Por Úrsula Coj

La ola represiva llevada a cabo por el actual gobierno desatada desde el anterior ministro de gobernación pero incrementada por el actual ministro Enrique Degenhart y su equipo de vice ministros vinculados a operaciones de limpieza social en pasados gobiernos, junto a la jerarquía que dirige la Policía Nacional Civil (PNC).

A los asesinados líderes campesinos del Comité de Comunidades del Altiplano (CCDA) y del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), que según un último informe de la Unidad de Defensores de Guatemala (UDEFEGUA) se han reportado 17 asesinatos en lo que va el año, se suman de distintas resistencias contra proyectos mineros e hidroeléctricos y distintos tipos de criminalización en varios departamentos.

Ahora asesinan un miembro de la Resistencia Pacifica de Casillas y miembro del Parlamento Xinca Ángel Estuardo Quevedo, del departamento de Santa Rosa; comunitarios autoadscritos al pueblo Xinca y mestizos que resisten la implementación del proyecto El Escobal de la Minera Santa Rosa, de capital estadunidense.  A Quevedo lo asesinaron en su municipio cuando caminaba por una vía dos hombres en una motocicleta a quemarropa.

Esta resistencia de varios municipios en ese departamento y de Jalapa que además permanece desde hace varios meses asentados en las afueras de la Corte de Constitucionalidad (CC) en la  ciudad capital, exigiendo que esta resuelva a favor de los intereses del pueblo de estos municipios contra tal proyecto minero, tras no cumplir los procedimientos de consulta previa, libre y de buena fe tal como mandata el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajadores (OIT), firmado y ratificado por el Estado guatemalteco.

Recordemos que la resistencia de estos municipios también ha afrontado el  racismo de parte de la burguesía aglutinada en CACIF, exigiendo  que la CC resuelva a favor de la empresa; discriminándolo junto al Estado al no reconocer el derecho de auto identificarse como un grupo étnico y pueblo indígena, según  la Declaración Internacional de Derechos de los Pueblos Indígenas

En otras ocasiones por nuestra parte, hemos planteado que este tipo de proyectos económicos deben ser con el consentimiento de las comunidades por los efectos sociales y ambientales y bajo propiedad estatal si se implementan. Por  la manipulación que los empresarios hacen de las necesidades de la población que trabaja para ellos en estos proyectos.

Por otra parte, al escribir esta nota el Centro de Medios Independientes reporta otro asesinato, el de Adolfo Chon  Pacay en la Sierra de las Minas al nor-oeste de la ciudad capital por paramilitares al servicio de la empresa Agropecuaria Panamix de la familia Thomae Estrada con inversiones en proyectos hidroeléctricos en la región por medio de otra empresa, Energías Renovables.

De igual forma en los últimos días también se han denunciado despliegues policiales y militares en áreas de conflicto entre diversas empresas y comunitarios. El primero en la finca  Ixquisis municipio de San Mateo Ixtatan al norte de Huehuetenango fronterizo con México; varias comunidades de la microrregión de YichK’isis  han pedido el cierre de un destacamento y puesto policial porque desde su instalación habido una serie de amenazas e intimidación a miembros de las comunidades. El conflicto es en contra de la empresa  Promoción de Desarrollo Hídrico PDHSA / Energía y Renovación SA que pretende construir tres hidroeléctricas medianas.  Recientemente ante una concentración de los comunitarios para el cierre del destacamento y la salida de la empresa, la policía cerro el paso a varios de estos que pretendían llegar a las instalaciones de la empresa en la zona como informó Prensa Comunitaria.

Por otro lado otro amedrentamiento de parte de las fuerzas de seguridad ocurrió en comunidades Q´eqchis´ del municipio de Livingston en el departamento de Izabal en el Mar Caribe, cuando comunitarios de cuatro comunidades protestaron en la sede del Misterio Publico (MP) en Río Dulce por las amenazas de empresarios. En esa región habido ya amedrentamientos y represión  contra pescadores y campesinos, de parte de paramilitares ligados a la Compañía Guatemalteca de Níquel de capital ruso, quien se cree que ademas de níquel se extrae uranio.

De igual forma en los últimos días miembros de Codeca se reunieron con la nueva fiscal general Consuelo Porras para tratar los casos de asesinatos recientes de esa organización sin que todavía se mostraran avances.

Consideramos que poniendo o incidiendo en la selección de fiscal general o de jueces, independiente que haya personas profesionales y honestas, no se va detener esta oleada represiva ni realizar reformas al Estado,  pues existen al interior del MP y del Organismo Judicial estructuras ligadas a los intereses empresariales como el caso de jueces Arteaga que ha criminalizado a luchadores en Izabal y Alta Verapaz y el juez Tayul en Huehuetenango. Urge entonces una plataforma de denuncia que movilice a nivel nacional contra el gobierno de Morales.