Desde que el ex general Pérez Molina se perfiló como el posible ganador en las pasadas elecciones de 2011, casi toda la izquierda y las organizaciones sociales dieron la voz de alarma, anticipando el retorno a los peores años de la represión de los gobiernos militares y la guerra interna. Una buena parte los grupos políticos que se reivindican como progresistas, democráticos y de izquierda no dudaron en apoyar en la segunda vuelta electoral al también derechista y demagogo Manuel Baldizón, candidato que representaba sectores burgueses emergentes, ligados a manejos corruptos en las municipalidades del interior y al narcotráfico, adoptando la reaccionaria postura de aceptar el “mal menor”, o incluso atribuyéndole cualidades democráticas que está muy lejos de tener.

Con el triunfo electoral del PP, retomaron el manejo del Estado y el acceso a las decisiones de gobierno los grupos más conservadores de la burguesía, los grandes grupos corporativos y los grupos oligárquicos ligados al agro. A la par, sectores burgueses ascendentes ligados al ejército y los negocios vinculados a éste, accedieron al control directo del gobierno, impulsados por la promesa de aplicar mano dura contra la delincuencia y el crimen organizado, que se han convertido en un grave flagelo para la población. El trauma sufrido por la izquierda y las organizaciones populares guatemaltecas a causa de las salvajes masacres perpetradas por el ejército durante 36 años de conflicto armado interno, hicieron temer lo peor ante la llegada al gobierno de ex militares vinculados a las matanzas y el genocidio.

Sin embargo, como siempre, la realidad ha resultado ser más compleja y rica que los análisis unilaterales y simplistas.

La demagógica política de negociación del gobierno del PP

Los individuos no actúan impelidos solamente por sus características e inclinaciones personales, sino condicionados por el entorno social, político y económico, que se expresa en coyunturas específicas. En términos generales, la experiencia histórica nos indica que una represión violenta generalizada contra las clases oprimidas en su conjunto es provocada por el temor de las clases gobernantes, ante un ascenso igualmente generalizado de las luchas populares. Es la lucha final por el poder.

En Guatemala no existe todavía una situación revolucionaria que obligue al Ejército a frenar violentamente el ascenso y radicalización de las masas. En la actual coyuntura tenemos un ascenso lento y desigual de sectores de masas, especialmente en el campo, con luchas sectoriales limitadas en el sector urbano, luchas dispersas e intentos unitarios que marchan con dificultad.

Es por ello que el gobierno de Pérez Molina se ha centrado, en esta primera fase, en aparecer como un gobernante conciliador, priorizando una políticas de negociaciones y diálogos con los sectores que pasan a luchar directamente en las calles, enarbolando siempre su promesa de combatir al crimen organizado y la delincuencia, tocando un tema tan sensible para el ciudadano común, pero al mismo tiempo trata de cumplir la agenda de la gran burguesía, favoreciendo el clima de inversiones en energía, agroindustria, minería, actividad maquilera y mega proyectos basados en alianzas público-privadas.

Para crear el ambiente propicio para los negocios de los capitalistas nacionales y extranjeros, el gobierno trata de garantizar cierta “paz social” haciendo suyos, transformándolos, los programas asistenciales del gobierno anterior. Además, el presidente se ha presentado como un funcionario abierto al diálogo, la concertación y la negociación con los sindicatos y organizaciones populares.

De esta manera logró un acuerdo con los principales sindicatos de trabajadores de la salud, que hasta la fecha ha llevado a una relativa y precaria estabilidad a este explosivo sector que estuvo al frente de las luchas durante el gobierno pasado. La dirigencia del magisterio, después de una breve demostración de fuerza a inicios de la gestión de Pérez Molina, se ha plegado totalmente al gobierno demostrando una vez más su vil oportunismo.

La extrema pobreza en el campo crea una ebullición social permanente en la sociedad Guatemalteca. Con el sector campesino el gobierno ha tenido menos margen de maniobra, pues sus demandas afectan directamente los intereses de la burguesía agroindustrial y de la cúpula militar. Durante la marcha de nueve días en marzo del año en curso, Pérez Molina se mostró abierto al diálogo, la marcha no fue reprimida e incluso en una actitud demagógica acudió a su encuentro para constatar las necesidades de los manifestantes. Sin embargo, las negociaciones han llegado a un punto muerto ante la actitud cerrada del gobierno en torno a reclamos vitales. En este caso la táctica del presidente es de sostener, una tras otra, reuniones de diálogo para dar largas al tema. El nombramiento de dos funcionarios encargados de un sistema de diálogo nacional es expresión de esta política.

