Por Olmedo Beluche

Movilizaciones masivas como no se habían visto nunca en la historia de la república de Panamá, un país donde cada tanto la gente se tira a la calle a protestar. Decenas de miles de jóvenes autoconvocados por las redes sociales que se reúnen y marchan por las principales avenidas de la ciudad capital. 

Miles de pobladores de comunidades indígenas, rurales y urbanas pauperizadas que espontáneamente salen a bloquear la carretera Panamericana, en tantos lados a la vez, que es imposible para la policía reprimirlos a todos. Miles de activistas sindicales y gremiales que marchan y cierran calles convocados por una alianza de organizaciones populares con carácter asambleario, compuesta por docentes, obreros de la construcción, trabajadores de la industria, estudiantes, etc.

Una lucha que cuestiona los cimientos políticos y económicos del país

Algunos, en broma o en serio, afirman que Panamá está viviendo su “primavera árabe”. Lo que está sucediendo no encuentra otro grado de comparación. Una pequeña revolución que ha convulsionado todo, en que mucha gente se ha descreído de todas las instituciones políticas, los órganos del estado, los gremios patronales y los grandes medios de comunicación.

Esto pasa porque el motivo de la movilización, el repudio a un contrato con una empresa minera concentra en sí mismo todas las contradicciones sociales y políticas de este país y del mundo decadente del siglo XXI: 

Esta lucha implica la defensa de la naturaleza frente al voraz extractivismo de los grandes monopolios de países imperialistas que saquean la riqueza mineral de los países dependientes y semicoloniales; a su vez, el repudio al contrato minero está relacionado con un modelo económico capitalista neoliberal que pone la riqueza del lado de una minoría y la miseria a las mayorías; tiene que ver con el régimen político disfrazado de democrático pero en manos de una cleptocracia a la que se ha caído la careta; implica a los grandes medios de comunicación comprados con el dinero de la minera dispuestos a lanzar campañas sucias y mentiras contra los dirigentes sindicales y populares; obliga a quienes se movilizan a pensar en las próximas elecciones, en la que casi todos los candidatos a la presidencia de la república son defensores de la mina.

Julio de 2022, el “ensayo general”

Para comprender la fuerza que adquirió la movilización popular contra el contrato minero hay que tener presente que un año antes, en julio de 2022, se había producido otro estallido social de connotaciones similares al actual. Ese año el móvil de la lucha popular fue el proceso inflacionario producido cuando recién el país empezaba a salir de la crisis de la pandemia de la Covid-19, cuando el crecimiento económico tomaba impulso, pero los empleos y salarios se mantenían deprimidos gracias a la política neoliberal del gobierno de Laurentino Cortizo.

Al igual que ahora, además de las movilizaciones obreras y docentes, los pobladores indígenas y de las provincias se lanzaron a las calles a hacer cortes de la carretera, paralizando la economía. Un hecho inédito en ese momento, que obligó al gobierno a sentarse a un diálogo televisado con la dirigencia popular. Aunque al final el gobierno incumplió la mayoría de los acuerdos, la experiencia quedó grabada en la memoria del pueblo panameño. Podríamos decir que, julio de 2022, fue el “ensayo general” de las movilizaciones actuales.

Antes el enclave canalero, ahora el enclave minero

Toda esta lucha popular tuvo un detonante: la aprobación del contrato para la explotación de cobre con la empresa canadiense First Quantum Minerals (FQM) y su subsidiaria Minera Panamá. Un contrato leonino que cede a la empresa tantos “derechos”, que crea un enclave minero, con casi nula supervisión estatal, en que sus gerentes tienen potestad para seguir desbastando el bosque del corredor biológico en que está ubicada, seguir expandiéndose a discreción y explotando los recursos hídricos del área. Todo a cambio de una migaja de menos de 390 millones de dólares anuales, que son nada respecto a los miles de millones de ganancia de la empresa.

En fin, un enclave extractivista. Si de algo sabe el pueblo panameño es lo que significa un enclave: en 1903, el gobierno de Estados Unidos nos impuso otro contrato (tratado) para imponer el enclave colonial que fue la Zona del Canal. Al igual que ahora, la burguesía vende patria juró que había que entregar los recursos nacionales a intereses imperialistas porque la riqueza del país dependía de esos ingresos. 

