NICARAGUA.- ¿Por qué se mantiene todavía la dictadura Ortega-Murillo?

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Por Victoriano Sanchez

En la lucha democrática iniciada en abril del 2018, se han producido varias fases, que debemos analizar y discutir. En la primea fase de ascenso de la insurrección desarmada, entre finales de abril y mediados de junio, prevaleció la lucha espontanea de las masas, pero después vino una fase de reacción y de ofensiva contrarrevolucionaria, de la que nos hemos salido todavía.

Para iniciar una nueva fase de ascenso revolucionario de la lucha democrática, debemos saber cuáles han sido nuestros aciertos y errores. Es necesario hacer un balance, aunque sea provisional, para continuar con renovadores esfuerzos la lucha contra la dictadura.

1.- Una fase reaccionaria, aunque la resistencia se mantiene

Durante un mes, desde mediados de junio hasta mediados de julio, se produjeron continuas masacres contra los luchadores populares. Desde mediados de julio, cuando se impuso a balazos la ofensiva militar de la dictadura de Daniel Ortega sobre los tranques y barricadas, se abrió una fase defensiva para el movimiento de masas.

Los organismos de derechos humanos reportan más de 400 muertos, desde abril hasta la fecha. Hay más de 500 detenidos, unas decenas de desaparecidos, y casi dos mil heridos. Esta enorme sangría obligó a retroceder, pero el movimiento de masas no ha sufrido una derrota histórica. Al contrario, crece día a día la resistencia contra el gobierno asesino.

Nicaragua vive en los hechos bajo un estado de sitio y bajo ley marcial no declarados. El temor se ha apoderado de una parte de la población, que ya no sale de sus casas por las noches por temor a ser víctimas de la represión indiscriminada del régimen dictatorial. Las libertades democráticas, de por si muy precarias, han sido abolidas. Las instituciones del Estado, controladas férreamente por la nueva dictadura, no responden a la sociedad. La Constitución y las leyes no valen. Lo único que vale es la voluntad de la dictadura para destruir el proceso de insurrección desarmada, que ya se encuentra en su nivel más bajo.

2.- La impotencia de la OEA y la ONU: no quieren otra revolución.

En la fase de ascenso de la insurrección desarmada, comprendida entre finales de abril y mediados de junio, la actitud de Estados Unidos y de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), fue de silencio expectante, roto a veces por tímidos llamados a favor del Dialogo Nacional.

Fue durante la fase de ofensiva militar de la dictadura contra los tranques y barricadas, entre mediados de junio y mediados de julio, que estos gobiernos subieron el tono de sus críticas al gobierno Ortega-Murillo, por las evidentes masacres y violaciones de los derechos humanos. Salvo esta última fase, que estuvo llena de condenas verbales (no hubo una sola medida practica que ayudara a la lucha democrática) y hasta de sanciones simbólicas a altos funcionarios sandinistas, a través de la aplicación de la Ley Magnistky por parte de Estados Unidos, en términos generales la actitud de la llamada “comunidad internacional” fue más de preocupación que de simpatías por el desarrollo de las movilizaciones. Ningún gobierno quería el derrocamiento revolucionario de la dictadura, todos querían evitar un nuevo triunfo como el 19 de julio de 1979.

Estados Unidos ha actuado de manera indulgente con Ortega-Murillo, dándole lugar a que recapacite y reconstruya la democracia. A pesar de la criticas, no quieren que el aparato represivo del orteguismo se destruya, todos se inclinan porque sea el propio Daniel Ortega quien impulse las reformas democráticas desde arriba, que impulse cambios que no pongan en peligro sus intereses en Centroamérica.

Los informes de violaciones de derechos humanos en Nicaragua, elaborados por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), y por el Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), describen y documentan las masacres, pero no han servido para que estos organismos tomen medidas efectivas para amarrarles las manos a la dictadura. Al final, la comisión de trabajo de la OEA sobre Nicaragua, no ha podido hacer absolutamente nada, por el momento.

Por ello se debe relativizar el aislamiento de la dictadura Ortega-Murillo. No hay duda que el gobierno de Nicaragua sufre un aislamiento diplomatico en el plano internacional, pero hasta el momento no existe ninguna medida real o efectiva que afecte o haga tambalear el gobierno Ortega-Murillo. Los gobiernos “democráticos” llegaron al extremo de ponerse de acuerdo con la dictadura Orteguista para evitar que hubiesen asilados en sus embajadas en Managua, argumentando que no querían romper las relaciones diplomáticas, y no querían perder influencia. Los gobiernos del mundo tuvieron un comportamiento inversamente proporcional al desarrollo de la insurrección desarmada, y solo han comenzado a emitir declaraciones de condena cuando el movimiento de masas ha sido obligado a retroceder temporalmente.

