Por Carlos M. Licona

Honduras sigue patinando en un océano de olas jurídicas a expensas de cualquier dictador que llegue a la cima del poder, establecer una Corte Suprema de Justicia sin mácula alguna y que muerda a calzados y descalzos por igual, es una meta que se encuentra muy lejos para alcanzar, principalmente esta, que después de doce años de la dictadura nacionalista del narcotraficante Juan Orlando Hernández, dejó todo un andamiaje sincronizado para la corrupción.

Si bien es cierto, la actual Corte Suprema de Justicia es dirigida por la magistrada Rebeca Raquel Obando, de filiación del Partido LIBRE, toda la estructura “cachureca-juanorlandista” sigue intacta, así ha quedado en evidencia con la fiscal Francia Sofía Medina, una fiscal auxiliar de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) que fácilmente retiró más de 80 millones del Banco Central de Honduras en el 2023, dinero proveniente del narcotráfico. Recientemente, también fue detenido el juez Marco Antonio Vallecillo Banegas, excoordinador de los Juzgados con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, acusado por el delito de extorsión en perjuicio de un testigo protegido.

Estos son solo dos casos que han salido a la luz pública, pero ¿tiene fondo la corrupción en la CSJ?

Los dos casos mencionados anteriormente corresponden a personas jóvenes, menores de 35 años, y, que, muy rápido escalaron posiciones importantes en los años del “juanorlandismo”, sobre todo en posiciones que tienen que ver con la “criminalidad”, interesante ¿no?

El Congreso Nacional que manipuló a su antojo el PN

El origen del nefasto proyecto de la venta del territorio nacional debe remontarse a las consecuencias del Golpe de Estado del 2009, año en que se desarrolló el proceso electoral en el mes de noviembre, totalmente controlado al antojo de la derecha y oligarquía del país, dejando como ganador al nacionalista Porfirio Lobo Sosa y siendo la conformación del Congreso Nacional la siguiente; Partido Nacional (71), Partido Liberal (45), DC (5), UD (4), PINU (3). Este resultado dejó una aplanadora absoluta a todo lo que se le antojara a Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández.

La mayoría simple para aprobar cualquier Ley (65) ya la tenía el PN, para la mayoría calificada solo ocupaban 15 votos más que muy fácilmente los obtenían entre el resto de los congresistas. El 12 de diciembre de 2012, el Congreso Nacional que dirigió Juan Orlando Hernández destituyó a cuatro magistrados de la CSJ (Gustavo Enrique Bustillo, Rosalinda Cruz Sequeira, José Antonio Gutiérrez Navas y José Francisco Ruíz Gaekel), aunque se adujo que el motivo fue por declarar inconstitucional la Ley Especial para la Depuración de la Policía, lo cierto es que; fue por el decreto legislativo sobre las Regiones Especiales de Desarrollo (RED), conocida como “Ley de Ciudades Modelo”. Para la destitución de estos cuatro magistrados el PN obtuvo 97 votos. El único magistrado que no fue destituido fue Oscar Chinchilla, premiado después como Fiscal General, reelecto en un segundo periodo de forma ilegal.

De forma acelerada, en el 2013 se crean las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), legalizando la venta del territorio nacional.

 El guion mediático y desviado de la derecha

Sin duda alguna que, la creación de las ZEDE fue una imposición del Partido Nacional dirigido por Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández (2010-2014), el primero como presidente del Ejecutivo y el segundo como presidente del Congreso Nacional.

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, con seis magistrados suplentes incorporados, resolvió que “…el decreto 236-2012 que reforma a los artículos 294, 303 y 329 de la Carta Magna; así como el decreto 120-2013 que contiene la Ley Orgánica de las ZEDE, vulneran la Constitución de la República… el mismo es con efecto anulatorio de origen por vulnerar artículos pétreos establecidos en el texto constitucional”. EH (21/09/2024)

La decisión tomada por la CSJ inmediatamente puso en marcha la maquinaria mediática periodística para desviar la discusión toral hacia las posibles repercusiones de tal decisión, como ser; demandas multimillonarias, pérdidas de empleo, inestabilidad jurídica, alejamiento de la inversión, y lo más circense “confiscación de bienes”.

Jorge Colindres, secretario de la ZEDE Próspera manifestó “La Corte Suprema de Justicia no puede dar efecto retroactivo a las sentencias de inconstitucionalidad. La Constitución en su artículo 316 y Ley Sobre Justicia Constitucional en su artículo 94 protegen los derechos adquiridos de nuestros residentes, trabajadores e inversionistas a la estabilidad de las ZEDE…”.

Con la declaración de Colindres, toda la discusión gira alrededor de lo que supuestamente se perderá y de que un gobierno socialista expropiará, desconociendo el peso legal de la decisión de la CSJ, este agregó “…por primera vez en la historia de Honduras, la Corte Suprema da efecto retroactivo a una inconstitucionalidad, pretendiendo confiscar las inversiones y empleos de más de 3,000 personas y 200 empresas. Esta sentencia es un acto nulo jurídicamente, propio de dictaduras socialistas”. EH (21/09/2024)

El pueblo no debe perder el origen

Lo que originó las ZEDE fue el Partido Nacional dirigido por Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández, todo lo que impusieron fue ilegal y pusieron en venta el territorio nacional, la población no debe dejarse influenciar con falaces opiniones de la derecha, tendientes a calificar como ilegal la decisión de la CSJ, por el contrario, la población debe exigir cárcel para todos los que aprobaron la creación de las ZEDE.