Por Armando Tezucún

16 de mayo. Entre 50 mil y 60 mil personas salieron a protestar en la ciudad de Guatemala y en las principales ciudades del interior exigiendo la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y el castigo a los funcionarios corruptos que han sido acusados por las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP). La renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti no calmó los ánimos de una población urbana enfurecida, que después de muchos años de contención finalmente se lanza a las calles demandando cambios significativos en el país, y empieza a cuestionar el sistema político que la oligarquía, los militares y el imperialismo estadounidense construyeron a partir 1985, con la instauración de un sistema democrático controlado y un juego electoral relativamente libre.

La composición social de las protestas

Como explicamos en El Socialista Centroamericano No. 197, han sido los sectores que comúnmente se conocen como capas medias urbanas quienes se han sumado en un inicio a las movilizaciones convocadas por pequeños grupos a través de las redes sociales. Profesionales, tanto que ejercen por cuenta propia como que trabajan para empresas y ong, pequeños y medianos empresarios, empleados públicos y privados no organizados, amas de casa, jóvenes, un creciente contingente de estudiantes de las universidades privadas y de la estatal Universidad de San Carlos han nutrido las protestas a partir del 25 de abril.

Pero la masiva movilización del 16 de mayo incluyó a sectores más plebeyos, diversificando aún más estas heterogéneas protestas. Esta vez se hicieron presentes organizaciones de mujeres, de discapacitados, se unió la marcha que celebraba el día del Orgullo Gay, y grupos campesinos y sindicales convocados por la Asamblea Social y Popular; los grupos provenientes de las universidades privadas empezaron a coordinar con los estudiantes de la San Carlos, y su número fue mucho mayor que el de la movilización del 25 de abril.

La masividad de las protestas ha diversificado las demandas planteadas, reflejando los anhelos de los sectores populares por cambios radicales, más allá de la renuncia de funcionarios y el castigo de los corruptos. Pero estas demandas aún no adquieren coherencia, ni son representadas por equipo de conducción que tome la hegemonía y dé un giro radical a las protestas.

Posturas conservadoras vs posturas radicalizadas, en las marchas

Los convocadores iniciales de las protestas, entre ellos los grupos RenunciaYa y JusticiaYa, reflejan su composición social al sostener posturas conservadoras, que invocan el respeto a la institucionalidad y la ley. En su convocatoria a la marcha del 16 de mayo, estos grupos dicen: “Nosotros creemos que se debe mantener la institucionalidad y se debe pedir justicia. Por ello, solicitamos a aquellos grupos y sectores que tienen suficiente experiencia a que asuman mayor protagonismo en esta etapa crucial que atraviesa nuestro país. Necesitamos propuestas claras, legales y transparentes así como líderes honestos, preparados y conciliadores. Los ciudadanos debemos mantenernos alerta para que se cumpla lo estipulado por la ley y para que se siga luchando contra la corrupción.” Estos grupos no proponen un liderazgo propio, y su principal preocupación es que se mantenga la ley y el orden, invocando el surgimiento de líderes salvadores. En el fondo, este respeto a la institucionalidad significa la negación de los cambios sociales y estructurales que desde hace décadas vienen planteando los sectores más oprimidos y explotados, en especial las comunidades indígenas y campesinas. Una parte de la izquierda no parece darse cuenta es esto y adopta la modalidad de estos grupos pequeño burgueses; por ejemplo, en su convocatoria a la marcha del 16 de mayo, la ex guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca aclaró, “Nos sumamos como movimiento ciudadano SIN banderas, ni camisetas de nuestro partido”.

¿Un movimiento ciudadano instigado por Estados Unidos?

Algunos analistas, al examinar los planteamientos de estos grupos, han hecho notar la semejanza con las revoluciones de color y golpes suaves que el imperialismo estadounidense ha instigado en otros países (Georgia, Ukrania, Kirguistán, Bielorrusia, Irán, Birmania, Túnez), para deshacerse de gobiernos que no son de su agrado o no se adaptan a sus intereses, utilizando movilizaciones ciudadanas pro-democracia. Según este análisis, el gobierno gringo desde el año pasado decidió sacar a un gobierno que por su nivel de corrupción y vínculos con el narcotráfico obstaculiza la estabilidad de las inversiones y toda la propuesta del plan Alianza Para la Prosperidad. Por ello ha instigado un movimiento cívico y ciudadano que ejerza presión para lograr pacíficamente la salida del gobierno de Pérez Molina sin romper el orden constitucional (ver el artículo de Marcelo Colussi, Guatemala: ¿Se podrá ir más allá de la lucha contra la corrupción?   https://www.facebook.com/marcelo.colussi.33).

