Agudización de la crisis de la dictadura y estancamiento de la lucha popular en Nicaragua
Por primera vez en 41 años, no se celebra el 19 de julio con un acto masivo en la principal plaza de Managua. La pandemia de coronavirus, que fue negada o minimizada en varias ocasiones por voceros de la dictadura, terminó pasándole factura al FSLN. La enorme cantidad de contagios y muertos, que ha afectado a una buena parte de los cuadros medios y de dirección del FSLN, impidió la tradicional celebración anual de simpatizantes que añoran con melancolía aquellos dorados tiempos cuando el FSLN, que había encabezado la insurrección victoriosa contra el somocismo, era venerado por una amplia mayoría de la población.
Cuatro décadas después, Nicaragua ha retrocedido una vez más. La dirigencia del FSLN, o mejor dicho lo que queda de ella, ha terminado instaurando otra dictadura, similar o peor que la somocista. Esta nueva dictadura está encabezada por Daniel Ortega Saavedra y su esposa Rosario Murillo. Es una nueva dictadura dinástica, familiar, que se sostiene por medio de la represión de la Policía Nacional y del terror que ha impuesto de un pequeño ejercito paramilitar que acosa y ataca a los opositores, a raíz del aplastamiento de la revolución que se inició en 2018.
Dos años y medio después de las masacres, la popularidad del FSLN ha descendido estrepitosamente. Las sucesivas encuestas de opinión registran esa drástica caída, y el nivel de simpatías ronda apenas el 20% de la población, y con posibilidades de continuar en caída libre. Entonces, la pandemia más el desgaste político del FSLN, fueron los factores que obligaron a suspender el tradicional acto masivo, una fiesta casi religiosa para la base social del FSLN.
En un acto reducido, teniendo como escenario un recién instalado símbolo esotérico, la estrella de la esperanza o pentagrama, en el centro de la antigua y pequeña plaza de la república, la pareja presidencial se presentó ante un reducido público de miembros de la Juventud Sandinista (JA-19), rodeado de los jefes del Ejército Nacional y de la Policía Nacional.
Todos los altos funcionarios que rodearon a la pareja dictatorial, han sido sancionados de manera individual por la administración de Donald Trump, bajo acusaciones de corrupción y violación de derechos humanos. Estados Unidos sanciona individuos, pero no se atreve a sancionar al gobierno, porque continúa negociando secretamente una posible salida electoral y no quiere estropear los resultados de un acuerdo.
Sin lugar a dudas, ese impasse es aprovechado por la dictadura para mantener el control interno con mano militar. El informe de Ortega se limitó a detallar los supuestos avances de salud bajo su administración, los que han permitido supuestamente contener la pandemia. La cantidad de muertes por coronavirus fue ocultada en la cifra global de muertos. En su informe no hubo una sola mención a la crisis política originada por la rebelión de abril del 2018, ni a la cantidad de presos políticos, tampoco menciono la pavorosa crisis económica que aflige a la población, incluso no mencionó a la oposición. Parecía el discurso en una película surrealista en la que un dictador autista hablaba para sí mismo.
Si por la víspera se saca el día, todo indica que la dictadura Ortega-Murillo se siente segura del nivel de control interno que ha logrado restablecer, se aferra firmemente al poder, esperando cambios en la coyuntura internacional, especialmente el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
La anhelada reforma electoral parece haber entrado en el congelador. Los diferentes grupos de oposición, incluida la llamada Coalición Nacional (CN), no hacen campaña entre las masas, sino que están acostumbrados a la intriga y la conspiración de los pasillos.
En muchos aspectos, casi siempre la agenda política en Nicaragua ha estado determinada por las políticas del Departamento de Estado de los Estados Unidos, quienes siempre han ejercido influencia en las dictaduras de turno y hasta en la oposición. Desde diferentes ángulos, ambos, dictadura y oposición, giran en torno a la agenda política del gobierno de Estados Unidos.
Es hora de romper ese esquema que ha sido dañino para el pueblo de Nicaragua, la democratización del país, el desmantelamiento de la actual dictadura, será posible si logramos crear una alternativa política independiente, en donde prevalezca únicamente los intereses populares.
La rueda de la historia nos coloca nuevamente en el periodo anterior a 1979, esta vez no debemos cometer los mismos errores.