Por Carlos A. Abarca Vásquez

Intervención del historiador Carlos Abarca el 15 de julio del 2005, en la celebración del quincuagésimo aniversario de la APSE, en la Finca de Recreo, San Pablo de Heredia, el 15 de julio del 2005.

El magisterio nacional considerado como fuerza laboral, sujeto y actor social con necesidades e intereses propios derivados de sus condiciones de vida y el carácter profesional de su oficio; o bien, como entidad interlocutora en las relaciones de poder político, es un campo de investigación, frente al cual, las preguntas son, hoy, más densas que las certidumbres. El interrogatorio  atañe al objeto de conocimiento, a las posibilidades teóricas que ofrecen las ciencias sociales para abordarlo, al acceso a las fuentes primarias, a las apreciaciones acerca de la utilidad de la investigación  de la historia de sus organizaciones.

En ese ámbito me atrevo a afirmar, que aun no hemos asumido la reflexión del oficio de la educación a partir del ejercicio de auto percepción retrospectiva, auto evaluación crítica y de la programación futurista de la presencia del magisterio en la sociedad nacional. Y ello, a pesar de los desafíos que de manera intermitente nos lanza  la juventud y la población estudiantil; de las groseras desigualdades e injusticias sociales; de los procesos de aculturación, del impacto del neoliberalismo en el mercado de trabajo; o de los desaciertos de la clase política que ofenden la moral ciudadana y los sustentos populares de nuestras instituciones.

En el inventario sobre la historia del magisterio la columna que da cuenta de la evolución de la función estatal de la educación, es bastante voluminosa. Pero en ella, los hombres y las mujeres educadoras -al igual que los y las estudiantes- hemos sido percibidos objetos de conocimiento ya sea con el nombre de “apóstoles”, “servidores” o “agentes”. Por ello son encomiables los esfuerzos que, aun dispersos y poco sistemáticos, han realizado las organizaciones del magisterio para reseñar otros hitos de su historia. Aquellos que nos rescatan como sujetos activos de la sociedad y del trabajo de educar,  o como interlocutores del Estado frente a sus obligaciones con la familia, las comunidades, la sociedad, la economía y la cultura nacional.

En una semblanza que recupere los antecedentes de esa otra historia -y previa aparición de la APSE- se pueden precisar dos períodos relevantes. El primero, entre 1870 y 1919; el siguiente, de 1920 a 1948. Pienso que se pueden indagar esos años con una premisa y una pregunta central.

La función estatal en materia educativa debe dar cuenta de dos aspectos fundamentales  de la historia del trabajo de los educadores. Por un lado, acerca de las obligaciones y responsabilidades legales de las autoridades públicas con la situación laboral y profesional del educador. También acerca de los planes y programas que articulan la enseñanza de los conocimientos y de las técnicas con las necesidades de las poblaciones, el crecimiento de la economía, los cambios en la cultura nacional y los vínculos que establecemos con otros pueblos y Estados soberanos.

En consecuencia, surge una pregunta sustantiva. ¿Cómo han asumido los y las educadoras el núcleo de relaciones que configuran el sentido histórico de su propia actividad laboral, social, profesional y ciudadana? En ese paralelo emerge la pertinencia de profundizar en el conocimiento de la historia de las organizaciones del magisterio nacional.

I. LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN ENTRE 1870-1920

Entre 1870 y 1920, se observan al menos cuatro cambios que influyeron en los rasgos del trabajo docente escolar. En el gobierno de Jesús Jiménez, el educador fue reconocido por primera vez en el grupo de funcionarios del Estado. Durante la dictadura del General Guardia, tomó auge la enseñanza privada y el fenómeno delineó un trazo grueso en la estratificación del sector social dedicado a la docencia. Las reformas de 1884 y 1886, legitimaron el carácter laico de la conciencia ciudadana y delinearon el espacio en donde emerge el conflicto de ideas, valores, sensibilidades y prácticas sociales según  los intereses del clero católico, las organizaciones civiles y la autoridad política del Estado. Entre 1897 y 1908 la crisis monetaria y de  precios del café, y las medidas fiscales contrarias a las necesidades de los trabajadores afectaron el empleo,  los salarios, las pensiones y las condiciones de vida del personal docente escolar.

