GUATEMALA.- Violencia disfrazada de moralidad


Por Ramona Itzep

Es importante resaltar lo que significa para las mujeres, pero especialmente para las niñas y adolescentes, ser víctimas de violencia de todo tipo. Para el caso de Guatemala las estadísticas de violencia contra las mujeres son alarmantemente elevadas y dan cuenta de esta situación los medios de comunicación y los registros de las instituciones estatales, en donde se refleja la situación de opresión en que las mujeres sobreviven en Guatemala.

A pesar de que la sociedad en su conjunto es consciente de esto, se empeñan en mantener estas condiciones de pobreza, falta de acceso a educación, a salud integral y oportunidades de desarrollo para las mujeres. Muestra de ello, son los ataques de los que ha sido objeto la diputada Sandra Morán, del partido de izquierda Convergencia, quien entre las múltiples iniciativas que ha presentado y actividades en las que se ha involucrado, está participando en la conformación de una mesa técnica junto a la Organización Mujeres Transformado el Mundo, para elaborar una iniciativa de ley que asegure la reparación a las niñas, adolescentes y mujeres que hayan sido violentadas sexualmente. Pero ¿Cuál es el problema con esta iniciativa de Ley?

El problema para esta sociedad conservadora y regida por una doble moral, es que dentro de la propuesta se ha puesto sobre la mesa considerar que se debe despenalizar el aborto, planteando la posibilidad del mismo en caso de que el embarazo sea producto de una violación. La diputada Morán ha manifestado que el Estado necesita una política de reconstrucción transformadora para las niñas, adolescentes y mujeres que, como resultado de violencia sexual quedan embarazadas, a quienes la sociedad y el Estado actualmente las obliga a una maternidad forzada. Es por ello que cabe dentro de la propuesta el tema del acceso al aborto, como una de las tantas opciones que el Estado debe garantizar a las niñas, adolescentes y mujeres que hayan vivido este flagelo

El tema del aborto es considerado como tema tabú, así como lo ha sido en su momento la educación integral en sexualidad, a la cual también se han opuesto estos sectores conservadores que engañan a la gente con un falso discurso de valores y moral. De hecho, el proyecto de Ley Nacional de Juventud se encuentra estancado en el Congreso de la República debido a la obstinada oposición de estos sectores retrógrados que se oponen a que los jóvenes tengan plena información sobre la sexualidad. Al no querer brindar una oportunidad de vida distinta a las mujeres que dentro de un sistema patriarcal, interrumpen de tal forma el proyecto de vida de miles de niñas adolescentes, imponiendo la continuidad de las formas opresivas contra las mujeres.

Esta es la expresión más asquerosa de la doble moral, porque asustan tanto con el tema del aborto, cómodamente como machos, y no les interesa educar a los hombres para que no violen, que no maten, que no golpeen, que no acosen, que no denigren la dignidad humana de las mujeres. Están callando los numerosos casos de violencia sexual, al no denunciar ni legal, ni moralmente esta situación.

Esta opresión hacía el cuerpo de las mujeres no es sufrida exclusivamente por las mujeres guatemaltecas, ni centroamericanas, aunque somos las más vulnerables por las condiciones de pobreza y pobreza extrema en que vivimos. La opresión sobre nuestros cuerpos se vive en todo el mundo. Recientemente las mujeres polacas se manifestaron en contra de políticas que atentan contra los derechos humanos de las mujeres y que han sido ganados con base en la lucha de mujeres organizadas para la erradicación de la opresión que hemos vivido por siglos.

Es por ello que solicito la solidaridad y el apoyo para con el movimiento nacional e internacional de mujeres para acuerpar esta lucha por la opresión, para que las mujeres participemos en la construcción de una sociedad socialista donde las formas patriarcales sean borradas. Apoyamos la iniciativa de ley de la compañera Sandra Morán y Mujeres Transformando el Mundo, que pretende brindar un mínimo de protección a las niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual.

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