REPÚBLICA DOMINICANA.- Despojarán de su nacionalidad a miles de dominicanos por su ascendencia haitiana

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Por Sorayda Peguero Isaac

El Tribunal Constitucional (TC) de la República Dominicana acaba de emitir una sentencia con la que pretende despojar de la nacionalidad a miles de personas. La sentencia TC/0168/13, emitida el 25 de Septiembre, se aplicará de forma inmediata y una de sus implicaciones será la elaboración de una lista que incluirá a todos los hijos de extranjeros nacidos en suelo dominicano a partir de 1929 y hasta la fecha actual. El plazo fijado para el inicio de este proceso es de diez días y un año (prorrogable) para la elaboración de un nuevo listado de ciudadanos, que habían sido reconocidos como dominicanos y que en lo adelante serán considerados extranjeros.

La sentencia del Tribunal Constitucional afecta a más de tres generaciones de dominicanos que serán despojados del derecho adquirido de la nacionalidad sin causa comprobada e incurre en la violación de varios principios constitucionales, entre ellos, los derechos del niño a la identidad y a la nacionalidad, el principio de irretroactividad de la ley, el carácter vinculante de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el principio de igualdad.

Algunos organismos internacionales ya han mostrado su rechazo ante esta sentencia. Líderes comunitarios de Washington Heights y Puerto Rico extendieron una invitación a la diáspora dominicana para participar en manifestaciones de repudio ante la sentencia TC/0168/13. El coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en República Dominicana, Lorenzo Jiménez de Luis, declaró que la organización está ejecutando una investigación exhaustiva sobre la privación de documentación a personas que, habiendo tenido nacionalidad dominicana, han sido despojados de la misma, y añadió que la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional también será investigada.

Con el propósito de que "los Poderes del Estado dominicano suspendan la política de desnacionalización de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana", El Movimiento por un Registro Civil Libre de Discriminación (Reconoci.do), persiste en su lucha y solicita a la comunidad nacional e internacional que apoyen una nueva petición de firmas dirigida al Jefe del estado y al Tribunal Constitucional de la República Dominicana.

Incluso durante el tiempo muerto, cuando se acababa la zafra y los congó regresaban a Haití, el aire que se aspiraba en el batey era meloso y embriagador, como la transpiración de una caña añeja. Ana María recuerda que ella y sus hermanos correteaban por los rieles y se perdían entre los cañaverales, evitando el contacto con las ardientes hojas del fogaraté. Olía a guarapo, a melaza, a caña seca. Todos los aromas dulzones posibles impregnan el recuerdo de su infancia en un universo de sol volcánico y caña de azúcar.

Yermena y José se conocieron en los cañaverales del Ingenio Quisqueya. Ambos son haitianos y emigrantes afincados desde los años 70 en San Pedro de Macorís, al Sureste de la República Dominicana. José trabajaba en los campos de caña y Yermena se dedicaba a la venta ambulante de ropa y, eventualmente, al cultivo de caña. Ana María es la tercera de sus hijos. Cuando llegó al mundo, en 1986, José, que cuando se trataba de gestiones legales era muy prudente, se dirigió al Registro Civil para inscribir a su hija. Presentó su carnet de jornalero y regresó a casa con un acta de nacimiento que daba fe de que la niña Ana María había nacido, de que tenía madre y padre, de que pertenecía a una comunidad, de que era dominicana.

Ana María

"Siempre me he sentido dominicana. Reconozco y respeto mis raíces haitianas pero amo mi país igual que amo mis orígenes. Nunca me sentí fuera de la sociedad. Hasta ese día, no me había sentido tan humillada. Me dijeron que no podían darme el documento porque en el libro del Registro Civil dice que mis padres son haitianos. Yo quise saber el porqué, ya era mayor de edad, había completado la educación primaria y secundaria, mis padres nunca tuvieron problemas para inscribirme en la escuela. Tenía cédula de identidad y pasaporte, había ejercido mi derecho al voto, hasta había viajado a Brasil. No entendía qué problema había"

La respuesta del oficial civil se desplomó sobre Ana María con el peso aplastante de una gran losa: "Nosotros no somos culpables de que tus padres sean haitianos".