Durante 70 años el pueblo panameño luchó contra el enclave canalero y sus migajas que nos empobrecieron, hasta que luego de heroicas luchas, como la del 9 de Enero de 1964, se obligó al gobierno norteamericano a negociar un tratado que pusiera fin al enclave y sus bases militares. Desde el último día del siglo XX dejó de existir todo vestigio colonial en el canal. Ciento veinte años después, nos quieren devolver a un nuevo enclave.

Historia de un atraco

Sin que el país hiciera conciencia de lo que pasaba, ya en 1997, el gobierno otorgó una concesión a una empresa panameña, relacionada con capitalistas allegados a los políticos que controlaban Asamblea a Nacional y el Ejecutivo, para la explotación de un yacimiento de oro y cobre. Esta empresa posteriormente traspasó sus derechos a FQM. Desde entonces se ha extraído cobre del distrito de Donoso, provincia de Colón, en el Caribe panameño. Explotación que ha carecido ningún control ambiental, con un cuestionado estudio de impacto, pagando una exigua regalía del 2% al estado panameño y completamente exonerada de impuestos.

Desde un primer momento este contrato fue demandado por inconstitucional ya que, entre otras cosas, se había hecho una concesión sin pasar por la debida licitación pública como exige la legislación. Los poderosos intereses económicos que mueve esta empresa minera, incluyendo el bufete de abogados más influyente del país, Morgan y Morgan, lograron que la Corte Suprema de Justicia retardara por 20 años el fallo de inconstitucionalidad sobre el contrato original. 

Cuando finalmente se emitió el fallo de la corte, en diciembre de 2017, las autoridades se negaron a publicarlo en la Gaceta para que no entrara en vigor. Cuando ya no pudieron postergarlo más, a causa de tantas denuncias, se publicó 5 años después, en diciembre de 2022. A partir de entonces la empresa siguió funcionando y extrayendo de manera ilegal, con la complicidad evidente del gobierno que, anunció el inicio de negociaciones, las cuales se rompieron a inicios de 2023, por la supuesta intransigencia de un gerente canadiense, pero nada de esto impidió a la empresa continuar el robo (pues no hay contrato) de material. Finalmente, en octubre de 2023, el gobierno de Laurentino Cortizo anunció el nuevo contrato.

La “república de los primos” hijos putativos de la empresa minera

Hace décadas un intelectual panameño llamó a Panamá la “república de los primos” porque la clase dominante está emparentada entre sí, no solo por los negocios, sino también consanguíneamente, es endogámica como la vieja nobleza europea. Este hecho llega paroxismo cuando, el ministro de comercio, encargado de la negociación con la empresa FQM, Federico Alfaro Boyd, está emparentado con algunos de los socios del bufete de abogados que defiende los intereses de la minera, Morgan y Morgan, como Fernando Alfaro y Fernando Boyd.

Pero todos los hilos de las marionetas los mueven los intereses mineros en las elecciones presidenciales de 2024: el vicepresidente y candidato oficialista a la presidencia de la república, José Gabriel Carrizo, de Petaquilla Gold, que vendió los derechos a FQM. El principal candidato opositor, Rómulo Roux, es socio del bufete Morgan y Morgan, abogados de FQM. Ricardo Martinelli, otro candidato, tiene intereses mineros ocultos a través del escándalo llamado “Financial Pacific”. 

El candidato a vicepresidente de la nómina encabezada por Ricardo Lombana, Michael Chen, como presidente de la Cámara de Comercio de Colón defendió el contrato con FQM. Martín Torrijos, postulado por el Partido Popular, fue presidente de la república cuando el contrato fue demandado y nunca actuó contra esa empresa.

Existe la honrosa excepción de la profesora Maribel Gordón, candidata presidencial apoyada por diversos sectores populares, que se ha opuesto al contrato minero y ha participado en las movilizaciones.

Repudio absoluto al contrato y a la cleptocracia gobernante

Tanto en las consultas públicas hechas por la web, como en las audiencias de la Asamblea Nacional, se hizo evidente el rechazo de la opinión pública por el contrato, incluyendo las comunidades aledañas a la mina. Pese a ello, el gobierno simuló la corrección de un par de artículos y reenvió el proyecto a la Asamblea Nacional, que lo aprobó rápidamente y quedó refrendado la misma noche, bajo el nombre de Ley 406 de 20 de octubre de 2023, “que aprobó el contrato de concesión minero celebrado entre el Estado y Minera Panamá, S. A.”

