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GUATEMALA.- El gobierno de Morales es responsable del asesinato de líderes campesinos

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Por Leonardo Ixim

El asesinato de varios activistas de organizaciones campesinas en las últimas semanas refleja la deriva autoritaria del gobierno de  Jimmy Morales, ante su creciente impopularidad, producto de su naturaleza reaccionaria al servicio de los grandes capitales.

La tendencia a la extrema derecha de este gobierno siempre fue evidente a partir del apoyo y financiamiento al partido gobernante, evidenciado con las investigaciones penales contra importantes empresarios. Los principales sostenes y operadores del gobierno del ahora preso Pérez Molina se reciclaron en el gobernante partido FCN-Nación, aliándose con otros sectores militares y logrando la cobertura de una serie de bancadas de partidos conservadores ligadas a mafias y politiqueros.

En un primer momento pareció que había una cierta luna de miel con algunos actores de la sociedad civil; la presencia de ministros “eficientes” y con el visto bueno de la embajada gringa, como el ex ministro de gobernación Francisco Rivas, despertó simpatías en esa pléyade. En los primeros meses Rivas se abstuvo a reprimir tomas de fincas, algo reclamado por los latifundistas y los políticos de derecha en el Congreso. Pese a que los jueces y fiscales siguieron criminalizando a los activistas sociales.

Sin embargo, la presión fue endureciendo a Rivas. La represión contra los manifestantes en septiembre del 2017 cuando se encerró a los diputados en el Congreso, y contra dos comunidades campesinas, una de Alta Verapaz y otra de Izabal en diciembre, anunciaba lo que estaba por venir. El cambio de ministro de gobernación en enero, asumiendo Enrique Degenhart Asturias, con el visto bueno del Departamento de Estado gringo, funcionario que había sido director de migración y es señalado de entrega de pasaportes falsos y del asesinato de un líder sindical en la Dirección General de Migración durante el gobierno del partido UNE, presagiaba lo que venía.

Asumió con él un equipo entre los que sobresale Kamilo Rivera Gálvez como vice ministro, quien fuera especialista “anti-secuestros” durante el gobierno de Óscar Berger, trabajando con el asesinado Víctor Rivera, policía venezolano ligado a la CIA. Rivera Gálvez por su parte intervino en la masacre en la cárcel de Pavón en 2004 y es señalado de participar en grupos de ejecución extrajudicial junto a ex militares de la denominada juntita que rodean a Morales y que fueron parte de esos cuerpos en ese gobierno.

Así, desde finales de mayo los asesinatos a líderes de organizaciones campesinas y de pueblos indígenas que se enfrentan contra latifundistas y empresas extractivas hidroeléctricas y mineras, empezaron a darse. Primero fue Mateo Chaman Puu miembro del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) en Cobán, cabecera del departamento de Alta Verapaz. Unos días después Luis Arturo Marroquín en Jalapa, del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA); posteriormente se asesinó a José Can Xol, otro miembro de CCDA en Alta Verapaz

A los pocos días fueron asesinados otro líder de CODECA de Jalapa, Alejandro Hernández y otro de CCDA también de Coban, Ramón Choc Sacrab, y el 8 de junio Francisco Munguía en Jalapa, de CODECA. También hay denuncias de intentos de asesinato a Omar Gerónimo líder de la organización Ch´orti´ Nuevo Día en el departamento de Chiquimula y a Yessenia Eunice Martínez, alcaldesa indígena de la Comunidad Corozal Arriba en La Unión, Zacapa también del pueblo Ch´orti ´quienes denuncian desde el 2013 una serie de asesinatos a líderes comunitarios.

Con el ascenso de Dagenhart a la cartera de gobernación, las grupos de sicarios al interior de la Policía Nacional Civil que en tiempos de Rivas estuvieron dormidos actúan libremente; además sobre los asesinatos de líderes comunitarios e indígenas la responsabilidad material recae en las empresas extractivistas, quienes forman cuerpos o contratan agencias de seguridad privadas con la venia de los altos funcionarios de seguridad pública y sin duda con la logística de éstos y de la Dirección de Inteligencia del Ejército o D2.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) exige al gobierno la inmediata dimisión del ministro Degenhart y su equipo. Al Ministerio Público le demandamos que aceleren las investigaciones de los asesinatos de los compañeros líderes campesinos, que no queden en la impunidad, y a la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) que investigue a fondo a los grupos de sicarios y matones involucrados. Llamamos a las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales, estudiantiles y populares a conformar a la mayor brevedad un Frente Contra la Represión, para impulsar acciones de hecho que presionen a las autoridades sobre las anteriores demandas.

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