La visita del procónsul Ricardo Zúñiga
Del 5 al 8 de abril visitó por primera Guatemala y El Salvador una delegación de la recién instalada administración del presidente Joe Biden, presidida por Ricardo Zúñiga; la visita estuvo motivada por la urgente crisis migratoria creada por el incremento exponencial de personas (adultos y niños) del Triángulo Norte y otros países que llegan a la frontera sur de Estados Unidos. Las declaraciones de los funcionarios estadounidenses estuvieron plagadas de referencias a la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho, la administración de la justicia, los niveles de empleo, la seguridad, etc. de la población de la región para frenar el enorme flujo de migrantes.
Lo que no mencionó Zúñiga ni ninguno de los enviados de Biden fue el componente represivo de las políticas que se está acordando con los gobiernos de México y el Triángulo Norte. Seguramente por esa razón no se permitió la presencia de los medios en las reuniones entre las autoridades locales y la representación gringa.
Fue recién el 12 de abril que la portavoz de la Casa Blanca Jen Psaki anunció que Guatemala, México y Honduras acordaron aumentar la presencia militar y policíaca en sus fronteras para controlar la migración y el tráfico humano. Según Psaki ese compromiso es resultado de la visita de la comitiva estadounidense la semana pasada, aunque el tema se discute a varios niveles en los gobiernos de Estados Unidos y los países del área.
De acuerdo a las declaraciones de la funcionaria, México estaría movilizando 10 mil efectivos a su frontera con Guatemala. El gobierno de López Obrador desde hace más de un año había utilizado la Guardia Nacional (creada en 2019) para implementar el rastrero acuerdo con el expresidente gringo Donald Trump, que intentaría frenar las oleadas migratorias procedentes de Centroamérica; esta Guardia Nacional ha sido acusada ya de brutales abusos contra los migrantes, no solamente en la frontera con Guatemala, sino en los sitios que ofrecen refugio a los viajeros, donde han irrumpido con lujo de violencia. Guatemala enviará 1,500 policías y soldados a su frontera con Honduras e instalará 12 puestos de registro a lo largo de la ruta migratoria hacia México; los esbirros del gobierno de Alejandro Giammattei ya demostraron de lo que son capaces el pasado 16 de enero cuando atacaron a garrotazos y con gases lacrimógenos a una caravana de migrantes procedente de Honduras. Y este último país dispondrá de siete mil policías y militares para dispersar los grupos de migrantes. Psaki no tuvo reparos en afirmar: “Creo que el objetivo es hacer más difícil el viaje y hacer más difícil cruzar las fronteras” (Prensa Libre 13/04/2021). Claramente, el mensaje es que, mientras las medidas implementadas por las ongs nacionales e internacionales y las mejoras en la “gobernanza” alivian la pobreza y extrema pobreza de la población de la región (algo muy poco probable), lo mejor y más práctico es repartir palo y macanazos a todos los que intenten llegar a la frontera de Estados Unidos.
En Guatemala, los funcionarios del ejército y el gobierno escondieron la cabeza afirmando desconocer esos acuerdos. Solo el ministro de defensa hondureño, Fredy Díaz, reconoció que efectivamente hay un compromiso de destacar militares y policías a la frontera para cortar el paso a los migrantes y se trabaja en el plan, aunque antes el embajador de Honduras en Washington, Luis Sazo lo había negado. Díaz afirmó que “lo más importante es que es un apoyo a los operadores de justicia”, considerando que entre las caravanas se está dando el tráfico de menores (El Heraldo 13/04/2021).
La asistente especial sobre inmigración en el Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca, Tyler Moran, confirmó la existencia de dichos acuerdos, afirmando que el accionar de las fuerzas represivas evitará que los traficantes de personas y cárteles de drogas se aprovechen de la situación y protegerá a los menores que viajan solos; sin embargo, hasta el momento las acciones violentas de los destacamentos armados de los gobiernos involucrados no han demostrados que ese sea su propósito.
En marzo más de 172 mil indocumentados fueron detenidos en la frontera de Estados Unidos y México, el nivel más alto en 15 años, entre ellos 19 mil menores no acompañados. Este enorme flujo de compatriotas expulsados de sus países por la miseria y la violencia solo podrá ser frenado por la acción decidida de trabajadores, campesinos, indígenas, mujeres y jóvenes organizados bajo la bandera de un programa de lucha democrático radical y anticapitalista que saque de la crisis a nuestros países.