"Para mí no es motivo de culpa ser hija de haitianos, yo me siento muy orgullosa de mis padres", respondió Ana María a la oficial.

Era el año 2007. Pudo haber sido cualquier otro día, pero fue un lunes y fue, precisamente, un 10 de diciembre, el día de los Derechos Humanos. Con la finalidad de depurar el Registro Civil de errores, omisiones o fraudes, el pleno de jueces de la Junta Central Electoral de la República Dominicana dio a conocer la Resolución no.12, un procedimiento que "suspende provisionalmente la expedición de Actas del Estado Civil que contengan irregularidades o vicios que imposibiliten legalmente su expedición". A partir de ese momento, miles de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana se convirtieron en ciudadanos de ninguna parte.

Durante muchos años la inmigración haitiana en República Dominicana estuvo estrechamente ligada a la industria azucarera. A principios del año 1952, los gobiernos de República Dominicana y Haití firmaron un acuerdo para regularizar la inmigración masiva y temporal de jornaleros haitianos que trabajaban en la cosecha de la caña de azúcar. El gobierno dominicano determinaba la cantidad aproximada de jornaleros que necesitaba para la zafra -tiempo que dura la cosecha de caña- y las autoridades haitianas ponían en marcha un sistema de selección ejecutado por buscones que reclutaban campesinos para el trabajo en los campos cañeros. Cuando los jornaleros llegaban a territorio dominicano eran traslados en camiones custodiados por oficiales del ejército y conducidos en grupos hasta las plantaciones de los diferentes ingenios estatales y privados. La mano de obra haitiana se convirtió en un valor imprescindible para la pujante industria azucarera dominicana que, con la caída del dictador haitiano Jean Claude Duvalier y la consecuente inestabilidad política del país antillano, dejó atrás sus años de bonanza.

Entre zafra y zafra empezaron a formarse familias en los bateyes -comunidades aledañas a los ingenios- y nacieron niños y niñas que, con el beneplácito del Estado, fueron inscritos en las oficialías como dominicanos y dominicanas. Muchos de estos niños alcanzaron la edad adulta teniendo a sus padres como única referencia y vínculo con Haití; la mayoría de ellos ni siquiera conoce el país vecino.

En relación a los hijos de extranjeros, la Junta Central Electoral (JCE) manifestó que acoge lo establecido por la Constitución en su artículo 11 (vigente hasta el 26 de enero del 2010): "Son dominicanos: todas las personas que nacieren en el territorio de la República, con excepción de los hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país en representación diplomática o los que están de tránsito en él."

La JCE desmiente que la Resolución no.12 tenga matices discriminatorios y para respaldar su argumento señala que la excepción contemplada en el artículo 11 también incluye a los hijos de extranjeros que ejercen funciones diplomáticas. Sin embargo, los obreros haitianos que prestaban sus servicios en los campos cañeros no encajan en ninguno de estos dos grupos: no eran diplomáticos y no estaban oficialmente en tránsito. Los jornaleros recibían un carnet de Permiso de Permanencia Temporal que los diferenciaba de los extranjeros en tránsito y que les permitía realizar todo tipo de actos civiles. Hasta el 16 de agosto del 2004 se consideraba que un extranjero estaba en tránsito cuando permanecía en suelo dominicano por un periodo inferior a los 10 días, mientras que la temporada de zafra tenía una duración aproximada de 6 meses. Muchos jornaleros se establecieron en los bateyes junto a sus familiasy no regresaron a Haití. Estas comunidades fueron creadas por los empleadores con el consentimiento de los propietarios de los ingenios, que de este modo se ahorraban los gastos que generaba el retorno de los trabadores a su país de origen.

