La actual lucha de poder en Guatemala es también un reflejo de los profundos cambios en la realidad centroamericana. Estados Unidos aplastó a la revolución centroamericana en los años 80, después de la firma de los Acuerdos de Paz en 1987, 1992 y 1996 desarmó a las guerrillas e impuso un nuevo orden regional creando el SICA y otros organismos, pero el nuevo orden imperialista no trajo una consolidación de la democracia, ni un mayor desarrollo económico, sino todo lo contrario: nuestros países se fueron desintegrando lentamente por la ofensiva neoliberal.

En toda la región, los sectores burgueses tradicionales, lejos de fortalecerse, se fueron debilitando. Surgieron nuevos sectores burgueses, amamantados por la corrupción y el reparto del presupuesto estatal. Este es el origen del prolongado conflicto inter burgués en Guatemala, y que también tiene expresiones parecidas en otros países de la región.

Guatemala tiene una particularidad: la agónica democracia burguesa no funciona con un régimen estable de partidos políticos, sino que estos son creados en cada coyuntura electoral y desaparecen al terminar las elecciones, o al terminar del periodo presidencial. La Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) es una excepción a esta regla.

Desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, en Guatemala, se estableció gradualmente y se consolidó un statu quo reaccionario, en donde, desde las sombras, las mafias han ejercido el poder, especialmente bajo las administraciones de Perez Molina, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei.

Los niveles de corrupción y decadencia económica son tan graves, que el conflicto inter burgués se expresó con fuerza en la campaña electoral, en donde Bernardo Arévalo, candidato no muy conocido del recién creado partido Movimiento Semilla logró colarse hasta la segunda vuelta, y terminó ganando las elecciones, a pesar del ambiente de escepticismo y abstencionismo.  La clase media urbana se rebeló, y junto a los sectores populares e indígenas reclamaron un cambio de gobierno.

El triunfo de Arévalo, expresión del descontento popular, tomó desprevenidas a las mafias en el poder. Entonces, desde el Ministerio Publico (MP) iniciaron una furiosa campaña  para anular los resultados de la segunda vuelta electoral. Primero fue la anulación de la personalidad jurídica del partido Semilla, después la incautación  de las actas de votación, más adelante el antejuicio contra Arévalo, y finalmente la declaración de fiscales de segundo orden de que las elecciones fueron nulas.

Estados Unidos tiene profundas contradicciones con las mafias de Guatemala en el poder, porque estas, en su afán de acumular capital, no siguen sus dictados de manera estricta. Estas no son antiimperialistas, para nada, pero el conflicto ahí está. Por esta razón, Estados Unidos apoya incondicionalmente a Arévalo, aplica sanciones y amenaza con muchas más, porque ve una magnífica oportunidad de recuperar el control pleno en Guatemala.

Sentencias van y vienen. La última fue pronunciada por la Corte de Constitucionalidad (CC), callándole la boca a los fiscales del MP, pero a su vez confirmando que las investigaciones sobre el Movimiento Semilla y Bernardo Arévalo deben continuar, con el claro objetivo de clavas banderillas para obligarlos a negociar un punto clave: que el próximo gobierno no toque el poder de las mafias.

Se está cerrando la crisis relacionada con el resultado electoral, pero se abrirá una nueva, mucho más intensa, apenas Arévalo asuma la presidencia de la república el 14 de enero. El gobierno de Arévalo estará bajo tres fuegos: por un lado, las aspiraciones democráticas y de cambio de la mayoría de la población, por el otro las presiones del gobierno de Estados Unidos para que el nuevo gobierno sea títere de sus políticas, y finalmente la resistencia de las mafias que defenderán a muerte sus negocios y espacios de poder.

Por nuestra parte, desde el PSOCA siempre llamaremos a continuar la lucha, emplazando a Bernardo Arévalo y Karin Herrera para que cumpla sus promesas, plantear nuevas exigencias, alertando siempre que los trabajadores, los sectores populares y las poderosas organizaciones indígenas deben mantener la independencia política a cualquier costo.