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HONDURAS.- El golpe de Estado del 28 de Junio, consecuencias y perspectivas

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micheletti y chafa

Por Leonardo Ixim

El pasado 20 de junio se conmemoro un año del golpe de estado que la derecha hondureña y sectores de derecha enquistados en el Estado norteamericano promovieron en contra del presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales, lo cual fue calificado por algunos sectores democráticos como un golpe de carácter preventivo.

En este ensayo proporcionaremos un análisis de la situación de Honduras a un año de esta movida política, las expectativas para el futuro próximo de ese país, así como aclararemos porque compartimos la tesis del carácter preventivo del golpe.

El gobierno de Zelaya inicio su mandato reprimiendo al movimiento magisterial y obrero, lucha que se fueron sumando otros sectores populares,  pues estos se movilizaron producto de la crisis económica mundial debido al costo cada vez mayor de la vida,  de igual forma también se caracterizó  por aplicar una serie de programas asistencialistas similar a los gobiernos vecinos, con el fin de atenuar muy levemente el costo de la vida en consonancia de los mandatos de los organismos financieros internacionales.

Antecedentes del golpe

La situación económica de Honduras en el momento que accede al poder Manuel Zelaya postulado por uno de los partidos tradicionales de derecha de ese país, el Partido Liberal, sobrellevaba las repercusiones de la crisis mundial que había iniciado en Estados Unidos y siendo este país el principal socio comercial de Honduras los efectos eran sensibles.

Así Honduras venia reportando un crecimiento económico menor comparado desde el 2007 y pese que las exportaciones se mantenían especialmente en productos agro industriales (un caso singular ha sido el de aceite de palma) así como la disminución de las importaciones específicamente en compras de materias primas, efecto directo de la crisis, comparativamente ambos indicadores eran menores con respecto años anteriores, de igual forma la cantidad de dinero procedente de las remesas eran menor y ese elemento es vital en el mantenimiento del nivel de vida de muchos centroamericanos así como en el funcionamiento de estas economías[1] .    Con este panorama además de los efectos que ya había tenido el Tratado de Libre Comercio firmado entre todos los países de Centroamérica contando Honduras con Estados Unidos, en algunos sectores del bloque dominante, el presidente Manuel Zelaya ve en la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) una fuente de financiamiento tanto para el Estado quebrado por el modelo neoliberal,  los acuerdos de libre comercio y la negativa histórica de la oligarquía de ese país a contribuir en la hacienda pública, así como en sectores de la burguesía que han sido excluidos de las tajadas del pastel del modelo neoliberal [2].

La entrada al ALBA le significo además de los programas sociales relacionados alfabetización y asistencia médica gratuita, una línea de crédito del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BNDES) por 30 millones de dólares destinados a pequeños productores rurales a bajas tasas de interés, así como la emisión de bonos por 100 millones de dólares adquiridos por Venezuela cuyos fondos se destinaría a la construcción de vivienda para personas que carecen de esto[3]. Después de mucha oposición de parte de la derecha y los grupos empresariales más poderosos que lanzaron una campaña mediática aduciendo que era un pacto militar, el congreso aprobó con la mayoría de votos, absteniéndose la bancada del conservador Partido Nacional el ingreso de Honduras al ALBA.

Entre los factores agravantes que propiciaron el apoyo del imperialismo estadounidense en  el golpe de Estado, fue el ingreso primero a Petrocaribe y posteriormente al ALBA,   pues esto significó un duro golpe a la política exterior de Estados Unidos para el continente, porque alineo a Honduras al eje de los gobiernos nacionalistas del Sudamérica y lo alejo de forma tímida de la órbita de ese país, sin embargo apuntamos lo de  tímida porque Honduras al igual que Nicaragua o El Salvador, gobernados por partidos de izquierda no han roto con el tratado de libre comercio ni con proyectos regionales como el Plan Mesoamericano (antes Plan Puebla Panamá). Sin embargo era un precedente que alarmo a los sectores  de extrema derecha enquistados en los Departamentos de Estado y de Defensa, piezas claves para el control mundial de parte del  Complejo Militar, Industrial y Financiero de ese país.

Otro elemento en esta vía fue el interés de Zelaya de convertir la base militar estadounidense de Palmerola en un aeropuerto comercial que “Inaugurada en 1982 en el marco de la guerra contra Nicaragua, Palmerola costó unos US$30 millones, y en sus inicios no era más que un conjunto de barracones, letrinas y una pista provisional que actualmente tiene unos 4 mil metros de longitud y es apta para la operación de aviones de gran porte, como los C-5” (Inforpress, Edición 1661), por lo tanto tal como menciona esa publicación, se ve la importancia de esta en el marco de la estrategia de reposicionamiento militar a nivel global de parte del imperialismo y de cara a una posible agresión a los gobiernos nacionalistas del ALBA,  esta base militar tiene una importancia estratégica.

Sin embargo nuevamente la ruptura con Estados Unidos fue leve pues a la vez que se planteaba esta posibilidad,  el gobierno de Zelaya negociaba el establecimiento de una base militar que según funcionarios del Departamento de Defensa de ese país será para el entrenamiento de fuerzas especiales en la lucha contra el narcotráfico. Dicha negociación continúo en el gobierno de facto y en el actual; esta base estará en la zona de la Misquita, región selvática fronteriza con Nicaragua, misma región que en los ochenta del siglo XX, se usó como zona de resguardo para la contra que atacaba al gobierno revolucionario de este último país.

Otros elementos de orden interno que posibilito el golpe de estado, están relacionado a políticas que afectaron directamente las formas de acumulación de la clase dominante tales como el aumento salarial, la entrega de tierras a campesinos y  la licitación de combustibles.

En el primer caso,  el salario mínimo se encontraba a inicios del 2009 en 3,300 lempiras (falta dólares) y al no encontrar un acuerdo entre empresarios y trabajadores, el gobierno lo aumento en 5,500 lempiras (falta dólares) esta medida tal como la califica la analista hondureña Mariana Ríos “como nunca antes vista a favor de los trabajadores hondureños” (Ríos, 2010). Esto pese a ser un aumento considerable y de no ser bien recibido por el empresariado todavía fue insuficiente con respecto al costo de la canasta básica y una vez aplicado el decreto presidencial se sucedieron una gran cantidad de despidos donde el gobierno hizo poco para evitar tal situación.

Otro  conflicto fue el tema de la licitación de combustibles,  pues tradicionalmente los proveedores eran empresas trasnacionales como Shell, Exxon o Texaco, pero con la medida tomada por el gobierno de Zelaya se buscaba que se abriera a un número mayores de proveedores, donde un competidor importante y preferente debido a su política de precios más accesible seria la estatal venezolana PDVSA, lo cual genero otro malestar en el gobierno estadunidense, temiendo que por esa vía una perdida mayor de su influencia.

Relacionado a eso fue la entrada de Honduras al acuerdo de venta de petróleo a precios bajos con Venezuela conocido como Petrocaribe, debido al fracaso de la política anteriormente descrita, a la necesidad de garantizar combustible barato pues dicho acuerdo garantizaba adquirir combustible a precios bajos.  El acuerdo suponía la importación del 100% del bunker que utilizan las plantas térmicas generadoras,  del 70% de la energía que demanda el país y un 30% del consumo de gasolinas y diesel y según el gobierno habrá un endeudamiento por 750 millones de dólares para comprar ese petróleo[4]. Petrocaribe ha permitido a Honduras importar hidrocarburos provenientes de Venezuela, desembolsando el 40% de la factura en un plazo de 25 años, con un interés del 1%.

