La lucha contra el gobierno Ortega-Murillo parece haber entrado en un laberinto sin salida. El régimen ha sido herido con la insurrección desarmada de los últimos días, pero Daniel Ortega y Rosario Murillo se resisten a renunciar, más bien se aferran al poder, creando mayores dificultades al movimiento popular, las que debemos vencer para triunfar. Por ello necesitamos hacer un recuento de lo ocurrido, para encontrar soluciones a los desafíos planteados.

El Diálogo Nacional: ilusiones y decepciones

El pasado 16 de mayo fue instalado solemnemente el Diálogo Nacional, con la presencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo, los obispos de la Conferencia Episcopal y el cuerpo diplomático. Esta sesión del Diálogo Nacional fue transmitida en cadena nacional de radio y televisión. En los días anteriores, la propaganda del gobierno y de los grupos estudiantiles, con intereses y visiones distintas, habían convertido al Diálogo Nacional en la panacea de todos los problemas que originaron el levantamiento popular.

En momentos álgidos de la lucha, los delegados del Movimiento Estudiantil 19 de Abril, formado a raíz de la masacre estudiantil, compuesta por grupos de diferentes universidades, consideraban que su presencia en el Diálogo Nacional era un requisito necesario para obtener la renuncia de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Y esa era la visión entusiasta de muchos, quienes consideraban que las gigantescas manifestaciones habían demostrado que la mayoría del pueblo exigía la finalización del gobierno Ortega-Murillo.

Los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), antiguos aliados del régimen, pero temporalmente enemistados con la pareja presidencial, también compartían este punto de vista cortoplacista. La intensidad del conflicto inter burgués, obligó al COSEP a cambiar los roles de sus dirigentes principales. En momentos de confrontación con el gobierno, el anterior protagonismo de José Adán Aguerri, ha sido sustituido por el discurso más agresivo de Michael Healy, el presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC), que lidera al sector terrateniente.

Unos días antes de la instalación del Diálogo Nacional, el 11 de mayo, mediante la firma de un comunicado conjunto, se produjo una inusual alianza entre el COSEP, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), los ONGs de la llamada sociedad civil y el Movimiento Estudiantil 19 de Abril. Esta unidad en los hechos dejó de ser una táctica, y se transformó en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), en la que participa también el movimiento campesino anti canal interoceánico, organizado en el Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía

Todos estos grupos, con visiones e intereses diferentes, coincidieron en un solo punto: que el Diálogo Nacional era la solución para los problemas de Nicaragua. Las ilusiones en el Diálogo Nacional también eran compartidas por una parte de la población, que mantenía la expectativa de obtener la renuncia voluntaria de Daniel Ortega y Rosario Murillo, evitando de esta manera el estallido de una nueva guerra civil.

Ortega pretende cansar a las masas en lucha

Con la instalación formal del Diálogo Nacional se inició una gigantesca maniobra del gobierno Ortega-Murillo con el objetivo de cansar y debilitar al movimiento de masas, recomponer su imagen en el exterior, sobre todo para mantener la neutralidad amistosa de la administración de Donald Trump.

Ortega invitó a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), como demandaba la ACJD, la que arribó a Nicaragua el mismo día de la instalación del Diálogo Nacional. El discurso de Ortega no fue conciliador, sino amenazante. La instalación del Diálogo Nacional terminó en nada, debido a que ni siquiera se plantearon las exigencias de la ACJD.

La primera sesión se realizó el viernes 18 de mayo, y produjo los primeros acuerdos. En comunicado oficial, la Comisión Mediadora, formada por los obispos, expresó que todas las partes llamaron urgentemente a “detener los actos de violencia (…) Todos los sectores se comprometieron a realizar una tregua, el sábado 19 y domingo 20 de mayo, en la que el gobierno se obliga a retirar a sus cuarteles a la policía y retirar fuerzas de choque, simpatizantes del gobierno, y la sociedad civil deberá aunar esfuerzos para propiciar mejores condiciones al Diálogo, normalizar el tránsito y continuar en un mejor clima el lunes 21 de mayo 2018”.

Esta “tregua” hizo crecer las expectativas de que el Diálogo Nacional podría traer soluciones, pero reflejó al mismo tiempo las debilidades de la actual dirigencia, tanto del movimiento estudiantil como de los ONGs. Estas posturas “flexibles” le permiten al gobierno retomar la ofensiva, como efectivamente ocurrió.

La segunda sesión del Diálogo Nacional se realizó el lunes 21 de mayo, donde se produjo un nuevo acuerdo: ambas partes retomarían las 15 conclusiones del informe demoledor de la visita de la CIDH: 76 personas fueron asesinadas en el contexto de las protestas, 868 fueron heridas, 438 personas fueron detenidas. El informe de la CIDH incluyó el cese de la represión, respeto al derecho de protesta, creación de un mecanismo internacional de investigación de la masacre, investigación y sanción a los culpables, “ asegurar que los operativos de seguridad respecto a protestas y manifestaciones se ejecuten según los protocolos de actuación acordes con los estándares internacionales relativos al uso de la fuerza por agentes encargados de hacer cumplir la ley”, desmantelamiento de los grupos paramilitares, libertad de prensa, correcta atención de los heridos en los hospitales, y seguimiento internacional de los hechos.

El gobierno de Ortega ya no puede negar el alcance de la masacre y la represión, pero nuevamente maniobraba para desvirtuar el informe de la CIDH. EL FSLN dio la orden a su militancia que presentara denuncias masivas de supuestas agresiones, para colocarse en un plano de igualdad como víctimas. Ya no niega los acontecimientos, pero afirma que también hay policías y sandinistas muertos.

En esta sesión, afloraron las tensiones y las recriminaciones mutuas, debido a que el gobierno comenzó a insistir en la necesidad de suspender los “tranques” (bloqueos) en las carreteras, caminos y barrios, para garantizar el derecho al trabajo y la libre circulación.

Los tranques y el decaimiento de las marchas

Para el lunes 21 de mayo, los tranques se habían convertido en el eje de la lucha, debido a la disminución de las marchas en las ciudades. Las marchas no han desaparecido, pero se mantienen intermitentes, sin conexión una con otra, y con la tendencia a disminuir la cantidad de personas en las mismas. Este fenómeno es una consecuencia lógica de la prolongación de la lucha. Contrario al ambiente eufórico que siguió a las gigantescas marchas en Managua y otras cabeceras departamentales, Daniel Ortega no estaba con un pie en el avión, sino que se mostraba desafiante, maniobrando, para ganar tiempo y con una voluntad firme de aferrarse al poder a cualquier costo.

En las movilizaciones de finales de abril y comienzos de mayo, eran visible dos grandes segmentos sociales que marcharon unidos: sectores radicalizados de los diferentes estratos de la clase media, principalmente en Managua, y la enorme masa popular de las barriadas y los pueblos del interior. Una verdadera “insurrección desarmada” que después de varios días de lucha, comenzó a declinar por tres factores: en primer lugar, el gobierno Ortega-Murillo redujo los niveles de represión, sacando a la policía de las calles, y solamente dejando a los grupos paramilitares que golpearan selectivamente los puntos más álgidos; en segundo lugar, un gran problema subjetivo, y es que la actual conducción de este movimiento de masas ha cometido el error de priorizar las negociaciones en el Diálogo Nacional por encima de la profundización de la movilización popular, negándose a convocar a un Paro Nacional, manteniendo la lucha fragmentada, inconexa; en tercer lugar, la consigna de la renuncia de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, si no va acompañada de la necesidad de impulsar el Paro Nacional, termina convirtiéndose en un sueño irrealizable.

El gobierno Ortega-Murillo utiliza grupos para militares para mantener el asedio y zozobra sobre los tranques y recintos universitarios tomados, llegando a utilizar francotiradores o pistoleros que asesinan selectivamente a los luchadores mas combativos. Por ello, debemos organizar Brigadas de Autodefensa, para garantizar la integridad física de los compañeros que están el frente de la lucha.

Las marchas por si solas, por muy poderosas que sean, desconectadas unas de otras, no provocarán la renuncia del gobierno Ortega-Murillo si no existe el convencimiento del movimiento de masas que es necesario derrocar al gobierno asesino. Este convencimiento no ha llegado todavía, porque han existido ilusiones en las negociaciones.

Algunos de los sectores luchan honestamente contra el gobierno, conciben la movilización solamente como mecanismo de presión auxiliar dentro del Diálogo Nacional, y no como el eje de la actividad. No se comprende la relación dialéctica entre movilización y negociación. La intensidad y generalización de la movilización es determinante, es lo más importante. Mientras la movilización no sea contundente, manifestada en un poderoso paro a nivel nacional, el gobierno Ortega-Murillo maniobrará, ganará tiempo, esperando el agotamiento, mientras recompone sus fuerzas partidarias.

Por ello, el eje de ataque del gobierno se ha concentrado en desmantelar los “tranques”, que se han convertido en la principal trinchera de lucha, por el decaimiento de las movilizaciones populares. Ha exigido como punto dentro del Diálogo Nacional el levantamiento de los tranques, lo que equivale a la rendición de la lucha

Las tomas de los recintos y la dispersión de la vanguardia estudiantil

Otro factor que ha influido en el decaimiento de las marchas de protesta, es la dispersión de las masas estudiantiles, que ha sido la vanguardia de la lucha democrática.

Al suspenderse las clases de manera indefinida en las universidades públicas y privadas, se ha dispersado el sector social que inició la lucha contra el gobierno Ortega-Murillo. Las tomas de los recintos universitarios reflejaron la dinámica de lucha, y el repudio a la burocracia estudiantil de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN). Las tomas de los recintos en la UPOLI, UNI, UNA y UNAN concentran actualmente a los elementos más combativos de la vanguardia estudiantil, pero al prolongarse la lucha tenemos un resultado contradictorio: lo mas combativo y decidido de los estudiantes está aislada en los recintos, desligado de la base estudiantil. Esto, evidentemente, no es obra de los estudiantes, sino de la realidad y de la maniobra del gobierno al suspender clases de manera indefinida.

Entonces tenemos que el motor de las movilizaciones, los estudiantes universitarios, una parte está cercado en los recintos, resistiendo las presiones de los grupos paramilitares que los asedian a diario, mientras que el grueso de la masa estudiantil esta desmovilizada en sus casas, participando como individuos en las marchas de protesta.

Es urgente que las organizaciones estudiantiles discutan cómo superar esta contradicción, para volver a reunir a la vanguardia estudiantil y que ésta nuevamente revitalice las marchas de protesta contra el gobierno.

Los trabajadores siguen ausentes

A lo anterior habría que agregar que los trabajadores organizados, tanto del sector público como del privado, siguen siendo los grandes ausentes en las movilizaciones. Incluso, el gobierno Ortega-Murillo ha pretendido convertirse en abanderado del derecho al trabajo de los obreros de zonas francas, al reclamar en el Diálogo Nacional que estos no están llegando a sus centros de trabajo por el bloqueo de carreteras.

El control que el FSLN impuso a los sindicatos y centrales obreras, mantiene a los trabajadores maniatados. Esta situación ha llevado a muchos a pensar que el Paro Nacional será posible solo si los empresarios lo convocan. Los trabajadores deben romper sus cadenas y romper con las dirigencias sindicales aliadas del gobierno, creando nuevos sindicatos o comités sindicales. ¡El Paro Nacional contra el gobierno será obra de los trabajadores, o nunca será!

La agenda de democratización de la ACJD

Para la tercera sesión del Diálogo Nacional, convocada el miércoles 23 de mayo, la ACJD presentó la agenda para la democratización de Nicaragua, la cual fue presentada por la Comisión Mediadora presidida por los obispos.

El primer punto de esta agenda, demanda la realización de una “Reforma parcial de la Constitución Política a fin de adelantar las elecciones presidenciales, municipales, legislativas y de las regiones autónomas, a la mayor brevedad posible. Un título transitorio que incorpore: 1.- Reducción de períodos de autoridades nacionales, municipales, regionales y del Parlamento Centroamericano. 2.- Adelanto y convocatoria a elecciones generales de autoridades sujetas a elección popular. 3.- Reducción del período de las autoridades de los poderes del Estado: Consejo Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia y de la Contraloría General de la República”.

Como parte de la democratización, proponen “volver al porcentaje para resultar electo como presidente vigente en 1995”, es decir, restablecer el 50% mas uno de los votos para la primera vuelta electoral, y la mayoría dentro de la segunda vuelta electoral. Para realizar la reforma constitucional, proponen reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo, de manera que la presente legislatura de la Asamblea Nacional termine el 30 de junio del 2018, y la nueva legislatura comienza en agosto y termine en diciembre del 2018.

Para aplicar este plan, proponen aprobar una Ley Marco para la implementación de los acuerdos políticos del Diálogo Nacional, los que deben ser impulsados por la Asamblea Nacional controlada totalmente por el FSLN.

También plantean que el adelanto de las elecciones, debe ser vigilado por la OEA, ONU, Centro Carter y Unión Europea. La restructuración del Consejo Supremo Electoral (CSE) debe ser nombrados por consenso dentro del Diálogo Nacional, de la misma manera debe aprobarse la reforma a la Ley Electoral (que incluya las candidaturas independientes de suscripción popular) y aprobar una nueva Ley de Partidos Políticos. Así como realizar otras reformas estructurales que propicien la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia, y la independencia de los poderes del Estado.

Como se puede observar, esta agenda se concentra en una reforma constitucional para el adelanto de las elecciones, y el nombramiento por consenso de nuevas autoridades en las instituciones del Estado.

El gobierno Ortega-Murillo tildó la agenda de la ACJD como un “golpe de Estado”, porque con el adelanto de las elecciones se pretende terminar con el periodo presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y con el control absoluto del FSLN sobre las demás instituciones del Estado.

Esta pretendida agenda para democratización de Nicaragua se limita a amenazar con la convocatoria de elecciones anticipadas, pero al mismo tiempo busca como negociar, y por medio de una Ley Marco, la transición y el nombramiento de nuevas autoridades en todos los poderes del Estado. En pocas palabras, pretende un nuevo reparto de las instituciones del Estado, pero dejándole una cuota importante de poder al FSLN.

El canciller Denis Moncada Colindres, declaró asustado: “La agenda que se presentó hoy tiene visos de desmontar el Estado constitucional legítimamente electo, ese es el objetivo de esa agenda. Es una ruta para un golpe de Estado, para derrocar al Gobierno” (Confidencial, 23/05/208)

Los obispos presentaron la Agenda de la ACJD como parte del orden del día, lo que provocó el malestar del gobierno. Al no haber acuerdos, los obispos se vieron obligados a emitir un comunicado que en un su parte final, expresaba lo siguiente: “(…) Dado que hoy  no  se  ha  logrado  ningún  consenso  entre  las  partes,  los  Obispos  de la  Conferencia  Episcopal  de  Nicaragua,  como  mediadores  y  testigos  del  Diálogo Nacional  lamentamos  vernos  obligados,  debido  a  esta  falta  de  consenso,  a suspender  por  ahora  esta  mesa  plenaria  del  Diálogo  Nacional. No  obstante  sugerimos  la  conformación  de  una  comisión  mixta  de  seis  personas, tres  por  cada  parte,  con  el  objetivo  de  que  logren  un  consenso  para  superar  este (…)”. (Comunicado del 23/05/2018).

De esta manera, la realidad se encargó de poner fin a las ilusiones democráticas de que en el Diálogo Nacional se negociaría la salida de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

El gobierno acusó a los obispos de haberse parcializado a favor de la ACJD, insinuando que se debía cambiar al mediador.

El gobierno Ortega-Murillo desempolva los acuerdos secretos con la OEA, pero ….

Un día antes que el Diálogo Nacional entrara en coma, el martes 22 de mayo, arribó a Managua una delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA) encabezada por Gonzalo Koncke y Luis Ángel Rosadilla. Al día siguiente, en la tercera sesión del Diálogo Nacional, el gobierno solicitó que la delegación de la OEA participara en el Diálogo Nacional, pero los obispos respondieron que aceptarían solo si la delegación estaba encabezada por Luis Almagro.

Al final de la jornada, el Diálogo Nacional entró en crisis, pero resultó evidente que el gobierno sandinista no estaba dispuesto a hacer concesiones sustanciales en una mesa de negociación a nivel nacional, sino que necesitaba retomar los acuerdos secretos que fueron firmados en enero del 2017 con la secretaria general de la OEA, en la que el gobierno sandinista se comprometía a realizar elecciones vigiladas para el año 2021. Ante la presión ejercida por la Agenda de Democratización presentada por la ACJD, Daniel Ortega recurre a los acuerdos secretos firmados con la OEA, ya que le permitirían superar el escollo de realizar elecciones anticipadas. Esta ha sido el punto toral: Daniel Ortega se resiste a renunciar, quiere terminar su periodo presidencial y convocar a elecciones hasta el 2021.

El mismo día que el Diálogo Nacional entró en crisis, Luis Almagro difundió un video en donde, desmentía a la oposición de derecha, pero también aclaraba cual era la nueva posición de la OEA: “(…) en cuanto a la salida política en Nicaragua hemos insistido en que la salida debe ser electoral, sin exclusiones, sin habilitaciones, con un proceso electoral justo, claro, transparente. De hecho, nos encontrábamos abocados a ello, en un proceso negociador, que tenia por objetivo alcanzar ese resultado (…) Cualquiera que piense que Nicaragua tiene una solución diferente a la electoral se equivoca gravemente. Cuando la sociedad esta polarizada, la decisión debe volver en forma urgente al soberano: el pueblo. (…)”

Con esta alocución, Luis Almagro dejo a un lado los acuerdos de enero del 2017, y avanzó unos pasos mas para presionar al gobierno Ortega-Murillo para adelantar las elecciones.

Trump comienza a preocuparse por el poco avance de reformas democráticas

El 25 de mayo, dos días después de la crisis del Dialogo Nacional, el departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una corta nota de prensa, en que expresaba: “El gobierno nicaragüense debe crear las condiciones propicias para un diálogo creíble e inclusivo y garantizar la seguridad de los participantes. Hacemos un llamado al Gobierno de Nicaragua para que implemente plenamente las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) independiente, y actuemos sobre sus conclusiones para garantizar la rendición de cuentas y la justicia ante los abusos y las violaciones de los derechos humanos. Estamos extremadamente preocupados por la falta de progreso en el diálogo nacional debido a la incapacidad del gobierno de participar creíblemente en la democratización. Instamos al gobierno de Nicaragua a que negocie de buena fe y regrese al diálogo con una agenda para lograr un futuro democrático para todos los nicaragüenses”.

Hasta el momento, la administración Trump ha mantenido un perfil bajo, y en anteriores declaraciones, se inclinó por el dialogo y la implementación de reformas democráticas. El problema es que la renuencia del gobierno Ortega-Murillo puede complicar lo que Daniel Ortega ya había negociado con la OEA. A Trump le preocupa que la ausencia de reformas provoque una frustración masiva, un nuevo estallido insurreccional, un desbordamiento y radicalización del movimiento de masas. El imperialismo norteamericano quiere conducir el descontento al cauce electoral. La gran discusión es el adelanto de las elecciones, lo que implicaría la terminación anticipada del gobierno Ortega-Murillo. El imperialismo no quiere una nueva revolución, sino cambios graduales que garanticen la transición democrática

La injerencia del imperialismo norteamericano, el intervencionismo de la OEA, y las vacilaciones de los empresarios del COSEP, son factores que los estudiantes y resto del pueblo debe analizar, y por ello debemos crear nuestra propia alternativa de poder independiente.

Superar el impasse: los estudiantes deben convocar al Paro Nacional

El decaimiento temporal de las marchas ha provocado un estancamiento en las negociaciones dentro del Dialogo Nacional, y que estas se trasladen a foros como la OEA donde no hay injerencia o capacidad de decisión de las masas en lucha. Por su parte, para romper el impasse, de cara una posible reanudación de las negociaciones, la ACJD ha convocado a una marcha nacional de protesta para el 30 de mayo, Dia de la Madre. Esta convocatoria cuenta con el apoyo del COSEP y de la Iglesia Católica. La reanudación de las movilizaciones masivas es importante para arrinconar al gobierno Ortega-Murillo, pero estas jornadas de lucha, para ser realmente efectivas, deben conducir a la realización de un Paro Nacional, donde los trabajadores y los sectores populares impongan su voluntad.

En estos días, ha quedado más claro la posición timorata de los empresarios del COSEP, quienes se niegan a participar en un Paro Nacional. Pero también ha crecido el clamor popular a favor del Paro Nacional. Debido a la situación calamitosa de los sindicatos, controlados por el gobierno, creemos que la convocatoria a un Paro Nacional debe ser lanzada, en las actuales circunstancias, desde las organizaciones estudiantiles, los únicos que tienen la autoridad moral y política para convocar al resto de los sectores populares a materializar el Paro Nacional.

De igual manera, llamamos a los estudiantes a organizar brigadas de agitación que visiten los centros de trabajo, las zonas francas, y expliquen a los trabajadores la necesidad de impulsar un Paro Nacional, a partir de la declaratoria de huelga en las empresas del sector privado, incorporando también a los empleados públicos. La alianza de los trabajadores, estudiantes y sectores populares, nos dará la victoria.

Los tranques son importantes, pero jamás podrán sustituir la acción organizada de todo el pueblo. Quienes luchan desde los tranques han sido muy flexibles, permitiendo el paso escalonado de vehículos, por eso hay todavía abastecimiento en los mercados, hay combustible en las gasolineras, pero el gobierno se ha aprovechado de esta flexibilidad para matar la resistencia popular. Los costos económicos y sociales del cambio de gobierno, se pueden aminorar si el Paro Nacional se produce de manera intensa y conjunta en todo el territorio nacional.

No podemos desgastarnos en luchas aisladas, debemos unir fuerzas en un Paro Nacional, cuya convocatoria muchos están esperando. A pesar del rechazo creciente al gobierno Ortega-Murillo todavía no queda claro en muchos sectores quién podría sucederles. Por eso es muy importante discutir y clarificar el tipo de gobierno que necesitamos.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a luchar por la creación de una Coordinadora Nacional de Luchadores, compuesta por delegados de todos los sectores que están en lucha, desde quienes tienen tomadas los recintos universitarios, hasta quienes están peleando en los tranques, y barricadas en los barrios populares.

Esta Coordinadora Nacional de Luchadores debe actuar de manera independiente de los empresarios del COSEP, obedeciendo solo al mandato de los sectores populares en lucha, levantando todas las reivindicaciones de los sectores populares: aumento de salarios para los trabajadores, estabilidad en el empleo para los trabajadores estatales, reducción del precio de los combustibles para los transportistas, derogación de la Ley No 840 como lo reclama el movimiento campesino, libre organización sindical, recuperación de la autonomía universitaria, respeto a las libertades democráticas y los derechos fundamentales, etc.

Estos comités o grupos de luchadores debemos buscar la coordinación y centralización, para convertirnos en una real alternativa de gobierno democrático y popular, cuya principal tarea sea la convocatoria inmediata de una Asamblea Nacional Constituyente, que reorganice Nicaragua en beneficio de los más pobres.

 

Centroamérica, 26 de Mayo del 2018.

 

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)