Después de 1990, obedeciendo los lineamientos del Consenso de Washington, en todos los países de Centroamérica se privatizó, total o parcialmente, la generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica. La excepción a este panorama desolador sigue siendo Costa Rica, en donde el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se salvó de la privatización con las luchas del año 2000, pero en los últimos años ha crecido la generación de energía eléctrica en manos privadas, debilitando con ello al gigante estatal.

Los nuevos dueños de la industria eléctrica en Centroamérica son transnacionales, destacándose entre ellas UNION-FENOSA, quienes no han realizado mayores inversiones en infraestructura pero sí se han preocupado por obtener jugosas ganancias. El gran negocio de estas transnacionales ha sido la producción de energía térmica a partir del petróleo.

El resultado de estas privatizaciones ha sido una permanente crisis de energía en todo el istmo, y precios de la energía eléctrica cada vez más altos, relacionados con la constante alza del precio del petróleo a nivel internacional.

Los apagones y racionamientos en todos nuestros países constituyen una especie “lock out” de las transnacionales que chillan y presionan por obtener cada vez más ganancias. Los casos más dramáticos en la actualidad son Honduras y Panamá, países en donde la privatización ha conducido a crisis recurrentes. En Honduras hay apagones, aunque el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE) ha denunciado correctamente que se trata de una crisis artificial para chupar la sangre del pueblo. En Panamá, con el pretexto de la sequía, la escasez de energía conduce irremediablemente al alza de precios de la tarifa.

A pesar de que vivimos en países tropicales, donde lo que más abunda son los ardientes rayos del sol, los gobiernos no se muestran interesados en la generación de energía solar, o eólica, porque atentaría contra los negocios de las transnacionales, que para evitar el cambio de la matriz energética se encargan de repartir coimas entre funcionarios corruptos en toda Centroamérica.

Las represas hidroeléctricas que fueron construidas antes del inicio de la ofensiva neoliberal ya no dan abasto a la creciente demanda de energía eléctrica, y yacen como monumentos agonizantes del modelo económico de la época del Mercado Común Centroamericano (MCCA), donde prevaleció el criterio de desarrollar una modesta industria manufacturera que sustituyera las importaciones.

La crisis energética se ha transformado un grave problema para la economía capitalista en Centroamérica y en un flagelo cotidiano para las masas trabajadoras y populares. En la mayoría de los países de Centroamérica, en las barriadas y asentamientos populares, la gente que ya no puede pagar el precio de la energía, sencillamente ha optado por conectarse de manera ilegal.

Esta expropiación individual de un servicio vital que el Estado debe garantizar a todos los seres humanos, es utilizado por las transnacionales para subir el precio de la energía eléctrica, y al final de cuentas la clase media, ordeñada por las constantes reformas fiscales, termina pagando los platos rotos de la privatización de la industria eléctrica.

En los últimos años, las burguesías en Centroamérica han creado el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC), para socorrerse y venderse energía mutuamente, lo que confirma una vez más que somos una sola nación dividida artificialmente en siete Estados diminutos. Pero mientras las burguesías y las transnacionales integran el mercado eléctrico centroamericano para hacer negocios, los sindicatos del sector eléctrico estamos divididos, separados, por las rayas fronterizas.

Recientemente, los campesinos e indígenas de Guatemala, agrupados en el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) nos acaban de dar una tremenda lección de lucha: están exigiendo la nacionalización de la industria eléctrica, como una forma de garantizar precios justos a la población pobre. Lo que no han planteado los sindicatos, lo han hecho los campesinos e indígenas, estos últimos los más fervientes defensores del medio ambiente.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a los sindicatos del sector eléctrico y al resto de las centrales obreras y campesinas de Centroamérica, a levantar unidos la exigencia de nacionalización de la industria eléctrica, bajo control obrero y de las comunidades.