Por Emilio Young

Panamá es quizá el país más estable de la región centroamericana. Los datos macro económicos muestran cierta estabilidad económica y política, aunque en el último periodo hay fuertes síntomas de deterioro fiscal.

En este marco, cuando los buenos negocios se vuelven escasos y complicados, se ha venido desarrollando un fuerte conflicto entre diferentes alas de la burguesía, especialmente bajo el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), y que se ha prolongado bajo el actual gobierno de Juan Carlos Varela.

La crisis del régimen

Después de la invasión norteamericana a Panamá en 1989, que derrocó al gobierno del general Manuel Antonio Noriega, se instauró una democracia burguesa neocolonial basada en el difícil juego político entre dos grandes fuerzas: el Panameñismo (partido fundado por Arnulfo Arias), representante de la oligarquía y la burguesía tradicional, por un lado, y el torrijista Partido Revolucionario Democrático (PRD), que representaba a la oficialidad de la Guardia Nacional (GN), a la clase media y sectores populares, pero que venía de sufrir la paliza de la invasión.

En un periodo de 20 años (1989-2009) en que el Panameñismo y el PRD se alternaron en el gobierno, se produjo un rechazo masivo a ambos partidos. En el año 2009 el empresario Ricardo Martinelli, uno de los más ricos de Panamá, con la bandera de lucha contra la corrupción y al frente del Partido Cambio Democrático (CD), encabezó una alianza electoral que le permitió conquistar la presidencia de la República.

El fracasado proyecto bonapartista de Martinelli

Sin lugar a dudas, en su momento Martinelli reflejaba las aspiraciones políticas de un nuevo sector burgués, que logró manipular hábilmente el rechazo de la población al bipartidismo que en los hechos se había instaurado, y que necesitaba tomar el poder para consolidarse económicamente. Una vez en el poder se aceleraron las contradicciones entre Martinelli y los otros sectores de la burguesía, por el manejo de los recursos del Estado.

Este enfrentamiento tuvo diversas etapas. Sectores del Panameñismo participaron en la alianza electoral junto a Martinelli, entre ellos se encontraba Juan Carlos Varela, quien provenía del Panameñismo y llegó a ser ministro de relaciones exteriores pero fue destituido abruptamente en 2011, cuando Martinelli se opuso a que fuera candidato presidencial en las elecciones del 2014.

Martinelli impulsó un proyecto bonapartista, pretendió instaurar un régimen fuerte, que permitiera la consolidación económica de su sector, pero en este proceso se topó con la oposición de un importante sector del Panameñismo y del propio PRD, quienes tenían copadas las instituciones del Estado. Muchas de las leyes impulsadas por Martinelli terminaron siendo derogadas, por los conflictos sociales que generaba.

En diferentes oportunidades, Martinelli intentó abordar el tema de la reelección presidencial, pero no pudo avanzar. En el año 2013, en relación a la reelección se quejaba: "Panamá todavía no está lista para eso. En Panamá debemos madurar esta democracia, porque aquí hay mucho recelo y mucha intranquilidad de muchas personas, y el sistema no está hecho para que un partido repita (en el poder)… Voy a seguir involucrado en política, lógicamente, y como presidente de CD, que va a ser una fuerza preponderante, al tener aún mucho que aportar." (Telemetro, 27/02/2013).

Martinelli no logró imponer un régimen bonapartista, como lo hizo el general Omar Torrijos, debido a la constante lucha de masas bajo su gobierno, y por supuesto a la feroz oposición de otros sectores de la burguesía.

Clientelismo y corrupción generalizada

En medio de este conflicto interburgués, Martinelli desde el gobierno impulsó programas de asistencia social con el objetivo de consolidar la base electoral del nuevo partido CD. Mientras Martinelli tiraba migajas a la mesa de los pobres, tuvo una ambiciosa política de saqueo de las finanzas del Estado para consolidarse él como empresario y fortalecer un nuevo sector burgués.

