Por Olmedo Beluche

El sistema político electoral panameño hace aguas por todos lados y empieza a hundirse. Cada día queda más claro ante la ciudadanía que, aunque cada cinco años acudimos a las urnas, estamos ante un modelo político completamente antidemocrático. La crisis se expresa bajo diversas formas.

Estamos ante un Código Electoral elaborado bajo el régimen militar cuyo objetivo era establecer una “democracia” controlada. El cual tuvo diversas reformas a partir de la invasión norteamericana de 1989, pero que siempre mantuvo como norte que el aparato estatal no saliera de las manos de un reducido número de políticos y sus dos partidos fundamentales.

Este Código Electoral, mediante diversos mecanismos tramposos, ha impedido sistemáticamente el surgimiento y consolidación de partidos políticos alternos. Y no nos referimos, sólo a nuestro caso, la última experiencia del Partido Alternativa Popular, sino a la decena de partidos construidos por sectores profesionales y de capas medias que han tenido una vida efímera en estos 20 años, o que ni siquiera pudieron constituirse como tales. En el juego político sólo cupieron partidos alternos impulsados por algunos multimillonarios para hacer de comparsas del PRD y el Panameñismo a la hora del reparto de la “papa”.

A lo cual podemos agregar el fracaso objetivo de la libre postulación a diputados dadas las trabas impuestas; a la corrupción generalizada de la compra de firmas, mediante dinero, especie o promesas de empleos públicos (que ningún funcionario del Tribunal Electoral ignora); o a la repartición antidemocrática de los residuos, que debiera garantizar la representación de las minorías, pero que le ha dado una sobre representación histórica al PRD; el absurdo de que la mitad del electorado esté inscrito en partidos con los que no guarda ningún compromiso ideológico. Para no mencionar otras “bellezas”.

Es probable que el sistema finalmente se hunda con un presidente que no es garantía de estabilidad ni para la propia plutocracia panameña, sin control parlamentario.

Las elecciones de 2009 y el paroxismo de los escándalos y la corrupción

Las elecciones generales de 2009 fueron el reflejo de la crisis del sistema político electoral panameños. El escándalo más sonado que sacudió las elecciones fue el del candidato a alcalde de la ciudad de Panamá, Bosco Vallarino, quien se nacionalizó en Estados Unidos y ejerció aquella ciudadanía en 1996, votando en Miami Dade. La Constitución Política panameña es clara al señalar que adquirir otra nacionalidad implica una renuncia tácita a la panameña, lo cual suspende los derechos de ciudadanía.

La violación flagrante de la ley electoral y de la Constitución nacional fue premiada no sólo con el voto mayoritario, sino con una ley le devolvía a Vallarino su ciudadanía panameña “con carácter retroactivo”.

En 2009 tuvimos un panorama electoral completamente desacreditado, si sumamos este escándalo el que se produjo cuando el otro aspirante a la alcaldía capitalina, el oficialista Roberto Velásquez, admitió haberse reunido con David Murcia Guzmán (Grupo DMG), acusado en Colombia de lavado de dinero, aunque negando haber recibido 3 millones de dólares para su campaña. Con lo cual los dos principales aspirantes a regentar la ciudad de Panamá quedarían marcados bajo el signo de la duda.

Todavía es peor la situación ya que los dos principales aspirantes a la Presidencia de la República, Balbina Herrera y Ricardo Martinelli, fueron investigados por la Procuraduría en relación al “caso Murcia”. Una, bajo sospecha de haber recibido donaciones ilegales y el otro bajo sospecha de haber comerciado con el grupo DMG, acusado de lavado de capitales. Denuncias posteriores aseguran que la campaña del presidente Martinelli sí habría recibido un donativo de Murcia, aunque supuestamente fue devuelto.

¿Cuáles deberían ser los objetivos de una reforma electoral democrática?

El objetivo fundamental a lograrse con las reformas es ampliar la participación ciudadana en la política nacional. Porque el sistema actual fue construido bajo el régimen militar y emparchado en “democracia”, pero bajo un pacto político entre dos bloques que lo han controlado por 20 años: el PRD y el Partido Panameñista. Aunque de manera distorsionada, la propia victoria de Martinelli implica el fin de esa etapa y el deseo de la ciudadanía por cambios en este ámbito.

¿Cómo lograr que más ciudadanos, que no sean los “políticos de siempre”, se sumen a la participación política? Hay que acabar con las reglas del juego que dificultan la participación ciudadana, y la limitan a quienes poseen o son apoyados por el poder económico. Hoy en día, si no eres millonario, o te apoya uno, no puedes ni inscribir un partido, ni postularte a ningún cargo de elección popular. Esto ha convertido la democracia en una plutocracia moderna.