Esta posibilidad no es descartable; pero lo cierto es que, como sucede en todos los movimientos masivos que pujan por cambios democráticos, las clases explotadas y oprimidas no tardan en hacer presencia con sus propias demandas, que no son más que la interpretación de lo que realmente significa democracia para el campesinado pobre, las comunidades indígenas relegadas y los trabajadores explotados.

La protesta campesina del 20 de mayo

Muestra clara de esto fue la marcha campesina organizada por el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC) el 20 de mayo. Alrededor de 5 mil personas, según los medios de comunicación, 10 mil según testigos presenciales, ingresaron a la ciudad capital desde varios puntos: la Carretera al Atlántico, el Anillo Periférico, avenidas Bolívar y Reforma, concentrándose al finalizar, en la Plaza de la Constitución. Las exigencias planteadas por esta marcha campesina fueron más allá de la renuncia del presidente Pérez Molina y el nuevo vicepresidente Alejandro Maldonado. Los compañeros demandaron la instalación de una Asamblea Constituyente que “…tome en cuenta la opinión de todo el pueblo”, que tenga como consecuencia la implementación de reformas estructurales, como al reforma agraria; amenazaron con echar a los diputados del Congreso y exigieron que se detenga el proceso electoral; clamaron por el juicio y castigo de los empresarios involucrados en la red de corrupción aduanera La Línea; la nacionalización de la energía eléctrica y la liberación de los presos políticos y el cese da la persecución a los líderes comunitarios y campesinos. En la marcha participaron también miembros del Sindicato del Hospital San Juan de Dios y representantes estudiantiles de la Universidad de San Carlos.

Por el surgimiento de una alternativa campesina, indígena, obrera y popular

La nueva convocatoria a una manifestación masiva es para el sábado 30 de mayo. Los acontecimientos se suceden rápidamente. Para calmar los ánimos, la embajada gringa, en acuerdo con el empresariado, que al parecer no contemplan aún la renuncia del presidente Pérez Molina, a través de la Cicig y el MP continúan haciendo rodar cabezas: la captura de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y otros funcionarios por corrupción en la contratación de los servicios de una empresa; la renuncia del ministro de gobernación, del nuevo ministro de energía y minas, de la ministra de ambiente y recursos naturales, del secretario de inteligencia del Estado, entre otros funcionarios. En estas maniobras fueron sacrificados tres de los funcionarios más allegados a Pérez Molina, Juan de Dios Rodríguez, Mauricio López Bonilla y Ulises Anzueto. Además, el Organismo Judicial, con la participación de la Cicig, inició el análisis de una serie de cambios en la Ley del Organismo Judicial y la Ley del Consejo de la Carrera Judicial. Pérez Molina anunció que después se estudiarán reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, Ley de Probidad, Ley de Servicio Civil y Ley de Contrataciones del Estado. Es claro que el plan por ahora es continuar con las capturas de funcionarios corruptos, hacer cambios en el gabinete e iniciar cambios en las principales leyes. En caso de que la embajada gringa y la burguesía organizada en el Cacif decidan finalmente sacrificar a Pérez Molina, ya tienen un reemplazo idóneo en el nuevo vicepresidente Maldonado Aguirre. Esto muy probablemente va a satisfacer a los sectores medios urbanos acomodados, que eventualmente se retirarán de las protestas.

Ante esta perspectiva urge que las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y populares se fortalezcan como una alternativa sólida que demande la renuncia de todo el gobierno y los diputados del Congreso, y presente un nuevo equipo de gobierno. La Asamblea Social y Popular, que creemos que debe incluir a más sectores, como Codeca y Cnoc, es la llamada a perfilar esta alternativa, con el planteamiento que la misma hace en su declaración del 21 de mayo: “Queremos dejar en claro, que la renuncia de los mandatarios y la modificación de algunas leyes no es suficiente; se requiere la reforma integral del estado, para lo cual es necesario se convoque una Asamblea Nacional Constituyente multisectorial y plurinacional que redacte una nueva constitución y establezca los fundamentos para una transformación profunda del sistema económico, social y político que nos permita dejar atrás la pobreza, exclusión, explotación, racismo y patriarcado que ha caracterizado a Guatemala en los últimos siglos…”. Este es el reto que tienen ante sí los explotados y oprimidos en la actual coyuntura. ¡Por un paro general campesino y sindical! ¡Que renuncie el gobierno del Partido Patriota! ¡Asamblea Nacional Constituyente incluyente!