Al final del gobierno de Martinelli comenzaron a estallar los escándalos políticos y las denuncias de corrupción generalizada a todos los niveles. Prácticamente todo el gabinete de Martinelli participaba en los oscuros negocios y en el saqueo del erario público.

Forcejeo por la Asamblea Nacional

Juan Carlos Varela ganó las elecciones presidenciales del 4 de mayo del 2014, con la alianza “El Pueblo es Primero”, pero obtuvo solamente 13 diputados, mientras que CD y sus aliados obtuvieron 32 diputados. El PRD, a pesar de su crisis, obtuvo 25 diputados. Con esa correlación de fuerzas, el poder ejecutivo no tenía control sobre la Asamblea Nacional.

El primer gran forcejeo se produjo con la impugnación de 20 diputados. De los 71 diputados de la Asamblea Nacional solo 51 pudieron tomar sus cargos, porque el resto fueron impugnados, lo que obligó al Tribunal Electoral (TE) a convocar en diciembre del 2014 a nuevas elecciones en 4 circuitos plurinominales. Al final, la Asamblea Nacional queda conformada así: Cambio Democrático 25 diputados; Partido Panameñista 16 diputados; el PRD 26 diputados; Partido Molirena 2 diputados; Partido Popular 1 diputado y 1 diputado Independiente. Ninguna fuerza tenía el control mayoritario. Martinelli siguió siendo una fuerza decisiva, que el gobierno de Varela debía tomar obligatoriamente en cuenta.

El “gobierno paralelo” y el pacto de gobernabilidad

Antes de entregar la presidencia, Martinelli aprobó un conjunto de leyes y el nombramiento de altos funcionarios en las instituciones del Estado, dejando montado un “gobierno paralelo”.

Varela solicitó la renuncia de estos funcionarios, pero solamente dos funcionarios renunciaron, el resto se mantuvo desafiante y fieles a su patrón Martinelli, quien había dejado un blindaje para evitar las represalias en su contra.

A los 45 días de haber asumido la presidencia, Juan Carlos Varela derogó, mediante el Decreto Ejecutivo No. 472, los 19 decretos ejecutivos que Martinelli firmó, entre ellos los 355 indultos a ex altos funcionarios.

El Decreto Ejecutivo No. 472 en sus partes medulares expresa que “El Estado panameño está obligado a combatir la impunidad por todos los medios disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la indefensión de las víctimas y sus familiares”.

Pero Varela no quiso negociar con Martinelli, y más bien giró hacia el PRD estableciendo un pacto de gobernabilidad que permitió desmontar el gobierno paralelo, elegir nuevos funcionarios y reorganizar las instituciones del Estado, a partir de una serie de leyes aprobadas por la nueva coalición mayoritaria dentro de la Asamblea Nacional.

Conflicto al rojo vivo.

El conflicto entre estas corrientes burguesas está personificado en el enfrentamiento entre el actual presidente Juan Carlos Varela, y el ex presidente Ricardo Martinelli, quien lamenta la enemistad de su antiguo aliado: "Juan Carlos Varela era mi amigo inseparable; éramos uña y mugre...hablábamos de todo. Yo le contaba mis problemas personales, él me contaba los suyos", ejemplarizó el expresidente para demostrar la cercanía que había entre ambas figuras políticas (Critica 19/1/2015).

Aparentemente estamos ante un conflicto de personalidades, pero no es así. Estos personajes representan grupos de poder que están chocando desde tiempo atrás, pero ahora el enfrentamiento está llegando al punto que la Corte Suprema de Justicia autorizó el desafuero del expresidente Martinelli, quien huyó del país y se mantiene en el extranjero, a la espera de los acontecimientos.

Martinelli y sus ministros están siendo acusados de corrupción, a algunos ya se las ha procesado, a otros también se les levantó el fuero electoral, incluido José Domingo Arias, candidato presidencial de CD en las pasadas elecciones.

