La veloz aprobación del presupuesto de gastos de Guatemala para el año 2021, por parte de las bancadas aliadas al oficialismo, destapó las pugnas en el seno de los grupos de poder de la burguesía y la oligarquía, abriendo una crisis política, muy parecida a la del año 2015, que terminó con la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina.

En 2015 nos arrebataron el triunfo

En el año 2015, ante las acusaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en el sentido que el gobierno de Otto Pérez Molina estaba saqueando las arcas del Estado, los grandes bloques de la oligarquía y la burguesía le retiraron el apoyo, abandonándolo a su suerte. Los grupos oligárquicos lograron salvar al régimen político “democrático”, inaugurado con los Acuerdos de Paz de 1996, encauzando el descontento popular hacia el proceso electoral de ese mismo año, en que resultó electo Jimmy Morales.

Tanto el gobierno de Morales, como las familias de la oligarquía, y su expresión política el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), utilizaron la bandera de la lucha contra la corrupción para imponer un gobierno que no atacara sus intereses. En realidad, nunca han luchado contra la corrupción, porque ellos y sus negocios forman parte de las redes de corrupción y saqueo del Estado desde la época colonial. No fue una sorpresa que, cuando la CICIG y el Ministerio Público (MP) al realizar sus investigaciones, terminaron acusando a muchos empresarios de actos de corrupción, financiamiento electoral ilícito y otros delitos. Varios de estos empresarios notables fueron procesados, también hubo numerosos antejuicios contra el presidente Jimmy Morales, quien fue acuerpado por la mayoría de diputados del Congreso de la República. La turbulencia creada en la lucha contra la corrupción, los obligó a pactar entre ellos.

La tregua entre los grupos de poder

Hacia 2018 se selló una alianza entre Morales, la oligarquía, las burguesías emergentes, militares y crimen organizado. Todos se pusieron de acuerdo en liquidar a la CICIG, y en controlar el MP y a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) que avalaban las investigaciones contra las redes de corrupción. En 2018 finalizó su periodo la fiscal general Thelma Aldana, siendo reemplazada por la aliada del gobierno María Consuelo Porras; y luego de múltiples ataques y escaramuzas, la CICIG tuvo que abandonar el país al finalizar su mandato.

En enero de 2020, se inauguró el gobierno de Alejandro Giammattei como una continuidad del gobierno anterior, con el respaldo del bloque oligárquico-burgués que apoyó al gobierno de Jimmy Morales. Sin embargo, la pandemia del Covid-19 destapó una grave crisis económica, con cierre masivo de empresas, pérdida de empleos, recortes de salarios, incremento de la pobreza, que se reflejará en un retroceso del Producto Interno Bruto de al menos un -1.5%, según cálculos oficiales. La debacle económica provocada por la pandemia se verá agravada por la catástrofe provocada por el paso de los huracanes Eta e Iota, que dejaron destrucción y devastación en amplias zonas, habitadas por los sectores más empobrecidos.

Nueva pugna interbuguesa

La tregua pactada entre los diferentes grupos de la oligarquía y la burguesía, bajo el gobierno de Jimmy Morales, ha llegado a su fin. El motivo de la ruptura es el agravamiento de la crisis económica. El creciente descontento social, ha acelerado la división y ha reavivado las viejas pugnas por el control del botín del Estado. La recuperación y reconstrucción de la economía, con base a deuda externa, implica una serie de inversiones y jugosos negocios. Y en este punto, es donde los grupos oligárquicos y el CACIF empiezan a enfrentarse a los empresarios emergentes, que han crecido haciendo negocios con las contrataciones del Estado, a través de la obra pública, amparados por el favor de diputados, alcaldes y gobernadores departamentales, quienes participan de las jugosas ganancias. Todas estas nuevas posibilidades de inversión quedan normadas y estipuladas en el presupuesto de gastos del Estado 2021, que se ha convertido en la manzana de la discordia.