Son dominicanos, así lo reconoció el Estado de su país, pero no pueden acceder a las escuelas ni a las universidades. No les entregan sus cédulas de identidad ni sus pasaportes. No pueden adquirir propiedades, contraer matrimonio ni abrir cuentas en el banco, y no pueden declarar a sus hijos que, inevitablemente, arrastran la incertidumbre y las secuelas emocionales que genera en sus padres esta situación.

Una de las consecuencias de esta medida es el sentimiento de auto-odio. Muchas personas perjudicadas experimentan rechazo hacia su propia identidad y sienten que sus orígenes son un lastre que los condena de por vida a la mala suerte. Como en el caso de Ana María, el sentimiento de culpa es recurrente en los padres de jóvenes afectados por esta resolución. "Mi mamá se siente culpable. Ella me pregunta: ¿Qué he hecho mal? ¿Será porque no sé leer? Yo trato de explicarle que ellos no hicieron nada para provocar esta injusticia. Ellos vinieron a trabajar y a servir durante muchos años porque lo requería el Estado, porque los necesitaban. Si nuestros padres estaban en tránsito y era ilegal que declararan a sus hijos como dominicanos, ¿cómo es posible que por más de 40 años el Estado lo consintiera? Ahora nos quieren matar dejándonos vivos."

Ana María sigue sin entender la lógica de la Resolución no.12, se siente discriminada, y asegura que los empleados de algunas oficialías utilizan un código para referirse a los hijos de haitianos: HH (hijo de haitiano). "Si eres un HH y vas a una oficialía para solicitar cualquier tipo de documentación te pueden pedir desde fotografías familiares hasta el acta de nacimiento de tu abuela. Eso no se lo piden a nadie más. La cuestión es complicarnos la vida. Los oficiales del estado civil dominicano tienen estrictas órdenes de la JCE de no expedir actas de nacimiento a personas con apellidos haitianos. Dicen que no discriminan pero se fijan en la forma de tu boca, en tu pelo, en el color de tu piel. Si esto no es discriminación, ¿qué es?".

"El día que me negaron mi acta de nacimiento me sentí frustrada. A pesar de ser hija de haitianos, de ser negra y de haber crecido en un batey, nunca me había sentido discriminada en mi país. Nunca nadie hizo alusión a mi origen como motivo de culpa, ni siquiera en la escuela padecí la crueldad de los niños; quizás porque en el batey todos éramos iguales, era mi ambiente. Lo que no me habían dicho nunca antes me lo decía una oficial del estado. Salí llorando de esa oficina. Estaba destrozada. Mi intención inmediata era entrar en la universidad pero ni siquiera me dijeron cuánto tiempo estarían investigando mi caso."

Durante la campaña electoral, el actual presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, expresó su preocupación por este problema y dijo que había que encontrar una solución. Después de su ascensión al poder no ha vuelto a pronunciarse al respecto. En declaraciones ofrecidas a la prensa, el presidente de la JCE, Roberto Rosario, advirtió que "no regalará la ciudadanía a persona alguna que no cumpla los requisitos constitucionales para obtenerla, ni cederá ante ningún tipo de ataque de sectores amparados en una supuesta defensa de los derechos humanos".

La Resolución no.12 ha perjudicado notablemente la imagen de la República Dominicana a nivel internacional. Argumentando que había presentado respuestas de suficiente fundamento y base jurídica, El Estado dominicano solicitó este año a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no convocar más audiencias para abordar el tema de la nacionalidad.

Ana María no está dispuesta a resignarse, actualmente se desempeña como vocera de El Movimiento por un Registro Civil Libre de Discriminación (Reconocido) y se mantiene firme en la lucha por sus derechos y los de miles de jóvenes que comparten su condición de indignada. @reconoci_do empezó como una campaña centrada en el desarrollo de actividades que demandan la erradicación de las medidas discriminatorias de la Resolución Nº12 y una recogida de firmas. En la actualidad, el movimiento realiza acciones pacificas el día 12 de cada mes y cuenta con el apoyo de varias entidades sociales y religiosas que luchan contra lo que califican de "genocidio civil".

