Por Leonardo Ixim

Cuando organizaciones de mujeres y sindicatos conmemoraban el ocho de marzo, día de la mujer, , en el Congreso de la República las bancadas oficialistas aprobaban la iniciativa 5272, convirtiéndola en Decreto Legislativo 18-2022, “Ley Para la Protección de la Vida y la Familia”, en una clara violación a los derechos humanos, especialmente sexuales, reproductivos y de salud, de la clase trabajadora. Estas bancadas, iniciando por el partido oficial VAMOS, el fundamentalista cristiano Visión con Valores (VIVA) y el ultraderechista Valor, aprobaron la iniciativa en tercera lectura.

Sin embargo, el rechazo y presión de parte de diversas organizaciones sociales dedicadas a los derechos de la juventud y a impartir Educación Integral en Sexualidad (EIS), así como una marcha realizada el pasado 12 de marzo, hizo al gobierno de Alejandro Giammatei pedir al Congreso que se archivara, aun en contra de la decisión de los diputados de su partido, alegando que viola la Constitución Política y tratados internacionales sobre Derechos Humanos.

Entre los elementos mas sobresalientes de esta incitativa legal está que generan cambios sobre los artículos del 4 al 13 del Código Penal, aumentando las penas por cualquier tipo de aborto, con sanciones penales que podrían ir desde los 5 años de cárcel hasta los 25, penas que no son conmutables. En Guatemala el aborto terapéutico en, algunos casos y con consentimiento médico, es legal, pero esta iniciativa impulsada por estas fuerzas retrogradas, busca criminalizar aún más el acceso a esta posibilidad, situación que afecta sobre todo a las mujeres de clase trabajadora, pues son las más afectadas, porque lo realizan de forma clandestina.

Además, aunque dejaba la posibilidad de permitir, en caso que peligrara la vida de la madre, que para la realización de aborto se requiera la opinión de más de dos médicos, complicando la autorización para practicarlo. En el fondo esto es una tergiversación impulsada por el ala conservadora de la iglesia católica y las iglesias neo-pentecostales, que piensan que la vida se va generando como soplo divino desde el primer instante de que se está desarrollando el embrión.

A estos parlamentarios conservadores no les importa los altos índices de embarazos en adolescentes, situación que aumentó considerablemente durante la pandemia, al grado que sus exponentes consideran mejor que una niña menor de edad de a luz, a que se desarrolle normalmente su condición.

Esta movida reaccionaria es a contrapelo de la conquista del derecho a decidir sobre la interrupción del embarazo que se viene dado en toda América Latina, tal es el caso de Argentina, Chile, Colombia y México, poniendo a Guatemala en la misma situación de países como Nicaragua, El Salvador y Honduras, donde todas las formas de aborto son punibles.

La iniciativa tenía otros elementos aberrantes, como la idea de familia que propicia una forma de familia (la nuclear), muchas veces rebasada por la dinámica social, desprotegiendo a menores que solo tengan un padre o que vivan con familiares que no sean los padres naturales. Elimina también la EIS, que se ha impulsado a partir de la reforma educativa, asignándosela al núcleo familiar y asimismo elimina la entrega de métodos anti conceptivos; ambas situaciones son producto de políticas impulsadas al calor de los Acuerdos de Paz y han sido conquistas que los sectores conservadores han tratado de ir eliminando.

Por otro lado, se prohíbe cualquier forma de matrimonio que no sea el de un hombre y una mujer, acorde con la idea descrita de familia, considerando además la diversidad sexual una actitud anómala a las relaciones heterosexuales, situación que redunda en crímenes de odio y discriminación contra la población LGTBQ. De hecho, en la marcha mencionada, aunque convocada por la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos y colectivos estudiantiles de universidades privadas, el grueso fueron sectores de la diversidad sexual. 

Esta iniciativa, que es posible que no se convierta en ley, pero que hay que seguir combatiendo, es parte de una cortina de humo para lograr el apoyo de la población que es influenciada por los sectores conservadores cristianos, ante la situación económica producto de la espiral mundial inflacionaria, que afecta a las familias proletarias. Al grado que al finalizar la marcha mencionada, la Gremial de Comerciantes de Carne estaba en la Plaza Central estaba protestando por el alto costo de este producto, escenario que abona en el precio al consumidor.

Los sindicatos y las organizaciones campesinas, junto a las organizaciones en defensa de la diversidad sexual, de mujeres, jóvenes, niños, deben impulsar un Congreso Nacional de Luchas Populares, para hacerle frente a esta ofensiva reaccionaria de la burguesía que afecta los derechos de la clase proletaria.