Por Leonardo Ixim

El pasado 14 de enero asumió la presidencia de la República Alejandro Eduardo Giammatei Falla y como su vice-presidente Cesar Guillermo Castillo Reyes, postulados por el partido  Vamos por una Guatemala Mejor (VAMOS),  al derrotar al binomio presentado por el partido Unión Nacional de la Esperanza (UNE) conformada por Sandra Julieta Torres Casanova y  Carlos Raúl Morales por una diferencia de 523,689 votos en la segunda vuelta, obteniendo VAMOS 1,907,801 votos y la UNE 1,384,111 votos respectivamente.

Al igual que el gobierno saliente de Morales -del cual Giammattei se ha querido distanciar-  la bancada oficialista con solo 17 curules presidirá la Junta Directiva del Congreso, gracias a la formación de un bloque con los partidos de derecha quienes fueron los mismos que respaldaron gobierno saliente y cuyos mismos pasos parece que Giammattei seguirá.

Giammattei, después de cuatro intentos, logró la presidencia postulado con anterioridad por partidos que ya no existen; de hecho el partido actual es una armazón ligado a los intereses personales de él y los del vice-presidente, del cual se señala tienen diferencias en lo que respecta a ver quién controlará la bancada oficial. 

Sin embargo, es un político conocido, pues fue director del Sistema Penitenciario en el gobierno de Oscar Berger entre 2005-2008, gobierno cercano a los intereses de los núcleos de la oligarquía. Giammatei es señalado junto a los altos jerarcas del Ministerio de Gobernación de ese momento, quienes han estado o están en distintos procesos penales de parte del Ministerio Público y la desaparecida CICIG, por ejecuciones extra-judiciales; de hecho, el nuevo presidente ya guardó prisión por esos delitos durante 10 meses, y fue liberado por falta de pruebas.

Se endurece aún más el régimen

Con la firma de los Acuerdos de Paz y como parte de la llamada apertura democrática, la  izquierda ilusamente buscó reformar el Estado para promover una democracia liberal, así como una serie de reformas institucionales en todas las áreas, la aplicación de un modelo de distribución limitado de la tierra, entre otras cosas. Dentro de eso -aunque con atraso- estuvo la instalación de la CICIG apoyada por Naciones Unidas para hacer funcionar el estado de derecho, afectando a una serie de intereses políticos y empresariales que se salían de ese marco, usando la corrupción y la impunidad como forma acumulación.

Esos espacios por su parte se han ido cerrando y con más fuerza a partir del tercer año del gobierno de Morales. Esto nunca implicó que hubiera una transformación real de la naturaleza de clase del Estado en todo este periodo, a diferencia de lo que muchas instancias civiles creen, diciendo que se perdió el control de ciertas instituciones.

Por otro lado, con Giammatei se siguen reciclando una serie de figuras, muchas provenientes del ejército, que han estado en todos los gobiernos de la era “democrática” pero con mayor presencia desde el gobierno del desaparecido Partido Patriota. Ahora nutridos con otra serie de elementos que ya estuvieron en el gobierno de Berger con  nexos a los grupos más recalcitrantes de la oligarquía local.

Un ejemplo del endurecimiento del régimen es la primera medida tomada por el nuevo gobierno,  la de instalar un estado de prevención por siete días en los municipios de Mixco y San Juan Sacatepéquez que son parte del área metropolitana central. Argumentando la necesidad de combatir la delincuencia, pese a estar estos  municipios entre los que menor índice de hechos delictivos tienen en el Departamento de Guatemala.

Recordemos además que en el segundo municipio hay una resistencia desde hace años de parte de las comunidades Kaqchiqueles-Mayas contra la instalación de una planta cementera de la empresa Cementos Progreso de parte del grupo oligarca Novela.

Con ese estado de prevención se limitan los derechos de organización y libertades básicas. Esta medida consideramos es un plan piloto de parte de las fuerzas de seguridad para realizar control territorial bajo la excusa del combate a la delincuencia. Pues el nuevo partido gobernante tiene entre sus prioridades destruir las resistencias de las comunidades mayas y mestizas contra los proyectos extractivistas que afectan sus territorios.

Esto se traduce en el nuevo gabinete: el  ministro de Gobernación será el ex general Edgar Godoy Samayoa parte de la promoción 73 de la Escuela Politécnica, la misma del ex presidente y reo Otto Pérez. Godoy  fue un oficial de inteligencia parte del desaparecido Estado Mayor Presidencial  en el gobierno de Jorge Serrano y posteriormente trabajó en la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala con el ex presidente Álvaro Arzú y su Partido Unionista, el cual estuvo a cargo de un centro de espionaje junto al prófugo Luis Mendizábal por el caso La Línea, denominada “La Oficinita”.