Este conflicto fue subiendo de intensidad. Martinelli buscó refugio en el PARLACEN, una institución que había atacado furiosamente, pero no encontró apoyo. Rafael Espada, diputado guatemalteco y vicepresidente del PARLACEN, dijo: "Si el Congreso panameño no da inmunidad a sus diputados, el Parlacen tampoco. Porque el Parlacen reconoce lo que dice el sistema panameño. Lo digo porque la gente cree que viene a protegerse de lo que hizo en el pasado y eso es falso, nadie viene acá (al Parlacen) a protegerse de lo que ha hecho. Inmunidad no es impunidad"(ACAN-EFE 30/01/2015).

La lucha contra la corrupción

La maquinaria judicial, nuevamente bajo el control de la alianza Panameñismo-PRD, ha comenzado una serie de juicios contra casi todo el gabinete de Martinelli, incluido él mismo. De los 9 Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que en reunión extraordinaria resolvieron abrir el proceso de investigación a Martinelli, 5 fueron nombrados por el exmandatario.

Los casos más sonados de esta corrupción generalizada son las coimas de 33 millones de dólares por la compra de radares y helicópteros de lujo a la empresa italiana FINMECCANICA, y los fraudes cometidos en la compra de alimentos deshidratados hasta por un monto de hasta 45 millones de dólares.

Martinelli se ha defendido argumentando que “(...) no necesito del erario público, soy el empresario más grande de Panamá y el que más impuestos paga. Vine al Estado a servir y no a servirme del Estado. Van a inventarse un proceso, a fabricar pruebas contra mí y van a violarme todos los derechos." (Europa Press, 10/2/2015).

Pero los hechos y las pruebas demuestran lo contrario. En este pleito inter burgués, el talón de Aquiles de Martinelli son las múltiples denuncias de corrupción. Esta pasada de cuentas, tiene el objetivo estratégico no de luchar contra la corrupción (algo intrínseco a todas las fracciones de la burguesía y del sistema capitalista), sino de arrancar a los diputados de CD del férreo control de Martinelli.

¿Qué hacer?

No hay duda que Martinelli y su grupo se enriquecieron aún más con los fondos del Estado. Pero tampoco podemos perder de vista que las pasadas de cuentas son los métodos que utiliza la burguesía, cuando se acaban las negociaciones. Y a veces también las pasadas de cuentas se utilizan para obligar a la otra fracción a negociar.

Los sectores democráticos y de izquierda que se han movilizado recientemente, lo hacen sinceramente para fortalecer la lucha contra la corrupción. A ellos les decimos que el único mecanismo de lucha contra la corrupción es la aplicación del control de los trabajadores sobre la producción y sobre las instituciones del Estado.

Por Olmedo Beluche

La invasión norteamericana a Panamá, la madrugada del 20 de diciembre de 1989, fue la culminación y desenlace de un proceso de crisis política, económica y social que se originó varios años antes. La década de 1980 estuvo marcada, en Panamá, por las crecientes luchas obreras y populares que se enfrentaron a los distintos gobiernos del régimen militar, a sus planes económicos, a su origen antidemocrático y a sus medidas represivas.

Las movilizaciones populares arreciaron y terminaron por liquidar la base social de susten­tación del régimen militar, que en 1984, mediante un pacto entre la embajada de Estados Unidos y la cúpula militar, impuso en la Presidencia de la República al ex vicepresidente del Banco Mundial, Nicolás Ardito Barletta. La intención de imponer el gobierno de Ardito Barletta era la de llevar a cabo un plan de “democratización” controlado para aplicar las medidas económicas fondomonetaristas dictadas por los intereses financieros del imperialismo norteamericano.

Sin embargo, los trabajadores y las masas populares panameñas destrozaron con sus luchas este pacto (Reagan - Noriega). Entre 1984 y 1987 se produjeron múltiples huelgas y movilizaciones contra los planes fondomonetaristas de Ardito Barletta y su sucesor Eric A. Delvalle.