Hacer esto parte por rebajar la cuota exagerada de adherentes para inscribir partidos y candidaturas, la más antidemocrática de América Latina. En ningún país se exige más allá del 0.5% de firmas del electorado. Para no hablar de que sólo se permite a los partidos inscritos recoger firmas todo el año, pero a los nuevos proyectos no, que la semana de inscripción es de 4 días, que hay que mover gente hasta los libros, etc.

Luego está el problema del financiamiento de los partidos, hay que poner topes muy bajos a los apoyos particulares, prevaleciendo el financiamiento público, para evitar compromisos que generan corrupción. Y que la información sea pública y no secreta.

Pero, ¿cómo evitar los altos costes de campaña? Hay que ponerle la cascabel al gato de los medios de comunicación, que imponen costos abusivos de publicidad que, en la práctica coartan la democracia, ya que si no tienes plata, no tienes publicidad y no existes. Tal vez el modelo mexicano sea el adecuado, por el cual los espacios son propiedad del Tribunal Electoral y éste lo reparte equitativamente entre los partidos.

Esto para no mencionar, por ahora, temas como la cuota femenina (que debe ser vinculante), o el exceso de circuitos uninominales (que favorece el caciquismo), o el a mi juicio falso debate sobre la segunda vuelta.

Los resultados de la Comisión de Reformas Electorales (CNRE) de 2010 fueron decepcionantes respecto a estos objetivos, y el producto final, luego del filtro legislativo, lo será todavía peor, por lo que se ha dejado entrever.

Sobre los requisitos antidemocráticos para la inscripción de partidos

Una revisión somera sobre legislación electoral de otros países ilustra claramente que el Código Electoral panameño, al exigir 4% de adherentes de los electores que votaron en los últimos comicios, para inscribir un partido político, es uno de los más restrictivos y antidemocráticos del continente, y seguramente del mundo.

Por motivos de espacio realizamos un estudio comparado con las legislaciones vigentes en dos países vecinos, Colombia y Costa Rica, y otro de la región, México. Los tres países constituyen en estos momentos ejemplos de “sistemas democráticos” según organismos internacionales especializados en la materia.

1. El Caso de Costa Rica:

Costa Rica es país más parecido a Panamá, no sólo por continuidad geográfica, sino por población y cantidad de electores. Además es el país centroamericano de mayor tradición democrática. Por ello, Costa Rica constituye el ejemplo a seguir en este caso.

El Código Electoral costarricense establece una serie de criterios para el registro de partidos políticos los cuales son comunes a todos los países, incluido Panamá, por lo cual no nos detendremos en ellos, sino que iremos directo a la cuota de adherentes requerida. Sin embargo, conviene también tener presente que este país reconoce la existencia de partidos nacionales, provinciales y cantonales.

El Artículo 64, inciso e, del Código Electoral de Costa Rica establece:

“e) Tres mil adherentes de electores inscritos en el Registro Civil a la fecha de la constitución del partido, si se tratare de partidos a nivel nacional. Para inscribir partidos de carácter provincial, se necesitará un número de adhesiones equivalente al uno por ciento (1%) del número de electores inscritos en la respectiva provincia; para los partidos cantonales, el mismo porcentaje de los electores inscritos en el cantón”.

En números relativos, en estos momentos, Costa Rica exige para inscribir un partido político de carácter nacional aproximadamente el 0.12% de adherentes de los electores que aparecen en el Registro Civil. Cifra que es el resultado de la división de 3,000 adherentes entre los 2,550,613 votantes en las elecciones de 2006. La proporción podría ser un poco mayor pues los votantes siempre son un poco menos que los electores registrados.

En todo caso, la letra de la legislación costarricense señala con claridad que el tope máximo (caso de partidos provinciales y cantonales) de adherentes exigidos es 1% (uno por ciento).

2. El caso de Colombia:

En el caso colombiano, el Código Electoral sólo legisla en materia de procedimientos para la inscripción del registro civil y electoral, siendo la Constitución Política la que establece las reglas para la inscripción de partidos políticos. En ese sentido el artículo 108 de la Constitución Política del estado colombiano establece:

“Artículo 108. El Consejo Nacional Electoral reconocerá personería jurídica a los partidos o movimientos políticos que se organicen para participar en la vida democrática del país, cuando comprueben su existencia con no menos de cincuenta mil firmas, o cuando en la elección anterior hayan obtenido por lo menos la misma cifra de votos o alcanzado representación en el Congreso de la República”.

