Por Olmedo Beluche

Las cartas están sobre la mesa: el actual bloque oficialista y el presidente Ricardo Martinelli aspiran a la reelección, para lo cual requieren una reforma a la Constitución Política. Pero al igual que los gobiernos de los últimos 20 años, el nuevo parche a la Constitución de 1972 pretenden hacerlo de manera controlada para que sus intereses sean preservados y, si algo cambia, sea para peor. Por ello el mecanismo elegido para las reformas es que lo haga la actual Asamblea Nacional, bien controlada desde el Ejecutivo, y que sus decisiones sean ratificadas por un plebiscito o referéndum.

Se trata de que el poder político siga en manos de la misma oligarquía y sus políticos de siempre. Además de la reelección presidencial, se avizoran en la agenda ataques puntuales a derechos sociales y a la soberanía nacional (como la extradición de nacionales o que estados extranjeros posean propiedad territorial, como en las minas). El objetivo, liquidar los últimos vestigios del estado desarrollista de los años 70 con su concepto de soberanía nacional, suplantándolos por el estado neoliberal que se ha venido construyendo durante tres décadas y su sometimiento al “libre mercado”.

La oligarquía que controla el país tiene claro su concepto de estado, y no podemos culparle por ello. El problema es de la clase trabajadora y sus organizaciones, sindicatos y movimientos sociales, que no han construido una concepción coherente sobre el estado y el régimen político panameños. Por ello, o avanzamos unidos en levantar una concepción del estado y el régimen desde la perspectiva de los intereses populares, alternativo al de la oligarquía, o seremos simples peones en el juego de intereses de la burguesía.

No debe volver a repetirse lo sucedido en la recién clausurada Comisión de Reformas Electorales (CNRE), donde era imperativo para el movimiento obrero y popular ganar espacios democráticos de participación política, como la rebaja sustancial en la cuota de adherentes para partidos y candidatos por libre postulación, entre otras reformas, lo que fue desaprovechado sin pronunciamientos contundentes, ni movilización, por parte de la organizaciones sociales. El resultado fue una “curita” que no cambia nada sustancial.

En la CNRE, luego que FRENADESO logró la importante conquista de acceder a un puesto en la mesa, no presentó propuestas de fondo y dejó la silla vacía la mayor parte del tiempo. Por su parte CONATO y CONUSI optaron por no ir más allá de las propuestas muy moderadas del Foro Ciudadano, convenientemente controlado por la APEDE y el CONEP, incluso con derecho de veto. La única voz solitaria que se alzó con propuestas independientes fue la del Partido Alternativa Popular.

Urge que FRENADESO, CONATO y ULIP discutan un plan de acción común frente al proyecto de reforma constitucional que se nos viene encima. El primer punto de ese acuerdo tiene que anteponer a las reformas controladas de Martinelli, la exigencia de una Asamblea Nacional Constituyente con delegados electos por el pueblo de manera que no sólo la partidocracia actual pueda postular, sino que también el movimiento social pueda llevar sus voceros a la constituyente.

(El autor es secretario general del Partido Alternativa Popular)