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GUATEMALA.- Designación de los nuevos magistrados ante la CC

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Por Leonardo Ixim

Finalizó la designación, de parte de los órganos electores, de los nuevos magistrados ante la Corte de Constitucionalidad (CC), proceso llevado a cabo por medio de los siguientes entes representados en esa instancia, la Presidencia de la República, el Organismo Legislativo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Consejo Superior Universitario y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

Esta forma de integrar la CC es contemplada en la Constitución Política de la República de Guatemala, creada al amparo de la contrainsurgencia y la reacción democrática, que garantizando un marco de derechos humanos derrotó la revolución guatemalteca. Entre sus atribuciones está conocer la inconstitucionalidad parcial o total de las leyes dentro del entramado jurídico y conformarse como tribunal de amparo, actuando sobre las decisiones de la CSJ, tribunales de apelación y otros, y sobre disposiciones emitidas por el Poder Ejecutivo.

Como vemos, la CC actúa como el máximo órgano en lo que respecta a la primacía de la Constitución Política por un lado. Por otro, como tribunal que puede conocer las resoluciones de los cortes cuando estas actúen conculcando derechos sobre procesados o demandantes de algún proceso judicial. Mucho se ha escrito sobre si la CC tiene que tener la potestad de resolver sobre cualquier materia de amparo; de igual forma sobre el hecho del denominado litigio malicioso, en lo que respecta a si la Ley de Amparo y de Habeas Corpus tiene que ser regulada para que esa práctica, no sea una táctica que entrampe procesos judiciales. Sin embargo, esto tiene su riesgo, pues esa figura jurídica sirve para amparar como se mencionó, algún tipo de violación de derechos a los procesados y demandantes.

Sin embargo, muchas de las resoluciones sobre amparos e inconstitucionalidades de la CC, han servido para amparar las acciones de grandes empresas en temas como licencias mineras e impuestos que les afectan, sobre el ejercicio de derechos colectivos de comunidades, acciones fiscales progresivas o decisiones que afectan a actores con menos poder, etc. La misma estructura corporativa, donde los poderes del Estado, la universidad pública y el Cang, tienen representación, busca que sea una corte que solo represente los intereses de las élites dominantes.

Sin embargo esta disputa entre élites y fracción de la clase burguesa agarra cada vez mas dramatismo cada cuanto se renueva la CC; de tal forma que la hegemonía entre ellas no está dicha para siempre.

En esta ocasión el gobierno fue el que mayor hermetismo tuvo a la hora de elegir a sus dos representantes, eligiendo finalmente a Dina Josefina Ochoa Escriba como titular, una ex jueza sobre la que pesan señalamientos de falta de idoneidad, a raíz de un informe de Cicig donde se le señala de procesos indebidos en el caso de un atentado contra un ciudadano, la falta de investigación del Ministerio Público y el encubrimiento de Ochoa al fiscal general en ese entonces, David de León Argueta; además de que en clara inconstitucionalidad esta abogada es ministra de culto de una secta evangélica (Crónica Numero 149). El suplente es un abogado de nombre Henry Comte, fundador de la pro oligárquica Fundación para el Desarrollo e integrante de la junta directiva del Ingenio Santa Ana, propiedad de la familia Botran (CMI 10-03-15).

Por otro lado, el Congreso de La República eligió a la actual magistrada Gloria Porras, nombrada anteriormente por el gobierno de la UNE y que ahora contó con el aval de esta bancada y como suplente a María de los Ángeles Bohr, catedrática en derecho fiscal y ex funcionaria del Ministerio de Finanzas en el gobierno de la UNE. La CSJ eligió como titular a Neftalí Aldana Herrera como titular y María Porras como suplente, el primero es catedrático de derecho constitucional, fue juez de primera instancia y juez de apelaciones; mientras que la segunda ha sido de igual forma jueza de apelaciones y presidenta de Junta de Disciplina del Organismo Judicial.

El Cang por su parte, eligió en dos vueltas al magistrado titular y al suplente, elección que se hace no por medio de fórmula sino por separado. De tal forma, el titular resultó ser el ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos Boanerge Mejía Orellana, quien con su grupo Poder se impuso sobre Oscar Cruz Oliva de Justicia para el Cambio; en esta elección el abstencionismo fue de un 67 por ciento y un 10 % de votos nulos y blancos (CMI 10-03-15). Mejía contó con el aval del capo del narcotráfico Gustavo Herrera, ex operador del Partido Patriota y ahora cercano al partido de gobierno. Para la magistratura suplente se eligió a Ana Fernández del grupo Alternativa Independiente, conformado por abogados de universidades privadas, cercano algunos intereses empresariales que presumen de buscar la honestidad y la probidad.

La Universidad San Carlos, por su parte, eligió -como ya venía cantándose- al ex magistrado de la CSJ, actual director del Departamento Jurídico de la Usac, Francisco De Mata Vela, un burócrata gris señalado de plagio de su tesis de maestría, responsable de la persecución a los trabajadores planilleros que han logrado, después de movilizaciones, estabilidad laboral y de perseguir al estudiante Diego Barrillas por apoyar tal lucha. La elección de De Mata fue votada en el Consejo Superior Universitario por la mayoría de miembros de esta instancia, mostrando el alineamiento de éstos a los intereses de esa burocracia, además de tener vínculos con el capo Herrera; el magistrado suplente es el abogado Mynor Par Usin, miembro de la Asociación de Abogados Mayas, quienes han defendido las resistencias en defensa del territorio de varias comunidades y pueblos.

Como vemos, la nueva CC representará los intereses más conservadores. Tanto Mejía, Aldana, de Mata, Ochoa y con algunos matices Porras, así como la mayoría de suplentes, representan el contubernio de los grupos oligárquicos y emergentes. Por lo tanto nada bueno le espera al pueblo, tan solo la lucha contra estas distintas facciones del bloque dominante.

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