Es decir, que para inscribir un partido político nuevo en Colombia se requieren 50,000 adherentes (cincuenta mil). Tomemos en cuenta que en las últimas elecciones presidenciales colombianas, en 2006, emitieron su voto 12,058,788 electores que constituyen el 45% del padrón electoral.

Lo que significa que la legislación colombiana sólo exige un aproximado del 0.4 % (50,000 entre 12 millones), o el 0.2% respecto al total de los habilitados para votar (25 millones aproximadamente), de los electores como adherentes para inscribir un partido político nuevo. Cifra que es mucho menor si se relaciona con el conjunto del padrón del Registro Civil. En todo caso es dos décimas del 1% del conjunto de los electores.

3. El caso de México:

En México las reglas para inscribir partidos políticos se encuentran en su Código Electoral federal. Y el tema específico que nos ocupa se establece en el Título Segundo, Capítulo Primero, Del procedimiento de registro legal, artículo 24, inciso b, donde se lee:

“Artículo 24….

“b) Contar con tres mil afiliados en por lo menos veinte entidades federativas, o bien tener trescientos afiliados, en por lo menos, doscientos distritos electorales uninominales, …, en ninguna circunstancia el número total de sus afiliados en el país podrá ser inferior al 0.26 por ciento del total del padrón electoral federal….”.

Para mayor claridad en el caso mexicano, tenemos que 3,000 afiliados por 20 estados de la Federación, equivalen a 60,000, al igual que 300 afiliados por 200 distritos electorales también equivalen a 60,000.

Si tomamos en cuenta que en las elecciones generales mexicanas del año 2003 estaban habilitados para votar 64.7 millones de ciudadanos y ciudadanas, y redondeamos a 65 millones, 60,000 afiliados que se exigen apenas constituyen el 0.09% del total de votantes, el 0.2% de los 27 millones que ejercieron el sufragio. Por supuesto, el límite mínimo señalado en la norma mexicana es 0.26%, es decir, menos de tres décimas del 1%.

Propuesta del Partido Alternativa Popular fue:

Como hemos señalado, razones de espacio y tiempo nos obligan a concentrarnos en sólo tres ejemplos, a los que un estudio más detenido podría añadir muchísimos más (Estados Unidos, Venezuela, Francia o España) donde las legislación electoral es mucho más democrática que en Panamá respecto a los requisitos exigidos para la inscripción de partidos políticos.

Se puede apreciar que en los tres casos mencionados las legislación exige menos de cuatro décimas (0.4%) de adhesiones para registrar un nuevo partido político y que el tope máximo es del 1% en los partidos cantonales y provinciales de Costa Rica.

Proponemos que, en la próxima reforma electoral de 2010, por motivos de semejanza regional y demográfica y por ser un modelo democrático, Panamá establezca los mismos parámetros exigidos por Costa Rica para el requisito de adherentes o afiliados para inscribir partidos políticos nuevos: 3,000 adherentes.

Además, propusimos un método menos oneroso para la recolección de estas firmas, que las mismas se presenten en papel simple, para ser cotejadas contra la base de datos del Tribunal Electoral.

No debemos olvidar que las mismas reglas que hoy se aplican a los partidos políticos, también son aplicables a las candidaturas de libre postulación, sin embargo, consideramos que dicho tema debe recibir una consideración especial, incluso con la participación de candidatos que participaron en las últimas elecciones en esas condiciones.

Resultado de las reformas electorales 2010

La Comisión de Reformas Electorales (CNRE) convocada por los magistrados del Tribunal Electoral y compuesta por los 6 partidos constituidos, los 4 votos del Foro Ciudadano, y un grupo de organizaciones con derecho a voz, como es el caso de nuestro partido en formación, Alternativa Popular, FRENADESO, mujeres de partidos políticos, etc.

Para evitarnos confusiones y falsas expectativas, queremos iniciar diciendo taxativamente que, a nuestro juicio, NO HUBO AVANCES SIGNIFICATIVOS HACIA LA DEMOCRATIZACIÓN DEL CÓDIGO ELECTORAL.

En ninguno de los aspectos medulares se ha logrado una mejora que permita asegurar o facilitar la participación de nuevos actores políticos, en particular de quienes provenimos de los movimientos sociales, en las próximas elecciones de 2014. Antes por el contrario, siguen LOS PRIVILEGIOS PARA LOS ACTUALES PARTIDOS CONSTITUIDOS Y EL PODER DEL DINERO SOBRE LA POLÍTICA PANAMEÑA.