La oligarquía quiere un Estado más fuerte

Pero otra de las tareas del nuevo gobierno es restaurar la autoridad del Estado en el territorio nacional, deteriorada a causa del crimen organizado y la debilidad del sistema de justicia. Ello ha conducido a demostraciones de fuerza como el despliegue de elementos del ejército durante el conflicto entre los pobladores de El Regadío y el terrateniente Pedro Brol, la implantación del Estado de Sitio en Santa Cruz Barillas, la represión contra el bloqueo realizado por estudiantes de magisterio, la apertura de bases militares, especialmente en zonas conflictivas como San Juan Sacatepéquez, y la presencia del ejército en operaciones de combate a la delincuencia y las bandas criminales.

La burguesía ha sido beneficiada con una reforma fiscal que apenas toca sus intereses, la aceptación de un incremento voluntario de las regalías que pagan las empresas mineras y el anuncio de planes que facilitan la inversión, basados en privilegios fiscales, la disminución del salario mínimo y la aprobación de la flexibilización laboral y el trabajo a tiempo parcial, es decir en la sobre explotación de la mano de obra. Estos planes se plantean metas utópicas como la creación de 47 mil empleos anuales y un crecimiento del Producto Interno Bruto del 4% en este año.

Por otro lado, la crisis económica que afecta  a la Unión Europea y los Estados Unidos ha provocado un descenso de las exportaciones, agravada por la caída de los precios de los productos agrícolas de exportación. La desaceleración de la economía ha repercutido en un estancamiento de los ingresos fiscales y la inversión pública. Esta situación limitará significativamente la capacidad de maniobra y negociación del gobierno, pudiendo dar paso a un giro en su política.

La punta del iceberg: reformas constitucionales

En este complicado contexto Pérez Molina lanzó su propuesta de reformar parcialmente la Constitución. Estas reformas se harían para evitar dificultades en el futuro, y se llevarían a cabo en torno a cuatro ejes: seguridad y justicia, transparencia, cambios en las reglas de las leyes políticas y fortalecimiento del Estado en el área fiscal.

El gobierno aún no plantea claramente los puntos constitucionales que desea cambiar, aunque ha sido claro  en la intención de introducir cambios al artículo 23 que versa sobre la inviolabilidad de la vivienda y establece que la autoridad sólo puede penetrar a una vivienda con orden de juez competente y nunca antes de las seis ni después de las dieciocho horas. Este artículo se estableció debido a los abusos del ejército durante el conflicto armado interno. El gobierno ahora pretende que se puedan hacer cateos también en horas de la noche. No hay dudas que la oligarquía quiere un Estado mucho  más fuerte y represivo, al viejo estilo de las dictaduras militares.

En cuanto al tema fiscal, funcionarios del gobierno han mencionado que los aportes financieros que se deben incluir en el Presupuesto General de la Nación por mandato constitucional, le restan flexibilidad al manejo de los fondos gubernamentales. Entre estos aportes han mencionado el destinado a la Universidad de San Carlos, lo que quiere decir que hay una intención velada de reducir aún más los fondos de la USAC, algo que no debemos permitir. Detrás de esta posible reforma constitucional, se esconden un ataque directo a la educación superior, que de por si esta mas que necesitada de mayores recursos económicos. El presupuesto actual de la USAC no da para cubrir las necesidades de la juventud.

Los poderes del Estado y órganos constitucionales, casi la totalidad de partidos políticos, se resisten en convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, para que el pueblo se exprese democráticamente. La oligarquía quiere utilizar la mayoría del PP y sus aliados para hacer los cambios desde arriba, sin que el pueblo participe y decida. El demagogo Manuel Baldizón y su partido Líder se declaró a favor de la ANC con una agenda que incluye la retrógrada disposición de restablecer la pena de muerte, pero este es un mecanismo de presión para canalizar el descontento contra el actual gobierno. A partir de la semana que inicia el 11 de junio una comisión nombrada por el presidente recibirá propuestas de agrupaciones de la sociedad civil para tomarlas en cuenta al hacer las reformas. La intención es presentar la propuesta definitiva al Congreso el 2 de julio. 

Esta en marcha, pues, un proceso de reforma constitucional desde arriba, obedeciendo los intereses de la oligarquía y la burguesía, que quieren un Estado mas fuerte, pero que el mismo tiempo no quieren que el pueblo discuta democráticamente los principales problemas de Guatemala

Por una Asamblea Nacional Constituyente que favorezca a los oprimidos

El pueblo guatemalteco vive una situación extremadamente precaria. Con poco más de la mitad de la población en situación de pobreza y extrema pobreza, los índices de desnutrición infantil más altos del continente, un elevado porcentaje de la población económicamente activa dedicada a trabajos informales, falta de oportunidades para los jóvenes que se incorporan a la fuerza laboral que hace que se involucren en el crimen, salarios que escasamente alcanzan para cubrir las necesidades de las familias, etc.

