Por Leonardo Ixim

Los días 16 y 17 de junio cerca de quince mil personas en representación de las Doce Comunidades Kaqchiqueles de San Juan Sacatepéquez, municipio aledaño al área metropolitana dedicado a la producción de flores y con una importante industria de muebles, se hicieron presentes en las calles del centro de la capital guatemalteca.

Los motivos de esta mega marcha se encuentran en la lucha de resistencia que desde hace mas de 8 años estas comunidades mayas mantienen contra la empresa Cementos Progresos, una de los monopolios más concentrados de capital de este país, en lo que se refiere a la construcción de una planta procesadora de cemento. A esto se agrega la construcción de un tramo carretero desde Santo Domingo Xenacoj hasta San Juan Sacatepéquez como parte del anillo periférico y la instalación de una brigada militar.

La construcción de la cementera inició en julio de 2013, planean invertir en ella 720 millones de dólares y generar solamente 575 puestos de trabajo cuando esté en funcionamiento. Los pasivos ambientales no han sido cuantificados, pues el temor de las comunidades es la destrucción de las fuentes hídricas, tala de árboles y deterioro del paisaje boscoso. La empresa por su parte niega las acusaciones de destrucción de los ecosistemas cercanos a la construcción, aduciendo la reforestación de una cantidad grandes de terrenos.

El otro problema es el tramo carretero en cuestión, que forma parte del anillo periférico que conectará la Carretera Interamericana desde Santo Domingo Xenacoj, en el departamento de Chimaltenango, hasta la carretera que conduce a los puertos del Atlántico; el costo de esta obra de 85 kms será de 400 millones de quetzales. Las Doce Comunidades Kaqchiqueles acusan al Ministerio de Comunicaciones de despojar ilegalmente a propietarios de terrenos donde va pasar la vía. La empresa Cementos Progreso, además de beneficiarse con la carretera, será la encargada de su construcción, pues esta será de concreto, producto elaborado por esta empresa.

La lucha de resistencia de los comunitarios se ha enfrentado contra los intereses de esta gran corporación propiedad entre otros dueños, del grupo Novela, uno de los actores más poderosos de la oligarquía. Esta lucha ha provocado el asesinato de 8 comunitarios, heridos, allanamientos, secuestros; la absurda condena a Abelardo Curup por 150 años, Faustino Camey por 40 años, a los hermanos Porfirio y Efrain Cotzajay también por 40 años; un Estado de Prevención en 2008 durante el gobierno de Álvaro Colom; amenazas e intimidaciones contra vecinos de las comunidades, sus abogados y organizaciones campesinas que respaldan su lucha como el Comité de Unidad Campesina y otras. A esto se agrega la instalación de la brigada militar y la creación de grupos paramilitares que bajo el manto de lucha contra la delincuencia amenazan la organización comunitaria.

Los comunitarios presentaron sus demandas a las instituciones estatales. Al Organismo Ejecutivo para detener a la empresa en lo que se refiere a la construcción de la planta, tomando como base las recomendaciones del representante de Naciones Unidas sobre derechos de pueblos indígenas, que visitó hace unos años a las comunidades; detener además la construcción del tramo carretero pues no habido consulta con las poblaciones; suspender la militarización de la región y el constante amedrentamiento a los comunitarios.

Se exige al Ministerio Público que pare la criminalización de la lucha, así como que se siga el debido proceso para los comunitarios con procesos penales. Al Organismo Judicial que ampare a las comunidades en lo que se refiere a la construcción de la carretera tomando como base los convenios y tratados firmado por el Estado en materia de derechos a pueblos indígenas como el convenio 169 de la OIT.

La construcción de la planta cementera y del anillo periférico afecta una zona que ecológicamente es vital no solo para los comunitarios y su reproducción material, sino para toda el área metropolitana por tener fuentes de recarga hídrica. El caso del anillo periférico, el cual consideramos una necesidad al descongestionar el tráfico sobre todo de carga pesada, no puede afectar ecosistemas de cuya protección depende la vida en general.

La presencia de los comunitarios en la capital es una alerta a la población urbana que está inmersa en el día a día y la explotación de su trabajo por el capital, sobre estos mega proyectos que atentan contra la misma vida sobre todo en lo que respecta al ya de por sí escaso líquido. Demandamos al gobierno la suspensión de la construcción de la planta de cemento y el respeto a la voluntad de las comunidades. Hacemos el llamado a las organizaciones populares a construir instrumentos políticos que lleven al proletariado a detener esta lógica de acumulación de ganancias que atentan contra la vida misma.