A mediados de febrero, decenas de dominicanos de ascendencia haitiana caminaron por las calles de Santo Domingo cargando pequeñas cruces de madera. Cada cruz representaba el malestar común que los arropa desde que sus historias personales quedaron atrapadas por tiempo indefinido en un tortuoso limbo, en la incertidumbre de no saber qué pasará con sus vidas ahora que no son ni de aquí, ni de allá.

REPUBLICA DOMINICANA: Cambios en la Constitución de la República Dominicana amenazan a mujeres, inmigrantes y trabajadores

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Por Megan Cornish

La República Dominicana comparte con Haití la isla de la Española, lugar donde Cristóbal Colón y sus conquistadores criminales aterrizaron por primera vez en 1492. Desde ese entonces, el país ha sido gobernado por una élite rica que sirve a los intereses imperiales, actualmente, los de EEUU.

Existe una desigualdad salarial tan extrema que la mitad más pobre de la población recibe una quinta parte del Producto Nacional Bruto (PNB), mientras que el 10 por ciento más rico recibe casi el 40 por ciento del PNB.

Sin embargo, durante la depresión mundial, es evidente que el grado de saqueo no es suficiente. El gobierno, de acuerdo con la Iglesia Católica Romana, se encuentra a la ofensiva, lanzando una revisión draconiana de la constitución nacional. Si se efectúan, dichos cambios empobrecerán aún más a los miembros de las clases bajas y mermarán los derechos de las mujeres, las minorías sexuales, los inmigrantes y el movimiento laboral.

Como respuesta a esta embestida, las mujeres están saliendo a las calles a protestar, y cuentan con el apoyo de la Liga Socialista de los Trabajadores (LST), organización trotskista que reconoce la importancia de defender a los trabajadores más vulnerables.

La LST también hace un llamado a favor de fortalecer la oposición por medio de la unión de todos aquéllos que son afectados.

Ataques a los más oprimidos. Las revisiones de la constitución son una combinación de ataques políticos, asaltos económicos y tácticas de "divide y vencerás" diseñadas para mermar la solidaridad de la clase trabajadora. El efecto real de dichas medidas es facilitar que los dirigentes impongan medidas de austeridad más severas a los trabajadores, los cuales sufren ya de por sí debido a una tasa de desempleo de más del 15 por ciento y de una pronunciada inflación.

Las revisiones incluyen la penalización del aborto en todas las circunstancias, aún en caso de violaciones o para salvaguardar la vida o la salud de la madre; el limitar la definición de la familia sólo a aquéllas dirigidas por un padre y una madre heterosexuales casados por la Iglesia católica; el negar la ciudadanía a los niños nacidos en el país que sean hijos de inmigrantes (sobre todo de haitianos); y la penalización de cualquier huelga o acto laboral que disminuya la producción.

La prohibición general del aborto afecta la autonomía y el poder político de las mujeres, e intenta forzarlas a regresar al hogar tradicional. Las mujeres también son afectadas doblemente por la limitación en la definición de familia. Ambas revisiones fueron respaldadas por la Iglesia católica.

El reaccionario artículo sobre la familia afecta profundamente a las familias lésbicas, gays, bisexuales y transgéneros (LGBT); a las madres de casa, que representan el 45 por ciento del total; y a las familias extendidas, muchas de las cuales son dirigidas por los abuelos. Esas familias "no tradicionales" son la norma en parte porque dos millones de dominicanos — una quinta parte de la población — han emigrado por necesidades económicas.

Las consecuencias de dicho cambio para la supervivencia serán severas. ¡La redefinición de la familia excluirá a la mayoría de la población de los servicios sociales!

Y también existen los "ahorros" que los ricos quieren tener por medio del saqueo de lo poco que por ahora tienen los inmigrantes haitianos.

Los haitianos — una fuerza de trabajo súper explotada. La misma presión económica que hace que muchos dominicanos abandonen su patria también obliga a los haitianos a cruzar la frontera para entrar en la República Dominicana. Haití es aún más pobre que su vecino. El 80 por ciento de la población es pobre, y el 54 por ciento es miserablemente pobre.