Todo lo que el Tribunal Electoral, los partidos actuales y sectores empresariales del Foro Ciudadano consideran “avances” en realidad son cambios cosméticos o menores, que no van en la profundidad que la ciudadanía aspira y mucho menos de quienes, desde los sectores populares, queremos presentar verdaderas alternativas de cambio en 2014.

Empecemos por lo medular, el principal obstáculo para inscribir partidos políticos nuevos es la exagerada y antidemocrática cuota del 4% de adherentes (63,500) para reconocer un partido político nuevo. Porcentaje que ya hemos demostrado es el más alto del continente.

El Partido Alternativa Popular, en asocio con CONATO y FRENADESO, sustentamos en la CNRE que ese porcentaje de adherentes debía ser, cuando mucho, equivalente al 1% del padrón electoral. El Foro Ciudadano y el Partido Popular aprobaron por mayoría que la reducción sea al 2%, es decir, una cifra cercana a los 33,000 adherentes, la cual se puede considerara un avance relativo, aunque aún se mantiene alto. Sin embargo, en dicha votación no participó el PRD y votaron en contra los cuatro partidos oficialistas, quienes tienen el control de la Asamblea de Diputados, en la cual pueden imponer su criterio de que todo quede igual.

Respecto a los altos costos de la inscripción, como transporte, alimentación y viáticos, el Partido Alternativa Popular propuso un subsidio otorgado y controlado por el TE, lo cual fue rechazado por los partidos actuales, los cuales sí cobran su respectivo subsidio, antes y después de las elecciones.

Del conjunto de propuestas hechas por el PAP al Título III del Código Electoral, la única notable que fue aceptada es la que permite a los partidos en formación sacar libro de inscripción estacionarios once meses al año, privilegio exclusivo de los partidos constituidos al día de hoy.

Pero se mantiene la actual depredación de adherentes entre partidos, permitiendo que las personas se inscriban en más de un partido el mismo año y, por supuesto, apelando al actual sistema clientelista, no escrito pero practicado comúnmente de ofrecer puestos públicos y otros favores a cambio de la firma.

Otro aspecto significativo son los gastos electorales provenientes de donaciones privadas a las campañas de candidatos y partidos, en la que se presenta como supuesto logro que se haya establecido, por consenso, un tope del 30%, respecto del financiamiento público que paga el Tribunal Electoral. En la actualidad no existen topes a los gastos, ni a las donaciones privadas.

La estimación del Tribunal Electoral es que en 2014 el monto del financiamiento público será de 54 millones de balboas. Por ende, cada candidato presidencial podrá gastar de fuentes privadas hasta 15 millones de balboas, es decir, 15% por tantos candidatos como se presenten a las elecciones, más lo que les toque del financiamiento público.

Si fueran tres candidatos presidenciales, como en 2009, tenemos que 15 por 3 son 45 millones, más 54 millones del financiamiento público, da un total de 99 millones de balboas, sin contar los gastos de los candidatos a los otros puestos de elección popular, para los cuales se fijaron topes menores, pero igualmente cuantiosos.

En este asunto la única voz discordante fue la del Partido Alternativa Popular que, reconociendo que es un avance el establecimiento de un tope, éste sigue siendo tan alto como en las elecciones de 2009, lo cual implica el predominio del dinero sobre las campañas electorales, dando pie a las disparidades con candidatos que puedan provenir de sectores populares, quienes no tendrán esas cifras multimillonarias, además de ser fuente de corrupción, que sustituye la verdadera democracia por la plutocracia.

El PAP se pronunció a favor de un sistema que esté sólo regido por el financiamiento público y, por ende, claro y fiscalizable ante la ciudadanía.

Relacionado con esto están los montos de donaciones que puede hacer una persona natural o jurídica a la campaña de un partido o candidato. En este caso el PAP ha propuesto que el monto de estas donaciones no debería exceder de 10,000 balboas, por cuanto es la cifra a partir de la cual las entidades financieras exigen un control de la proveniencia de los fondos y por ser el límite reconocido por el propio Código Electoral para ser deducible de impuestos. Además de ser fuente de corrupción y de compromisos espúreos de los candidatos con intereses particulares.

En este tema el Tribunal Electoral propuso un tope de donaciones a las candidaturas presidenciales de 15,000 balboas por persona (una cifra menor para diputados, alcaldes y representantes), en base al promedio de donaciones recibidas en 2009, según informaron los partidos. Sin embargo, en el debate se reconoció que el promedio es engañoso, ya que algunas personas naturales y jurídicas concentraban el grueso de los 25.5 millones donados a candidaturas presidenciales en 2009, de los 2.4 millones donados a candidatos a diputados y los 287,000 balboas donados a alcaldes. Y no está claro que se haya reportado todo lo recibido.

