de reconstruir el sandinismo sin Ortega.

Pero todas estas organizaciones también están en contra de las injerencias externas que buscan una salida al conflicto para lograr un “Orteguismo sin Ortega”; es decir, el mantenimiento de una estructura clientelar que salvaguarde los intereses económicos del capital nacional y transnacional. De ahí que uno de los principales retos actuales de todos los movimientos sea el debate y los consensos de esa transición y hoja de ruta y que actores como el COSEP, actualmente clave para la salida de Ortega-Murillo, no suponga una amenaza para un proyecto social y económico emancipador.

En este punto sin retorno, el régimen se aprovecha de la retórica antiimperialista para presentar un intento de “golpe de Estado blando” como se ha dado en otros países de la región. El antiimperialismo ortodoxo actual queda reducido a una pantalla útil para legitimarse en la esfera internacional pero que reduce a injerencias externas un conflicto con profundas y complejas raíces en la realidad nacional. Internamente, beneficia sólo a un grupo de personas lo suficientemente privilegiadas como para no sufrir los peores reflejos del régimen que han construido en Nicaragua.

Pero Ortega y sus seguidores no pueden probar este supuesto intento de golpe de Estado. La mayor parte de las manifestaciones no han utilizado métodos terroristas. El gobierno no puede probar la implicación de mercenarios extranjeros. Ningún sector del ejército ha sido denunciado por Ortega por apoyar la idea de un golpe y, en último análisis, el ejército se ha mantenido del lado del régimen hasta el momento.

Ante los hechos aquí expuestos, es sencillamente falaz buscar las equivalencias de golpes de Estado blandos en el caso de Nicaragua. Es igualmente irresponsable defender que las movilizaciones actuales se reduzcan a hechos vandálicos de algunos grupos, o que los derechos humanos, y en especial de las mujeres, sean objetos de negociación o monedas de cambio para cualquier sociedad. Aún menos si cabe para una sociedad que un día aspiramos construir como izquierda revolucionaria. También es falaz presentar el gobierno de Ortega como un gobierno socialista o de izquierdas, dadas las políticas implementadas durante estos últimos once años a favor del capital –como muestra el apoyo del FMI, del Banco Mundial y del gran capital a Ortega, así como el apoyo de potencias capitalistas, el imperialismo USA incluido, hasta que la represión se volvió demasiado fuerte como para seguir apoyando públicamente al régimen. Ningún pueblo tiene que conformarse con menos que las aspiraciones más nobles de libertades, democracia, justicia social y derechos humanos que haya alcanzado, en este caso, sintetizados en los ideales sandinistas. ¡La lógica del mal menor acaba siendo el camino más corto hacia el mal mayor!

Por todo ello, la IV Internacional, que se volcó desde el principio en la solidaridad con la Revolución sandinista, no duda en apoyar a los sectores de izquierdas y democráticos de la resistencia, la rebelión y el poder popular contra el actual régimen orteguista y en solidarizarse con los sectores que luchan por refundar un sandinismo anticapitalista, democrático y respetuoso de los derechos humanos que sea capaz de desembarazarse del despotismo neoliberal y represivo que está aplastando a las clases populares nicaragüenses.

   ¡Alto a la represión de los movimientos populares nicaragüenses! ¡Liberación inmediata de los presos políticos!

    ¡Por los derechos de las mujeres! ¡Aborto legal ya!

    ¡Abajo el régimen corrupto de Ortega-Murillo!

    ¡Contra cualquier tipo de interferencia imperialista en los asuntos internos de Nicaragua! ¡Por el derecho del pueblo de Nicaragua, Centroamérica y más allá de tomar su destino en sus propias manos!

    ¡Por la refundación sandinista! Hacia una alternativa ecosocialista al modelo extractivista exportador y el sistema capitalista, que implica una ruptura que requiere del mayor grado de democracia y autoorganización!

    Articularemos estas reivindicaciones en una campaña internacional de solidaridad con las víctimas de la represión en Nicaragua.

  

    Buró Ejecutivo de la IV Internacional, Ámsterdam, 28 de octubre 2018