Los políticos y los medios dominicanos están haciendo chivos expiatorios y satanizando a los haitianos para justificar la negación al acceso a la ciudadanía. Desgraciadamente, esta campaña ha encontrado terreno fértil. Los haitianos están sufriendo más frecuentemente ataques, asesinatos y quema de casas. El prejuicio racial y la hostilidad nacional son las causas. Sólo el 11 por ciento de los dominicanos son negros, mientras que el 73 por ciento son de raza mixta y el 16 por ciento son blancos.

Los haitianos ya se encuentran entre los peor pagados trabajadores de la República Dominicana. Sin acceso a la ciudadanía, serán excluidos de los servicios sociales y las pensiones del gobierno, y se les excluirá de la participación política.

El movimiento laboral en su totalidad también está sufriendo ataques. Aunque la nueva constitución defiende la legalidad de las huelgas, al mismo tiempo prohíbe cualquier acto laboral que provoque una reducción en la producción. ¡Éste es, por supuesto, precisamente el objetivo de cualquier huelga o disminución del ritmo productivo!

Las mujeres toman la delantera en la lucha contestataria. El proceso de cambio constitucional es completamente antidemocrático. El Presidente, miembro del Partido de la Liberación Dominicana, esperó para anunciar su plan de una revisión constitucional hasta después de su reelección en 2008. La Asamblea Revisora, la cual está integrada por las dos cámaras del Congreso y el Presidente, está considerando y aprobando los cambios. El pueblo no puede opinar.

Dos terceras partes de los artículos propuestos han sido aprobados por un voto inicial pero habrá una segunda deliberación. Los opositores están aprovechando este tiempo para organizarse contra el coloso constitucional.

En mayo, grupos de mujeres reunieron a varios miles de personas para una manifestación masiva contra el Artículo 30 que prohíbe el aborto. La protesta incluía a activistas LGBT, doctores y organizaciones médicas.

Varios grupos de izquierda asistieron a la marcha aunque el LST fue el único que ayudó a organizar.

El Artículo 30 ha atraído la atención internacional, incluyendo las críticas de Amnistía Internacional y del director regional de la UNICEF.

Las Mujeres Radicales Nacionales de los EEUU han enviado una declaración de solidaridad al Comité de Lucha Contra el Retroceso dirigido por mujeres.

Grupos de mujeres están dirigiendo la demanda por un voto popular para reemplazar el tiránico proceso actual.

El LST apoya el llamado al referéndum, y está colaborando con otros grupos afectados, incluyendo los sindicatos laborales, las organizaciones de inmigrantes haitianos, y la izquierda. Ha sido la única organización radical que ha hecho hincapié en la importancia del apoyo a las mujeres, a las minorías sexuales y a los haitianos. El LST enfatiza la necesidad de un frente unido de todos los grupos afectados para contrarrestar los ataques del gobierno.

La esperanza más profunda para detener a este monstruo es la oposición organizada de los trabajadores. Y el fomento de la solidaridad entre los grupos particularmente oprimidos — las mujeres, las personas LGBT y los haitianos — lograrán que progrese el movimiento laboral en su totalidad independientemente del resultado.

REPUBLICA DOMINICANA: Los trabajadores no tenemos que pagar los platos rotos.

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QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS RICOS

Los trabajadores no tenemos que pagar los platos rotos.

Este documento fue presentado por la Liga Socialista de los Trabajadores (LST) de República Dominicana en la Cumbre Alternativa organizada en la universidad estatal por el Foro Social, una agrupación donde convergen sectores de izquierda y personalidades. La Cumbre Alternativa fue convocada en oposición a la Cumbre de Fuerzas Viva que el gobierno dominicano organizó buscando base social para imponer su plan hambreador.