Estas condiciones de pago le  permitieron al gobierno destinar una gran cantidad de fondos a los programas sociales, así como el uso discrecional de algunos de estos, pues se utilizó infraestructura para el almacenamiento y distribución de este combustible de algunos empresarios cercanos a Zelaya, ante a falta de una infraestructura estatal, de igual forma tampoco existió una política estatal de crear esa infraestructura

De igual forma otro elemento de tensión con la oligarquía fue la tímida reforma agraria que se impulsó,  cuando el congreso de ese país aprobó una ley que permitía que miles de campesinos obtuvieran  títulos de propiedad sobre tierras ociosas pertenecientes a grandes terratenientes, que  en la  mayoría de casos eran tierras ocupadas por campesinos desde muchos años atrás. La ley planteaba que se iba pagar a hasta un 60% del valor total de la tierra, además de poner plazos para que si en un tiempo estipulado no se realizaba ese trámite se expropiaría forzosamente. La respuesta de los terratenientes y de las empresas dedicadas a los cultivos de exportación fue el asesinato a líderes campesinos y negarse a cualquier tipo de dialogo[5][6].

Zelaya logro nuclear debido a las políticas anteriormente descritas a su lado a importantes sectores del movimiento popular como las tres centrales sindicales existentes en ese país, la Coordinación de la Resistencia Popular (CNRP) y el Bloque Popular, así como el partido Unificación Democrática (UD) que se autodefine de izquierda. Con eso Zelaya logra una base social amplia que sirvió de apoyo para las políticas gubernamentales y que después serán parte constitutiva del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe (FNRG). Las fuerzas del movimiento popular asumieron una posición acrítica con respecto a liderazgo de Zelaya  y con respecto a los sectores de la elite económica que este representa.

El golpe de estado

La gota que derramo el vaso fue la consulta que el presidente pretendía hacer a la ciudadanía sobre la cuarta urna, pues buscaba que esta se pronunciara el día de las elecciones para indagar la conformidad o inconformidad de que se convocara una constituyente que transformara el Estado y sobre todo al sistema bipartidista que lo había llevado a la crisis.

Hacia la izquierda también hubo críticas en lo que respecta a la forma en que Zelaya pretendía realizar  la consulta calificada  como una forma  no democrática,  pues  esto debería  nacer del seno del mismo pueblo, así como críticas a las organizaciones del movimiento social anteriormente mencionadas “por estar a la cola del melismo” al  ser este la expresión de una facción de la clase dominante apelando al independencia de clase con respecto a este sector del bloque dominante.

Previamente al día en que se iba a consultar a la población sobre si este,  estaba de acuerdo de una cuarta urna el día de las elecciones, la derecha otra vez se posiciono contra esta situación  y lanzo una campaña mediática, expresando que el verdadero interés del presidente con respecto a convocar una asamblea constituyente era su reelección.

Unos días antes del golpe la Corte Suprema de Justicia declaro que la acción de consulta como ilegal,  lo cual sirvió de justificación para que instituciones como el Ministerio Publico y el Tribunal Supremo Electoral procediera a secuestrar el material que serviría para realizar la consulta, lo cual ocasiono la movilización de gran parte del movimiento popular en función de recuperar ese material.

Así la oligarquía previendo la radicalización de las masas debido a la situación anteriormente descrita, da un golpe de estado utilizando la cúpula de las Fuerzas Armadas dirigidas por el general Romero del Bosque, estás secuestran al presidente Zelaya en la noche de su casa de habitación y lo llevan a la base militar estadunidense de Palmerola para posteriormente mandarlo al exilio Costa Rica.

Al golpe de estado se le da un supuesto respaldo legal cuando el congreso de la república declara que se revoca el mandato del presidente y que es sustituido por Roberto Michelleti, presidente del congreso. La Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Publico, el Tribunal Supremo Electoral y la Comisión de Derechos Humanos, respaldan tal acción y la califican de procedente. La jugada se completa cuando el vicepresidente Elvin Santos y candidato por el Partido Liberal para las elecciones de noviembre de ese año renuncia a su puesto, dándole vía libre el presidente del congreso Roberto Micheletti Brian para que asumiera el ejecutivo.

El golpe de estado  tiene el carácter de preventivo por un lado de parte de la institucionalidad del Estado liberal existente desde la separación de ese país de la Federación Centroamericana  en siglo pasado y la reconfiguración con una fachada liberal-democrática tras la constitución de 1982  y por el otro las fuerzas de la burguesía previendo que las medidas  antes descritas, tal como  el aumento salarial, la licitación de combustibles, la entrada al ALBA, etc., se radicalizaran, provocando el desplazamiento del sector tradicional de la burguesía del poder en Honduras. Un ejemplo de eso fue la movilización  del movimiento popular en el rescate del material para la consulta de la cuarta urna.

Detrás del golpe sin duda estuvo el Departamento de Estado, la Central de Inteligencia Americana  (CIA) y la embajada de Estados Unidos en ese país,  pues trascendió la existencia de  pláticas entre el embajador Hugo Llorens y personas involucradas en el golpe días antes de este y el conocimiento que este tenía sobre tal acción. De igual manera se supo de que trasnacionales farmacéuticas  tales como Glaxo, Pfizer, Novartis, entre otras,  así como algunas familias de la oligarquía importadores de medicamentos de tales trasnacionales,  entre los que se menciona a nombres como las familias Canahuati, Kafati y Facusse vinculados a la ala derecha del Partidos Liberal entre los promotores del golpe[7]. La causa del involucramiento de estos grupos económicos seria que con la entrada en el ALBA le permitiría al Estado hondureño la importación de medicamentos genéricos desde Cuba como forma de contrarrestar los altos precios de las medicinas que el Estado hondureño debe costear para la provisión de sus hospitales públicos, pues el tradicional proveedor han sido estas trasnacionales. También se sabe del involucramiento de Rafael Nodarse, empresario cubano-estadunidense involucrado en los grupos opuestos al gobierno revolucionario cubano quien es dueño del canal 6 de la televisión de ese país. Las trasnacionales petroleras por el tema de la licitación de combustibles posiblemente se involucraron o vieron con buenos ojos el golpe.

Al conocerse el golpe,  espontáneamente una gran cantidad de población se fue concentrando en las plazas centrales de las principales ciudades en especial las mayores tales como Tegucigalpa y San Pedro Sula, desde el día siguiente al golpe hasta en la actualidad se han organizado inmensas manifestaciones y concentraciones públicas en repudio al gobierno de facto y a la continuidad de este representado en el gobierno de Lobo.  Como nos comentara una integrante de la resistencia hondureña además de la habitual participación de miembros en los movimientos de masas y las organizaciones políticas de ese país, lo que la derecha promotora del golpe nunca se imagino  fue el  involucramiento de personas que jamás habían participado en ningún tipo de organización  política o social ni tampoco previo el crecimiento del sector organizado del pueblo.

Durante el tiempo que duro el gobierno de facto de Michelleti  y posteriormente,  la resistencia fue creciendo, se aglutino  la CNRP, al BP, organizaciones campesinas, magisteriales, estudiantiles, las tres centrales sindicales históricas, organizaciones políticas, etc., la resistencia se pasó a llamar de Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe a Frente Nacional de la Resistencia Popular (FNRP) tal como se llama actualmente y se ha organizado de una forma que responde a este fenómeno emergente de organización popular, pues el FNRP, ha creado células a nivel local contando con  mucha participación.