Al respecto el Foro Ciudadano se mostró acorde con un criterio cercano al propuesto por el TE, pero los partidos Panameñista y CD se mostraron en contra de cualquier tope, y el resto de los partidos pidieron tiempo para discutir aduciendo no tener criterio. Por lo cual no se aprobó.

Otro aspecto clave para garantizar o no la equidad en las campañas electorales es el relativo a los medios de comunicación.

A este respecto el Partido Alternativa Popular ha sostenido que los costos de la publicidad electoral están asociados al alto costo de las campañas electorales y son una fuente de disparidad, ya que el no tiene para pagarla no puede mostrar su candidatura y sus propuestas y el que tiene dinero vende su oferta electoral como cualquier producto comercial. Por ello, hemos propuesto que se use un sistema como el ejecutado recientemente en México, en el que el TE contrate con los medios directamente los espacios de publicidad político electoral y luego los reparta equitativamente entre todos los candidatos y partidos.

Al respecto los medios televisivos presentaron una propuesta de seis puntos, buena para los magistrados, en el que se comprometen a no aumentar las tarifas respecto al año anterior, hacer rebajas del 30% en las mismas, no permitir el traspaso de espacios publicitarios entre empresas y candidatos, etc. Pero se expresaron a favor de un sistema de “libre contratación” y no de un acuerdo exclusivo con el TE por el conjunto del espacio publicitario.

Para peor, los medios escritos y radiales han expresado su completa oposición a cualquier control en nombre de la “libre empresa”. Los partidos y el FORO vieron con buenos ojos la propuesta de las televisoras, pero el tema no se ha votado.

Resumiendo, ni habrá una rebaja sustancial en la cantidad de adherentes, ni tampoco en la forma que se recogen, ni habrá controles que garanticen una equidad respecto a la plutocracia imperante. Los únicos cambios aprobados son menores y no cambian la sustancia del actual Código Electoral antidemocrático.

Respecto a la libre postulación presidencial, el Partido Alternativa Popular propusieron dos opciones:

1. un sistema de prorrateo: dividir el total de los adherentes que se exigen para un partido entre los 5 años o 60 meses que tienen para conseguir la cifra, total, lo cual aproximadamente da 1,058 firmas/mes. Se propuso para la libre postulación presidencial multiplicar esa cifra por 4, que es el tiempo que tiene un candidato por la libre para conseguir sus firmas, lo cual totaliza 4,234 firmas. Este es el sistema más justo.

2. El 0.5% del padrón de la última votación presidencial, 7,900 firmas.

La CNRE, sin embargo, aprobó el 1% de firmas para inscribir un candidato presidencial por la libre, o sea, poco más de 15,000 firmas.

¿Qué puede esperarse del trámite legislativo a la reforma electoral?

Bien poco. A junio de 2011, el fracaso de las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo, dejó entrever que en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional no hay una actitud de promover reformas sustanciales al Código Electoral, ni siquiera las modestas reformas sugeridas por la CNRE, por parte de ninguna de las tres bancadas: Cambio Democrático, Panameñistas y el PRD.

En una sesión se acordó aprobar la bajada de la cuota de adherentes para inscribir partidos al 2% como propuso la CNRE, y al día siguiente se revertió esa decisión. La propuesta de libros móviles de inscripción rechazada tajantemente. Incluso la paridad en las postulaciones electorales entre hombres y mujeres, aprobada en la CNRE de manera unánime y con el supuesto apoyo de todos los partidos, fue sistemáticamente repudiada en la Asamblea por los diputados aduciendo que es antidemocrática e inconstitucional.

Sobre todos esos problemas se superpone la reforma constitucional, que se discute por aparte en una Comisión de Notables, cuyo objetivo fundamental pareciera ser la reelección inmediata del actual Presidente del República.

Finalmente el gran déficit hasta ahora ha sido la ausencia de pronunciamiento de los sectores organizados del pueblo y la sociedad civil para exigir una reforma electoral profunda. Exhortamos al conjunto del movimiento popular y obrero panameño, en particular a quienes han expresado su interés de que en 2014 existan alternativas concretas a las propuestas oligárquicas a tomar el tema de la reforma electoral como uno de los temas importantes del debate político nacional. Apreciamos en las sesiones de la CNRE y del Foro Ciudadano una disminución del entusiasmo inicial que expresaron sectores sindicales que participaron. Es necesario que se escuchen otras voces sociales, y no sólo la del P.A.P., en este asunto crucial para el futuro de la democracia panameña.