PANAMÁ.- El juicio contra Martinelli: conflicto interburgués al rojo vivo


Por Emilio Young

Panamá es quizá el país más estable de la región centroamericana. Los datos macro económicos muestran cierta estabilidad económica y política, aunque en el último periodo hay fuertes síntomas de deterioro fiscal.

En este marco, cuando los buenos negocios se vuelven escasos y complicados, se ha venido desarrollando un fuerte conflicto entre diferentes alas de la burguesía, especialmente bajo el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), y que se ha prolongado bajo el actual gobierno de Juan Carlos Varela.

La crisis del régimen

Después de la invasión norteamericana a Panamá en 1989, que derrocó al gobierno del general Manuel Antonio Noriega, se instauró una democracia burguesa neocolonial basada en el difícil juego político entre dos grandes fuerzas: el Panameñismo (partido fundado por Arnulfo Arias), representante de la oligarquía y la burguesía tradicional, por un lado, y el torrijista Partido Revolucionario Democrático (PRD), que representaba a la oficialidad de la Guardia Nacional (GN), a la clase media y sectores populares, pero que venía de sufrir la paliza de la invasión.

En un periodo de 20 años (1989-2009) en que el Panameñismo y el PRD se alternaron en el gobierno, se produjo un rechazo masivo a ambos partidos. En el año 2009 el empresario Ricardo Martinelli, uno de los más ricos de Panamá, con la bandera de lucha contra la corrupción y al frente del Partido Cambio Democrático (CD), encabezó una alianza electoral que le permitió conquistar la presidencia de la República.

El fracasado proyecto bonapartista de Martinelli

Sin lugar a dudas, en su momento Martinelli reflejaba las aspiraciones políticas de un nuevo sector burgués, que logró manipular hábilmente el rechazo de la población al bipartidismo que en los hechos se había instaurado, y que necesitaba tomar el poder para consolidarse económicamente. Una vez en el poder se aceleraron las contradicciones entre Martinelli y los otros sectores de la burguesía, por el manejo de los recursos del Estado.

Este enfrentamiento tuvo diversas etapas. Sectores del Panameñismo participaron en la alianza electoral junto a Martinelli, entre ellos se encontraba Juan Carlos Varela, quien provenía del Panameñismo y llegó a ser ministro de relaciones exteriores pero fue destituido abruptamente en 2011, cuando Martinelli se opuso a que fuera candidato presidencial en las elecciones del 2014.

Martinelli impulsó un proyecto bonapartista, pretendió instaurar un régimen fuerte, que permitiera la consolidación económica de su sector, pero en este proceso se topó con la oposición de un importante sector del Panameñismo y del propio PRD, quienes tenían copadas las instituciones del Estado. Muchas de las leyes impulsadas por Martinelli terminaron siendo derogadas, por los conflictos sociales que generaba.

En diferentes oportunidades, Martinelli intentó abordar el tema de la reelección presidencial, pero no pudo avanzar. En el año 2013, en relación a la reelección se quejaba: "Panamá todavía no está lista para eso. En Panamá debemos madurar esta democracia, porque aquí hay mucho recelo y mucha intranquilidad de muchas personas, y el sistema no está hecho para que un partido repita (en el poder)… Voy a seguir involucrado en política, lógicamente, y como presidente de CD, que va a ser una fuerza preponderante, al tener aún mucho que aportar." (Telemetro, 27/02/2013).

Martinelli no logró imponer un régimen bonapartista, como lo hizo el general Omar Torrijos, debido a la constante lucha de masas bajo su gobierno, y por supuesto a la feroz oposición de otros sectores de la burguesía.

Clientelismo y corrupción generalizada

En medio de este conflicto interburgués, Martinelli desde el gobierno impulsó programas de asistencia social con el objetivo de consolidar la base electoral del nuevo partido CD. Mientras Martinelli tiraba migajas a la mesa de los pobres, tuvo una ambiciosa política de saqueo de las finanzas del Estado para consolidarse él como empresario y fortalecer un nuevo sector burgués.

Al final del gobierno de Martinelli comenzaron a estallar los escándalos políticos y las denuncias de corrupción generalizada a todos los niveles. Prácticamente todo el gabinete de Martinelli participaba en los oscuros negocios y en el saqueo del erario público.

Forcejeo por la Asamblea Nacional

Juan Carlos Varela ganó las elecciones presidenciales del 4 de mayo del 2014, con la alianza “El Pueblo es Primero”, pero obtuvo solamente 13 diputados, mientras que CD y sus aliados obtuvieron 32 diputados. El PRD, a pesar de su crisis, obtuvo 25 diputados. Con esa correlación de fuerzas, el poder ejecutivo no tenía control sobre la Asamblea Nacional.

El primer gran forcejeo se produjo con la impugnación de 20 diputados. De los 71 diputados de la Asamblea Nacional solo 51 pudieron tomar sus cargos, porque el resto fueron impugnados, lo que obligó al Tribunal Electoral (TE) a convocar en diciembre del 2014 a nuevas elecciones en 4 circuitos plurinominales. Al final, la Asamblea Nacional queda conformada así: Cambio Democrático 25 diputados; Partido Panameñista 16 diputados; el PRD 26 diputados; Partido Molirena 2 diputados; Partido Popular 1 diputado y 1 diputado Independiente. Ninguna fuerza tenía el control mayoritario. Martinelli siguió siendo una fuerza decisiva, que el gobierno de Varela debía tomar obligatoriamente en cuenta.

