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GUATEMALA.- ¡Abajo el “Moralazo”!: ¡Paro Nacional de 24 horas para sacar al corrupto gobierno de Jimmy Morales!

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Nuevamente la situación política en Guatemala se pone el rojo vivo. Contrario a las expectativas del reaccionario acuerdo secreto entre el imperialismo norteamericano y las cúpulas dominantes, con el objetivo de solucionar la crisis política de 2015, forzando la caída del gobierno de Otto Pérez Molina, el gobierno de Jimmy Morales y el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) no se plegaron a las acciones anticorrupción encabezadas por la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Este distanciamiento ha conducido a varias crisis y enfrenamientos. Esto no es casual. El gobierno de Jimmy Morales es la expresión política de las oscuras fuerzas económicas que tienen su principal sustento social en los militares que salieron victoriosos de la lucha anti insurgente, que terminó formalmente en 1996. El FCN tiene en su dirección a altos mandos de exmilitares, implicados en masacres durante la guerra interna. El FCN abrió las puertas a la pandilla de exdiputados del Partido Patriota (PP) y LIDER, tránsfugas con arraigadas prácticas de corrupción, que representan a la burguesía emergente corrupta que se niega a desaparecer.

A finales de 2016, el FCN entró en alianzas con los partidos más conservadores del Congreso de Guatemala para obtener la presidencia de la Junta Directiva en los periodos 2017 y 2018, y desde esa posición empezó a resistirse a las reformas democráticas impulsadas por la CICIG. Desde 2017, el FCN y los partidos conservadores han sido parte fundamental de la oposición a las propuestas de reformas a la Constitución y a la Ley Electoral, que pretenden reformar el sistema político y cortar situaciones que permiten la corrupción.

La oligarquía guatemalteca y el gobierno de Estados Unidos pretenden reformar solamente lo justo y necesario para continuar engañando a los trabajadores y al pueblo, para hacerles creer que se están gestando grandes cambios y de esta manera se olviden de sus luchas y protestas. Este plan de “reformas democráticas” impulsado por el imperialismo norteamericano a través de la CICIG refleja, por un lado, la bancarrota política de la oligarquía que no es capaz de garantizar instituciones democráticas del Estado, y por el otro lado, estas pretendidas y frustradas reformas en realidad son insuficiente para satisfacer las necesidades urgentes y aspiraciones democráticas del pueblo guatemalteco.

A pesar de que las reformas planteadas son limitadas e insuficientes, el sector más corrupto de la burguesía emergente, representada actualmente por el FCN, se resisten encarnizadamente a cualquier mínimo cambio democrático. Por ello, el presidente Jimmy Morales se opone a las reformas que ha impulsado la CICIG, porque el mecanismo de acumulación de capital de estos sectores burgueses emergentes proviene de su corrupto control de las instituciones del Estado, las que saquean para enriquecerse.

El permanente boicot del presidente Morales y el FCN a las reformas políticas impulsadas por el imperialismo norteamericano, ha tenido como consecuencia que éste haya dado vía libre a la CICIG y el Ministerio Publico (MP) el inicio de causas judiciales para presionarlo y obligarlo a ceder. Primero, cuando en enero del año 2017 ordenaron la captura del hijo y hermano del presidente Morales, por un caso de corrupción en el registro de la propiedad, en 2013. Luego con la investigación de financiamiento ilícito del FCN-Nación durante la campaña electoral 2015, cuando Morales era el secretario general del partido. Por ello es que, ejerciendo más presiones contra el actual grupo de poder que representa el Morales y el FCN, el MP y la CICIG han solicitado nuevamente quitar el derecho de antejuicio al presidente Morales y que este sea procesado penalmente, lo que en fondo significaría que perdería el cargo de presidente de Guatemala.

En 2017 la primera respuesta de Morales fue declarar non grato a Iván Velásquez, jefe de la CICIG, para expulsarlo de Guatemala, abriendo una efímera crisis política. Organismos de la sociedad civil, así como el Procurador de los Derechos Humanos se ampararon ante la Corte de Constitucionalidad (CC), solicitando la suspensión de la expulsión de Velásquez, obteniendo una sentencia provisional favorable. De esta manera, lograron restablecer un equilibrio de poder, pero desde las instituciones del Estado.

