Por Edgar Miguel Kan

El Ministerio Público dio mucho de que hablar durante el 2011. El MP es extremadamente importante, porque es el encargado de ejercer la persecución penal del Estado. Esto implica que pone en funcionamiento todas aquellas instituciones de represión estatal en contra de un individuo o grupo, por considerar que alteraron la paz social, ante la comisión de delitos que afectan al resto de la sociedad o bien a la construcción estatal misma.

La Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, la doctora Claudia Paz y Paz, ha ejercido una gestión que por demás ha sido polémica y sin duda transformadora del modelo de gestión penal dentro del MP. Ella ha priorizado la política criminal del Estado y ha gestionado mejor la selectividad del sistema penal hacia aquellos delitos de mayor impacto social, como lo son los delitos contra la vida, el narcotráfico, la violencia económica y los delitos de lesa humanidad vinculados a crímenes del pasado.

En este sentido, se han dado algunos avances importantes como la captura de capos del narcotráfico guatemalteco, además el inicio de procesos contra militares implicados en masacres durante la guerra interna, tal es el caso del ex-Jefe de Estado Oscar Mejía Víctores, o las condenas realizadas por femicidio.

Estas acciones han generado reacciones diversas por parte de sectores conservadores, así como de los sectores profesionales habituados a la obsoleta forma de actuar del Ministerio Público.

Acciones por parte de militares

En los meses de noviembre y diciembre, organizaciones de militares retirados realizaron  marchas y mediante acciones legales demandaron a la Fiscal General el inicio de investigaciones criminales contra miembros de organizaciones guerrilleras. Estas son evidentes luchas y confrontaciones por la búsqueda de poder político por parte de los ex militares. Su intención es acallar la función que la Fiscal General ha tenido en el ejercicio de la política criminal democrática, siendo un claro ejemplo el combate contra aquellas personas que cometieron o estuvieron vinculados a los delitos de lesa humanidad durante el conflicto armado interno.

Una de estas acciones fue la denuncia contra el padre y otras familiares de la Fiscal General hecha por Ricardo Méndez Ruiz, víctima de un secuestro durante el conflicto armado. Esto no es más que una endeble aseveración que no solo carece de argumentación ideológica sino jurídica. Además, el contubernio de Méndez Ruiz con AVEMILGUA y otras instancias militares denotan una evidente ofensiva contra la gestión de la Fiscal General, que busca destituir a la misma y que se deje de perseguir los delitos cometidos durante el conflicto armado.

Avances militares

Sin duda dos evidentes retrocesos para el avance del esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad han sido la desestimación de los casos que vinculan a Otto Pérez Molina a la desaparición de Efraín Bámaca Velásquez, único comandante guerrillero capturado, y el desistimiento de la vinculación de Oscar Mejía Víctores, Jefe de Estado de Guatemala durante 1983-1985.

El segundo es el reflejo del evidente poder que los poderes fácticos del Estado tienen sobre la administración de justicia y el primero el vínculo que asesores del mismo Ministerio Público con una clara orientación militar tienen con el nuevo Presidente de Guatemala.

Lo anterior hace repensar la necesidad de mayor fiscalización que debe existir por parte de las y los guatemaltecos, especialmente de los sectores sociales comprometidos con el cambio estructural, hacia las instituciones de Justicia. Debemos entender éstas no como el producto de la institucionalidad democrática burguesa, sino como el referente de defensa de derechos y garantías sociales, que son el producto de la lucha de clases frente al poder hegemónico tradicional, cooptado por años por las intromisiones imperiales y las esferas burguesas, que atentan contra la liberación de la masas oprimidas.

Por lo anterior desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hacemos un llamado a las vanguardias sociales comprometidas a fiscalizar la labor del Ministerio Público y demandamos a la Fiscal General que destituya a esos fiscales y asesores que desde ya manifiestan su evidente sesgo político a favor de las estructuras de gobierno tradicional y la clase social explotadora. La consolidación de una política criminal democrática solo se hará mediante la persecución de aquellos delitos y acciones atroces contra las clases oprimidas, que desde siempre han exigido una realidad más justa, la cual solo será manifiesta mediante un proceso de cambio revolucionario.