En ese período los trabajadores del sector privado, dirigidos por el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), realizaron dos huelgas generales, la última de diez días de duración. Los trabajadores del sector público realizaron siete paros nacionales dirigidos por la FENASEP. Los gremios médicos y magisteriales llevaron a cabo al menos dos paros nacionales dirigidos por la Coordinadora Civilista Nacional (COCINA), uno de los cuales infringió la primera derrota al plan fondomonetarista al lograr la derogación de la Ley 46 en octubre de 1984. Esto sin contar con las huelgas sectoriales o por empresas e instituciones por motivos específicos, las protestas barriales y las movilizaciones directamente políticas como las que se produjeron a raíz del asesinato de Hugo Spadafora.

Este fue el clima de luchas sociales reinante durante el régimen encabezado por el general Manuel A. Noriega. A estas protestas populares se sumaron las contradicciones por el poder a lo interno del sector civil militar del régimen y las maquinaciones de la Alianza Democrática de Oposición. La combinación de todos estos factores estuvo presente en el momento del estallido popular que siguió a las declaraciones del coronel Roberto Díaz Herrera en junio de 1987.

Las movilizaciones populares de junio, julio y agosto de ese año marcan el punto más bajo de credibilidad para el régimen político imperante. Credibilidad que Noriega y su régimen no volverían a recobrar. El régimen había hecho crisis y el imperialismo, la burguesía panameña y los militares divergían sobre quién debía pagar los platos rotos. Era necesario un recambio para estabilizar la situación y evitar que una verdadera e incontrolable revolución popular barriera el régimen. La clase dominante panameña, así como cada vez más el gobierno nortea­mericano, exigían la salida de Noriega para salvar la situación. Noriega no estaba de acuerdo.

La Cruzada Civilista organizada por los sectores empresariales pro imperialistas al calor de esas movilizaciones buscaba, y lo logró, constituirse en la dirección política del descontento de las masas que era en gran medida espontáneo, o dirigido por sindicatos y gremios que se quedaban en los reclamos económicos sin plantearse la organización de una alternativa política de carácter popular en oposición al régimen militar.

La Cruzada Civilista y después la ADO - Civilista, se constituyeron en las fichas de recambio que el imperialismo quería para el desgastado régimen de Noriega. La Cruzada se propuso erigirse en dirección política de las masas para luego impregnarlas de sus métodos de “lucha” inocuos (rezos, pañuelos, caravanas y paros empresariales), y finalmente llevarlas a la des­movilización bajo la convicción de que de afuera vendría la “solución” a los problemas del pueblo panameño. Que los principales dirigentes sindicales y populares del país aparecieran respaldando al impopular régimen de Noriega, así como el hecho de que no surgiera una oposición masiva al régimen desde la izquierda, ayudó a los propósitos de la Cruzada Civilista y al impe­rialismo norteamericano.

El régimen de Noriega respondió a las presiones políticas del imperia­lismo, a sus sanciones económicas y a sus amenazas militares arreciando la represión a las libertades democráticas internas, haciendo recaer sobre los trabajadores el peso de la crisis económica y no tocando ni un centavo a las transnacionales yanquis y a sus socios panameños que aupaban la intervención norteamericana. Todo esto llevó a que, por primera vez desde 1903, un sector importante de las capas medias y altas apoyaron abiertamente la intervención militar norteamericana. De esta manera se resquebrajó la tradición de décadas de rechazo rotundo de la mayoría de los panameños a la presencia norteamericana en nuestro país.

Este preámbulo histórico, cuyos elementos centrales deben ser materia de un análisis más detenido en futuras investigaciones, ha sido necesario para que se comprenda el clima político reinante en diciembre de 1989 que posibilita la sangrienta invasión norteamericana y se entienda por qué algunos sectores del país, lejos de combatir al ejército invasor, lo reciben con los brazos abiertos.