La nueva ley fue demandada inmediatamente por inconstitucionalidad. Este procedimiento espurio, aunando a lo que ya se conocía del contrato, indignaron a la población que empezó a salir a las calles. Las masivas movilizaciones y los bloqueos de la última semana de octubre obligaron al gobierno a retroceder, aceptando aprobar una ley de moratoria minera (Ley 407) para todo el país, por la cual no se admitirán nuevas exploraciones ni explotaciones de minería metálica en ningún lugar de la república. Pero la ley no toca al contrato con FQM.

Tratan de imponer la división del movimiento para debilitarlo

En algún momento, aterrorizados por la explosión popular los diputados incluyeron en el proyecto que declaraba la moratoria de nuevas concesiones mineras un artículo derogando el contrato con FQM (Ley 406). Pero aquí empezó a operar una estrategia de los gremios empresariales, medios de comunicación, abogados y políticos al servicio del sistema, que pidieron a los diputados sacar el artículo de la derogación para depositar toda la confianza en un nuevo fallo de la Corte Suprema de Justicia.

La argumentación que esgrimieron reiteradamente en los medios de comunicación era que FQM iba a realizar una demanda multimillonaria al país si el contrato ley se derogaba, y que solo quedaríamos bien blindados si se basaba en un fallo de inconstitucionalidad de la corte. Esos malabarismos jurídicos, que pretenden aplicar al estado principios del derecho privado entre particulares, fueron acogidos por ciertos sectores de capas medias que dirigían parte de la movilización y por algunas ONG’s ambientalistas, de modo que terminaron haciendo el juego a la burguesía, al gobierno y a FQM al rogar a los diputados que sacaran la derogación de la Ley 406 cuando estaban a punto de hacerlo, lo cual habría significado una victoria completa para el pueblo panameño.

Juristas, ambientalistas y dirigentes del movimiento rechazaron esas argumentaciones y han seguido sosteniendo que la “derogación mediante otra ley” es el camino más expedito y completamente constitucional para finiquitar el contrato con FQM. También han advertido que la Corte Suprema de Justicia es poco confiable y que ahí está la experiencia del contrato anterior. Además, es obvio que los dueños de FQM van de todas maneras a maniobrar por todos los medios, jurídicos o no, para no perder sus privilegios.   

El resultado es que el contrato que el pueblo ha venido rechazando sigue vigente. Como la jugada leguleya no era inocente tanto los gremios empresariales, que siempre apoyaron el contrato, como los medios de comunicación e inclusive los sectores ambientalistas que cayeron en ese juego, empezaron a exigir al pueblo y sus organizaciones salir de las calles a esperar la decisión de la corte.

Campaña sucia de infamias contra el SUNTRACS

El movimiento popular no cayó en la trampa montada por la burguesía. Un Asamblea de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, repudió la maniobra de esperar a la corte. Así que las organizaciones sindicales, especialmente el Sindicato Único de la Construcción y Similares (Suntracs), los gremios magisteriales, las comunidades indígenas, los pobladores, los estudiantes y los jóvenes han seguido en la calle y bloqueando las carreteras para desesperación de la burguesía que ve afectados sus negocios. Los intentos de represión del gobierno se han estrellado con la masividad de las protestas. 

Más de 1,200 personas han sido arrestadas a lo largo de tres semanas de movilización, aunque en su mayoría han sido liberadas sin multas. Tres educadores han muerto en las barricadas defendiendo los bloqueos, uno fue atropellado y dos fueron tiroteados a plena luz pública y ante las cámaras por un abogado de la élite gobernante descendiente de los norteamericanos que poblaron la extinta Zona del Canal. El repudio frente a este crimen ha sido tan fuerte que, por ahora se ha logrado que lo mantengan arrestado, pese a que, por su edad, sus abogados pidieron medida cautelar de casa por cárcel.

En una reunión con la cúpula empresarial el presidente Cortizo y sus ministros recurrieron al concepto sostenido por la ultraderecha latinoamericana, especialmente por el uribismo en Colombia, para definir el movimiento como una “Revolución Molecular Disipada”. Según esa lógica, la causa del descontento no estaría en el repudio al contrato y la corrupción que corroe las instituciones, sino en una conspiración “comunista” para tomar el poder. Volvemos al macartismo, pero sin Unión Soviética.

Los días subsiguientes se empezó desde los “call centers” al servicio del gobierno una campaña contra el SUNTRACS, acusándolos de violentos y de promover el caos. Posteriormente el banco estatal Caja de Ahorros cerró las cuentas del sindicato, y algunos medios insinuaron que sus cuentas estaban asociadas al “terrorismo”. Se han hecho amenazas anónimas contra la vida del secretario general, Saúl Méndez. 