El “gobierno paralelo” y el pacto de gobernabilidad

Antes de entregar la presidencia, Martinelli aprobó un conjunto de leyes y el nombramiento de altos funcionarios en las instituciones del Estado, dejando montado un “gobierno paralelo”.

Varela solicitó la renuncia de estos funcionarios, pero solamente dos funcionarios renunciaron, el resto se mantuvo desafiante y fieles a su patrón Martinelli, quien había dejado un blindaje para evitar las represalias en su contra.

A los 45 días de haber asumido la presidencia, Juan Carlos Varela derogó, mediante el Decreto Ejecutivo No. 472, los 19 decretos ejecutivos que Martinelli firmó, entre ellos los 355 indultos a ex altos funcionarios.

El Decreto Ejecutivo No. 472 en sus partes medulares expresa que “El Estado panameño está obligado a combatir la impunidad por todos los medios disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la indefensión de las víctimas y sus familiares”.

Pero Varela no quiso negociar con Martinelli, y más bien giró hacia el PRD estableciendo un pacto de gobernabilidad que permitió desmontar el gobierno paralelo, elegir nuevos funcionarios y reorganizar las instituciones del Estado, a partir de una serie de leyes aprobadas por la nueva coalición mayoritaria dentro de la Asamblea Nacional.

Conflicto al rojo vivo.

El conflicto entre estas corrientes burguesas está personificado en el enfrentamiento entre el actual presidente Juan Carlos Varela, y el ex presidente Ricardo Martinelli, quien lamenta la enemistad de su antiguo aliado: "Juan Carlos Varela era mi amigo inseparable; éramos uña y mugre...hablábamos de todo. Yo le contaba mis problemas personales, él me contaba los suyos", ejemplarizó el expresidente para demostrar la cercanía que había entre ambas figuras políticas (Critica 19/1/2015).

Aparentemente estamos ante un conflicto de personalidades, pero no es así. Estos personajes representan grupos de poder que están chocando desde tiempo atrás, pero ahora el enfrentamiento está llegando al punto que la Corte Suprema de Justicia autorizó el desafuero del expresidente Martinelli, quien huyó del país y se mantiene en el extranjero, a la espera de los acontecimientos.

Martinelli y sus ministros están siendo acusados de corrupción, a algunos ya se las ha procesado, a otros también se les levantó el fuero electoral, incluido José Domingo Arias, candidato presidencial de CD en las pasadas elecciones.

Este conflicto fue subiendo de intensidad. Martinelli buscó refugio en el PARLACEN, una institución que había atacado furiosamente, pero no encontró apoyo. Rafael Espada, diputado guatemalteco y vicepresidente del PARLACEN, dijo: "Si el Congreso panameño no da inmunidad a sus diputados, el Parlacen tampoco. Porque el Parlacen reconoce lo que dice el sistema panameño. Lo digo porque la gente cree que viene a protegerse de lo que hizo en el pasado y eso es falso, nadie viene acá (al Parlacen) a protegerse de lo que ha hecho. Inmunidad no es impunidad"(ACAN-EFE 30/01/2015).

La lucha contra la corrupción

La maquinaria judicial, nuevamente bajo el control de la alianza Panameñismo-PRD, ha comenzado una serie de juicios contra casi todo el gabinete de Martinelli, incluido él mismo. De los 9 Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que en reunión extraordinaria resolvieron abrir el proceso de investigación a Martinelli, 5 fueron nombrados por el exmandatario.

Los casos más sonados de esta corrupción generalizada son las coimas de 33 millones de dólares por la compra de radares y helicópteros de lujo a la empresa italiana FINMECCANICA, y los fraudes cometidos en la compra de alimentos deshidratados hasta por un monto de hasta 45 millones de dólares.

Martinelli se ha defendido argumentando que “(...) no necesito del erario público, soy el empresario más grande de Panamá y el que más impuestos paga. Vine al Estado a servir y no a servirme del Estado. Van a inventarse un proceso, a fabricar pruebas contra mí y van a violarme todos los derechos." (Europa Press, 10/2/2015).

Pero los hechos y las pruebas demuestran lo contrario. En este pleito inter burgués, el talón de Aquiles de Martinelli son las múltiples denuncias de corrupción. Esta pasada de cuentas, tiene el objetivo estratégico no de luchar contra la corrupción (algo intrínseco a todas las fracciones de la burguesía y del sistema capitalista), sino de arrancar a los diputados de CD del férreo control de Martinelli.

¿Qué hacer?

No hay duda que Martinelli y su grupo se enriquecieron aún más con los fondos del Estado. Pero tampoco podemos perder de vista que las pasadas de cuentas son los métodos que utiliza la burguesía, cuando se acaban las negociaciones. Y a veces también las pasadas de cuentas se utilizan para obligar a la otra fracción a negociar.

Los sectores democráticos y de izquierda que se han movilizado recientemente, lo hacen sinceramente para fortalecer la lucha contra la corrupción. A ellos les decimos que el único mecanismo de lucha contra la corrupción es la aplicación del control de los trabajadores sobre la producción y sobre las instituciones del Estado.

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