Más temprano que tarde, la realidad nos ha dado la razón a los sectores que cuestionamos el proyecto de ampliación durante el referendo de 2006. El escándalo internacional suscitado por la amenaza formal de la empresa española Sacyr, en nombre del consorcio Grupo Unidos por el Canal, de que suspenderá las obras de la ampliación antes de fines de enero si no se le reconoce una factura de sobrecostos de 1.600 millones de dólares por encima de lo presupuestado, prueba que el proyecto de ampliación era apresurado y no bien estudiado, porque el apuro era meterle el diente a los recursos futuros del canal por parte de intereses locales y foráneos.

Lo que advertimos desde 2006

En 2006, el Frente por el No, compuesto por organizaciones populares como Frenadeso, Fuerza Política Alternativa y el Movimiento Popular Unificado, nos opusimos al proyecto de ampliación presentado por la directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, señalando:

1. Que era un proyecto sostenido sobre argumentos falsos, como que el canal estaba "obsoleto";

2. Que el verdadero objetivo de esta obra faraónica era apropiarse una parte notable de los ingresos a futuro del canal por parte de empresas constructoras y financieras locales e internacionales;

3. El proyecto mostraba debilidades en sus proyecciones financieras y los costos terminarían siendo superiores a los 5.200 millones proyectados;

4. Lo más importante, que se desviaban recursos multimillonarios que deberían usarse para saldar la enorme deuda social con el pueblo panameño, que sí luchó por la soberanía para que el canal le permitiera vivir mejor: crear empleos, escuelas, hospitales, etc.

Incluso denunciamos que el referendo NO significó un aval del pueblo panameño a la ampliación, pues se abstuvo de votar más del 70% y, de los que votaron, el 40% lo hizo por el NO. Por ende, incurrían en otra falsedad el gobierno y la directiva de la ACP al sostener que había legitimidad para empezar la obra.

En 2009 denunciamos "conflicto de interés"

En 2009, cuando la ACP adjudicó la obra al consorcio "Grupo Unidos por el Canal", compuesto por cuatro empresas (la española Sacyr, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA) señalábamos que: por un lado, Sacyr era una empresa que ya estaba tocada por la crisis inmobiliaria española, incapacitada para asumir la obra; pero además, que existía un conflicto de intereses, porque la empresa panameña CUSA pertenece a la familia del entonces administrador Alberto Alemán Zubieta.

Existen por ello suficientes razones para dudar de la honestidad de las empresas que reclaman un sobrecosto del 50% sobre el valor proyectado, como de la directiva de la ACP, y mucho menos del gobierno de Ricardo Martinelli, que dicen "defender el interés nacional".

¿Qué relación existe entre la factura presentada ahora, no aprobada por la nueva directiva de la ACP, y el hecho de que esto se produzca una vez retirado el administrador Alberto Alemán Zubieta? ¿Por qué el contenido del contrato es secreto?¿Qué relación hay entre ambos hechos y que Sacyr hubiera introducido en sus cuentas, desde 2012, ingresos por sobrecostes de 600 millones como si ya hubiesen sido aprobados por la ACP? ¿Qué relación existe entre estos hechos y el renovado interés de la norteamericana Bechtel en el canal y en un puerto de contenedores aquí? ¿La reciente visita del vicepresidente norteamericano Joseph Biden en qué sentido se ocupó de estos temas?

Ninguna confianza en directiva ACP y Martinelli, exigimos Comisión Independiente

Suficientes preguntas como para preocupar a la ciudadanía panameña, en un mundo donde los sobrecostos son la forma más "moderna" de robar legalmente a los Estados y a los ciudadanos que pagamos impuestos, algo de lo que ya conocemos bastante en Panamá y también en España.

En esta crisis que amenaza al canal y su futuro, el gobierno y la directiva de la ACP pretenden que el pueblo panameño deposite en ellos la confianza de que defenderán el interés de la nación frente a las pretensiones de "los españoles" (sin mencionar a los socios panameños de CUSA). Pero en esa película todos son malos a los intereses panameños y bien pueden terminar negociándonos por un pedazo de la tajada que, en últimas, saldrá del canal y de los beneficios que debería rendir a los sectores más pobres de la sociedad.

Por esas razones, desde el MPU llamamos al movimiento obrero y popular a no depositar ninguna confianza en la directiva de la ACP, mucho menos en el gobierno, en cambio exigir la participación de las organizaciones sindicales y populares en una COMISIÓN INVESTIGADORA INDEPENDIENTE, que haga públicas las cláusulas del contrato, los estados financieros y establezca si ha habido dolo o si las reclamaciones son legítimas y proponga un curso a seguir el cual debe decidir el pueblo panameño.

Hay que reformar la ACP para abrirla al control del pueblo y los trabajadores

Lo sucedido se debe a que el Título Constitucional y la Ley Orgánica de la ACP convirtieron a esa entidad en una "nueva zona del canal", fuera del control nacional y del pueblo panameño. La directiva de ACP quedó en manos de agentes del poder económico local e internacional. Debemos luchar por un CONTROL OBRERO DEL CANAL (incluyendo los de sus trabajadores y del resto del país) lo cual requiere derogar el Título Constitucional impuesto antidemocráticamente en 1994, para que el canal deje de ser objeto de saqueo por una minoría y produzca el máximo bienestar posible para el conjunto del pueblo panameño.

Panamá, 4 de enero de 2014.

Movimiento Popular Unificado