Por Armando Tezucún

A un mes de firmado el acuerdo de país seguro entre Estados Unidos y Guatemala (técnicamente Acuerdo Relativo a la Cooperación Respecto al Examen de Solicitudes de Protección), la Corte de Constitucionalidad aún no resuelve el amparo en su contra. Mientras, no ha cesado el desfile de funcionarios de la administración Trump que visitan el país para presionar por la entrada en vigencia del acuerdo, ni las delegaciones de ministros guatemaltecos que viajan a Estados Unidos a afinar los detalles y firmar los compromisos adicionales.

En los primeros días de agosto una vez más llegó el Secretario de Seguridad Interna de Trump Kevin McAlleenan, quien se reunió con el ministro de gobernación Degenhart y representantes de los empresarios para explicar detalles del acuerdo, en especial sobre las visas de trabajo temporal que supuestamente beneficiarían a obreros guatemaltecos. También se reunió con los entonces candidatos presidenciales Sandra Torres y Alejandro Giammattei.

El 19 de agosto llegó otro enviado de Trump, Mauricio Claver-Carone, asesor de asuntos del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Este funcionario amenazó a los diputados del Congreso guatemalteco en julio, diciendo que la Casa Blanca podría afectar a  “aquellos miembros del Congreso de Guatemala que estén a propósito intentando no ejecutar un acuerdo que sería beneficioso para los dos países… Podemos buscar designaciones legales, podemos buscar restricciones de visas…” (El Periódico 24/07/19), en medio de las furibundas declaraciones de Trump extorsionando a Guatemala si no se firmaba el acuerdo.

En su reciente visita Carone asumió un tono más amigable y persuasivo. Se reunió con representantes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, aunque los contenidos de estos encuentros, siguiendo la tónica de la negociación del acuerdo, son un secreto. En declaraciones a la prensa explicó que su gobierno esperaba una implementación rápida del acuerdo, pero según dijo, debido a especulaciones no se ha entendido el contenido del mismo ni la oportunidad que significa para Guatemala. “Hemos dedicado capital humano y recursos para estudiar diferentes proyectos de desarrollo y financiamiento, un paquete de ayuda a través de nuestras agencias e instituciones financieras internacionales… Nosotros pensamos que iba a ser una implementación inmediata, hemos estado esperando y estamos en incertidumbre, esa es la razón por la cual estoy aquí…”, y a continuación profirió una amenaza velada “Aunque vemos la implementación en el corto plazo, tampoco nuestra paciencia y dedicación es eterna y buscamos que haya una conclusión para seguir dedicando recursos, ya sea las visas H2A o la ayuda para Guatemala, para hacerlo o para olvidarnos, pero que creo que es una gran oportunidad que no deberían dejar pasar” (Prensa Libre 20/08/19).

Carone insistió en que el acuerdo estipula que Guatemala servirá de refugio solamente a migrantes salvadoreños y hondureños que son perseguidos por motivos políticos, religiosos o étnicos y solicitan asilo en Estados Unidos por ese motivo, sin incluir a los que migran buscando mejores oportunidades económicas. En ese sentido, se recurriría a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR- para llevar a cabo los procesos de acuerdo a normas internacionales. Tratando de ser persuasivo, aseguró que  eso reduciría significativamente el número de refugiados que Guatemala recibiría, “El número de personas que son perseguidas por razones de los convenios internacionales en El Salvador y Honduras son mínimas. El número de migrantes por razones económicas es más grande, obviamente” (Prensa Libre 20/08/19).   Además, insistió en las prometidas visas temporales de trabajo y en la generosidad de Trump que implementará paquetes de ayuda a través de instituciones financieras.

Las declaraciones de Carone dejan en el aire muchas dudas. En especial si recordamos las amenazas y acusaciones que hizo Trump para obligar al gobierno de Jimmy Morales a firmar el acuerdo: aranceles a las remesas, exportaciones e importaciones; represalias contra los diputados contrarios al acuerdo; prohibiciones a los guatemaltecos para viajar a Estados Unidos. ¿Toda esa exhibición de manipulación chantajista para después decir que la cantidad de refugiados en Guatemala será “mínima”? Creemos que hay gato encerrado, la administración Trump es tramposa y embaucadora. Al final nos enviará miles de hermanos centroamericanos catalogados como refugiados; la reelección de Trump depende en gran parte de que solucione como sea el candente problema migratorio, que no es el de un “mínimo” de refugiados, sino el de decenas de miles que huyen de la miseria y la violencia.