Por Carlos M. Licona

El día 6 de febrero del año en curso, a eso de las 11:30 p.m, en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, la joven estudiante de licenciatura en enfermería, Keyla Martínez, fue detenida junto al doctor Edgar Velásquez. Según la policía, la pareja fue requerida y detenida por incumplir el toque de queda. A las 3:30 a.m. del día 7 de febrero en la ronda de rutina, Keyla fue encontrada aparentemente ahorcándose en la celda donde la tenían (según versión de la policía), fue llevada a un centro médico donde se dictaminó que estaba muerta.

Casos en que se evidenció los asesinatos policiacos o militares

Ya se ha demostrado que los órganos represores del estado operan en total impunidad y la vida de cualquier ciudadano pasa a ser decisión de cualquier miembro de la policía o de las Fuerzas Armadas. Solo hay que recordar el sádico asesinato de Pedro Magdiel “…Fue detenido por elementos del ejército y la policía, su detención ocurrió al finalizar la tarde del 24 de julio (2009), mientras fumaba un cigarro a la sombra de un árbol. A la mañana siguiente su cuerpo fue encontrado con señales de tortura y presentaba al menos 42 heridas de arma blanca…”. (defensoresenlínea.com).

En diciembre del 2011 fue asesinado el analista y experto en temas antidrogas, Alfredo Landaverde, sobre la investigación de su muerte en el diario El Heraldo del 05/04/2016 se lee lo siguiente “Vaciados telefónicos, testimonios y un video señalan como autores materiales e intelectuales de la muerte del exasesor de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN), Alfredo Landaverde, a varios miembros de la Policía Nacional, algunos de los cuales se encuentran activos. Las evidencias están plasmadas en el informe con número de oficio SEDS-IG0167--2012 de Inspectoría General de la Policía Nacional, de fecha 25 de mayo de 2012, enviado al entonces director de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla. En el documento se incrimina a 24 elementos policiales y un civil de tener participación en el asesinato de Landaverde, ocurrido el 7 de diciembre de 2011…”.

Alfredo Landaverde ya había denunciado la corrupción en la Policía y había adelantado el riesgo de tales afirmaciones. Otro caso fue el asesinato del hijo de la ex rectora de la UNAH (Julieta Castellanos), Rafael Alejandro Vargas Castellanos y su amigo Carlos David Pineda Rodríguez, asesinados por la policía en octubre del 2011, cuando en el país aún se mantenía la convulsión social heredada desde el golpe de estado del 2009. La verdad salió a luz gracias a las influencias y amistades de la ex rectora que se pusieron a su total disposición.

Ya en el juicio; “en la declaración del policía hondureño José Rubén Pozo López en la audiencia de declaración de imputado refleja los pormenores del policía Arnulfo Padilla que buscara la forma de cambiar el cañón del fusil del policía Arnulfo Padilla, el oficial Galeas dijo que iba a llamar a un compañero oficial para hacer el cambio de cañón de la pistola del oficial, y hacer cambio de fusil, ese día miércoles que fue intervenido el Distrito 1-6 ellos me tuvieron presionado para que no fuera a declarar en contra de ellos, a las 4 de la tarde nos llevaron a declaración a la DNIC, mi persona y…” La Prensa (01/11/2012).

Ese vil suceso arrojó a la palestra pública todo un engranaje de contubernio entre órganos investigadores y la Policía Nacional para encubrir asesinatos, pero, además, también evidenció que los mismos se involucraban o dirigían actividades ilícitas, a tal punto que mejor optaron por cerrar la posta de La Granja.

La impunidad, el gran escollo a superar

La forma en que el país ha sido gobernado en los últimos 11 años ha permitido que la violencia se dispare; principalmente los feminicidios, asesinatos de personas ligadas a la lucha popular, denunciantes de la corrupción del gobierno, defensores de derechos humanos o defensores de la tierra (como el caso de Bertha Cáceres).

El manto de impunidad existente en el país hace que los asesinatos se eleven de manera oprobiosa, donde cualquier ciudadano puede ser asesinado en la calle y las investigaciones casi siempre quedan en cero, archivando los expedientes con la leyenda de “caso sin resolver”. El caso de Keyla Martínez no debe quedar en la impunidad y debe ser investigado por especialistas en el tema que no tengan obediencia a los órganos represores.

El pueblo debe exigir justicia ante cada violencia contra los derechos humanos de cualquier individuo, es el momento de exclamar un ¡basta ya de tanto asesinato!