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GUATEMALA.- ¡¡Alto a los asesinatos de dirigentes comunitarios!!

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Por Armando Tezucún

El cuatro de septiembre el Comité de Unidad Campesina (CUC) y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CODECA) denunciaron que en los últimos tres meses han sido violentamente asesinados siete dirigentes comunitarios. Todo indica que esta es una campaña de represión contra las comunidades indígenas y campesinas que recientemente han realizado luchas y movilizaciones contra las empresas mineras, hidroeléctricas y otras que atentan contra su integridad territorial y sus recursos naturales.

En esta ola represiva han caído Julio Aguilar Iriarte en Los Amates, Izabal; Armando Hernández, aldea Las Pilas, Retalhuleu; Roberto Ramírez, Jutiapa; Juan Martín Tul Max, Alta Verapaz; Santiago Morales Sánchez, concejal de Colotenango, Huehuetenango; Obilio Gabriel Jiménez e Isabel Vásquez, de la aldea Tixel, Huehuetanango (Prensa Libre, 5/9/2009).

En lo que respecta a Armando Hernández, según un comunicado del Frente Nacional de Lucha, era líder de su aldea y miembro de CODECA. Durante las jornadas de lucha del 24 de julio, el compañero dirigió a su comunidad en la toma de carretera en El Zarco. En esa ocasión fue apresado por elementos de la Policía Nacional Civil, quienes lo torturaron, lo patearon, lo insultaron y lo amenazaron de muerte. El 29 de agosto, alrededor de las seis de la mañana el compañero Armando fue asesinado por sicarios que llegaron cerca de su casa a pedirle que abriera un portón.

El siete de septiembre, en otro sangriento hecho represivo, fue asesinado Walter Fernando Méndez Velásquez, estudiante de agronomía e hijo del dirigente Arturo Méndez Ortiz. Este último es representante de la Asamblea Departamental en Defensa de los Recursos Naturales, ex alcalde del municipio de Colotenango y dirigente del CUC.

Esta oleada de violencia contra dirigentes y luchadores campesinos e indígenas, como dijimos, evidentemente es una respuesta a las valientes movilizaciones de las comunidades contra las compañías que usurpan y dañan sus territorios. El hecho de que los asesinos son sicarios vestidos de civil nos hace ver que son agrupaciones clandestinas de criminales al servicio de estas empresas, que probablemente actúan en concordancia con la policía y cuentan con la vista gorda y la indiferencia de los organismos del Estado.

Los militantes de la sección guatemalteca del Partido Socialista Centroamérica nos unimos a la exigencia de justicia que hacen las organizaciones campesinas y sindicales. En especial demandamos a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que inicie una investigación sobre estos hechos criminales.

La CICIG cumplió recientemente dos años de operar en el país. Con ocasión de este aniversario, su director Carlos Castresana presentó el cuatro de septiembre un informe labores ante los jefes de los tres poderes del Estado, embajadores extranjeros y representantes de los sectores sociales.

Castresana mencionó en su informe que “Los aparatos clandestinos son una herencia maldita del conflicto armado que han sido imposibles de erradicar hasta la fecha; que están allí, que constituyen el cáncer de las instituciones que les impide prestar el servicio que los guatemaltecos merecen y necesitan”, “Es una red que tiene sus complicidades en el sector público y privado; no es un solo grupo, son varios, que están presentes, y nosotros tenemos el compromiso de ayudar a desmantelarlos” (Prensa Libre, 5/9/2009).

A pesar de que su director reconoce que la CICIG ha detectado los aparatos clandestinos, poco ha hecho por atacarlos, dedicándose más a otros casos y sectores como el crimen organizado, el caso Rosenberg y aún otros de menor trascendencia como la persecución legal contra el ex presidente Alfonso Portillo. Castresana, como director de un organismo dependiente de la ONU, que representa los intereses de los países imperialistas, no puede evitar bien con los grupos de poder del capitalismo guatemalteco. Por ello su afán de perseguir a alguien que emitió decretos contra los grupos monopólicos, como Portillo, en vez dedicarse, como es su mandato original, a perseguir a los grupos criminales que, al servicio de los intereses más oscuros de las clases dominantes y el Estado, asesinan impunemente a los dirigentes populares.

Por ello como Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) instamos a las organizaciones sindicales y campesinas que exijamos a la CICIG que cumpla con su deber e investigue a fondo los recientes asesinatos de líderes comunitarios.

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