Este preámbulo también sirve para comprender el comportamiento in­consecuente de la cú­pula militar norieguista. La dirección de las FDP no alertó a la población. Por el contrario, escondió desde días antes armas de alto calibre, únicas capaces de enfrentar exitosamente a la aviación y a los tanques enemigos (como los llamados “RPG”). Se negó a entregar armas a muchos miembros de los Batallones de la Dignidad y civiles que se acercaron a los cuarteles. Finalmente, salvo honrosas excepciones, acabó entregándose sin disparar un solo tiro.

Pero esta dramática situación política y militar, que presagiaba la vic­toria de la invasión norteamericana, engrandece la figura de aquellos cientos y miles de hombres y mujeres panameños que esa madrugada y los días subsiguientes empuñaron un arma para defender la patria agredida. Estas circunstancias otorgan el carácter de héroes nacionales a aquellos soldados y suboficiales de las Fuerzas de Defensa, a aquellos combatientes de los Batallones de la Dignidad y a aquellos civiles que murieron defendiendo nuestro inalienable derecho a ser un país soberano e independiente.

El año de 1989 estuvo completamente marcado por la agudización de la crisis política interna y por el aumento descarado de las maniobras militares norteamericanas en áreas no designadas para ese efecto por los tratados Torrijos-Carter.

Estos acontecimientos se sucedieron de manera vertiginosa: La anulación de las elecciones del 7 de mayo; el envío de dos mil nuevos soldados norteamericanos a las bases acantonadas en Panamá; el fallido intento de mediación de la OEA; la instalación del gobierno provisional del presidente Francisco Rodríguez; el no re­conocimiento diplomático de Estados Unidos; el intento golpista del 3 de octubre, con su saldo de muertos; el Senado otorgó plenos poderes a George Bush para actuar en Pa­namá; nuevas san­ciones contra el gobierno y empresas privadas panameñas anunciadas el 19 de octubre por Was­hington; la aprobación de las llamadas “leyes de guerra”; el aumento de las maniobras militares norteamericanas en áreas civiles panameñas y los primeros enfrentamientos “verbales” de los Batallones de la Dignidad con los marines; el anuncio de mayores sanciones a partir de 1990 con el no reconocimiento del nuevo administrador del Canal propuesto por Panamá y la prohibición de arribo de buques de bandera panameña a puertos norteamericanos.

Los cinco días anteriores a la invasión los hechos se suceden con mayor velocidad aún: El día 15 de diciembre la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos designan al general Manuel A. Noriega como jefe de Gobierno para "conducir al país mientras persista el estado de guerra que sufre la República de Panamá, como consecuencia de la constante y despiadada agresión desarrollada por Estados Unidos de Norteamérica”. Otra resolución “declara a la Re­pública de Panamá en estado de guerra, mientras dure la agresión desatada contra el pueblo panameño por el gobierno de Estados Unidos de América...(Los acuerdos de la Asamblea de Representantes no tenían fuerza de ley. Más bien reflejaban el sentir de un sector cercano al gobierno de turno).

Al día siguiente, sábado 16, a las 9 de la noche, un vehículo conducido por soldados nortea­mericanos vestidos de civil rompe las barreras de los retenes ubicados frente al Cuartel Central de las Fuerzas de Defensa de Panamá y abren fuego. Los soldados panameños apostados en el lugar, devuelven el fuego hiriendo de muerte al teniente Robert Paz Fisher. El domingo 18, a las 11:30 a.m., un infante de marina dispara contra el cabo César Tejada en el área de Curundú frente a las oficinas del MIVI, hiriéndolo en el brazo izquierdo.