En esos años, el magisterio urbano no fue ajeno a los temas de interés social y político del país. El protagonismo se percibe desde 1875 y recayó en los profesores del Instituto Nacional,  de las tres facultades universitarias, de los liceos públicos y de sus secciones para formar maestros.  La actividad se constata ante todo en San José y Heredia con la creación de núcleos de estudio, academias y sociedades de hecho que se fundaron con objetivos de promover la difusión de la enseñanza privada. En ese lapso, hubo al menos  catorce uniones integradas por ciudadanos y educadores que Luis Felipe González agrupó en 1934, como “sociedades cooperadoras de la educación y científico-culturales”. La mayoría surgen entre 1872 y 1883. 1

La situación social del maestro de enseñanza primaria, en contraste, no era halagador. El Dr. Antonio Espinal, pedagogo cubano e Inspector de Escuelas de Cartago, expuso en 1877 al Secretario de Instrucción, Lic. Vicente Herrera, que el magisterio gozaba de poco aprecio entre los doctos y el oficio se consideraba un trabajo para gentes de estratos bajos y pobres.2 La observación denota las diferencias sociales entre quienes ejercían la enseñanza pública y los que figuraban en el micro mundo de los profesos y letrados. La reforma educativa liberal, diez años después, se edificó sobre esas bases. Acentuó la división ocupacional y social. Amplió la brecha entre los profesores de liceos y escuelas normales, y los docentes de la enseñanza primaria; así como entre los maestros de Estado y los que trabajaban en escuelas o colegios privados.

La cifra del personal escolar no llegó a 200 entre 1893 y 1901. De ellos sólo el 15% tenía título o certificado didáctico. Los diplomados eran un estrato calificado distante del docente sin títulos; de los maestros auxiliares y ambulantes; de los que enseñaban en las escuelas campesinas de tercero y segundo órdenes; o de los “maestros especiales” dedicados a las destrezas manuales y gimnásticas, o al adoctrinamiento cívico y católico.

Las diferencias de idoneidad, salario y estatus eran más marcadas entre profesores y maestros, porque hasta 1888 predominó la enseñanza secundaria privada. La Universidad de Santo Tomás graduaba un promedio anual de 2.1 bachilleres en Leyes y 7.8 en Filosofía. De los 291 egresados que había en 1892, el 70% residían en la capital.3 El profesor de liceo público  y el de las secciones de maestros tuvo algún  reconocimiento social a partir de 1890. Entre 1892 y 1902, el Director del Liceo de Costa Rica ganaba más que el diputado, el Gobernador de San José o el Primer Comandante del Cuartel Militar Principal: recibían entre 300 y 420 pesos. Los profesores ganaban igual que el Secretario del Presidente de la República: de 150 a 175 pesos.4 En contraste, los sueldos del personal docente escolar oscilaron entre 30 y 60 pesos.   Eran similares o inferiores al salario de un artesano por oficio y la maestra ganaba entre el 18 y el 20% menos que el maestro 

Y esa estructura salarial sufrió el impacto de la recesión mundial de 1897-1907. Los gobiernos de Rafael Iglesias, Ascensión Esquivel y Cleto González Víquez, afrontaron el ciclo depresivo al margen de las necesidades populares. Lejos, también, de proteger el salario del personal escolar. En esos años fueron frecuentes las rebajas de sueldos, la reducción del personal, el cierre de escuelas y el arrendamiento de la enseñanza pública a particulares. En 1901, el Secretario de Instrucción Leonidas Pacheco reconoció las insuficiencias salariales; pero estimó que pagar 50 pesos era ruinoso para el Estado. Percibió a los maestros y maestras como parte de la clase asalariada y los llamó “obreros del progreso” expuestos a la explotación del usurero y del comerciante. Lamentó que en Guanacaste fueran descalzos a dar lecciones. 5  