Un factor de importancia ha sido la fracción del Partido Liberal que sale de dicho partido tras el golpe,  en apoyo de Zelaya, que se conoce como Liberales en Resistencia, dicha organización que se caracteriza por tener presencia a nivel del país ha jugado un papel de suma importancia pues ha tenido  y sigue teniendo un nivel de preponderancia en la dirección del FNRP.  Sin duda esta organización en sus bases ve a Zelaya como el líder carismático y único que se necesita para hacer cambios en ese país, así como en los sectores que la dirigen como la ex canciller del gobierno de Zelaya, que con un discurso de izquierda y anti neoliberal representan a una burguesía nacionalista y anti monopólica que han acompañado a Zelaya y ven la necesidad de realizar  cambios al capitalismo atrasado y dependiente de ese país.

Ante la organización majestuosa y masiva la respuesta fue la represión de parte de la dictadura de Michelleti, este se rodeó de antiguos violadores a derechos humanos de la década de los 80s formados por la CIA en técnica de guerra sucia contra opositores políticos, tales como  el caso del tristemente célebre Billi Joya miembro del batallón de inteligencia 3-16, una unidad creada con fines contra insurgentes en 1981 con asesoría estadunidense y argentina, responsable de organizar escuadrones de la muerte durante esa década como  las unidades Lince y Cobra[8]. Muchas de las  manifestaciones de la resistencia fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad pública así como el uso de patrones similares a los operados por los escuadrones de la muerte como el asesinato y desaparecimiento de líderes  y miembros de la resistencia.

La violación a derechos humanos básicos fue una constante durante el gobierno de Michelleti, organismos internacionales y hondureños denunciaron tal situación tales como Amnistía Internacional, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Codeh y Cofadeh estos hondureños. Se reportaron cierres a medios de comunicación que manifestaron su visión crítica al golpe, desaparecimientos forzados, detenciones ilegales y ejecuciones extrajudiciales tanto en actividades organizadas por la resistencia como en seguimiento a líderes sociales. Se violo el artículo 21 de la constitución de ese país que dice que solo la voluntad del pueblo es la única autoridad del poder público y que esa se expresa mediante elecciones periódicas por medio de sufragio universal y secreto. De igual forma se viola la Carta Interamericana de la OEA que reza que dicho organismo solo reconocerá a gobiernos conformados por medio de elecciones[9].

El gobierno de Michelleti suspendió todas las garantías constitucionales, se coarto los derechos de organización, prensa, expresión, movilización, protesta. Eso genera que Honduras fuera suspendida de diversas instancias internacionales como la OEA y el  SICA, igualmente la suspensión de  transacciones comerciales con ese país por parte de naciones centroamericanas, europeas y latinoamericanas. En el caso de Centroamérica se cerraron las fronteras durante algunos días pero la presión de las burguesías de estos países obligo a estos gobiernos abrirlas nuevamente. De igual forma se excluyó de las negociaciones comerciales del Acuerdo de Libre Comercio y Asociación que se estaba negociando con la Unión Europea recientemente finalizado[10]. En el caso de la OEA no ha logrado nuevamente su ingreso por la oposición de los gobiernos de UNASUR y ALBA. Y en el caso del SICA recientemente fue admitida de nuevo con la oposición de Nicaragua argumentando la continua violación a derechos humanos en Honduras, sin embargo el gobierno nicaragüense también cedió a las presiones de la burguesía de ese país y rápidamente abrió las fronteras para transacciones comerciales.

Estados Unidos jugó un papel hipócrita pues si bien públicamente desconoció al gobierno de Michelleti,  por otros medios siguió apoyándolo económicamente, nunca impuso sanciones a este país ni redujo el intercambio comercial  tal como lo hacen con otros regímenes que ellos califican como dictaduras, lo más que hizo fue quitarle visas a miembros del gobierno espurio. Además trato de legitimarlo usando como mediador al presidente  costarricense Oscar Arias que ya jugó ese mismo papel en los 80s,  convirtiéndose en uno de los artificies de la transición democrática en Centroamérica que posibilito la aplicación plena de políticas neoliberales y la derrota de la revolución centroamericana. Al final la Zelaya y la dirección del FNRP cayeron en ese juego.

Este dialogo impulsado por el gobierno estadounidense consistió que por medio de Oscar Arias se buscara sentar a las partes para lograr  el regreso de Zelaya, la renuncia de Micheliti, frenar la lucha por la asamblea nacional constituyente[11] y desmotar la movilización popular en contra del gobierno espurio, movilización popular que pese a identificar a Zelaya como el hombre que transformara a Honduras llegando concebirlo casi como un líder mesiánico, las acciones  de la resistencia cada vez más se  fueron radicalizando con respecto a una crítica el modelo de sociedad y al mismo sistema capitalista.

De esa forma se instala el Acuerdo de San José conformado por presidente depuesto Manuel Zelaya que asume el liderazgo de la resistencia y Roberto Micheletti en nombre del gobierno de facto, siendo el presidente costarricense Oscar Arias mediador en dicho dialogo.

Lo que pretendía el Acuerdo de San José era maniatar a Zelaya pues buscaba la conformación de un gobierno de unidad entre funcionarios a fines a Mel y otros a fines del usurpador, que el primero renuncie a convocar un asamblea constituyente o consultar sobre ese fin y que faltando un mes para las elecciones que se realizaron en noviembre del año pasado se le quitaría a Zelaya el mando del ejército.

El gobierno estadunidense con el beneplácito de Arias aplicaron tácticas dilatorias para lograr así la  desmovilización de la resistencia, sumado a esto, la forma en que se lleva acabo estas negociación pues esta se realizaron en secreto lograron suspicacia entre varios sectores que conforman el FNRP y por ultimo su objetivo principal, ganar tiempo para las elecciones y completar el proceso de legitimación del golpe de estado.

Tal como planteara el dirigente político  Tomas Andino quien ha sido diputado por Unificación Democrática  “Lo incorrecto es someter los objetivos de una lucha que se libra en las calles, con muchas posibilidades de éxito, a una negociación en la que sólo hay posibilidades de perder”. El proceso de negociación se profundiza con el  Dialogo de Guaymas donde Zelaya termina cediendo y la dirección del FNRP pone su grano para legitimar al golpe.

Compartimos la posición de algunos sectores dentro del Frente que han cuestionado la forma que se llevó la lucha pues se priorizo el proceso de dialogo con los golpistas, nuevamente fina estrategia del imperialismo para desmovilizar la lucha, tal como en la década de los 80s, sustituyendo el objetivo que movilizaba a las bases de la resistencia,  la convocatoria a la constituyente, el derrocamiento de la dictadura y la restitución del presidente Zelaya.

Tal como planteara Tomas Andino “el Frente ha asumido que su rol en este esquema es poner la fuerza de la movilización de masas como una fuerza de presión social al servicio de la negociación del Pacto de San José, y no en función del derrocamiento del gobierno usurpado” y eso se debe a que las direcciones de los organismos populares que conforma esta fuerza de masas asumen los métodos burocráticos de trabajo, mas a esto se le agrega que los Liberales en Resistencia que vienen de una experiencia conservadora en la política hondureña.

La espontaneidad que la población sumándose debido al repudio que ocasiono la ruptura del orden constitucional,  también a la sinceridad que importantes sectores de la población vieron en Zelaya, independientemente de sus límites, genero un fenómeno de masas nunca antes visto, ni siquiera en la huelga general convocada por los sindicatos bananeros de 1954. Pero ese descontento no lo supo canalizar la dirección de la resistencia, pues era en las primeras semanas que se pudo  haber derrocado la dictadura por medio de la huelga general y el boicot económico, eso junto la presión internacional hubieran logrado tal cometido. Sin embargo el proceso se dilato y el objetivo sentido por las masas de derrocar al gobierno de facto fue sustituido por la búsqueda de un dialogo que significaba maniatar las pretensiones de convocar la asamblea constitucional.