3.- Ortega-Murillo restablecen parcialmente su “viejo orden”.

Daniel Ortega se impuso de manera coyuntural sobre la insurrección desarmada, restableciendo parcialmente el orden que reinaba en los años anteriores. Decimos “parcialmente” porque si bien es cierto que el flujo ascendente de la insurrección desarmada ha sido contenido, obligando a retroceder a las masas, las cosas ya no son como antes. Este frágil orden contrarrevolucionario fue impuesto con métodos de guerra civil, matando y secuestrando luchadores, echándolos presos. La ofensiva de Ortega destruyó los embrionarios organismos de poder dual a nivel de las localidades, que se habían formado en Masaya, Jinotepe, Nagarote y León, y que lamentablemente no lograron centralizarse

Sin embargo, nada es como antes, porque la resistencia se mantiene. Esta resistencia ha obligado a la dictadura a prohibir en los hechos cualquier manifestación, por el temor a que se genere nuevamente una dinámica insurreccional. El gobierno sandinista moviliza a los empleados públicos que ha afiliado masivamente, como mecanismo de control, para que se tomen rotondas, y salgan a marchar a las calles, para contrarrestar el efecto politico de las marchas opositoras que se producen casi todos los días en todos los municipios de Nicaragua. El acoso de la Policía Nacional y de los paramilitares encapuchados buscan mantener el terror de manera prolongada, esperando el momento propicio para dividir al COSEP e iniciar una nueva mesa de negociaciones con una parte de los empresarios.

4.- Reforma del Código Penal para comenzar el encarcelamiento de la vanguardia estudiantil y popular

Terminada la ofensiva militar a mediados de julio, lo primero que hizo la dictadura fue reformar los artículos del Código Penal relacionados con el tipo penal sobre “terrorismo”, a través de la Ley No 977, “Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, publicada en La Gaceta No 138 del 20 de julio del 2018.

Antes de la entrada en vigencia de la Ley No 977, solo habían sido capturados, el 13 de julio, Medardo Mairena y Pedro Mena, dirigentes del movimiento campesino anticanal. Con el encarcelamiento de ellos, se inició, posterior al 20 de julio, la gran cacería de dirigentes del movimiento popular. Sin tranques ni barricadas, la represión se ha centrado contra la dirigencia estudiantil universitaria, que ha sido la vanguardia en la lucha democrática contra la dictadura.

Antes de iniciar las redadas masivas, necesitaba ajustar las leyes penales a su conveniencia, para poder condenar a los luchadores. Esta represión tiene dos objetivos esenciales. El primero es desarticular los liderazgos locales que surgieron de manera espontánea al calor de la lucha en abril y en los meses posteriores. Una parte de los principales dirigentes tuvo que huir a Costa Rica u otro país de Centroamérica, para escapar de la venganza de la dictadura. Otra parte tuvo que pasar a la clandestinidad, en condiciones muy precarias, debido a que no existían tradiciones de una organización centralizada a nivel nacional que pudiese luchar contra la represión.

El segundo objetivo es crear un contingente de rehenes políticos que puedan ser intercambiados en las negociaciones de un futuro Dialogo Nacional, por una amnistía general que cubra a Daniel Ortega, su esposa Rosario Murillo, y también a los altos mandos de la Policía Nacional, y a los paramilitares involucrados en las masacres contra la población.

En este proceso de judicialización de la represión, los jueces y magistrados han mostrado ser robots (solo falta que también usen las capuchas de los paramilitares) que actúan bajo órdenes expresas, violentando las leyes y las garantías procesales establecidas en la Constitución. La consigna de libertad de los presos políticos, quienes se mantienen en huelga de hambre, es vital para revertir los efectos dañinos de la ofensiva contrarrevolucionaria del orteguismo

5.- El rol de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD)

En el periodo 2007-2018 después de un complicado proceso de centralización del poder, el gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, desmantelaron el sistema de partidos políticos, y solo quedaron en escena los partidos colaboracionistas, “zancudos”, que no representaban ningún peligro. En ese periodo, la dictadura concentró la represión sobre los movimientos sociales, movimientos de mujeres y contra el movimiento campesino anticanal. Fue de estos movimientos sociales que surgió la llama de la resistencia que el final tendría una gran incidencia en la insurrección que estalló después de la represión contra los estudiantes el 19 de abril del 2018.