El forcejeo por el botín del presupuesto del 2021

La forma apresurada como fue aprobado el proyecto de presupuesto, a altas horas de la noche, con graves recortes a programas como el combate a la desnutrición, la Procuraduría de Derechos Humanos, al Ministerio de Salud; e incrementos injustificados al gasto del Congreso de la República, al Centro de Gobierno, etc. Todo ello se sumó al creciente descontento de la población con el manejo del gobierno frente a la pandemia de coronavirus y las dos tormentas que asolaron buena parte del territorio de Guatemala. La cólera e indignación popular se condensó en el llamado de algunos organismos de la sociedad civil, a manifestar el 21 de noviembre en la Plaza Central de la Capital y en las plazas de numerosas ciudades.

Como ocurrió en el año 2015, sectores de la oligarquía y la burguesía pretenden manipular el descontento popular, especialmente de la empobrecida clase media, utilizando la movilización callejera como mecanismo de presión para obligar a renegociar el presupuesto del año 2021, y muchos otros temas más. El CACIF, otras cámaras empresariales y personajes vinculados a la empresa privada, se sumaron a las criticas obre la forma en que fue aprobado el presupuesto, uniéndose incluso al llamado a protestar. Los puntos de divergencia con el presupuesto aprobado son: el enorme endeudamiento que proyecta el gobierno en dos años, que alcanzará incremento del 41.2%, Q 64,944 millones. Esto podría poner en riesgo la credibilidad y la calificación de riesgo de Guatemala, y podría cerrar puertas al financiamiento internacional por incapacidad de pago. Pero son sobre todo los mega proyectos de infraestructura los que provocan el descontento de la oligarquía y la burguesía, pues carecen de estudios técnicos, especificaciones, no hay garantías de la calidad de su construcción, y abren las puertas a los negocios entre funcionarios y empresas emergentes.

Las maniobras en las alturas

El llamado que el vicepresidente Guillermo Castillo hizo a Giammattei para que ambos renuncien y se forme una “junta de notables” avalada por las iglesias evangélica y católica, esboza la salida que está planteando el empresariado, similar a la que se le dio al Serranazo en 1993. Una salida controlada desde las alturas, que garantice la estabilidad del régimen político y no ponga en peligro el sistema capitalista semicolonial.

La protesta del 21 de noviembre fue multitudinaria. Un grupo de manifestantes enardecidos prendió fuego a un salón del edificio del Congreso, evidenciando la ira social acumulada. Hubo múltiples enfrentamientos, la policía lanzó gases lacrimógenos, hubo heridos y detenidos.

Paro Nacional Indefinido  

El gobierno de Giammattei-Castillo ha demostrado ser tan corrupto e incapaz como los anteriores.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hacemos un llamado a las agrupaciones de izquierda, sindicatos y centrales obreras y campesinas, organizaciones indígenas, colectivos estudiantiles y populares, en especial a la Asamblea Social y Popular (ASP) y el Movimiento Sindical y Popular Autónomo de Guatemala, a cerrar filas y sostener una postura independiente en torno a esta nueva pugna Inter burguesa. Es hora de impulsar profundos cambios democráticos y revolucionarios en Guatemala.

Lo primero que debemos exigir en las calles es la renuncia del corrupto gobierno Giammattei-Castillo. Solo la presión popular puede lograrlo. Por ello, convocamos a un Paro Nacional indefinido o Huelga General hasta que se materialice la renuncia de todo el gobierno, incluido sus ministros y altos funcionarios. Debemos salirle al paso al CACIF, que quiere encontrar una salida a la crisis que cambie algo para no cambiar nada.

En segundo lugar, llamamos a la conformación de una Coordinadora Nacional de Lucha Popular, que agrupe a todas las organizaciones sindicales, estudiantiles, campesinas, indígenas y populares que deseen impulsar la democratización de Guatemala, para que estas se conviertan en una alternativa de gobierno popular en el caso que logremos imponer la renuncia del corrupto gobierno Giammattei-Castillo.

En tercer lugar, el gobierno surgido de las organizaciones populares debe ser el encargado de convocar a elecciones para elegir una Asamblea Nacional Constituyente Popular y Plurinacional que reorganice el Estado y democratice Guatemala en beneficio de las masas populares.

 

Centroamérica, 21 de noviembre del 2020.

 

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA).