Por Leonardo Ixim

Los fiscales generales de los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, Thelma Aldana de Guatemala, Douglas Meléndez de El Salvador y Oscar Chinchilla de Honduras, firmaron un acuerdo el pasado jueves 11 de agosto en la Ciudad de Guatemala, con el fin de intercambiar información para combatir a las maras. En la reunión también participaron los ministros de seguridad de Honduras y El Salvador y el ministro de gobernación de Guatemala, así como representantes de los ministerios de defensa de los tres países

Coordinación bajo la égida gringa

En esta reunión también sobresalió que el Buró Federal de Investigaciones (FBI según sus siglas en inglés) y otras agencias de seguridad de Estados Unidos respaldarán ese trabajo, asesorando en técnicas de combate trasnacional y facilitando información a los ministerios públicos de estos países. Esto se enmarca dentro de los ejes del Plan Alianza Para la Prosperidad, pues en recientes fechas el presidente gringo Barack Obama solicitó al Congreso estadounidense la aprobación de más recursos nuevamente por un monto de 750 millones de dólares, dentro del presupuesto de ese país para 2017 (El País de Costa Rica 11-08-16).

Esto se sumaría al monto anteriormente aprobado por la misma cantidad para el fortalecimiento institucional en materia de combate al crimen por un lado, en supuestos programas para generar fuentes de empleo y desmotivar la migración hacia el norte por otro, y en toda una serie de proyectos de inversión de capital estadunidense en la explotación de recursos naturales en la región.

De estos nuevos US$ 750 millones por su parte, se conoce poco cómo se aplicarán y cuáles serán las prioridades; tan solo transcendió a la prensa, en palabras del fiscal salvadoreño, que se centran en golpear la logística y la forma en que las maras se agencian de recursos, para eso tendrán el apoyo del Centro Anti Pandillas del FBI que opera en Honduras (La Prensa de Honduras 12-06-16).

Se crean nuevos organismos de seguridad

Otra medida que trascendió fue la creación de un Grupo Elite de Seguridad conformado por elementos civiles y militares de los tres países de la región, que impulsará un plan operativo con actuaciones de seguridad fronterizas, de acuerdo con las prioridades de modalidades delictivas seleccionadas para cada país (La Vanguardia, España 13-06-16).

La movilidad relativamente laxa de las personas y mercancías que existe en la región se ha convertido en una fortaleza para las pandillas, quienes, pese a operar con características propias en cada país, se respaldan entre sí para sus operaciones financieras y logísticas (Cerigua, Guatemala 12-18-16). En tal sentido es que la estrategia imperialista se centra en fortalecer capacidades a los organismos de seguridad de la región.

El apoyo estadunidense ha sido evidente con respecto a los casos llevados en Guatemala por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Contra la Impunidad (FECI), que trabaja en coordinación con la primera. Con el apoyo técnico de agencias como el FBI o la CIA a estos organismos para desarticular redes de corrupción dentro del Estado, pero con poco interés para desarticular estructuras paramilitares que afectan a las luchas sociales, atemorizando y atentando contra la vida de líderes sociales.

De igual forma, hace unos días en Honduras se desarticuló una red de inversiones licitas y previo blanqueo de dinero de parte de la Mara Salvatrucha en ese país, donde invertían en empresas de todo tipo con dinero de actividades ilegales. Esta operación, denominada Avalancha, fue llevada a cabo por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), un organismo policial especial que no depende de la corrompida Policía Nacional de ese país y cuenta con el respaldo del Centro de Anti-Pandillas del FBI, con sede en ese país y que cumplirá en un papel importante en apoyo a los organismos de seguridad según estos acuerdos.

Lo sobresaliente fue que esta operación llevada a cabo por ATIC, no contó con la coordinación de la policía de ese país que, en palabras del director de ese órgano, Ricardo Castro, en “este momento hay que desconfiar de todo y la Policía Nacional no pasa por un mejor momento para poder trabajar con ellos” (El Heraldo, Honduras 04-05-16). Como parte de las operaciones se capturó a jefes de la policía hondureña que trabajaban para la Mara Salvatrucha.

Todo esto nos sigue posicionado fuertemente como parte del patio trasero de la potencia estadunidense, que pasa por distintos tipos de planes y proyectos como los tratados de libre comercio, el Plan Mesoamérica, la fallida iniciativa de apoyo a organismos policiales como el CARSI y ahora el Plan Alianza Para la Prosperidad, donde se pretende implementar articuladamente las distintas iniciativas comerciales, infraestructurales, de emprendimientos productivos y de seguridad, anteriormente dispersos.

Este plan estará conectado al mesoamericano, que abarca desde el centro de México hasta Colombia, y que entre sus elementos mas sobresalientes tiene el sistema de interconexión eléctrica regional, que acompaña emprendimientos productivos mineros e hidroeléctricos. Las potencias, sobre todo Estados Unidos y las europeas, son las más favorecidas por estos programas, pero los intereses chinos en Nicaragua y Costa Rica y rusos en el primer pais y algunos emprendimientos mineros rusos en Guatemala y Honduras, hacen a nuestra región un espacio de disputas, pero también de acuerdos entre imperialismos.

Sobre las pandillas

Existen dos grandes maras con redes internacionales, aunque con operaciones nacionales diferenciadas, como son la 18 y la Salvatrucha, con orígenes en las comunidades de emigrados centroamericanos y mexicanos del sur de California, que finales de la última década del siglo pasado, muchos de sus integrantes fueron deportados a sus lugares de origen, y encontraron un caldo de cultivo para el florecimiento de sus actividades criminales en nuestros países.

Estos pandilleros retornados aprovecharon la existencia de una generación completa de jóvenes y adolescentes, sin acceso a educación, sin empleo y otros derechos sociales básicos, herederos de las guerras que asolaron sobre todo a Guatemala y El Salvador, de una cultura de terror e impunidad impuesta por las clases dominantes y de las condiciones económicas de explotación a la clase trabajadora, pues los padres de muchos de ellos emigraron hacia el norte, con empleos mal pagados o aun peor sin empleo; fueron producto de procesos de socialización anómalos.

La aplicación del proyecto neoliberal en la región aumentó las condiciones de desigualdad y de aumento exponencial de jóvenes sin empleo y sin educación, que además se identificaron con la cultura del dinero fácil y el crimen, lo que fue fortaleciendo el fenómeno de las pandillas. Pero que además se convirtió en una oportunidad para ex militares, algunos en el negocio de las agencias de privadas de seguridad, quienes, tanto para fines pecuniarios como políticos, manteniendo la impunidad, han armado a algunas estructuras de las maras para mantener la zozobra dentro de la población por medio de la delincuencia y en algunos casos, contra liderazgos populares locales en colonias y comunidades rurales. Todo esto ha terminado afectando las prioridades de seguridad y de inversiones de los gringos.

En el caso de El Salvador, los dos partidos mayoritarios, por ejemplo, han usado clicas y estructuras de las maras para sus fines políticos, y en los últimos meses este país afrontó una ola de violencia protagonizada por estas estructuras y fomentada por la acción represiva del Estado controlado por el FMLN, tras el fracaso de la tregua entre las pandillas.

En ese país también se dan casos -que en menor medida se dan en los otros dos- donde las clicas se convierten en un fenómeno que penetra la vida cotidiana de las comunidades, y ya sea por miedo o por afinidad, las familias de los pandilleros y los vecinos se convierten en cómplices de las actividades de las maras, transformándose en algunos casos las clicas en estructuras de defensa contra la violencia policial. Pero eso no los exime, como ha pasado recientemente en Guatemala, de que con sus actividades ilícitas y en algunos casos hasta terroristas, afecten a la clase trabajadora en su conjunto.

Las maras son instituciones que son parte del panorama social, y que al igual que otras, tales como los ejércitos o la iglesia católica, son afectadas por el vaivén de la lucha de clases. Son además empresas donde cuyos jefes lucran de todo tipo de actividades lícitas e ilícitas y con conexiones con grupos de poder. Sin embargo, en la base, sus soldados y colaboradores con pocas oportunidades de empleo, se vuelven una amenaza para los gobiernos sin importar los rasgos ideológicos de la región, porque podrían asumir posturas revolucionarias contra las injusticias de un sistema que mantiene las condiciones neocoloniales.