En el Ministerio de la Defensa Nacional estará Juan Carlos Alemán Soto, general de brigada quien ha sido titular ante la Junta Interamericana de Defensa en Washington, hombre de confianza del Departamento de Defensa de esa potencia y es piloto aviador de la promoción 111.

Otra cercana a círculos militares es la nueva ministra de educación Claudia Ruiz Casasola de Estrada una funcionaria de carrera de ese ministerio, casada con el coronel de infantería Julio César Estrada Valenzuela, hermano de Luis Estrada Valenzuela, acusado  por la Cicig por el robo de Q470 millones del Ministerio de la Defensa en 2001.

Por su parte hay una serie de ministros ligados al sector empresarial oligárquico y emergente. Iniciando con el nuevo ministro de Economía Antonio Maluf ex presidente de la gremial  de empresarios, CACIF. Álvaro Gonzales Ricci, ministro de Finanzas Publicas, ex diputado del partido CREO, ha trabajado para el CITIBANK y en corredoras de bolsa para grandes empresas en Guatemala. Así como el nuevo ministro de Relaciones Exteriores Pedro Brolo, quien fue funcionario de la OEA en Honduras tras el golpe de Estado contra Manuel Zelaya y terminó avalándolo.

De parte de sectores emergentes de la burguesía, se encuentra en Energía y Minas Alberto Pimental Matta, quien ha sido accionista en una empresa llamada FERSA, con contratos sin cumplir con el Estado en materia de instalación de tendidos eléctricos y fue financista del partido VAMOS. En el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Cifuentes Lemus, accionista de otra empresa contratista del Estado en materias de mantenimiento vial llamada Ingeniera y Construcciones. En Agricultura, Ganadería y Alimentación, ex gerente de la empresa GanAgro, S.A dedicada a la exportación de flores. En Ambientes y Recursos Naturales Mario Rojas, ex presidente de la Cámara de Comercio en el departamento de Santa Rosa. Esto serían solo algunos nombres.

El Nuevo Congreso

Pese al intento de la bancada UNE de controlar la Junta Directiva del Congreso, ésta no lo logró. Para eso se estableció una  alianza con bancadas de diversas ideologías, como PAN y CREO de derecha, Bienestar Nacional y Semilla de centro y algunas de izquierda como URNG y Winaq en una alianza que las bases de esos partidos deberían evaluar. Estas bancadas llegaron a un acuerdo en función de aprobar algunas leyes de carácter progresistas como la de Aguas o reformas a la ley Electoral y de Partidos Políticos obteniendo 72 votos. La UNE cuenta con 52 diputados, pero seis diputados votaron por la planilla oficialista, debilitando esta propuesta, siendo catalogados por traidores por ese partido.

Como mencionamos, se impuso el partido de gobierno con el apoyo de partidos de la  más rancia derecha de este pais, obteniendo 82 votos. Así, la Junta Directiva del primer año de la novena legislatura estará conformada por, Allan Rodríguez Reyes como presidente, electo por VAMOS quien ha sido contratista del Estado en lo respecta a construcción de obra pública. Primer Vicepresidente será Sofía Hernández Herrera, quien fuera diputada electa por LIDER en 2015, ahora reelecta por la UCN partido vinculado a casos de narcotráfico y cuyos hijos Karla y Erick Martínez Herrera también fueron diputados electos por la UCN. A ellos se les vincula de tener nexos con narcos del departamento de Huehuetenango, fronterizo con México.

Segundo vice-presidente, Luis Rosales Marroquín, ex diputado del desaparecido FRG y del partido VIVA, ahora electo por VALOR, ha sido abogado del genocida Efraín Ríos Montt y es muy cercano a la hija de éste, Zury Ríos candidata por VALOR en las recientes elecciones. Tercer vice-presidente,  Armando Castillo Álvarez electo por VIVA, también ha sido contratista del Estado y fue director de la Unidad de Ejecutora de Conservación Vial en el gobierno saliente. Primer Secretario, Felipe Alejos Lorenzana, reelecto por el partido Todos, una de las figuras que respaldaron a Morales y es investigado por delitos de defraudación fiscal por el MP.

Segunda Secretaría Rudy Perrería, diputado tránsfuga de la UNE y LIDER y ahora electo por el FCN-Nación; Tercer Secretaría Douglas Rivera Mérida, diputado electo por el Partido Humanista. Cuarta Secretaría Hernán Moran Mejía, electo por Prosperidad Ciudadana y quien ha sido también tránsfuga de la UCN, LIDER y el FCN-Nación. Quinta Secretaría Carlos Nájera Sagastume electo por la UNE, uno de los traidores de ese partido y quien también ha sido integrante de la UCN, FRG y Todos.