El capitalismo sacudido en su peor crisis financiera y económica desde hace décadas ha dado dos respuestas. La primera y más destacada fueron los rescates multimillonarios, principalmente a sus bancos y en menor medida a sus empresas emblemáticas como las automotrices.

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REPUBLICA DOMINICANA: Sindicato de Trabajadores de empresa Loadway denuncia confabulación de Secretaría del Trabajo y la patronal

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DECLARACION DE PRENSA

El Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la empresa Lodway Eterprise Inc., de la zona franca de Bonao, denunció que una vez más la Secretaría de Estado de Trabajo (SET) actúa a favor del patrón Thomas King, al aprobar mediante una resolución de fecha 26 de mayo el Lic. Valentín Herrera, Director General de Trabajo, 45 días de suspensión de los 480 trabajadores sin disfrute de sueldos.

Los obreros se mantenían en vigilia en el área del comedor de la empresa desde el pasado nueve de mayo (19 días), en reclamo de que la patronal cumpliera con sus contratos de trabajo. También interpusieron una instancia a la SET de rechazo a la solicitud de suspensión. Sin embargo, “… Actuaron fraudulentamente, ya no tenemos confianza, porque no podían otorgarle la suspensión, porque demostramos que había materia prima, la prueba estaba ahí, pero los inspectores se hicieron de la vista gorda”, denuncia la compañera Cecilia Pimentel, Secretaria de Finanzas del Sindicato.

Otra trabajadora, denunció que lo que hizo la SET no fue legal, “porque al parecer no analizaron los documentos, se vendieron, se confabularon”.

Por su parte, Carlos Hiciano, Secretario General del Sindicato sostuvo que durante los 19 días que permanecieron en vigilia acudieron a las autoridades de Bonao, incluyendo la Gobernación, a la SET local, pero no han hecho nada. Explicaron que una prueba de que la suspensión era inviable es que el pasado miércoles 27 de mayo el patrón sometió el levantamiento de la suspensión a 120 (25%) de trabajadores, a quienes llamó a trabajar con la misma materia prima que había en la empresa; incluso querían obligarles a laborar horas extras. Además, todas las semanas antes de la suspensión estaban sacando tres y cuatro furgones de camisas. Entonces, no se justificaba la suspensión.

Confabulación y represión

Explicaron que los representantes de la Secretaría de Trabajo Mayra Vicente y Pedro Carrasco (Inspectores) a pesar de haber constatado, en presencia de los trabajadores, que había materia prima y condiciones para seguir laborando rindieron un informe en el cual no incluyeron nada de lo que observaron en su supuesta inspección. Esa acción ha contado con la participación cómplice del señor Carlos Galán, Secretario local de trabajo. Por lo que sostienen que todo eso hace dudar a los trabajadores de la pulcritud del proceso y de que los aludidos funcionarios no se hayan vendidos al patrón, como suelen hacer.

También denunciaron que para imponer la resolución y sus acciones el patrón acudió, como siempre, a la represión decenas de policías fueron llamados a reprimir a los obreros y obreras. Resultando varios con moretones y rasguños en los brazos y piernas. A Carlos Hiciano, Secretario General del gremio y a otros dirigentes, los policías les apuntaron con sus armas de fuego y los empujaron contra la verja. “No hubo una tragedia porque más de cuarenta trabajadores nos saltamos por la verja e íbamos pa´ donde ellos y entonces los soltaron”, manifestó Cecilia Pimentel.

Actualmente en la fábrica hay varios policías que impiden la entrada de los trabajadores suspendidos.

Mantendrán la lucha

Los dirigentes y obreros de la Loadway manifestaron que tienen la determinación de mantener la lucha, para lo están apelando la Resolución de la SET que aprueba la suspensión; programarán marchas y piquetes; buscarán la solidaridad y coordinación con organizaciones locales y del país. “Es posible que al vencerse los 45 días el patrón intente pedir una prorroga, pero vamos a contrarrestar eso, vamos a hacerle entender al patrón que no permitiremos más burlas y confabulación con la Secretaría de Trabajo”, sostuvo Carlos Hiciano.