El día 19 transcurrió bajo una calma aparente. La población se dedicó a sus actividades normales, comentando los incidentes ocurridos y sin saber lo que les esperaba. Pese a que a algunos funcionarios, especialmente de las Fuerzas de Defensa, como en Sanidad Militar, se les había recomendado acumular comida y no hacer los gastos suntuarios acostumbrados para Navidad, lo cierto es que la mayoría de los panameños dudaba que una invasión se fuera a producir. Al caer la noche los noticieros televisivos estadounidenses, que se reciben por cable en Panamá, reportaban un inusual movimiento de aviones hacia Panamá.

Las agencias de prensa empezaron a pedir confirmación a sus reporteros en Panamá. Aproximadamente a las 9:00 p.m. el poblado de Veracruz empieza a notar el arribo constante y masivo de aviones a la base de Howard. Ya a esa hora se encontraban apostados a lo largo de la Avenida de los Mártires soldados panameños, conocidos como los “Macho de Monte”. Poco antes de la medianoche era atacada la estación de las Fuerzas de Defensa de Balboa (frente al YMCA) y las patrullas de la policía canalera eran neutralizadas, luego fueron atacadas las oficinas del DENI y de la Dirección de Tránsito. A las 12:45 a.m. empezaba el bombardeo aéreo al Cuartel Central y en el barrio de El Chorrillo.

 Diputados del PRD y el Panameñismo negociaron el Acuerdo de Gobernabilidad

Por Emilio Young

Juan Carlos Varela, candidato ganador de la alianza “El Pueblo es Primero”, conformado por el Partido Panameñista y el Partido Popular, asumió el pasado 1 de Julio la presidencia de Panamá, en medio de grandes expectativas de cambio. Atrás quedó la pretensión continuista de Ricardo Martinelli.

El electorado, cansado del autoritarismo y la corrupción campante bajo el gobierno de Martinelli, terminó volcándose levemente a favor de la oposición de derecha que representaba Varela. El 39% votó por Varela, el 31% por el candidato del entonces oficialista Cambio Democrático (CD) y el 28% a favor del candidato del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

¿De donde viene?

Juan Carlos Varela pertenece a una nueva generación de líderes del Panameñismo, corriente burguesa conservadora.En el año 2009 formó parte de la alianza CD que ganó las elecciones, llevando a Ricardo Martinelli como candidato a Presidente y al propio Varela como Vicepresidente. En ese momento, el enemigo a derrotar por parte de esta alianza burguesa era el PRD, heredero del Torrijismo, y que bajo la presidencia de Martín Torrijos (2004-2009), amenazaba con mantener la continuidad en el poder.

Bajo el manto protector de la invasión norteamericana en 1989 y aprovechando la crisis del Torrijismo, producto del derrocamiento del gobierno del general Manuel Antonio Noriega, el Partido Panameñista o Arnulfista logró imponer dos presidentes: Guillermo Endara Galimany (1989-1994) y Mireya Moscoso (1999-2004)

El fracaso del proyecto bonapartista de Martinelli

En 2011 se produjo una ruptura política entre el presidente Ricardo Martinelli y su vicepresidente Juan Carlos Varela, la que terminó en una abierta lucha por el poder. Apoyándose en el crecimiento económico, Martinelli amplió la base social clientelista de su partido Cambio Democrático (CD) con el objetivo de instaurar un régimen bonapartista, con mayor centralización del poder (sobre la Asamblea Legislativa y sobre la Corte Suprema de Justicia) y, por supuesto, con el absoluto monopolio de los negocios turbios que se hacen desde el aparato del Estado.

Al pisarle los callos a las otras fracciones de la burguesía, Martinelli ayudó a crear una alianza en su contra, dirigida por el panameñismo. Bajo el gobierno de Martinelli no solo se exacerbaron las contradicciones interburguesas, sino que se produjeron grandes luchas de maestros, médicos y trabajadores hospitalarios, campesinos e indígenas, incluido el histórico paro de la industria de la construcción.

El rechazo al proyecto bonapartista de Martinelli se expresó activamente en las calles, aunque el cambio de gobierno se produjo por la vía electoral, saliendo relativamente fortalecida la corriente burguesa del panameñismo.

