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HONDURAS.- Indignados irrumpen en el poder judicial

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Por Sebastián Ernesto González

El día 23 de julio sucedió algo inédito en la historia de Honduras. Un grupo de indignados irrumpió en una de las salas de la Corte Suprema de Justicia y se llevó al periodista David Romero Ellner, donde se le ventilaba la audiencia por difamación y otros cargos. La multitud de simpatizantes de David Romero y participantes     en las “Marchas de las Antorchas”, rompieron los portones que dan acceso a la Corte Suprema de Justicia, entraron al Poder Judicial y luego rompieron la puerta que daba acceso a la sala cuarta de sentencia donde se llevaba el juicio, tomaron al periodista y luego lo trasladaron a las oficinas del Comisionado de Derechos Humanos (Conadeh), donde permaneció por algunos días hasta que le garantizaran sus derechos y la realización de un juicio justo e imparcial.

La institucionalidad burguesa en Estado “fallido”

Con la consolidación del golpe de estado del 2009, sin duda alguna que la institucionalidad burguesa en el país decayó enormemente. En los gobiernos sucesivos del Partido Nacional con Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández, la clase política gobernante y el sector de la burguesía que la sostiene, han dedicado todo su empeño a controlar todas las instituciones del Estado por medio del poder ejecutivo, a través de JOH. Esto no sería posible sin el apoyo de los diputados del Partido Liberal y en algunos casos con diputados del Partido Anticorrupción, quienes han negociado tras bambalinas puestos del engranaje público; o como sucedió con la aprobación del presupuesto del 2015, que también fue aprobado por algunos diputados de Libre.

Hasta ahora, JOH controla casi toda la institucionalidad. De no ser por el movimiento de los indignados que originó las multitudinarias “marchas de las antorchas”, la reelección sería casi segura para JOH.

Un juicio privado que origina un acto revolucionario

David Romero Ellner es el director de noticias de radio Globo y TV Globo, medio de comunicación que desde el Golpe de Estado se ha mantenido a disposición de la oposición al régimen. Con información que le fue filtrada al periodista, inició la denuncia de la participación e involucramiento directo del Partido Nacional y de JOH en el latrocinio al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde se menciona que se robaron más de 7,000 millones de lempiras. Uno de los sobornos hechos para evitar se investigara el caso, fue al Fiscal General Adjunto, esposo de la señora Sonia Gálvez, quien ha acusado a David Romero por difamación y otros cargos (16 en total). Sin duda alguna, el periodista acusado y el personal de la Globo junto al canal 36, han sido los principales protagonistas de la denuncia del robo descarado al IHSS, hecho que dio lugar a la aprobación una nueva Ley de Seguridad Social que conlleva a la privatización del servicio de salud.

Según la denuncia del periodista, corroborada por el juez del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, José Dimas Agüero Echenequi, se recibió la presión desde el Ejecutivo para que el periodista fuera condenado y enviado a prisión.

Aparentemente ese día estaban preparadas las condiciones para que tal hecho sucediera, sin embargo, ante la alerta hecha por el periodista, un numeroso grupo se trasladó a las instalaciones de la CSJ, donde se dio el acto espontáneo de exigir justicia en un poder del Estado totalmente contaminado por la influencia del ejecutivo.

El acto heroico de los manifestantes sirve para ejemplificar que la única forma de obtener justicia es a través del empoderamiento de los métodos de lucha, por medio del cual un pueblo enardecido y decidido puede imponerse al régimen.

Jueces y magistrados deben ser elector directamente por el pueblo

El Poder Judicial ha sido una columna para mantener las ilegalidades cometidas por el poder ejecutivo y legislativo en contra de la clase trabajadora, con dictámenes ilegales y juicios arreglados y amañados en contra de miles de trabajadores despedidos o de conquistas eliminadas. El acto espontáneo de la multitud que irrumpió en la CSJ nos demuestra de la urgencia de realizar acciones para democratizar el poder judicial.

En este momento se aproxima la elección de los 15 magistrados de la CSJ, los que estarán por 7 años al frente de la misma. Sin duda alguna que el partido gobernante junto al Partido Liberal y otros interesados ya han negociado la elección de los mismos. Es obligación de todos los sectores que se encuentran en lucha, impedir la escogencia amañada de jueces y magistrados, debemos tomarnos las instalaciones del Poder Judicial y no permitir el nombramiento de una CSJ que siga juzgando en contra de los trabajadores. Los jueces y magistrados deben ser electos directamente por el pueblo, y también revocados de la misma forma. Solo así podemos evitar que los jueces y magistrados se vendan al mejor postor o sean instrumentos del gobierno de turno.

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