El principal legado de este período en el campo organizacional, fue la creación de la Sociedad de Economías de los Maestros, inscrita el 20 diciembre de 1900. La caja de ahorro y ayuda mutua fue fundada por 53 educadores de la capital: 18 mujeres y 35 hombres; 20 casados y 33 solteros.6 Al cotejar el protocolo de inscripción con el escalafón de maestros de 1903, se  constata que al menos 7 maestras ejercían en las Escuelas de Párvulos No. 1 y No. 2  de San José; otra, en la Escuela Mixta Elemental.7 Figuran entre los socios Manuel Aragón Quesada, Justo A. Facio, Miguel Obregón Lizano, Napoleón Quesada Salazar, Alfredo González Flores, Santos León Herrera, Julia Brawn y Anita Tristán Fernández.8  

En este período, los educadores no fundaron organismos de representación de sus intereses o de defensa de los mismos ante el Estado. No obstante, la depresión económica, el auge del movimiento artesano obrero y la apertura de los cuatro colegios públicos en las cabeceras de Provincia del Valle Central, crearon la matriz económica y socio laboral que sustentó el cambio ideológico y en la conciencia social del educador. Surgieron otras percepciones acerca de las relaciones entre el trabajo docente y los ámbitos de la sociedad, la economía y el Estado.    

Entre 1890 y 1920 se produjo dentro del magisterio una renovación intelectual, estimulada por al menos por tres legados. El espíritu de la enseñanza libre, que legitimó instituciones para afirmar la visión laica de la autoridad del Estado y de las jerarquías de la sociedad civil. La pregunta por la legitimidad del poder de la oligarquía cafetalera y de su régimen electoral, la cual ingresó en la agenda ciudadana, después de los hechos del 7 de noviembre de 1889. En tercer lugar, el crecimiento de una ola de opinión pública.

Buen número de estudiantes y educadores se involucraron entre 1890 y 1914, en la producción y consumo de conocimientos, símbolos, lenguajes y sensibilidades. El escenario lo favorecieron  las abiertas discrepancias entre laicos y clericales; entre la minoría opositora y los partidarios del imperio de los dogmas católicos y de las creencias aristocráticas sobre la sociedad, la naturaleza, la cultura o “el más allá”. El nuevo espíritu lo alimentó un gran número de páginas editadas por gremios de artesanos, comerciantes, intelectuales, sacerdotes, partidos políticos, los gobiernos y la naciente empresa de la noticia. En aquel clima de de crisis monetaria, comercial y de abastecimientos, circuló un torrente de razones que manaban de diversas doctrinas económicas, filosofías y cosmovisiones.

Algunos núcleos de letrados y profesionales, se exhibieron lumbre y fuerza motor en el campo de la conciencia social. Al menos 45 intelectuales fundaron o dirigieron unos 36 periódicos o revistas en un lapso de 15 años. Expusieron con libertad sus ideas de hondo contenido sociológico, de crítica a las instituciones y al poder de oligarquías. Era un segmento  diverso en su extracción social y en formación académica. Siete, graduados en Pedagogía en Chile y diez  antiguos profesores. Al menos una docena fue víctima de represión en  los procesos electorales de fines de siglo veinte y  principios del siguiente.

Estos educadores crearon organizaciones culturales y clubes políticos: el Club Juvenil “La Vanguardia”, abierto en 1908; el Centro de Estudios “Germinal” y el Ateneo de Costa Rica, en 1912; o la Asociación de Estudiantes de Derecho. Fundaron o ingresaron en ligas nacionalistas: frentes cívicos opositores a las inversiones de los monopolios en banano,  telecomunicaciones, ferrocarriles, puertos y minería. Divulgaron el ideario popular y romántico de las diversas corrientes revolucionarias que luchaban contra los resabios de los monárquicos absolutistas y propiciaban las revoluciones burguesas y el socialismo.

