Por Leonardo Ixim

El pasado 30 de noviembre, último día para aprobar el Presupuesto General de Ingresos del Estado según la Constitución Política, el Congreso de la República el del año 2016, con 100 votos a favor, 8 en contra y 50 abstenciones. El monto aprobado fue de Q 70,746,346, menor que el enviado por el defenestrado gobierno del Partido Patriota, que era un poco más de Q72 mil millones.

Este presupuesto presenta una serie de recortes a partidas esenciales para garantizar derechos básicos de la población. Sin embargo se asegura Q 12 mil 400 millones para pagar deuda. Por otra parte se espera recaudar Q54.5 mil millones, a la espera de un préstamo de Q 4 mil 500 millones (US$550 millones) y la emisión de bonos por el ejecutivo de Q 9 mil millones; el Congreso tiene autorizada la emisión del 50 por ciento de tales bonos en el primer semestre del año entrante, a la espera del préstamo mencionado y en caso no se apruebe tal préstamo, en el segundo semestre se autoriza al gobierno central la emisión del otro 50 %. Pese a priorizar el pago de deuda, se mantiene en el aire la deuda de arrastre en carteras como salud, comunicación, y gobernación de Q2 mil 500 millones.

Es posible que no se alcance la meta de recaudación fiscal. En este sentido, las capacidades de recaudación de la Superintendencia de Administración Tributaria, golpeada por la defraudación aduanera donde estuvieron implicados altos cargos del gobierno pasado, más el constante contrabando donde están comprometidos personeros de la oligarquía, más las exenciones fiscales que éstos reciben y que nuevamente sectores como los empresarios maquileros exigen que se mantengan, se verían mermadas.

Por tal motivo el gobierno electo de Morales y el ex rector de la Usac, Jafeth Cabrera, se retiraron intempestivamente de la negociación del presupuesto, mostrando no solo incompetencia a la hora de negociar, sino su amarre con sectores empresariales que exigieron recortes en el presupuesto. Sin embargo los grandes problemas que afectan el Estado y su incapacidad de proveer servicios públicos esenciales afectarán la estabilidad del nuevo gobierno, cuyo control estará disputado por distintos factores de poder.

Dentro los recortes más evidentes estarán la eliminación total del programa de entrega de fertilizantes, afectando a casi un millón de familias, un programa que data del gobierno de Portillo, que en efecto se caracteriza por generar una relación clientelar, además de generar un desgaste que a largo plazo vuelve improductiva la tierra. El problema es que se elimina esa partida pero no se reorienta ese recurso en invertir en programas por ejemplo de riego; de esa forma se evidencia el poco interés que se tiene de parte del Estado por los pequeños agricultores y campesinos.

Otro caso sonado por las denuncias hechas fue el recorte en un 50 % de la partida destinada a prever retrovirales a los infectados con el virus del VIH, reduciéndose de Q 30 millones a Q15 millones, poniendo en peligro la vida de los afectados por esta enfermedad y alejándose aún más de una de las metas del milenio en lo que respecta a reducir las muertes de infectados. Se reduce en casi 90 % la partida para la reforma policial; este programa, que data del gobierno de Colom, busca modernizarla y darle mayor fortaleza, contrario a las tendencias de militarización de la seguridad pública, sin embargo nunca se le ha otorgado la prioridad necesaria.

La cartera de salud es de las más afectadas con recortes por Q1 mil millones, afectando la compra de insumos y medicamentos, además de programas como el de fomento de salud y salud preventiva, aunque recibe una inyección para la prevención de la desnutrición crónica. Se reducen los montos por su parte en defensa, gobernación, agricultura, entre otros.

Se puso por su parte una serie de controles en lo que se refiere a viáticos y gastos conexos, prohibiendo el uso de hospedajes y pasajes de lujo; se anuncia un reglamento para subsidios para controlar su erogación y la reducción de gastos en combustible y telefonía celular. Entre las carteras que recibieron aumentos está educación que recibió Q12, 892.3 millones, teniendo Q12, 295.6 millones en 2015 supuestamente destinado a inversión; la Universidad de San Carlos, que recibe, además del monto constitucional de Q1, 489.8, un aporte Q47.1 millones contemplados en un préstamo del Bcie para construcción de edificios, pero sin embargo es menor a los 3 mil millones, el 5 % del presupuesto, que manda la Constitución. Por otro lado el servicio de la deuda está entre los favorecidos, previendo que se continuará la lógica de desfinanciamiento del Estado, endeudamiento y el peligro de default que genera la falta de ingresos para pagar deuda.

El tema de los candados queda al aire porque se permitirá al nuevo gobierno hacer transferencias sin ningún control, además de Q1,500 millones para ong´s, muchas de ellas relacionados al manoseo del listado geográfico de obras que controlan los diputados. La discusión de los pactos colectivos y los beneficios onerosos de algunos líderes sindicales vendrá después, quizás negociando con éstos y recortando derechos adquiridos por los trabajadores.