La introducción de cambios a la Constitución de la República, por si solos, no  contribuye a transformar esta grave situación. Guatemala necesita cambios profundos, pero no los cambios que se les antojen al gobierno, los partidos burgueses y sus diputados, sino los cambios que expresen realmente las necesidades del pueblo explotado. El Estado guatemalteco es un Estado excluyente, que no reconoce los derechos de los pueblos indígenas, ni permite resolver el grave problema de la propiedad en el campo. La Constitución que queremos debe democratizar al máximo la sociedad guatemalteca.

Reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos

Pero la posible convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) no puede hacerse por medio de la actual Ley Electoral, pues ésta es antidemocrática. Actualmente se discuten cambios cosméticos a la Ley Electoral, que van en el sentido de restringir aún más la participación del pueblo trabajador, incrementando el número obligatorio de afiliados a los partidos y prohibiendo la participación en elecciones de partidos que no tengan candidato presidencial, entre otras cosas.

Esta Ley Electoral antidemocrática debe ser derogada, el Congreso debe aprobar una nueva, para permitir la más amplia participación popular en el caso que con la movilización popular obliguemos a convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Por ejemplo, así como se contempla la formación de Comités Cívicos Electorales que postulen candidatos a las alcaldías, se debe permitir la formación de Comités Cívicos que propongan también candidatos para delegados a la Asamblea Nacional Constituyente, que no estén vinculados a los partidos políticos. Debemos acabar con el monopolio de los partidos políticos, que permite que solo estos puedan presentar candidatos. Igualmente se debe permitir la participación de delegados de las organizaciones campesinas, sindicales, estudiantiles y populares en esta Asamblea Nacional Constituyente. De forma similar se debe permitir la participación de candidaturas independientes, disminuyendo el número de firmas requeridas para su inscripción.

Por un frente de organizaciones populares y de izquierda que luche por una ANC democrática

Sin habérselo propuesto, el presidente Pérez Molina ha puesto el dedo en la llaga. Está abriendo una puerta por la que el pueblo guatemalteco puede y debe colarse y presentar sus demandas más sentidas.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hace un llamado a las organizaciones indígenas, campesinas, sindicales, estudiantiles, de mujeres, de jóvenes y populares a conformar un frente que luche por la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que introduzca los cambios urgentes que necesita el pueblo guatemalteco. Que exija un proceso abierto, democrático y transparente de elección de delegados a tal constituyente. Que elabore un plan de reformas que democraticen al máximo el Estado guatemalteco. Y que llame a la movilización por todos los medios posibles por la defensa y aceptación de tal plan.

Por lo pronto el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) propone el siguiente Plan de reivindicaciones básicas que debe implementar la Asamblea Nacional Constituyente, que llamamos a convocar e instalar:

1.       Combate a la hambruna y desnutrición crónica mediante la implementación de una reforma agraria integral.

2.       Reconocimiento del Estado guatemalteco como multiétnico, multicultural y multilingüe.

3.       Reconocimiento de los derechos ancestrales de las comunidades indígenas, su cultura y lenguas.

4.       Nacionalización de los recursos energéticos, de producción minera y telecomunicaciones.

5.       Fortalecimiento del sistema público de salud con carácter gratuito a niveles que satisfagan las necesidades de la población.

6.       Fortalecimiento del sistema de educación pública y gratuita a todos los niveles, mejorando la excelencia académica.

7.       Alza general de salarios, estableciendo salarios mínimos acordes con el monto de la canasta básica. Los salarios deben subir automáticamente al ritmo de la inflación. Obligar a los patronos a pagar todas las prestaciones sociales de ley.

8.       Plan de construcción de viviendas populares de buena calidad a bajos precios.

9.       Plan de creación de empleos en base a obras públicas.

10.     Juicio y castigo a los culpables de masacres y genocidio durante el conflicto armado interno.

11.     Eliminación de los aparatos represivos clandestinos culpables de asesinatos de dirigentes sociales y sindicales. Juicio y condena de los responsables.

12.     Cese de la creciente militarización y proliferación de bases del ejército.

13.     Nacionalización bajo control de los trabajadores de las empresas que incumplan con la ley laboral y la libertad de sindicalización.

14.     Cualquier alto funcionario (presidente, diputados, magistrados, jueces, etc.) debe ser electo directamente por el pueblo, y su mandato puede ser revocado en cualquier momento

Centroamérica, 10 de Junio del 2012

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

PARTIDO SOCIALISTA CENTROAMERICANO

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