Las autoridades de la Iglesia y del Estado, reaccionaron. Entre 1890 y 1902 la jerarquía católica editó siete periódicos dirigidos a contrarrestar el intento de hegemonía liberal en la conciencia social. Hizo explícito otro objetivo. Recuperar su capacidad de censura,  prohibición y contrición ante la incipiente difusión de ideas anarquistas y sindicales que divulgaban los artesanos y los inmigrantes europeos y latinoamericanos.9

Asimismo, el sector intelectual fue perneado por la doctrina eclesial. Entre 1902 y 1904 surgió un grupo ligado con el periódico La Justicia Social, difusor del pensamiento y la opinión doctrinaria del catolicismo. Ese medio de prensa diferenció a los sacerdotes y a los católicos laicos que acogieron la Encíclica Rerum Novarum, de los mismos sectores que permanecían anclados en el catolicismo monárquico.10 Sin embargo, la fuente que alimentó la fuerza del pensamiento crítico frente a la época oligárquica, no salió de la iglesia ni de sus círculos de devotos.

Las corrientes de pensamiento proclives a insertar las enseñanzas y conocimientos en las relaciones sociales,  la economía y la política surgieron de los centros educativos del Estado.   Adquirieron presencia pública mediante el periodismo, la difusión cultural y la inserción en la trama del movimiento social artesano y obrero. La marea roja de la época amplió su radio social transmisor y receptor, ante todo, en las aulas de estudios superiores: en la Escuela Normal de Heredia, a partir de 1915.

En esa atmósfera evolucionaba el magisterio en vísperas de la primera guerra mundial y esta coyuntura militar gestó la crisis de la República, entre 1917 y 1919.

La guerra no creó caos económico, pero sí dio lugar a una crisis fiscal porque las casas inglesas suspendieron los giros por las compras adelantadas de café. Las exportaciones del grano se reorientaron hacia Estados Unidos, pero los cafetaleros dejaron las divisas en los bancos extranjeros. Ello contrajo las importaciones y los ingresos fiscales, mermó las divisas, paralizó en cadena créditos, comercio y producción. Los banqueros, a la vez, sacaron las reservas de oro y plata y provocaron las devaluaciones estimulando el alza en el costo de vida general y la contracción de los salarios.11

Las medidas de austeridad, orden fiscal, control monetario y contra la inflación que tomó el Presidente Alfredo González Flores llevaron a la crisis política. Algunas disposiciones afectaron el nivel de vida de los educadores, como la suspensión de becas, los descuentos de salarios y pensiones y, las “tercerillas”.12 Durante al menos tres años los sueldos se pagaron con un giro de dos tercios en efectivo y el otro tercio demorado, con interés del 1%. No obstante, hay que recuperar al menos tres procesos que favorecieron el cambio en la estructura y el contenido de la educación pública.

Primero, la creación de la Escuela Normal de Costa Rica. Segundo, la formulación de un proyecto que concibió por primera la educación, como un oficio que debía ir en consonancia  con la atención a las condiciones de sanidad pública, nutrición, salud personal de los escolares y necesidades de las comunidades. Aquella sociología de la escuela, criticó la visión  individualista de los aprendizajes y los nexos verticales entre discípulos y maestros. Impulsó una pedagogía no autoritaria y la formación de personalidades a partir de relaciones de compromiso social entre escolares, padres o tutores, unidades productivas y el Estado. 13  

En ese tejido nació la Asociación de Inspectores Escolares de la República, legalizada el 25 de enero de 1916. La Junta Directiva la integraron el Presidente, Manuel C. Quesada; Secretarios, Matías Gámez Monge y José R. Merino Luque. Vocales; José Guerrero y Antonio del Barco. La Asociación definió sus fines en torno al fomento de asociaciones de maestros para organizar el progreso en las capacidades e idoneidad profesional, la aprobación de leyes que favorecieran sus condiciones de trabajo y los intereses sociales comunes para el ejercicio del oficio y el despliegue de sus funciones en el ámbito de las comunidades. 14  

La Asociación devino instancia resolutoria de las iniciativas individuales de los educadores, punto de enlace con las autoridades públicas, órgano articulador de actividades académicas, laborales y sociales del personal docente escolar. Un año después, el 23 de abril de 1917, se fundó la Asociación del Profesorado Nacional en representación de los educadores de liceos. Pero el golpe de Estado y los sucesos militares posteriores rompieron los vínculos de estas asociaciones, entre sí y con la estructura del poder público anterior. 