Por ello, no es gratuito que en su discurso de toma de posesión, Varela se haya referido varias veces a la democracia: “le devolveremos la fortaleza y credibilidad a nuestra democracia y sus instituciones (…) el proceso de reparación de nuestra democracia comienza hoy (...) “a partir de hoy en nuestro país nadie está por encima de la ley.” (La Prensa, 2/7/204).

Acuerdo de gobernabilidad Panameñismo-PRD

Pero Juan Carlos Varela, aunque ganó las elecciones, no tiene mayoría en la Asamblea Legislativa, por lo tanto no tiene capacidad de aprobar leyes, y con ello se debilitaría su gobierno.

La alianza “El Pueblo es Primero” obtuvo apenas 13 diputados, mientras que Cambio Democrático y sus aliados obtuvieron 32 diputados.

Para poder gobernar de manera estable, el presidente Varela ha tenido que girar hacia su enemigo histórico, el torrijismo, representado en el PRD, el que obtuvo 25 diputados. La alianza de ambas fuerzas permitió elegir al diputado panameñista, Adolfo Valderrama, como presidente de la Asamblea Legislativa, aun con una parte de los votos de CD.

EL Acuerdo de Gobernabilidad entre el panameñismo y el PRD, a pesar de su crisis interna, le da un reducido margen de maniobra al gobierno de Juan Carlos Varela, al menos por algún tiempo, hasta que estallen las pugnas nuevamente. Esta alianza implica repartición de puestos y prebendas en las Comisiones de la Asamblea Legislativa y en otros altos cargos.

El fallido control de precios

Una de las promesas de campaña del ahora presidente Varela fue que establecería el control de precios. En el periodo 2009-2014, bajo el gobierno de Martinelli la inflación inició con el 2,4% y termino con el 4%. En julio de 2009, la canasta de alimentos costaba $268.44. Hoy, cuesta $339.88, una diferencia de más de 70 dólares.

En Panamá circula el dólar, y la inflación internacional se refleja en los bolsillos de los trabajadores, por eso hubo tanta lucha por aumento de salarios en el último periodo.

Varela ha pretendido dar un caramelo a sus votantes imponiendo un control de precios por 6 meses sobre 22 productos de la canasta familiar, mediante el Decreto Ejecutivo No. 165 de 2014, amparándose en la Ley 45 del año 2007. Este control de precios impulsado desde el gobierno será un rotundo fracaso.

Los gremios empresariales ya comienzan a manifestar su inconformidad. Euclides Díaz, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), ha declarado sin tapujos que “la lista de 22 productos incluyen siete subproductos de la vaca, lo que nos resta ganancias directamente.” (La Prensa 7/7/2014).

El único camino que queda a los trabajadores es luchar por aumento de salarios cada vez que suba el costo de la vida.

Por Eugenio Young

El magisterio panameño acaba de protagonizar otra exitosa jornada de lucha. Año con año los maestros desarrollan duras huelgas, casi siempre para mejorar los salarios y las condiciones de trabajo.

En Mayo del 2012 hubo un paro nacional del magisterio, demandando aumento de salarios. Un año después, en julio del 2013, se desarrolló un movimiento contra la privatización parcial del sistema educativo.

El Decreto No 155

Producto de estas luchas del magisterio, a inicios del año lectivo 2014,el presidente Ricardo Martinelli y Lucy Molinar, ministra de educación, anunciaron pomposamente un plan de mejoras educativas que contemplaba un aumento de 900 dólares en un periodo de 9 años, divididos en segmentos. Los aumentos serian de 300 dólares cada 3 años.

La noticia fue alentadora para el magisterio, era una especie de justicia tardía. El crecimiento económico de Panamá en el último periodo, hace posible y necesaria una mayor inversión en la educación pública, lo que implica mejorar las condiciones de vida y trabajo de los docentes.