La crisis de abril produjo un realineamiento entre los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), quienes habían sido aliados estratégicos del régimen en los últimos años. La mayoría de los empresarios vio un grave peligro en la insurrección de abril, y por ello dieron la espalda al gobierno y buscaron la confluencia con los movimientos sociales. De esta manera, surgió la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), como una coalición antigubernamental, pero siempre bajo el control o hegemonía politica del COSEP. Como era de esperar, el desarrollo de la movilización no fue obra del COSEP sino que fue realizada por los movimientos sociales, los cuales, incluso, fueron desbordados por el ascenso de la lucha popular.

En la fase de ascenso y desarrollo de la insurrección desarmada, el discurso triunfalista de la ACJD resultó fatal, porque no alertó a los luchadores populares de las enormes limitaciones de la lucha cívica y pacifica ante el aparato militar del orteguismo. El primer grave error de la ACJD fue el abandono de la consigna de la renuncia del gobierno Ortega-Murillo, y la presentación de un programa de democratización, al inaugurarse el Dialogo Nacional el 16 de mayo, basado únicamente en reformas electorales, es decir, en el adelanto de las elecciones.

La ACJD dejó pasar la coyuntura de enorme debilidad del gobierno Ortega-Murillo, creyó en las promesas de una posible renuncia de la pareja presidencial y un posible adelanto de las elecciones, cuando la estrategia de la dictadura era precisamente ganar tiempo y cansar a las masas en lucha, para iniciar una masacre que le permitiera recuperar el control de las instituciones del Estado, que ya estaba en crisis, amenazado por el surgimiento de organimos embrionarios de doble poder.

Entre abril y mayo se produjo el pico más alto de la movilización popular, era el momento preciso para convocar a un Paro Nacional indefinido, pero los empresarios del COSEP maniobraron para dilatarlo en el tiempo, porque tambien le temian al triunfo de una insurreccion popular.

6.- Las grandes limitaciones de los paros nacionales a cuenta gotas

El COSEP siempre ha fabricado una ideología en contra de los paros nacionales, muy difundida en los medios de comunicación, argumentando que no son efectivos, que dañan la economía, etc. No obstante, por la presión popular, pero cuando comenzábamos a entrar en la fase de represión abierta, es decir, cuando ya se había perdido la gran oportunidad de derrocar a la dictadura por la via revolucionaria, los empresarios del COSEP  para calmar la presión ejercida por los movimientos sociales, aceptó convocar a un Paro Nacional de un día, para el miércoles 13 de junio, el cual fue un éxito rotundo. Pero ya la dinámica de las movilizaciones ya había cambiado, comenzaba el reflujo y el descenso de la lucha popular.

Después, en medio de la represión con métodos de guerra civil ocasionados por las tropas combinadas de la Policía Nacional y el pequeño ejército de paramilitares del FSLN, contra los tranques y barricadas, el COSEP a regañadientes, y sufriendo fisuras internas, convocó al segundo Paro Nacional de un día, para el viernes 13 de julio, cuando estaba culminado la “operación limpieza” y se producía el criminal ataque contra los estudiantes de la UNAN.

El tercer Paro Nacional de un día fue convocado por la ACJD (el COSEP apareció en segundo plano, debido a las críticas de los sectores populares) fue convocado el viernes 7 de septiembre, esta vez con la consigna de libertad a los presos políticos, un tema muy sensible para el futuro de la lucha popular.

Efectivamente, los paros nacionales de un día, a cuenta gotas, no son efectivos en la lucha, crean la falsa sensación que la nación se rebela contra el gobierno, pero no causan daño alguno, porque al día siguiente todo sigue casi igual. La única manera de derrotar al gobierno asesino es a traves de un paro nacional indefinido que surja desde las bases, que no dependa de la voluntad negociadora y traicionera del COSEP, que se organice desde abajo, en los centros de trabajo, barrios y comarcas, por medio de comites y de la auto organizacion popular.

7.- La ausencia prolongada de los sindicatos y de la clase trabajadora

La dictadura ortega-murillista no solo logró desarticular a los partidos de oposición, creando partidos colaboracionistas, sino que, lo más grave, ha destruido a los sindicatos, castrando con ello a la clase trabajadora.