El golpe militar del 27 de enero de 1917 interrumpió el régimen republicano. El rumbo autoritario y antipopular del gobierno con irritantes muestras de corrupción y represión, alentó al poco tiempo la oposición al General Federico Tinoco. El movimiento brotó en forma de disidencia parlamentaria, crítica y desobediencia civil, disturbios urbanos, rebelión armada y  la protesta obrera, estudiantil y del magisterio. En la guerra civil murieron varios educadores, entre ellos Marcelino García Flamenco y Selim Arias; naufragaron las nacientes organizaciones; se replantearon las condiciones de evolución del magisterio como actor social e interlocutor del poder estatal.

No hay duda de las luchas de las maestras de las Escuelas Sarmiento y Montessori -entre otras- en aquellas luchas por la democracia representativa, y, colateralmente, por la defensa del salario y el empleo. José María Zeledón dejó testimonio de ello en su columna “Palpitaciones Nacionales” editada por el periódico El Hombre Libre.  Lo corroboró el maestro de Coronado, Juan José Carazo en el mismo medio, así como los profesores Arturo Torres -exdirector de la Escuela Normal- y, Jorge Orozco C. en correspondencia desde los Estados Unidos que publicó Joaquín García Monge, en Repertorio Americano. 

Otros medios de prensa como la Hora,  minimizaron el protagonismo del magisterio; quizás porque estos disidentes y rebeldes no eran aún reconocidos sujetos y actores legítimos de la política. Sin embargo, los hechos ratificaron la aparición de un nuevo actor político de extracción popular. En las jornadas democráticas de 1918-1919 el magisterio urbano fraguó un movimiento de ideas, organización, reivindicaciones y objetivos electorales que venían configurando la identidad política popular, desde principios del siglo. El magisterio devino actor, interlocutor y fuerza electoral porque asumió la vanguardia de la agitación social urbana, reforzó las acciones armadas y fortaleció el consenso diplomático que acorraló a la dictadura.

La historia del oficio de la enseñanza, a partir de entonces, ya no sería campo hegemónico exclusivo de los intelectuales de levita. Por un lado, a la función pública entraron los expositores críticos de la generación del 90. Antes de 1920, casi todos los Secretarios de Instrucción -excepto Luis Felipe González- eran abogados y con experiencia en derecho penal o en la dirección del sistema carcelario como José Astúa Aguilar, Luis Anderson Morúa o Leonidas Pacheco15  Por otra parte, las organizaciones de educadores fueron no sólo legitimadas, sino que gozaron del aval y el patrocinio del Estado.

En ese nuevo orden político se constituyó el 11 de junio de 1919,  la Asociación Nacional del Magisterio. La Junta Directiva la integraron: Presidente, Patrocinio Arrieta Leiva. Vice presidenta, Lilia González. Secretarias, Graciela Martínez y María Isabel Carvajal. Vocales,  Anita Cantillano, María Francisca Caballero y José Antonio Carvajal. Tesorero, Eduardo Fournier. Enunció sus finalidades en torno a conseguir una ley para lograr la estabilidad en el régimen de salarios, pensiones, jubilaciones y empleo; la fundación del Banco de los Educadores; y la ejecución de programas para capacitación profesional, bibliotecas escolares,  salud infantil, sanidad escolar y embellecimiento de los sitios públicos comunes. El mismo año se reactivó la Asociación de Inspectores Escolares.

La ANAMA se involucró de lleno en la campaña política de 1920. Las maestras Amparo Zeledón, Esther Silva y María Isabel Carvajal fueron presidentas honoríficas de la Comisión Económica del Partido Constitucional, en San José. A pesar que las mujeres carecían del derecho a elegir la asociación, inscribió sus candidatos a diputados en una especie de coalición con el partido del candidato Julio Acosta. Lograron elegir tres diputados. También resulto electo Gerardo Matamoros, en representación de los artesanos obreros. El nuevo parlamento aprobó, entre otras, la ley que creó la Sociedad de Socorro Mutuo del Personal Docente y la ley sobre pensiones que entregó al magisterio la administración del fondo financiero para jubilados.  