Pero las tensiones continuaron acumulándose. El 31 de agosto de 2018, Morales anunció la no renovación del mandato de la CICIG, que vence el 3 de septiembre de 2019. A nivel internacional, Morales se ha sostenido sobre las acciones de la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, pero a nivel interno se ha sostenido en los movimientos represivos del ministro de gobernación, Enrique Degenhart, los cuales abiertamente han buscado debilitar a la CICIG, así como golpear a las organizaciones populares y campesinas, persiguiendo, vigilando y asesinando a sus líderes, como ha sido el caso varios dirigentes campesinos y populares asesinados. El gobierno de Morales ha entrado así en su etapa más reaccionaria.

Guatemala se acerca a una situación prerrevolucionaria, por la crisis y enfrentamientos entre diferentes sectores de la burguesía. Existe un conflicto entre quienes apoyan al programa de reformas democráticas impulsadas por el imperialismo yanqui, y quienes intentan mantener los oscuros negocios saqueando las finanzas del Estado.

Pero siempre ocurre lo mismo: cuando hay conflictos entre sectores de la burguesía, irrumpen sin avisar las masas populares. El golpe asestado por Jimmy Morales el día 31 de agosto del 2018, es casi una repetición del autogolpe de Estado propinado por el presidente Jorge Antonio Serrano Elías, el 25 de mayo de 1993, conocido como el “Serranazo”. Afirmamos que estamos en una situación similar, porque el presidente Jimmy Morales pretende concentrar todo el poder y evitar los controles que los otros grupos de poder de la burguesía, han tratado de establecer utilizando el CICIG y el MP.

La población entiende lo que está en juego, por eso ya hay significativas manifestaciones en apoyo al comisionado Velázquez en varios puntos de Guatemala. Pero también la reacción se prepara para luchar. En el pasado, la Iglesia Católica ha manifestado su apoyo a la gestión de la CICIG, pero han convocado una marcha para el domingo 2 de septiembre, junto con las iglesias evangélica y judía, contra los derechos reproductivos de las mujeres y los derechos civiles de las comunidades LGTBI. Existe la posibilidad real que dicha marcha sea utilizada para mostrar el apoyo de las clases y sectores más reaccionarios del país a Jimmy Morales.

Las embajadas de los imperialismos norteamericano y europeo han dado su respaldo incondicional a la CICIG. El futuro de Guatemala y la democratización real que se requiere, no debe ser decida por los imperialismos, sino por la movilización democrática de las masas populares

Si la crisis continua, el gobierno de Morales pende de un hilo, ya que su principal sostén son los militares. Morales es en realidad la cara civil del poder que han acumulado los militares en Guatemala, desde que terminó el conflicto armado en 1996. No podemos descartar una escalada en los métodos represivos, usando al Ejército y la Policía contra los movimientos populares y las organizaciones civiles del campo y de la ciudad, en esta nueva hora de lucha.

Esta vez, un año después de que buscara sacar al comisionado de la CICIG por medio de una treta diplomática, el gobierno de Jimmy Morales ha actuado de manera coordinada con la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, anunciando con pocas horas de diferencia, el primero su decisión de no renovar el acuerdo para la actuación de la CICIG, y el segundo ordenando la expulsión de la comisión de derechos humanos de la ONU que investigaba las masacres ocurridas en Nicaragua recientemente. Este comportamiento político de Morales en Guatemala, y de Ortega en Nicaragua, alegando ambos un falso nacionalismo, no es una casualidad. Ambos reflejan el poder de los militares, tanto de Guatemala como de Nicaragua, que se resisten a cualquier reforma democrática, y con ello entran en roce con los imperialismos. Pero este tipo de contradicciones no los vuelve antiimperialistas, sino que refleja una cerrada defensa de los procesos de acumulación capitalista basados en la corrupción y en el saqueo de las arcas del Estado, por eso niegan los más elementales derechos democráticos.

Si bien es cierto que Guatemala requiere una democratización profunda, también observamos en la mayoría de la izquierda y en la conducción de los sindicatos y organismos populares, claudican ante la gestión de la CICIG, manifestando un apoyo público o velado a su gestión. La “Sociedad Civil” y las ongs, la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala (URNG) y al Frente Estudiantil (organizado por la agrupación “UsacEsPueblo”, ganador en las elecciones a la AEU en agosto del año 2017), anunciaron su apoyo a la CICIG. La izquierda y las organizaciones estudiantiles, populares e indígenas deben estar claros que el enemigo de mi enemigo no necesariamente es mi amigo.

