Por Leonardo Ixim

Nuevamente el sistema de Comisiones de Postulación y la elección de segundo nivel de un funcionario, en este caso de la Contraloría General de Cuentas (CGC), genera suspicacias debido a la importancia del cargo y a los intereses que despierta el control esta institución.

El sistema de Comisiones de Postulación fue impuesto en las reformas constitucionales de 1994, que buscaba que expresiones de la sociedad civil como los colegios de profesionales, universidades privadas y la única universidad pública, la Universidad de San Carlos (Usac), participaran pre seleccionando una lista a modo de filtro para  que lo eligiera finalmente el Congreso de la Republica. Fue una forma de aparentar menor concentración de poder, pero en la práctica se volvió una disputa entre camarillas cercanas a las distintas fracciones de las clases dominantes.

De tal forma que distintos grupos de interés se disputan el control en colegios de profesionales y facultades de universidades, los cuales se nutren de profesionales que laboran en instituciones públicas, convirtiéndose en parte del engranaje burocrático, donde se reproducen tales grupos  y se vuelven puente para reproducir los intereses materiales de las distintas fracciones y élites de las clases dominantes. De esta manera forman un aparato de burócratas (técnicos, profesionales, empleados y funcionarios) para enraizar al Estado en la sociedad y viceversa, en función de la dominación de la burguesía.

La comisión de postulación para elegir al Contralor General de la Nación está conformada por un representante de los rectores de las universidades del país, que en este caso fue Félix Serrano de la Universidad Mesoamericana (privada) quien la presidió, los rectores de las universidades que incluyen las carreras de auditoría y contaduría pública (participaron 11 universidades no todas ellas con estudiantes en esas carreras), mas un número equivalente de representantes electos los cuales se dividen de acuerdo al número de colegiados inscritos en el Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores (CECPAA), y el Colegio de Contadores Públicos y Auditores (CPA); los cuales tienen siete comisionados y cuatro respectivamente.

La Comisión de Postulación entregó al Congreso de la República la nómina final de seis integrantes siendo estos: Jorge Enrique Dávila Martínez, Carlos Humberto Echeverría Guzmán,  César Armando Elías Ajcá, Alejandro González Portocarrero, Edwin Humberto Salazar Jerez y Vilma del Rosario Xicrá Tahay. El Congreso, debido a que ya entró en vacaciones y la comisión permanente del legislativo que podría convocar a una sesión extraordinaria -el periodo para elegir contralor ya terminó- debido a que varios diputados buscan su reelección o por lo menos hacer campaña por algún otro, no  realizará la nominación final y se presume que será en enero.

Por su parte mucho se hablado de los intereses de los participantes y quienes quedaron en lista final, vinculados algunos a la ex contralora Nora Segura y al todavía en funciones Carlos Enrique Mencos quien está en su segundo mandato y recientemente fue nominado por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) para un cargo de elección popular, creando mas suspicacia en este proceso. Pues al final siguen siendo los partidos políticos representados en el Congreso, donde tanto los gubernamentales como los de la oposición -la UNE por ejemplo- tienen intereses de cara a ganar las elecciones del año próximo y que no existan evidencias ni procesos de auditoria, ni penales contra ellos.

Durante el proceso, los finalistas fueron impugnados en la misma postuladora, pero igual al puntear alto fueron nominados para esta lista. Por su parte un ciudadano  -Juan Pablo Muñoz-  y otros, pusieron un amparo ante un tribunal ordinario por la falta de publicidad en el proceso de pre-selección de esta comisión, situación que aún no ha sido resuelta y que fue calificado en la postuladora de que esta acción no es legítima porque a estas personas no les incumbe el proceso, como si cualquiera no pudiera vincularse y observar tal proceso.

Los discursos de los finalistas giran alrededor de los mismos tópicos, la lucha contra la corrupción, el papel de la Contraloría para fiscalizar vía las auditorias previas a las instituciones y auditorias  forenses -cuando se han ejecutado los fondos- o el famoso finiquito entregado por esta dependencia a los candidatos que participen en las elecciones en esta coyuntura electoral que se abre y otros temas.  Pero la revisión y el papel real de tal institución, cuyo cargo directivo debería ser electo por el pueblo solo será discutido en una Asamblea Constituyente Popular y de los Trabajadores.