Pero el año 1920 muestra, asimismo, un punto desfavorable para los trabajadores de la educación. El Reglamento del Personal Docente de ese año estableció prohibiciones y sanciones para los educadores que se involucraran en actividades políticas. El Presidente Ricardo Jiménez convirtió la norma particular en decreto ley y ésta se incorporó en otro reglamento docente emitido en 1924. Así, el poder público coartó a los educadores las libertades de opinión, organización y propaganda. Una de las voces discordantes fue, una vez más, Omar Dengo. Rechazó la ley de censura y la “doctrina de la neutralidad política” o del carácter apolítico de los educadores y sus organizaciones.

Para Omar Dengo, la enseñanza sobre los fines de las organizaciones sociales y el sufragio,  debía impartirse en las escuelas. Impulsó y practicó el sistema de co-gobiernos de aula, ejercicios de “soberanía popular” representativos de la opinión y la acción estudiantil. Sostuvo, que los conocimientos y los valores que promueve la escuela, al igual que las leyes electorales, son patrimonio de la sociedad; no, del Estado. Asimismo, que la vida cotidiana es la fuente fértil del sentido de ciudadanía; no así las doctrinas políticas, ni las ideas sobre el origen de la autoridad y de la moral.

II. LA ORGANIZACIÓN DEL MAGISTERIO ENTRE 1920 Y 1948.

El decreto y la norma restrictiva sobre la “neutralidad política del magisterio” fueron la camisa de fuerza que aisló de las luchas sociales y políticas a la mayoría de los educadores, entre 1920 y 1943. Las excepciones confirman la pugna que generó y la actitud contestataria de algunos educadores que, individualmente o por medios de inestables intentos asociativos, se adhirieron a las tesis que sobre civismo y participación democrática defendió Omar Dengo. No obstante, tal como pensaba el preclaro, el movimiento de la sociedad mostró su riqueza y diversidad, e impactó los ámbitos de la conflictividad laboral y política.  

Después de 1926, el Partido Reformista inició su declive. En 1928 se funda la Unión General de Trabajadores, organización obrera alternativa a la CGT; la cual se había disuelto para dar sustento al proyecto del exsacerdote Jorge Volio. En el seno de la UGT se organizó la Asociación Revolucionaria de Cultura Obrera, la cual, se vinculó a la Liga Antiimperialista de la Escuela de Derecho y a la Liga Feminista -constituida aquel mismo año-. Tales fueron las instancias que promovieron el proyecto social de Universidad Popular e hicieron posible tanto  la creación del Bloque de Obreros, Campesinos e intelectuales, como el accionar del Partido Comunista de Costa Rica, fundado en junio de 1931. Ante ese proceso, las autoridades del Estado y en ellas las jerarquías del Ministerio de Educación, impulsaron al menos dos estrategias de control. Una dirigida a garantizar estabilidad e incorporar a la función pública a los educadores leales a los gobiernos. Otra, de coerción, exclusión, aislamiento  y represión. 

Los gobernantes continuaron atendiendo los problemas de los estudiantes más pobres. Reforzaron la credibilidad en la autoridad y en la representatividad del poder por medio del sufragio. Aceptaron que el conflicto social y laboral era rasgo inherente a la economía y a la   desigual distribución de la riqueza; pero susceptible de control. Para ello involucraron a los educadores en el quehacer de otras instituciones del Estado y en actividades de asistencia social en los medios en donde germinaba la protesta potencial o activa.

La coerción y la represión se aplicaron contra los sindicatos urbanos, las ligas de campesinos y el proletariado agrícola del banano, el azúcar y la minería. En el magisterio, contra los educadores que se adhirieron desde 1928 a las ligas nacionalistas, feminista y al Bloque de Obreros, Campesinos e Intelectuales. Figuras como Napoleón Quesada, Luis Dobles Segrega y Teodoro Picado que habían sido tres décadas atrás, críticos y disidentes, ejercieron fuertes represalias contra profesores y estudiantes de la Escuela Normal que defendían tesis políticas  del movimiento socialista.

