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GUATEMALA: Conflicto en el sector eléctrico

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La empresa eléctrica insiste en cobrar mas por el servicio de energía

 

Por Armando Tezucún

Durante el gobierno de Arzú (1996-2000) fue privatizada la distribución de energía eléctrica, como parte de las políticas neoliberales impulsadas. La Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. (EEGSA) se hizo cargo de los departamentos de Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez. La mayor parte del resto del país es surtido por filiales Unión Fenosa. Fue creada la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), un ente estatal que regula precios, condiciones y todo lo relacionado con el sector.

El 31 de julio, la CNEE decidió, después que se realizó un estudio con expertos extranjeros, reducir la tarifa del Valor Agregado de Distribución (VAD) que la EEGSA podrá cobrar a sus usuarios durante los próximos cinco años. El VAD es el cobro que la distribuidora hace para realizar inversiones, dar mantenimiento a sus redes, recuperar costos de reposición y obtener ganancias. La EEGSA pretendía que el VAD aumentara de US$ 11.36 por KW/mes a US$ 24.80 a las empresas medianas y grandes, y de US$ 9.19 por KW/mes a US$ 17.45 a los usuarios residenciales. En cambio la disposición de la CNEE dejó la tarifa en US$ 4.24 para las empresas y US$ 8.22 para los hogares.

 

La respuesta de la EEGSA ante la decisión de la CNEE fue de rebeldía y dejó de emitir facturas a sus clientes, considerando arbitrarias las nuevas tasas. La empresa introdujo tres recursos de revocatoria ante el Ministerio de Energía y Minas. Carlos Colom, presidente de la CNEE y sobrino del mandatario Álvaro Colom, afirmó que los nuevos precios fueron fijados con apego a la Ley General de Electricidad y que son los que cobraría una empresa eficiente y respetuosa de los lineamientos de dicha ley. Colom considera que las tasas solicitadas por la EGSSA eran excesivas y harían quebrar a muchas empresas, además el VAD de Guatemala el más alto de Centroamérica.

La empresa de energía argumentó que la decisión de la CNEE no tomó en cuenta el consejo los expertos y que las nuevas tasas pondrían en riesgo su supervivencia, pues son hasta un 60 por ciento menores de lo que cobraba. Según la EEGSA, las nuevas tarifas significarán que deje de recibir unos US$ 20 millones al año. El gerente comercial de la EEGSA se quejó que el supuesto irrespeto a la ley de electricidad significa falta de certeza jurídica para el empresariado y que se fijó con fines políticos.

Con los días el conflicto se agudizó y se involucraron más actores. La EEGSA y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor dijeron que los consumidores debían pagar aunque no recibieran factura, pues la ley dice que el servicio será cortado luego de dos meses sin pago. La empresa expresó que entregaría recibos provisionales. El Ministerio Público contestó que si hay un cobro sin emisión de factura la empresa incurriría en delito de defraudación fiscal. El 13, a instancias del Partido Patriota, el Congreso emitió un punto resolutivo llamando a la EEGSA a emitir facturas y apoyando a la CNEE en su decisión de reducir el valor del VAD. El 15 el presidente Colom afirmó que la nueva tarifa es técnica y no política, que no va a negociar con representantes de la empresa distribuidora y que apoya la decisión de su sobrino.

Las cosas tomaron otro giro el 18 cuando los diputados del PP se reunieron con Carlos Colom y el ministro de energía y minas. Los diputados acusaron al gobierno de tener la intención debilitar a la EEGSA para intervenirla primero y luego estatizarla. Ambos funcionaros aseguraron bajo juramento que esa no es la intención y que una intervención sólo se podría producir en caso de incumplimiento de contrato y a petición de la CNEE. El 19 el vicepresidente Espada afirmo que el gobierno no tiene intención de nacionalizar nada. El 20 la empresa volvió a emitir facturas, pues necesita dinero para cumplir con sus proveedores. El día siguiente el ministerio rechazó los recursos de la EEGSA, quien dijo que continuará las acciones legales ante los tribunales.

Es obvio que estamos ante un conflicto entre empresas, por un lado la distribuidora de energía y por otro las fábricas y negocios que son sus clientes y que son defendidos por el gobierno. Evidentemente Colom y sus funcionarios, como buenos defensores de la propiedad privada en ningún momento están pensando en nacionalizar la compañía de electricidad. Nosotros pensamos que el origen del conflicto es la privatización que en mala hora hizo Arzú del servicio de energía eléctrica. Por esta acción la población sufre de los abusos de Unión Fenosa y las pretensiones de la EEGSA de hacer cobros excesivos. Llamamos a los trabajadores, campesinos y pueblo en general a exigir la nacionalización de la producción y distribución de electricidad bajo control de las organizaciones populares, única solución de la problemática del sector.

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