En Nicaragua los sindicatos existen en el papel, en los registros del Ministerio del Trabajo (MITRAB), pero en la realidad no juegan ningún rol. En el periodo 1990-2007, los únicos sindicatos que encabezaban algunas luchas estaban controlados por el FSLN, que se mantenía en la oposición, y utilizaba la lucha de los trabajadores para arrancar concesiones a los gobiernos de turno.

Después, en el periodo 2007-2018, tanto la Central Sandinista de Trabajadores (CST) en el sector de obreros industriales, de la construcción y de maquilas, como el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) en el sector de empleados públicos, demostraron ser correas de transmisión de las políticas de austeridad del Estado, controlado por el FSLN. Los sindicatos que existen sirven para controlar a los trabajadores, no para impulsar luchas. Por eso, los sindicatos no han aparecido en la escena de la lucha de masas en estos meses de insurreccion desarmada y movilizaciones populares.

Al no estar los sindicatos al frente de la lucha, la clase trabajadora no ha podido manifestarse con su poder y combatividad. Su lugar ha sido ocupado, en parte, por los movimientos sociales y sectores populares, y por otra parte, por la clase media que ha cerrado filas contra la dictadura. Los trabajadores pelean como individuos, no como clase organizada, lo que constituye una enorme debilidad de la lucha democrática.

8.- Ortega se hace el duro, pero se prepara para negociar

El primer Dialogo Nacional, inaugurado el 16 de mayo, y que causó tantas expectativas de una posible salida “suave” del gobierno sandinista, fue convocado como una maniobra de Daniel Ortega para ganar tiempo. Dilató apenas mes, hubo unas cuantas sesiones caóticas y finalmente se rompió el 16 de junio cuando Ortega-Murillo iniciaron su ofensiva militar contra los tranques y barricadas.

De nada le sirvió a la ACJD abandonar la exigencia de la renuncia del gobierno Ortega-Murillo, porque la estrategia de estos siempre fue muy clara: ganar tiempo, pasar el temporal, buscando como cambiar la correlación de fuerzas en los territorios.

El triunfo obtenido por Ortega, a punta de balazos, cambió un poco la correlación de fuerzas, le permitió retomar el control de las instituciones del Estado, pero no ha logrado recomponer la relación del FSLN con las masas populares. La reciente encuesta del grupo Ética y Transparencia (EyT) muestra que el 80% de la población está a favor de elecciones anticipadas y que solo un 20% apoya la gestión de Daniel Ortega. Y la tendencia es hacia un desgaste mayor, porque el conjunto de la población es testigo de las masacres y del establecimiento de una nueva dictadura.

Todos los factores continúan estando en contra de Ortega-Murillo: hay un enfriamiento de las relaciones diplomáticas con todos los gobiernos del mundo (salvo Cuba, Venezuela y Bolivia), la crisis económica continúa carcomiendo las reservas internacionales, la actividad económica está casi paralizada, continúan las marchas de resistencia, el encarcelamiento de centenares de jóvenes está creando un vasto movimiento por la libertad de los presos políticos, los ataques despiadados a la Iglesia Católica no ha logrado dividirla ni suavizar las criticas, el Vaticano ha cerrado filas con los curas, todos los préstamos internacionales aprobados han sido paralizados los desembolsos, etc.

Nicaragua avanza rapidamente hacia el abismo y Daniel Ortega lo sabe, por eso trabaja secretamente para crear una nueva mesa de negociaciones, que le permita iniciar una negociación en donde preserve las mayores cuotas de poder posibles. Precisamente las negociaciones se han paralizado porque todavía no logra cambiar la correlación de fuerzas a su favor. La dictadura resiste con cierto exito porque todavía tiene fondos provenientes del acuerdo petrolero con Venezuela, pero el dinero se agota y la crisis económica y el déficit fiscal se agudizan.

Las condiciones en que se producirá una nueva negociación son imposibles de prever, solamente nos limitamos a describir la tendencia general. Desde ya, las tendencias electoreras comienzan a tomar fuerza. La represión ha sido tan brutal, que comienza a cobrar fuerza la salida electoral. De continuar esta tendencia, la ACJD tiende a convertirse en una alianza electoral, en donde los empresarios del COSEP permanecerían agazapados para controlar al posible nuevo gobierno.

Es importante discutir un balance de lo que ha pasado, y los acontecimientos que se avecinan.

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