Entre 1932 y 1938, la represión golpeó al sector magisterial que se adhirió a la ola de protestas populares que alimentó la crisis económica. También, a raíz de la actividad de los dirigentes del Partido Comunista. En la campaña electoral de 1932, se abrió el debate público acerca del derecho ciudadano de inscribir un partido político  con aquel nombre. La Asamblea Legislativa  rechazó la inscripción. En ese marco hubo algunas protestas de estudiantes del Liceo de Costa Rica, a quienes se les prohibía crear organizaciones y fundar su propia Asociación. En la campaña preelectoral de 1933, los dirigentes comunistas fueron reprimidos. Adolfo Braña fue deportado. Arnoldo Ferrero perdió la plaza de maestro, en Santo Domingo de Heredia.

En segundo lugar, se produjo el conato de golpe de Estado conocido como el Bellavistazo. “Los partidarios de Ricardo Jiménez persiguieron a los seguidores del candidato, Lic. Castro Quesada y entre ellos a maestros, profesores y funcionarios administrativos del magisterio”. 16 Uno y otro suceso, propiciaron el rechazo de los educadores a las diversas formas de exclusión de derechos y renació el objetivo de fundar una organización autónoma para los educadores.

La meta se concretó con la fundación Asociación Nacional de Maestros Unidos, creada el 15 de junio de 1934 y, en forma paralela, surgió la Asociación Nacional de Educadores, ANDE. Las nóminas de las directivas de una y otra, permiten afirmar que en la primera se aglutinaron los educadores adscritos a la actividad del Partido Comunista, mientras que la segunda, -presidida por Uladislao Gámez, Alejandro Rodríguez y Elías Leiva,  entre otros- reunió a los sectores que simpatizaron con el Lic. Castro Quesada. 17

La Asociación de Maestros Unidos mantuvo vínculos estrechos con el Partido Comunista y debió desempeñar algún papel solidario con los obreros de la manufactura y de las plantaciones,  en  el alza de la curva de huelgas de 1934 y 1937. En ocasión de las elecciones de 1936 varios profesores de la Escuela Normal fueron removidos. Carlos Luis Sáenz aceptó la candidatura presidencial del Partido Comunista y en ese contexto fue expulsado de la enseñanza pública y del país. La aversión a los educadores comunistas fue propiciada desde la Secretaría de Educación al mando de Luis Dobles Segreda y Teodoro Picado M.

Esos sucesos debieron influir en la desaparición de la Asociación de Maestros Unidos, la cual cesó oficialmente actividades el 7 de noviembre de 1939. 18 Pero la crisis social que fomentó la segunda guerra mundial, así como el proyecto de legalizar un conjunto de reformas sociales, legitimó otro intento organizativo de los educadores. El 25 de agosto de 1940 se impulsó desde la Escuela Normal un proceso de convergencias ideológicas entre los educadores que fructificó en la Asociación Nacional de Educadores, fundada oficialmente el 24 de octubre de 1942.19

En 1940, el personal docente estatal se distribuía entre un 92% que trabajaban en primaria, 5% en secundaria y 3% en la Universidad. Se arrastraban, pues, los obstáculos estructurales  que constreñían la educación pública. El cambio en la enseñanza primaria aflora hacia 1940. Lo propició, en parte, la estrategia hegemónica de los Estados Unidos. El decreto No. 26 del 15 de diciembre de 1942 creó la Oficina Interamericana de Educación por iniciativa de la Primera Convención de Ministros de Centroamérica. Dos años después, la ley No. 68 del 3 de abril de 1944 puso a funcionar las Misiones Culturales, llamadas por el Secretario de Estado, Lic. Hernán Zamora, “Escuelas Normales Rurales Ambulantes”.  El 28 de enero de 1945 se firmó un convenio de investigación, experimentación y docencia para el medio rural entre el gobierno de Costa Rica y la Fundación Interamericana de Educación, agencia del gobierno norteamericano.  

Fue en ese contexto que naufragaron las tesis de convergencia ideológica de los educadores, suscritas en 1942. Para la campaña electoral de 1943 se constituyó la coalición política Bloque de la Victoria, integrada por el Partido Vanguardia Popular y el Republicano. La contienda  dividió de nuevo, al magisterio. Surgieron, además, discrepancias en torno al ingreso o no de la ANDE en la Confederación Americana de Maestros. Influyó, asimismo, el encono ideológico  y de confrontación que produjo el comienzo de la Guerra Fría, hacia 1945.

Entre 1947 y 1949 el magisterio vivió una fase de radicalización política y subversión contra el gobierno de Teodoro Picado.  La ANDE se escindió al calor de la protesta patronal conocida como “huelga de brazos caídos” de 1947. Las diferencias ocupacionales, salariales, por niveles de enseñanza y las discrepancias sobre fines y estrategias, dieron origen a la Unión Nacional de Educadores, UNE. En ella se agrupó el sector político afín al Partido Republicano y luego desapareció, producto de la ola represiva que siguió a la guerra civil. Otro sector de la ANDE recuperó el nivel organizacional con el apoyo de los Ministerios de Trabajo y Educación, y fue inscrita el 28 de octubre de 1952.III,8 En el lapso surgieron, además, la Asociación de Educadores Pensionados, en 1941 y  la Caja de Ande, creada en 1944.

 

 

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

 

 

1 González Flores, Luis Felipe. Evolución de la Instrucción Pública en Costa Rica. Editorial Costa Rica. Colección Biblioteca Patria No. 9.  San José, 1978. Pp. 509-513. El libro se publicó por primera vez en 1934.  

2 Ibid. P. 326.

3 Datos de un estudio del Lic. Constantino Láscaris, citados en  Morales, Gerardo. Cultura oligárquica y nueva intelectualidad en Costa Rica: 1880-1914. EUNA. Heredia. 1993. Pp.101-102.

4 Fallas M., Carlos. Op. Cit. Pp. 338-339.

5 Secretaría de Instrucción. Memoria de 1901. Tipografía Nacional. San José. 1902. P.40 y P.52.

6 Asamblea Legislativa. Colección de Leyes y Decretos. Tomo I. 1901.  Tipografía Nacional. San José. Pp. 23-31. Pasantes de abogados Alfredo González y José Luis Sáenz. Escritura No. 37. Folios 40 al 45. Tomo II del Protocolo.   

7 Secretaría de Instrucción Pública. Personal docente de las Escuelas Comunes de la República. Año de 1903. Tipografía Nacional. San José, 1903.

8 Colección de Leyes y Decretos.

9 Vargas Arias, Claudio. El liberalismo, la Iglesia y el Estado en Costa Rica. Ediciones Guayacán. San José. 1991. Pp.107-111 y 114-130. González Ortega, Alfonso. Vida cotidiana en la Costa Rica del siglo XIX. EUCR. San José, 1996. Pp.116-125; Cap.III y IV.    

10 Meléndez Ch., Carlos. (Compilador). “El pensamiento social cristiano.” Prólogo de Luis Demetrio Tinoco. En El Pensamiento contemporáneo costarricense. Editorial Costa Rica. Biblioteca Patria No.18. Tomo I. San José. 1980. Pp. 197-214.         

11 Stone, Samuel. La dinastía de los conquistadores.  EDUCA. San José, 1975. Pp. 287-288. Soley G., Tomás. Op. Cit. Pp. 72-74. Junios (Pseudónimo). “Un grave problema social”. En  El Hombre Libre. Setiembre de 1919. P.2.Directores: José María Zeledón y José Albertazzi A.

12 Soley G., Tomás.  Op.Cit.  Pp.71-76.

13 Abarca V., Carlos  A. Perfil cotidiano de la educación primaria. 1890-2000. Editor: C. A. Abarca. San José 2003. P. 61.  

14 Idem.  

15 Abarca V., Carlos  A. Op. Cit. (2003). Pp. 337-338.

16 Blanco Lizano, Hubert. APSE: gremialismo, politización y credibilidad 1955-1995. Tesis, Maestría Centroamericana en Historia. UCR. San José, 2002. Pp. 48. 

17  Ibid.

18 Ibid.

19 Ibid

III,8 Abarca V., Carlos A. Los movimientos sociales en el desarrollo reciente de Costa Rica. EUNED. Tercera reimpresión. San José. 1997, Pp.89-90.

 

 

 

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