Podemos y debemos luchar unidos todos aquellos sectores sociales que buscamos la democratización real de Guatemala, pero no podemos ni debemos firmar un cheque en blanco a la CICIG y a la labor del comisionado Velásquez. La lucha no es solo entre el gobierno y la CICIG, sino entre quienes estamos por una real democratización y quienes se oponen a ella, desde diferentes posiciones. Y en este proceso de lucha y unidad en la acción debemos identificar quienes son amigos y quienes son enemigos de la ansiada democratización.

Como es de conocimiento público, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) tiene una posición ambivalente, vacilante. Por un lado, temen oponerse a las directrices del imperialismo norteamericano, pero, por otro lado, temen al curso de la labor de la CICIG: varios de los directivos importantes del CACIF han sido acusados y encarcelados por corrupción, defraudación fiscal, así como el de financiar ilegalmente a partidos políticos, como el FCN. Pero a lo que más le temen los empresarios es a la movilización popular.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) exige la renuncia inmediata del presidente Jimmy Morales, por no cumplir con las expectativas de lucha contra la corrupción, y por haber encubierto al grupo de poder militar detrás del FCN. Apoyamos la demanda del pueblo en el campo y la ciudad que han exigido desde 2016 la renuncia de Jimmy Morales.  Rechazamos al sector burgués emergente que se ha enriquecido a costa de los recursos del Estado, pero también rechazamos la injerencia del imperialismo norteamericano a través de su embajada norteamericana y la CICIG.

Guatemala necesita una profunda revolución democrática, la que quedó inconclusa con el golpe de Estado de 1954, que extermine la corrupción de las diferentes fracciones de la burguesía, que garantice la tierra para los campesinos (Reforma Agraria), el respeto de los territorios de las comunidades indígenas, que provea a la población de servicios gratuitos y eficientes de educación, salud, vivienda, transporte, salarios dignos y acordes al costo de la vida, que amplíe al máximo los derechos democráticos de la población, que se plantee la reconstrucción de Centroamérica en un solo Estado Federal, etc.

Deben ser los sindicatos, los trabajadores, campesinos, indígenas y estudiantes organizados quienes se pongan al frente de la lucha contra el corrupto gobierno de Jimmy Morales y el FCN. Llamamos a la más amplia unidad de la izquierda, de las organizaciones obreras, estudiantiles, campesinas, populares e indígenas, para movilizarnos y convocar a un Paro Nacional de 24 horas, demandado la renuncia de Jimmy Morales y todo su gobierno. Llamamos a la unidad en la lucha y la movilización de todos los sectores realmente democráticos, que se oponen al corrupto gobierno de Jimmy Morales, heredero y continuador del statu quo establecido por las fuerzas reaccionarias que acribillaron la democracia guatemalteca en 1954, para en conjunto impulsar las reivindicaciones de los trabajadores, campesinos, sectores populares e indígenas.

El PSOCA llama a movilizarnos por la convocatoria inmediata de una Asamblea Nacional Constituyente, que agrupe a los trabajadores y los pueblos indígenas, plurinacional e inclusiva, que transforme y reorganice a Guatemala en favor de los oprimidos y explotados. De igual manera, llamamos a estar vigilantes contra las maniobras del Congreso de la Republica, controlado por el FCN y sus aliados.

¡EXIGIMOS LA RENUNCIA DE JIMMY MORALES Y SU GOBIERNO!

¡PROFUNDICEMOS LA LUCHA, HASTA DEMOCRATIZAR GUATEMALA AL SERVICIO DEL PUEBLO!

¡LA CORRUPCION ES INTRÍNSECA DEL ACTUAL REGIMEN POLITICO!

¡POR UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LOS TRABAJADORES Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS, PLURINACIONAL E INCLUSIVA!

¡PARO NACIONAL DE 24 HORAS!

¡ABAJO EL “MORALAZO”!

 

Centroamérica, 31 de Agosto del 2018

 

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

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