El Acuerdo de San José-Guaymas pese que fue la salida  consentida por los Estados Unidos que  no gustaba del todo a los sectores que dieron el golpe, lo que animo a estos sectores a apoyar este acuerdo fue la llegada clandestina de Manuel Zelaya a Honduras y su refugio en la embajada de Brasil, que provoco en la población  al enterarse de esa audaz acción, movilizaciones masivas en todo el país y paro de labores en empresas y instituciones públicas, obligando a la dictadura a sentarse a dialogar y usar ese instrumento a su favor de cara a legitimar el golpe llegando a las elecciones de noviembre del año pasado[12].

Nuevamente Zelaya y plegada a sus intereses la dirección del Frente canalizo esta semi insurrección hacia el dialogo con los golpistas, logrando la desmovilización de la población que espontáneamente se sumó a estas acciones, y al igual que en los dos intentos anteriores intentos de regreso de Zelaya; uno cuando quiso aterrizar en el aeropuerto internacional de Toncontin y el otro cuando quiso entrar por la fuerza a su país vía el paso fronterizo de Las Manos con Nicaragua, sus aventureras acciones ocasionaron que el pueblo saliera en su búsqueda y la mala orientación de esas movilizaciones permitieron la represión y el asesinato de la población que se sumó a estas acciones.

La característica de este golpe como se dijo más arriba fue de carácter preventivo ya que buscaba evitar que se cambiara la constitución y reformar el bipartidismo sostén del status quo en ese país, transformar la estructura económica impidiéndole a la oligarquía tradicional seguir concentrando capital e iniciar un proceso de transformación de la excesiva concentración de los medios de producción en una minoría y en empresas de capital extranjero;  podíamos conjeturar que mientras el melismo busca democratizar ese capitalismo atrasado, los sectores más de izquierda y las bases de las organizaciones populares buscan pasar a un modelo de sociedad no regida por las leyes del mercado y del valor. Para ambos cometidos habría que destronar el bipartidismo sostén de ese modelo y por lo menos una de sus patas el Liberal ha quedado en crisis.

Fue al final lo planificado por el gobierno norteamericano la salida como se dio esta crisis institucional, se logró legitimar el golpe, pues en los acuerdos entre Zelaya y los golpistas, el primero accedió a que fuera el congreso quien lo restituyera, este se dilato y como se sabía que iba a pasar,  no lo restituyeron, con eso logaron llegar a las elecciones con cierta legitimidad, elecciones que fueron las menos votadas desde la existencia de la constitución actual. En ese contexto la dirección de la resistencia, las burocracias de los organismo populares y el liberalismo en resistencia jugaron el papel de cómplices pues junto a Zelaya siempre priorizaron un dialogo, situación ya cocinada.

Se realizaron las elecciones noviembre del año pasado y pese a que antes hubo  varios forcejeos entre el golpismo y la resistencia, especialmente con Zelaya, que si un gobierno de unidad sin o con Zelaya, la división en el seno de la resistencia cuando el partido UD anuncia su disposición de participar en las elecciones generando una crisis en ese partido calificado por las bases  de este como traición, las mismas candidaturas independientes que representaba a sectores radicales de la izquierda que estaban dentro del Frente como la de Carlos H. Reyes, que a última hora y por presión de las bases anuncia su retiro de la contienda electoral. La actitud de la OEA y del Departamento de Estado promotor del golpe, de no reconocer las elecciones mientras siguiera el gobierno de Michelleti, al final con el disimulo de su renuncia previo a las elecciones, una vez electo Porfirio Lobo terminan reconociendo el golpe.

Con un abstencionismo del 60 por ciento, con el reconocimiento de Estados Unidos,  resulta electo Porfirio (Pepe) Lobo, del Partido Nacional. El primer anuncio del presidente electo fue que impulsara “un gobierno de unidad nacional y austeridad y el cumplimiento de los Acuerdos de San José-Guaymas” de igual forma como lo mencionamos antes, el congreso no acepta la restitución de Zelaya planteando que se hicieron consultas con distintos instituciones tales como el Ministerio Publico, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyendo que Zelaya cometió importantes de delitos, llegando a la traición de la patria,  por lo tanto era ilegal su restitución[13]. Estados Unidos hipócritamente lamento la decisión del congreso por violar el Acuerdo de San José y la Unión Europea por medio del ministro de relaciones exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos,  califica las elecciones como “irregulares”, pero hasta ahí solo palabras.

El Partido Nacional sin duda fue el que saco más tajada de esta crisis, pues públicamente califico el golpe de estado como un pleito entre liberales, Pepe Lobo en todo momento se mostró como la única persona capaz de lograr el equilibrio institucional roto con el golpe y muchas veces no se refirió a dicha medida como un sucesión legal tal como hicieron otros golpistas sino como un quiebre constitucional y  pese a la hegemonía en la política tradicional que acumula con la crisis de los liberales, el hecho es que con el golpe el bipartidismo sostén del modelo está roto. Según nos comentaron miembros de la resistencia la derecha cristalizada en el Partido Nacional tiene una característica sui generis pues pese a representar el proyecto mas conservador del bipartidismo ha tenido históricamente algunas posiciones de enfrentamiento con la oligarquía.

Consecuencias económicas del golpe y expectativas.

En el plano económico las consecuencias en la actividad productiva fueron desastrosas;  la economía tuvo tasas de decrecimientos importantes, según el Banco Central de Honduras (BCH) se reportó una tasa negativa de -3.1 %. Según este estudio se contrajo la inversión tanto pública como privada en un 29% en el 2009 con respecto al 2008.

Los principales rubros de la economía afectados fueron la construcción, la industria, la manufactura y la agricultura. En el primero y en la industria manufacturera se registraron contracciones de 6.0% y un 5%, respectivamente, el sector agropecuario decreció en un tres por ciento. Según el BCH estos sectores generan el 43% del empleo en la PEA de ahí que el impacto en el empleo fue desastroso (Ríos, 2010). Los ingresos fiscales disminuyeron en un trece por ciento y las restricciones presupuestarias elevaron el endeudamiento interno en un casi 80%, pasando del 3,5% PIB al 5,9%.

En medio de esta situación económica sobre todo en lo relacionado a los ingresos fiscales  las finanzas públicas se encuentran con problemas pues hubo un excesivo gasto de parte del gobierno golpista y del gobierno del defenestrado Zelaya, generando un déficit que pudiera llegar a ser incontrolable,  pues se venía aplicando una política de corte expansionista aumentando considerable el gasto público hasta encontrarse en un 23.5% del PIB especialmente en aumento salariales, a pesar de una reducción de la inversión pública en un 26.2% en el 2009. El déficit fue financiado principalmente debido a la negativa de los organismos internacionales y de los bancos extranjeros de dar crédito por el golpe de estado por medio de créditos a largo plazo que se ampliaron varias veces del BCH, así como por medio de crédito privado interno alcanzando una deuda total de 7.7 del PIB[14].

El congreso aprueba un paquete fiscal que le permite en palabras del ministro de finanzas del gobierno de Lobo recaudar alrededor de 250 millones de dólares para el 2010, por medio de nuevos gravámenes y elevar algunos ya vigentes para productos y servicios, además de suprimir exoneraciones[15].

Dentro de estas medidas se encuentran algunas modificaciones al impuesto sobre la renta aumentando la aportación de este para posteriormente volverla a reducir en el 2015, incluye el restablecimiento de un  impuesto a los dividendos en un 10.0 por ciento. También se contempla modificaciones al impuesto sobre las ventas e introduce un impuesto selectivo a la importación de vehículos entre el 10 por ciento y el 60 % (CEPAL, 2010).

En lo que respecta al crédito al sector privado  durante el 2009  el banco central mantuvo una política monetaria expansiva con el fin de recuperar dicha variable, se destaca el establecimiento de encajes diferenciados, en algunos casos del 0% a los bancos que otorgaran créditos al sector construcción y la reducción de la tasa de política monetaria que se ubicó a finales del año pasado en 3,5 por ciento, esto provoco un cambio en la estructura del crédito a las empresas, casi igualando el que se destina para las empresas como para los hogares. Para el 2010 se espera que termine en un incremento del saldo al crédito para el sector privado de alrededor del 6,0 por ciento como producto de repunte de la demanda y de la disminución de la aversión por parte de los organismos internacionales y la banca privada externa  producto de la estabilización de la situación pre-insurreccional que se vivió.

Por su parte el Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de recomendar un serie de medidas que sin duda golpearan a los sectores más pobres, medidas que están relacionadas al control del gasto público sobre todo, pues este organismo internacional aduce la existencia de un desequilibrio macroeconómico producto de los enormes gastos del gobierno de facto y de las políticas expansionistas para afrontar la crisis mundial aplicadas en el gobierno de Zelaya que se tradujo en un disminución del financiamiento externo,  esto ha generado  según el FMI disminución de la inversión privada y aumento del gasto público, provocando cierto aumento inflacionario y con el fin de mantener controlada esta,  se recomienda la devaluación del lempira y la reducción del gasto público de manera[16].

Lo que esta atrás de las recomendaciones del FMI es un préstamos de 300 millones de dólares para las maltrechas finanzas públicas.  En sus proyecciones este organismo plantea que habrá un repunte de la inversión directa extranjera especialmente en maquila y telecomunicaciones generando un crecimiento real del PIB entre un 2.5 y 3%, proyecta que la inflación aumente un 6% a consecuencias del aumento de los precios del petróleo y en su informe induce la necesidad de aumentar las tarifas de los servicios públicos. Con estas medidas y el recientemente aprobado paquete fiscal el FMI prevé que se reduzca el déficit global del sector público en un 4% del PIB.

Sin duda las medidas impuestas del FMI, pues sin eso no habrá créditos frescos para el funcionamiento del Estado y de la economía, ante la negativa histórica de la oligarquías a contribuir en la finanzas públicas o a reducir sus tasas de ganancia con miras a fortalecer un mercado interno, se recarga nuevamente sobre los sectores más pobres, reduciendo el gasto publico que fue la constante en el gobierno de Zelaya como parte de las políticas anti cíclicas.

Sin embargo recientemente la presidenta del Banco Central de Honduras,  Maria Elena Mondragón descarto la devaluación del Lempira con respecto al dólar además de estimar una variación del PIB para 2011 entre el 2.2 y el 3.2 por ciento. De igual forma informo que habido un aumento de las exportaciones en un 7 por ciento especialmente en maquilas, café, aceite de palma y banano.

Según este informe recogido en los diarios de ese país, se espera una tasa de inflación interanual del 6 por ciento, después de que el año pasado se desacelero un 3.0 por ciento debido a la disminución del consumo interno producto de la crisis mundial y del golpe de estado.

Las importaciones estiman un crecimiento del 10.8 por ciento debido a la recuperación esperada en los precios de las materias primas y el petróleo,  también por las mayores necesidades de insumos importados para las actividades industriales y agrícolas. Mientras en lo que respecta a remesas familiares para el próximo año se espera una reducción menor con respecto a los dos últimos años, estimándose una disminución del 1.8 por ciento. Con respecto al déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos se calcula en 6.1 por ciento del PIB y sería financiado principalmente con inversión extranjera directa y préstamos del exterior. Estos datos son retomados del informe titulado  “Programa Monetario 2010-2011” del BCH. En lo que respecta al déficit fiscal se prevé que finalice el 2010 en un 4.1 por ciento del PIB tomando en cuenta el paquete fiscal anteriormente mencionado, coincidiendo con lo medido por la delegación del FMI.

Las valoraciones de los funcionarios entre ellos la presidenta del BCH son  medianamente optimistas pues plantean que pese a la crisis financiera mundial los efectos en el desempleo, la caída del ingreso y disminución de la demanda interna, han agravado la situación de pobreza en el país. Pero estiman que el 2010 fue año que mejoro la situación económica y esperan que el 2011 repunte en este sentido, habido un mayor crecimiento de las exportaciones pero insuficiente para mejorar los ingresos, las remesas aunque han tenido un crecimiento menor que en los últimos años han aumentado el consumo.

Observando las perspectivas de este informe en boca de la presidenta del BCH, no existe una planeación en base  a un desarrollo económico centrado en las capacidades nacionales y regionales, mercado interno, reactivación de la economía vía la demanda, intervención del Estado en la economía, crecimiento con equidad social con programas de carácter asistencialistas pero profundizados en lo que respecta acceso universal y gratuito a servicios públicos;  fundamental para esta situación es la necesidad que los sectores económicamente más poderosos contribuyan. Claro la dependencia fundamental con respecto a los mercados y las inversiones de las naciones imperialistas, algo que buscaba romper el gobierno de Zelaya de forma tímida, nunca permitirá a estas elites económicas tener una visión nacional.

Honduras en una encrucijada

En el plano internacional Honduras nuevamente ha sido admitida en los organismos regionales y fue aceptado en  el acuerdo de libre comercio y asociación con la UE, pues para al imperialismo europeo es importante asegurar sus  inversiones sobre todo las que tiene en el sector de servicios. En la única instancia internacional donde no ha podido ser admitida es la OEA, pese a la presión estadounidense y la misma anuencia del Secretario General Miguel Insulsa que anteriormente había expresado su inconformidad del ingreso de Honduras por la situación a los derechos humanos, pero la presión estadounidense ha sido mayor; la única oposición como lo hemos mencionado ha sido la de UNASUR y el ALBA siempre relacionado la constante violación de los derechos humanos en ese país.

Entre las medidas anunciadas por el gobierno de Lobo en materia de derechos humanos con el fin de buscar la aceptación nuevamente en organismo internacionales,  se tiene la creación de una comisión de la verdad apoyada por la OEA para investigar las violaciones a derechos humanos, sin embargo de parte de la resistencia habido un escepticismo acerca de los avances con respecto al castigo de los responsables en estas violaciones, así esta con el apoyo de organismos nacionales e internacionales de defensa de  los derechos humanos creó una comisión independiente, pero habría que ver la incidencia penal de esta comisión independiente tomando en cuenta que la institucionalidad encargada de velar por la aplicación de justicia fue partícipe del golpe.

Otro medida del gobierno de Lobo ha sido la creación de una comisión presidencial encargada al tema de derechos humanos,  eso porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos también fue partícipe del golpe apoyando la destitución de Zelaya y pronunciándose en contra de la restitución de este. Recientemente la fiscalía especial de derechos humanos abrió un proceso en contra de Roberto Michelleti y el ex jefe de las fuerzas armadas Romero Vásquez por los delitos de “asesinato, tortura y/o detención ilegal de 439 personas adultas y de 43 niños y niñas”, durante el mes de julio de 2009, en el departamento de El Paraíso.

Dicha denuncia interpuesta por El Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras CIPRODEH, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia MADJ, y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras ERIC-S, ante esta fiscalía se focalizan al momento que Zelaya se encontraba en la frontera con Nicaragua, generando que algunas personas pese a los controles militares en las carreteras a que se  internaran en el monte para  dirigirse hacia donde se encontraba el ex presidente  y fueran emboscados, asesinados y desaparecidos muchos por unidades militares y policiales adscritas al departamento de El Paraíso. Nuevamente la irresponsabilidad del Zelaya y la dirección del Frente.

Pese a esta política impulsada por el gobierno actual que supuestamente tiene que llegar a la verdad en casos de violación a los derechos humanos y aplicar la justicia, la realidad es que hasta ahorita no habido ningún crimen de violación a los derechos humanos resuelto, los militares y civiles responsables de estas violaciones se encuentra libres,  habrá que esperar la voluntad real del Ministerio Publico y de los tribunales de justicia en la querella anteriormente mencionada como forma de avanzar en descubrir la verdad y la justicia de los crímenes recientemente cometidos.

Con el golpe de estado legitimado a través del gobierno de Lobo, gobierno que accedió al poder formal con altas cifras de abstencionismo, este país tiene dos caminos, o seguir por la misma senda aunque con reajustes, el discurso del Partido Nacional es interesante porque plantea seguir por el  mismo camino pero con una  Honduras más incluyente y existe una propuesta formal que cristaliza eso, cual  es el Plan Visión País 2010-2038 y Plan Nacional 2010-2022 por un lado y la propuesta de una nueva constitución de parte de la resistencia.

Pero antes de abordar eso es necesario también analizar los derroteros que seguirá el FNRP, pues al interior aunque no muy explícito existe un debate sobre en lo que se convertirá

Al interior se están vislumbrando dos gran corrientes, estas son, la que le apuesta a convertirlo en un partido político electoral, que tenga como fin participar dentro del Estado y de esa forma convocar a una constituyente. Esa corriente está impulsada por los Liberales en Resistencia y acuerpada por las burocracias de los organismos populares que son parte del Frente, esta movida sería una salvación para el ex presidente Zelaya que le apuesta a garantizar su futuro político. Este panorama seria la opción más segura para el ex presidente,  pues  desde el Partido Liberal hay intentos de unirlo nuevamente que sería otra apuesta de los Estados Unidos por ser este uno de los pilares del bipartidismo, sin embargo un regreso de Zelaya al Partido Liberal seria  calificado como traición y significaría la pérdida del prestigio político de este.

Además Zelaya ha puesto algunos condicionamientos, la expulsión de Michelleti y el esclarecimiento de los asesinatos y las violaciones de derechos humanos, situación que es posible que no pase, además de que tendría que valorar para su prestigio político que le favorece más.

La otra corriente donde  existen diversas organizaciones políticas aglutinadas es la Organizaciones de Izquierda Revolucionaria,  junto algunos organismos populares y que son bien vista por las bases del movimiento popular en su conjunto, le apuestan a que el Frente se convierta en un sujeto político que aglutine las demandas populares en miras a transformar la sociedad y el Estado por medio también de una constitución, pero convocado por el poder constituyente por afuera de la institucionalidad del Estado actual.

En palabras de uno de las organizaciones que conforman dicha corriente dice textualmente: Nos parece, que el objetivo de la izquierda debe de ser el de abogar por la construcción de un organismo político que este en función de los intereses de los más pobres, explotados y discriminados, es decir, de la clase obrera y los campesinos. Este organismo debe ser democrático e incluyente, por otro lado, debe estar al servicio de las luchas de transformación social y política y no de un grupo de oportunistas” (El Socialista Centroamericano).

Recientemente en la ciudad de Tocoa, departamento de Colon, se eligió con representación de una asamblea por departamentos la directiva del FNRP y pese a la maniobra de  los liberales por quedarse con una mayoría en la directiva, al final no logrando su cometido y la salida de estos de la asamblea, fue elegido como presidente del Frente a Manuel Zelaya quien se encuentra en el exilio en Costa Rica. Sin duda Zelaya cuenta con una gran simpatía no solo en las fracciones liberales que lo acompañan sino en una mayoría de la población, al grado de verlo como el que aglutina a las distintas células de la resistencia  desperdigadas por todo ese país, apostándole a un frente amplio de masas con presencia de sectores del bloque dominante que se han opuesto a la tradicional oligarquía.

Pero los temores de parte de la ala izquierda y de algunos sectores de las bases se mantienen,  pues fue esa dirección liberal junto a las burocracias de los movimientos populares las que cometieron fallas importantísimas que a nuestra punto de vista ocasionaron la perdidas de oportunidades valiosas a la hora de derrocar la dictadura de Michelleti y radicalizar el procesos por la constituyente ya no convocando a la ciudadanía si querría o no una constitución nueva, sino convocándola a participar por una constitución.

Sobre el Plan País, esta es una apuesta estratégica de parte de sectores modernizados de la derecha que se han dado cuenta de que el modelo neoliberal como se ha mantenido es necesario hacerles ajustes para así no correr el riesgo de perder rotundamente el poder. Desde el Frente dicho plan ha sido calificado por neoliberal, este según la investigadora Mariana Ríos busca seguir consolidando el modelo de acumulación capitalista solo que en una versión que genere menos criticas, dicho plan según esta investigadora consta de 23 metas de prioridad nacional y 11 lineamientos estratégicos,  con una matriz de 75 indicadores hasta el 2022.

La misma investigadora plantea que se busca una privatización progresiva de los sistemas de agua, comenzando por cuatro de esos,  para qué en  el 2022, serán los 292 sistemas de agua, los que sean  privatizados. El Plan sería desarrollado por el Consejo del Plan País, una secretaria técnica que se encargara de la implementación de lo programado y de la coordinación interinstitucional y con otros sectores de la sociedad civil sobre todo del gran empresariado y en colaboración con estos, el consejo estará conformado por sectores como: la banca, los principales conglomerados empresariales, gremios de la burguesía, federaciones de cámaras de comercio y ONG, incluyendo a organizaciones cooperativas, obreras y campesinas.

Por su parte Tomas Andino también ya citado en este documento menciona que “dicho plan contradice la propia constitución que los golpistas dicen defender porque ha sido instituido por medio de una ley del congreso”, además no hacer referencias a las problemáticas que afronta la ciudadanía, consolida a las fuerzas armadas como garante del orden establecido y ve todo como un negocio no preocupándose de los derechos humanos de la población.

Dicho plan pone énfasis en la necesidad de perfeccionar la democracia por medio de ir reduciendo las niveles de pobreza, desaparecimiento de la extrema pobreza, reducción de la tasa de desempleo al 2 %, universalización del sistema de pensiones[17] y jubilación al 90 % de la población asalariada y 50 % de la población ocupada no asalariada.  Pues califica que la persistencia de esta problemática es ocasionadora de intentos “absolutistas” como  estima el plan, los intentos  de transformaciones radicales y llama a las instituciones públicas establecidas dándole un lugar importante al ejercito como garante del status quo.

El camino para reducir la pobreza es similar al que los gobiernos neoliberales han aplicado, por medio de un Estado normativizador y regulador de la vida pública y la no intervención de este en la economía, dándole una prioridad de importancia al mercado; esta situación queda plasmada en lo que se refiere a la reducción de las vulnerabilidades sociambientales donde se le da prioridad a la gestión ambiental y de riesgos por medio de la planeación y la creación de instrumentos eficaces que ayuden a la coordinación de instituciones vinculadas a la gestión ambiental y mitigación de riesgos.