Pese a que el gobierno y la burguesía han intentado todos los medios para desmovilizar, no han podido lograrlo, la gente se mantiene movilizada, se sostienen los bloqueos, y la consigna que exige derogación de la Ley 406.

Movilización contra la Ley 406 síntesis de todas las contradicciones

Muchas personas se preguntan cómo el debate en torno al contrato minero ha concitado tal explosión social, lo cual no sucedió en las dos décadas en que estuvo funcionando la mina, pese a las múltiples denuncias. Una parte de la explicación es el enorme avance en la conciencia de las personas, en especial de la juventud respecto a la crisis ambiental que padece el planeta gracias al capitalismo depredador que estamos sufriendo. Mucha gente conoce suficientemente de los problemas del cambio climático, la contaminación y destrucción del ambiente natural por parte de la industria. Son temas de conversación en todos lados.

Pero también aporta al ánimo combativo la rabia contenida por una situación social gravísima, que ha dado un salto después de la pandemia: pese a la recuperación económica, el desempleo es la tónica con que se encuentra la juventud. Si la tasa de desempleo oficial es del 10% aproximadamente, entre los jóvenes se duplica. El empleo informal oficial es del 48% de la fuerza de trabajo que, sumado al desempleo abierto, nos habla de una población en situación precaria.

Los bajos salarios son la tónica bajo la que viven las mayorías: la mediana salarial es de 728 dólares, pero el costo de la canasta básica general es de 682 dólares y al alza. La pobreza extrema afecta al 13% de las familias y la pobreza relativa al 32%. La desigualdad social medida por el coeficiente de Gini es de las peores de Latinoamérica 49,8.

El gobierno tiene como política económica el subsidio permanente al sector empresarial, que es constantemente premiado con exoneraciones fiscales y zonas especiales, pese a un déficit público anual que no baja de los 2,500 millones de dólares que se tapan con enormes préstamos. En cuatro años de gobierno de Laurentino Cortizo la deuda pública escaló de 26 a 46 mil millones de dólares.

A todas estas injusticias sociales se suma la evidente corruptela que abarca al espectro político y las instituciones. Vivimos en una época de saqueo al erario y la propiedad pública y eso es cada vez más evidente para todas las personas. El hartazgo contra la corrupción es otro elemento que explica el enojo que lleva a la gente a las calles.

¿Qué pasará después?

Es difícil vaticinar cómo se moverán los acontecimientos. Aunque la corte declare inconstitucional el contrato con FQM o la Asamblea Nacional derogue la Ley 406, es probable que la empresa, en complicidad con el gobierno nacional, inicie cualquier maniobra jurídica para continuar expoliando el cobre panameño. Incluso no se descarta que inicien la negociación de un nuevo contrato. Todo es posible mientras gobiernen las marionetas pagadas por intereses mineros en este o en el gobierno que se elija en mayo de 2024.

La única garantía de defensa de la soberanía nacional y protección de nuestros recursos naturales es lo que ha permitido el éxito hasta ahora alcanzado: el debate democrático y la movilización permanente del pueblo y sus organizaciones. Movilización que, a futuro, puede adoptar muchas formas y que no se restringen al cierre de calles. 

La otra garantía es la continuidad de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, como bastión de unidad de los sectores sindicales y populares, sosteniendo su carácter democrático y asambleario, sin que ninguna fuerza política particular pretenda controlar y monopolizar.

Sobre todas las cosas, la vanguardia popular de la lucha está obligada a asumir un compromiso político por la transformación del país en todos los planos: económico, institucional, político y moral. Porque en última instancia la salida permanente al régimen corrupto y antipopular es política. Mientras gobiernen los de siempre con los mecanismos de siempre, cada día habrá que salir a defender los amenazados derechos democráticos, políticos, sociales, económicos, identitarios, sexuales y reproductivos.

La vanguardia popular también debe hacer conciencia de que el extractivismo no es solo un problema que afecta a la república de Panamá, sino que es una de las consecuencias del capitalismo imperialista decadente que vive el mundo que está llevando a la humanidad entera al desastre climático y ambiental, a la crisis económica y a la degradación social. Hay que asumir que el saqueo de nuestros recursos naturales es impuesto desde las potencias capitalistas incluso por las vías militares, cuando fallan el engaño de los acuerdos comerciales. 

Por lo tanto, al final, la vanguardia popular panameña debe asumir una política de unidad internacional, de solidaridad y coordinación con quienes luchan en los países hermanos por “otro mundo posible”.