Por Ricardo Patzán

La corrupción es inherente al sistema capitalista, donde los empresarios y políticos ávidos de poder siempre buscan los recovecos que les permitan burlar las leyes y evadir las reglas para beneficiar a sus negocios, untando generosamente las manos de funcionarios y políticos en el proceso. Un caso típico es del sistema judicial en Guatemala; empresarios y políticos corruptos siempre han encontrado el modo de someter a sus intereses los procesos de elección de magistrados, para garantizar plazas y empleos para sus agentes, y colocar funcionarios que protejan sus intereses.

Actualmente la elección de nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte de Apelaciones para el período 2019-2024 se encuentra en un impasse. El año pasado las Comisiones de Postulación iniciaron el proceso de selección de candidatos a magistrados de ambas cortes, que debían asumir sus cargos el 13 de octubre. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad (CC) dio un fallo favorable a dos amparos presentados contra el proceso de selección, por contener ciertos vicios, ordenando la repetición del proceso de selección.

La CC intervino nuevamente en el proceso al aceptar un nuevo amparo motivado por el informe presentado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público denominado Comisiones Paralelas 2020. Este informe afirma que “El Organismo Judicial de Guatemala es objeto de una contienda por parte de estructuras criminales que buscan garantizarse impunidad. Estas redes operan dentro y fuera del sistema para influir en la toma de decisiones” (Nomada 28/05/2020).

La FECI envió el informe al Congreso el 28 de mayo para su consideración, y contiene información de investigaciones sobre las y los aspirantes a magistrados, con procesos penales en su contra. El punto central gira en torno a las manipulaciones del influyente empresario y exfuncionario de gobierno Gustavo Alejos, actualmente en detención por seis casos de corrupción. Entre febrero y marzo del presente año, mientras estaba internado en un sanatorio privado con permiso del Sistema Penitenciario, Alejos se reunió con jueces, diputados, abogados e integrantes de las Comisiones de Postulación para influir la selección de candidatos, en total 41 personas vinculadas al proceso, violando además las reglas de su confinamiento en el sanatorio. El informe no solo cuestiona la idoneidad de los candidatos a magistrados mencionados, sino que plantea si los diputados involucrados con Alejos son moralmente aptos para elegir a los magistrados.

La CC emitió una Sentencia de Amparo el 6 de mayo, ordenando a la Junta Directiva del Congreso convocar al pleno de diputados para elegir magistrados a las cortes, elección que deberá realizarse a más tardar el 23 de junio. La CC ordenó a la FECI presentar el informe mencionado al Congreso; otorgó a los diputados 20 días para examinar detenidamente el informe; cada diputado deberá emitir su voto favorable o desfavorable para cada uno de los aspirantes a magistrados, razonando su honorabilidad, idoneidad y méritos.

Al momento de escribir este artículo se espera el inicio del plenario del Congreso en el que se tratará el tema de la elección de magistrados, entre otros puntos. La sesión se realizará en medio de gran incertidumbre y especulaciones. Se rumora que el bloque de bancadas aliadas al oficialismo evitará que se trate el tema o lo hará solo por cumplir el mandato de la CC, pues su intención sería que los magistrados sean electos en 2021, después del cambio de magistrados de la CC, lo que permitiría la continuidad en sus cargos de los actuales magistrados, que han favorecidos a muchos diputados acusados de corrupción y diversos delitos. No solo está en juego la impunidad, sino que hay diputados que negocian sus votos a cambio de obras públicas y contratos para sus distritos. Además, hay desacuerdos entre las bancadas sobre el procedimiento a llevar para el proceso de elección y sobre la lista definitiva de candidatos.

Cualquiera que sea el resultado de la sesión del Congreso, no dudamos que continuará el sistema que promueve la impunidad y la corrupción. Para remediar el tráfico de influencias y la injerencia de poderes ajenos a las cortes de justicia, proponemos que los magistrados del Sistema Judicial sean electos por voto directo de los ciudadanos, y que puedan ser revocados de sus cargos en cualquier momento. Los candidatos deben tener en su haber una carrera como jueces sin tachas y honorabilidad probada, y no tener la menor sospecha de vínculos con intereses políticos, empresariales o de otra naturaleza. Este sistema de democracia directa significa el empoderamiento y el control en la elección de funcionarios por parte de los trabajadores, campesinos y pueblos indígenas.