Dentro de los elementos  que plantea dicho plan para la reducción de estas vulnerabilidades socio ambiental está la ordenación territorial por medio de cuencas hidrográficas buscando la participación local pero dándole énfasis a mecanismos de mercado como la venta de servicios ambientales o los mercados de carbono. Sin embargo  el ordenamiento por medio de cuencas tiene objetivos más profundos pues según lo estipulado en el plan y teniendo como marco jurídico la ley de ordenamiento territorial, la finalidad de organizar por cuencas tendría el propósito de un uso mejor del recurso hídrico, cual es una lógica necesaria y dentro de estos propósitos  mencionados están, asegurar un mejor uso de este recurso para el consumo humano, extender los  sistemas de riego para asegurar la soberanía alimentaria, dice, pero sin explicitar que el objetivo principal,  pues este lo afirma en la parte referida a los ejes en que giraran los proceso de acumulación capitalista identificados en el plan, que los sistemas de riesgo estarán destinados para los cultivos extensivos y para actividades de explotación minera.

La concepción neoliberal del plan mencionado queda evidenciado al final del documento en la parte referida a la ley, pues la peculiaridad de dicho plan es que además de ser una supuesta ruta de planificación contiene un marco jurídico que lo respalda legalmente para su aplicación. El documento fue aprobado por el congreso de la republica de Honduras por las bancadas promotoras del golpe y en su elaboración participaron estas mismas fuerzas.

La lógica de la primacía del mercado queda evidenciado cuando plantea que el papel del Estado será el de garantizar el funcionamiento de los “incentivos y desincentivos de la acción de los mercados” a la vez de involucrarse en los sectores que no le interesan a este, de igual forma la producción menciona que descansara sobre “mercados eficientes con canales de distribución que favorezca la formación de precios que incentiven la inversión y generación de empleo” (Plan Visión de País, página 154). Es decir lo que nos dice estas líneas es que,  el sistema productivo entre ellos los bienes y servicios de carácter estratégico así como los esenciales para la población se mantiene en manos de los que lucran con estos, de igual forma con respecto a la formación de precios parece que no existe ningún interés de parte del Estado a regular estos en los que se refiere a sus efectos en el costo de la vida y sobre la generación de empleo la lógica es empleo mal remunerado para no afectar la inversión.

El elemento que apuntala la estrategia de este plan es la competitividad, cuestión que se inserta en la logia neoliberal de promocionar dicha característica del social y del ser social sobre otras basadas más en la complementariedad y la solidaridad, pues junto al Consejo del Plan de País que desarrollara la operativización, se crea un consejo especial encargado de promocionar productos en marcados externos, de generar cadenas productivas, fomento de política sectoriales para actividades específicas, programa de transferencia tecnológica sin especificar para que sector de la economía.

Se anota esta situación pues no plantea un proceso de desarrollo que busque la reducción de su dependencia exterior, no hay  ningún plan mínimo de industrialización,  aunque menciona en una parte de sus apartados no depender del financiamiento externo, pero sigue con las prácticas de fomentar actividades orientada siempre al mercado internacional como maquilas, minería, productos agrícolas extensivos, turismo y otros relacionados a servicios.

Hay un interese primordial en fomentar la competitividad desde la escuela misma pues dicha comisión podrá revisar los planes de estudio de la educación pública y privada, en todos los niveles,  para que vayan en consonancia con esta lógica; factores como los mencionados más arriba como complementariedad, solidaridad y la conciencia crítica  que son valores para la educación de seres humanos plenos no están en sus proyecciones.

Propuesta de asamblea constituyente

Por otro lado la resistencia plantea la necesidad de refundar la nación por medio de una nueva constitución y aunque no existe una programa de refundación definido, ni siquiera un esbozo de este, el planteamiento más o menos general  busca:  la generación de un nuevo modelo económico que reactive la producción, el agro, la generación de empleo y el fortalecimiento de Estado en la actividad económica por un lado y por el otro la promoción de un modelo político que garantice la participación activa de todos los sectores sociales.

Donde existe un consenso dentro del Frente ha sido en la estructura que tendrá la asamblea, pues se ha definido el número de representes en base a la densidad demográfica, así los más poblados como Francisco Morazán donde se encuentra la capital Tegucigalpa, le tocaría catorce representantes por ejemplo, según nos comentó un miembro de la resistencia.

Sobre la profundidad de los cambios consideramos que dentro de la resistencia habría diferencias con respecto hasta donde llegar,  pues por un lado habría un sector que buscara esos cambios en los marcos del mismo capitalismo desconcentrado los medios de producción en manos de la oligarquía, democratizando la propiedad y con un Estado fuerte que garantice eso y por el otro lado, otro  sector que se posiciona en transcender el sistema capitalista en función de que los sectores históricamente excluidos asuman el control de los medios de producción, así como el de fomentar al máximo la participación de la ciudadanía en los temas que afectan a todo la nación.

Dentro de la resistencia también se muestran consensos relacionados a que la nueva constitución no se amarre con los artículos pétreos de la actual,  esto son: articulo cuatro que estipula la forma de gobierno y la alternabilidad en ejercicio de la presidencia, articulo cinco que regula la existencia de referéndum y plebiscito y faculta a la ciudadanía a que con el seis por ciento de los inscritos en el  padrón electoral la potestad de  pedir cambios en la constitución y  para que este resultado sea válido se requiere la participación del 51% de los ciudadanos inscritos en el padrón, en caso  el resultado de la votación es negativo no podrá tratarse nuevamente dicha  petición, impidiendo así cualquier intento de convocatoria a una nueva constitución.

De igual forma interesa cambiar los  artículos 237 que regulan la presidencia a cuatro años y el 374 que prohíbe la reelección presidencial, de esta forma la resistencia le apostaría a mandatos presidenciales más largos y que puedan reelegirse con el fin de asegurar los cambios en el Estado y la sociedad.

Sin embargo la situación está cuesta arriba porque la constitución actual tiene pocos mecanismos para convocar a una constituyente, así que las vías dentro de la institucionalidad son: la presión al congreso para reformar la constitución y así crear un mecanismo dentro de la misma para convocar a una constituyente, es decir una reforma constitucional para convocar a una asamblea constituyente o usar lo que plantea al artículo cinco, que el seis por ciento de los ciudadanos inscrito en el Censo Nacional Electoral solicite al congreso la convocatoria a un consulta popular para convocar a una constituyente ateniéndose a las limitaciones que impone este[18],  así como los posibles manipuleos que las fuerzas tradicionales de la política hondureña puedan hacer.

Sobre este punto es importante mencionar que el Partido Nacional desde antes del golpe ha manifestado la intención de reformar la constitución o convocar a otra nueva, con la claridad que el modelo liberal de Estado necesita reformarse, eso va en consonancia con lo que plantea el Plan Visión País anteriormente comentado.

La otra vía seria la presión por fuera de la institucionalidad del Estado pero esa oportunidad de oro,  tuvo su posibilidad en las primeras semanas del golpe,  claro,  esto no significa que no se pueda ir generando una coyuntura favorable a esta situación, tomando en cuenta que en la actualidad la situación de convulsión social producto de las históricas exclusiones es una constante.

Hay luchas fuertes relacionado a temas laborales en el caso de maestros, trabajadores universitarios, otros empleados públicos, en empresas privadas como las bananeras y maquilas, la concentración de tierras por terratenientes vinculados a la familia Facusse en detrimento de los campesinos del Aguan, así como en otras partes del país, la falta de reconocimiento de los derechos culturales de los pueblos indígenas, la explotación minera y las consecuencias ambientales en las comunidades que son afectadas por esos proyectos y en fin una infinidad de problemáticas es la tónica de esta Honduras post golpe.