Muchos creyeron, con justa razón, que era una maniobra electoral del presidente Martinelli, para garantizar la victoria de José Domingo Arias, candidato del gobernante Partido Cambio Democrático (CD), en las elecciones del 4 de Mayo.

No obstante, el 27 de Marzo del año en curso, el presidente Martinelli sacó a relucir las verdaderas intenciones, al emitir el Decreto No 155, publicado en La Gaceta Oficial No 27502, por medio del cual creaba el Sistema de Evaluación de los Centros Educativos (SECE). Este Decreto era aparentemente inofensivo, pero con la cobertura del lenguaje técnico imponía un régimen disciplinario extraordinario sobre el magisterio, llegando a condicionar el aumento de salarios de 300 dólares cada 3 años a una evaluación que debían hacer las autoridades del Ministerio de Educación (MEDUCA).

Estalla la huelga nacional del magisterio

El 21 de abril del presente año, el magisterio panameño volvió a luchar en las calles, contra la pretensión de condicionar el aumento de 300 dólares al salario ordinario, a una evaluación del gobierno de Martinelli.

La huelga nacional fue convocada por la unidad en la acción de casi todas las organizaciones gremiales del magisterio, entre las cuales destacan la Asociación de Profesores de Panamá (ASOPROF), Frente Nacional de Educadores Independientes (FRENEI Magisterio Panameño Unido (MPU), Asociación de Educadores Democráticos de Panamá (AEDPA).

También convocaron y participaron las organizaciones afiliadas a la Coordinadora de Unidad Magisterial (CUM): la Asociación Panameña de Educadores y Educadoras de Educación Inicial (APEEDEI), Frente Reformista de Educadores Panameños (FREP), , Unidad Magisterial Libre (UMALI), Asociación de Educadores Colonenses (ASOEDUC), Asociación de Educadores Chiricanos (AECHI), Asociación Movimiento Gremialista de Educadores de la República de Panamá (ASOMEGRERP), AECO, , APROCIFADECOP

De igual manera, convocaron y participaron la Federación de los Trabajadores de la Educación de Panamá, integrada por la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE),  Asociación Educadores Herreranos (AEHE), la Asociación de Maestros Santeños y la ), La Asociación de Educadores Especializados del Instituto Panameño de Habilitación Especial (ASEE-IPHE).

Martinelli recula y firma acuerdos

Después de duras jornadas, que incluyeron grupos de maestros en huelga de hambre, el gobierno de Martinelli, que está en su etapa final, cedió ante la presión de los maestros.

El 23 de Mayo se firmaron los acuerdos que pusieron fin a la huelga, teniendo a la Defensoría del Pueblo como garante. El gobierno cedió y el primer aumento de 150 dólares se otorgará en el mes de Julio y los restantes 150 dólares cuando se entregue un plan de mejora de los centros educativos, el que estará a cargo del MEDUCA comprometiéndose a asumir “los costos de la implementación de los planes de mejoras elaborados por los centros educativos”

El Plan de Mejora comprende una autoevaluación. Los maestros nunca se opusieron, a ser evaluados, a lo que se opusieron tajantemente era que se condicionara el aumento de salarios a la evaluación. La demanda general fue que el aumento se incorporara al salario base. El MEDUCA se obligó a modificar el Decreto Ejecutivo 155, “a fin de que su texto exprese que concede el aumento al salario base”.

El MEDUCA se comprometió a no tomar represalias, a no aplicar descuentos contra los docentes que participaron en la huelga. Incluso, se comprometió a devolver inmediatamente los dineros descontados a los docentes durante la huelga del año 2013.

Es una victoria completa, no solo por el aumento de salarios de 300 dólares, sino porque los sindicatos magisteriales han salido fortalecidos de estas luchas. Los maestros de Centroamérica, debemos tomar el ejemplo y la experiencia de los docentes de Panamá.