Por Armando Tezucún

En el momento actual en Guatemala los acontecimientos se suceden con extraordinaria rapidez. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) avanzan velozmente en su cruzada contra la corrupción. Esta vez le ha tocado al principal partido de oposición, Libertad Democrática Renovada (LIDER), que desde hace cerca de un año ha pactado con el gobernante Partido Patriota cuotas de poder en las instituciones del Estado.

LIDER es el probable ganador de las próximas elecciones, aunque no goza del beneplácito ni la embajada gringa ni del sector oligárquico organizado en el Cacif (Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras), quienes son los verdaderos orquestadores de la purga contra políticos, funcionarios y empresarios corruptos, es decir, los que no están de su lado. El partido LIDER no necesita del financiamiento del Cacif, puesto que su fundador, principal dirigente y candidato presidencial, Manuel Baldizón, ha construido su propio imperio económico a base de negocios lícitos e ilícitos; su partido ha crecido a base de diputados y alcaldes que se han reelecto una y otra vez, y se han pasado de otros partidos al carro del que piensan será futuro ganador, para continuar enriqueciéndose a costa de los fondos públicos. Esta suficiencia económica y la corruptela de los dirigentes de LIDER han puesto al partido en la mira de los “adalides anti-corrupción”.

El 15 de julio el candidato a vicepresidente por LIDER, Édgar Barquín, su hermano el diputado Manuel Barquín y el diputado Jaime Martínez, fueron acusados por la Cicig y el MP de asociación ilícita y tráfico de influencias, con la correspondiente solicitud de antejuicios. Se trata del caso de una red de lavado de dinero y financiamiento ilícito de partidos políticos a cambio de protección, que recibió el apoyo de los arriba mencionados; en el lapso de tiempo cubierto por la investigación, Édgar Barquín fue presidente del Banco de Guatemala. 11 personas fueron capturadas y dos se encuentran prófugas.

Este es un grave golpe contra Lider, puesto que si es declarado con lugar el antejuicio, Barquín quedaría inhabilitado para ser candidato vicepresidencial; y sin pareja vicepresidencial, Baldizón no podría correr para las elecciones, pues ya se cerró el plazo para las inscripciones de candidatos. Esto dejaría por fuera a un partido y un candidato incómodo e indeseable para la embajada gringa y el Cacif. 7 candidatos de Lider tienen solicitud de antejuicio, y otros 6 tienen problemas legales.

En respuesta a las acusaciones de la Cicig y el MP, Lider organizó el 22 de julio una “vigilia por la justicia, paz y democracia”, frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia. El anuncio de la protesta organizada por Lider levantó temores y expectativas, al punto que la embajada estadounidense suspendió la atención al público. Sin embargo, al final se trató de una concentración de unas tres mil personas que denunciaron la “judicialización de la política” y lo que llamaron “injerencia extranjera”, en referencia a la Cicig. En su discurso Édgar Barquín dijo que “Existe una conspiración de grupos radicales para influenciar a entes internacionales y eliminar la fórmula presidencial de Lider. Están utilizando hipótesis sospechosas.” (Prensa Libre 23/07/15). Al retirarse Barquín, se dio un enfrentamiento entre periodistas y guardaespaldas del mismo, que dio como resultado el arresto de uno de los integrantes de la seguridad del candidato vicepresidencial de Lider. Manuel Baldizón emitió una declaración en la que pidió a sus seguidores suspender las actividades de protesta programadas para los siguientes días.

Mientras, la Cicig, por medio de su jefe Iván Velásquez, presentó el esperado informe sobre financiamiento de partidos políticos, que confirmó lo que ya era secreto a voces: el crimen organizado y las empresas que gozan de contratos con el Estado financian el 75% de las campañas electorales de los partidos. La novedad fue la mención de numerosos casos individuales, y que sobre seis de ellos el Ministerio Público iniciará investigaciones.

Por otro lado, las protestas del fin de semana no han vuelto a agrupar las decenas de miles de personas que salieron a las calles en abril y mayo. El 18 de junio, la organización de un concierto con la participación de artistas y grupos populares logró reunir a unas 5 mil personas en la Plaza Central. Pero el siguiente sábado 25, la concurrencia bajó a unos 300, según el diario Siglo21.

Las consignas agitadas se están concentrando en la renuncia del presidente, la aprobación de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y el rechazo al proceso electoral; pero destaca entre todas el apoyo incondicional a la Cicig, síntoma del claro respaldo de las clases medias al proceso de depuración del sistema político impulsado por la embajada gringa y el Cacif. Los grupos que han organizado las protestas, Guatemala Visible, Justicia Ya, GuateActiva y otros, manifestaron públicamente su respaldo al MP y la Cicig; en respuesta Iván Velázquez, jefe de la Cicig, “Muchas gracias por esta expresión de respaldo que es más que dirigida a un proyecto de recuperación de la institucionalidad, a una recuperación de los valores que deben iluminar todo el accionar de una sociedad y de un Estado cuando se está verdaderamente comprometido con la causa de la sociedad” (Siglo XXI 21/07/15).

Mientras las organizaciones de la pequeña burguesía siguen controlando las protestas y se adhieren claramente al proyecto de la embajada y el Cacif, la Asamblea Social y Popular (ASP) continúa desperdiciando tiempo valioso en interminables asambleas, y posponiendo indefinidamente las acciones independientes en las calles.

Reiteramos nuestro urgente llamado a las compañeras y compañeros de la ASP a que se pongan a la cabeza de las protestas y movilizaciones. Quedó demostrado que el haberse adherido a la Plataforma Nacional Para la Reforma del Estado fue una pérdida de tiempo, pues las reformas propuestas están estancadas en el Congreso, y la misma asamblea departamental de la ASP del 25 de junio reconoció que dichas reformas son insuficientes.

Lo que se necesita es una acción decidida e independiente de la ASP, que ponga al frente las demandas más sentidas de los campesinos, indígenas, trabajadores, estudiantes, mujeres y sectores populares, que se resuman en la exigencia de una Asamblea Nacional Constituyente multisectorial y plurinacional.