Porque se trae a colación estas luchas, pues por la razón de que muchos de los sujetos que la impulsan son parte del Frente o son simpatizantes de este, pero la dirección oportunista de este no visualiza la necesidad de orientar que la resolución de estas problemáticas pasan por un nuevo modelo de Estado y eso pasa como un medio por una nueva constitución,  siendo la presión popular al congreso para convocar a una constituyente o la misma situación marcada de exclusiones lo que podría llevar a otra crisis de legitimidad  del Estado, pero en ese sentido la dirección del FNRP tendría que tener una visión un poco menos acomodaticia para poder consumar esta vía para convocar la constituyente.

Históricamente los procesos de cambio social  han estado antecedido a convocatorias de asambleas constituyentes, con el fin de generar un nuevo contrato social que refunde la nación; en los procesos de cambio social de mayor profundidad que cuestionan al sistema capitalista,  las constituyentes son tan  solo el medio pues lo que se busca hacer cumplir son los derechos democráticos básicos de la población acercándose pero sin tener como objetivo final la trascendencia del sistema, para posteriormente por medio de una organización popular de base y una dirección política,  se cuestione el poder instituido instalándose un contra poder que genere otro tipo de institucionalidad estatal.

Sin embargo este proceso como tal se puede dar,  resultado de la crisis de legitimidad del status quo y/o producto de la acción de una fuerza revolucionaria en el Estado, por ejemplo los soviet en la Rusia zarista, las juntas obreras y campesinas en la España republicana, los consejos populares en el Chile de Allende, etc., pero para esa acción producto de la crisis debe haber una fuerza política que oriente la acción y demandas del pueblo que convoque el poder constituyente del pueblo en un nuevo poder constituido. En Honduras esta situación se da tras el flujo de un movimiento popular que adquiere fuerza en sus demandas reivindicativas y políticas desde el gobierno de Nicolás Maduro y se expande al gobierno de Zelaya, que en una jugada sabia y oportunista, ante el golpe que genera la crisis económica en ciertos sectores del bloque dominante no vinculados a la supercupula entorpece las formas de acumulación de la tradicional oligarquía y reivindica ciertas demandas populares.

La reacción de los sectores tradicionales de poder ya la comentamos y la reacción popular también, el resultado fue la organización popular como nunca antes vista según lo expresado a miembros de la resistencia entrevistados por este equipo. La demanda por una asamblea constituyente que cumpla los derechos democráticos de la población fue como lo mencionamos lo que principalmente movió la esperanza de la población que se tradujo en acción y organización, los errores de la dirección contuvieron y desorientaron estas demandas. Además la resistencia en su organización de base genero poder popular, este quedo a merced de las equivocadas orientaciones de la dirección, este poder podría y puede ser el embrión para la convocatoria de una asamblea constituyente, además de tener las posibilidades de ser el embrión de un nuevo poder constituido.

La opción actual de la resistencia como lo hemos mencionado es que, dentro de los marcos institucionales actuales manifestando cierta voluntad popular, conseguir una cantidad de firmas para presionar al congreso  y que este  convoque a una constituyente, esto es un retroceso a la situación anterior a las primeras semanas del golpe, pero es la situación objetiva política debido a la equivocadas orientaciones de dirección del FNRP que los ubica en esta situación. La otra opción se mantiene vigente, es decir que las demandas gremiales y reivindicativas pase a una etapa superior,  a buscar  por medio de la organización y la movilización un escenario radical que sería el más óptimo para los que buscan cambios profundos y el menos deseable para la derecha y la facción liberal en resistencia provocando que la crisis llegue a niveles tan profundos que la institucionalidad se venga abajo.

La otra situación sería que por medio de la presión popular al congreso convoque a una constituyente ya sea como lo manda el articulo cinco de la constitución,  la convocatoria de un referéndum para la instalación de una constituyente o se podría dar hasta una combinación entre lo constituido y los constituyente  es decir la posibilidad de presionar al congreso como se ha mencionado más arriba para realizar una reforma constitucional que pueda convocar  a la constituyente. Todas estas posibilidades serían producto  de varios factores como  el accionar de los grupos de poder económico y político internos y externos, de cómo se sigue profundizando la crisis económica y la reacción popular ante esta y por la tanto la ejercicio político de la dirección de la resistencia ante esta situación, si se mantiene la dispersión reivindicativa o se nuclea nuevamente las reivindicaciones sectoriales en torno a la constituyente.

Existe un temor más de parte de algunos sectores dentro del Frente, pues la apreciación de los que se oponen a que el FNRP se conforme como un partido electoralista, se basa en el sospecha de  que muchos de los objetivos de carácter anticapitalista tal como se autodefine dicha organización,  llevaría ,  a que en función de navegar bajo la lógica de gobernabilidad renunciara algunos de estos objetivos o priorizar la estrategia  electoral con sus amarres legales y políticos respectivos y desaprovechar  coyunturas producto de esta crisis,  que podrían posibilitar cambios más profundos.

Si eso pasa la postura seria creemos,  que junto a la recogida de firmas en función de juntarlas tal como manda el artículo cinco de la constitución de ese país,   conseguir escaños en las próximas elecciones y centrar toda la estrategia en eso y si se perdiera el referéndum intentar una reforma constitucional que posibilite una convocatoria a la constituyente. Esta apuesta es riesgosa porque es esperar cuatro años más, canalizar las luchas sociales, sectoriales, gremiales y reivindicativas, por la conformación de un partido electoral y que se traduzca en votos,  tal como el FMLN en El Salvador, pero en cuatro años es posible que ya no exista este clima social de cuestionamiento al sistema.

Como ha pasado con la izquierdas  hoy institucionales en Centroamérica anteriormente organizaciones político-militares, priorizando de una estrategia guerrillerista dirigida por una vanguardia armada y no de  lucha de masas,   que las llevo a un callejón sin salida provocado por el aislamiento nacional e internacional producto de la  apertura democrática promovida por el imperialismo y la caída del modelo socialista estalinista;  que hoy priorizan lo electoral amarrándose a  las estructuras de establecimiento, con avances tortuoso con respecto a los cambios que necesitan nuestras sociedades como el caso del FMLN en El Salvador, a participaciones casi exiguas en lo electoral en el caso de URNG y ANN en Guatemala o a retrocesos como el caso de los sandinistas que de partido revolucionario hoy representa a fracciones de la burguesía nicaragüense.



[1] Revista 1857, Numero 4, pagina 49

[2] Ibidem  pagina 54

[3] Ibídem,  página 49

[4] Inforpress, edición 1730

[6] Ibídem, edición 1761

[7] Inforpress, edición 1807

[8] Ibídem

[9] Revista 1857, número 7, página 18

[10] Sin embargo una vez que asumió Porfirio Lobo, Honduras fue aceptada a las negociaciones de este acuerdo.

[11] Esta demanda si bien fue agarrando cada vez más fuerza desde que el ex presidente Zelaya llama a la ciudadanía a opinar sobre una constituyente, pero es durante el golpe que adquiere fuerza como demanda estratégica para la bases de la  resistencia, aunque la dirección de esta la tomo como una cuestión secundaria, priorizando la reinstalación de Zelaya.

[12] Revista 1857, número 7, página 12

[13] Inforpress, Edición 1828

[14] Estudio Económico y Social de América Latina, 2009-20010, capítulo de Honduras, CEPAL 2010.

[15] Inforpress, edición 1841

[16] Inforpress, edición 1856.

[17] No menciona si será un sistema privado o uno basado en el aporte solidario de patrones y trabajadores.

[18] La apuesta de la resistencia esta  por esta línea pues se están recolectando firmas para presentarlos antes el congreso con miras a que este convoque una asamblea nacional constitucional y la restitución plena de los derechos políticos a Manuel Zelaya, buscando  recolectar para tales fines  un millón 550 mil firmas.

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