NICARAGUA.- ¡Paro Nacional Ya! ¡Rechacemos el reaccionario acuerdo Ortega-OEA-Empresarios del COSEP!
Nicaragua vive, sin lugar a dudas, un proceso de revolución democrática en curso. La masacre de abril contra los estudiantes no ha podido frenar esta dinámica, que se mantiene con sus naturales flujos y reflujos, constituyendo el pico más elevado de la lucha popular en Centroamérica. Como en 1979, el desenlace de la lucha contra el gobierno Ortega-Murillo, tendrá profundas repercusiones en una región en crisis, asolada por todos los males del neoliberalismo.
Los brutales ataques a los estudiantes de la UNI, el 29 de mayo, provocaron la solidaridad del pueblo, y la marcha del 30 de mayo, en honor a las madres de los estudiantes asesinados, se convirtió en la tercera gran marcha multitudinaria en menos de dos meses de lucha, la cual fue atacada a balazos por los sicarios del régimen.
En este proceso, las masas en lucha, carentes de una dirección revolucionaria clara y firme, intentan imponer los cambios con su movilización, mientras otras fuerzas oscuras conspiran en sentido inverso. Ortega vuelve a negociar, pero sigue atacando a las masas.
El gobierno Ortega-Murillo rompió las negociaciones del Dialogo Nacional, el 23 de mayo, argumentando que la agenda de democratización de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), significaba un “golpe de Estado”. En una clara maniobra, pateó la mesa de negociaciones, pero las reacciones no se hicieron esperar. Ese mismo día, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), reprochó la decisión de Daniel Ortega, al afirmar que “cualquiera que piense que Nicaragua tiene una solución diferente a la electoral se equivoca gravemente. Cuando la sociedad esta polarizada, la decisión debe volver en forma urgente al soberano: el pueblo”.
Días después, el empresario Piero Coen Ubilla, presidente del Grupo Coen, el segundo grupo económico en importancia, después del Grupo Pellas, declaró que “(…) Lo que el pueblo quiere no es un Golpe de Estado, sino una salida constitucional, democrática y pacífica”. (Confidencial, 29/05(2018)
Carlos Pellas, presidente del grupo económico más fuerte de Nicaragua, recientemente declaró “(…) el modelo que traía el país se agotó (…) hay que encontrar una salida ordenada, dentro del marco constitucional que implique reformas que conlleven un adelanto de elecciones en Nicaragua, para una fecha acordada entre la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia y el Gobierno, que permitan elegir por medio de un proceso libre y transparente a nuevas autoridades”. (La Prensa, 30/05/2018)
Y para que no quepan dudas, el mismo 30 de mayo, los presidentes de los principales grupos económicos y de la oligarquía financiera, enviaron una carta conjunta a Daniel Ortega, expresándole que “el sector privado está de acuerdo y apoya los aspectos fundamentales relativos a garantizar la institucionalidad democrática (…) creemos conveniente invitar que se involucren como asesores y garantes de la implementación de los acuerdos a representantes de organizaciones internacionales como la OEA y la Unión Europea. (…) los años pasan y nadie es eterno. Usted (…) debe colaborar en replantear el funcionamiento del sistema político y buscar caminos de concertación a nivel nacional, restableciendo la normalidad política de un estado democrático”. (La Prensa, 30/05/2018)
En nuestra Declaración del PSOCA del día 26 de mayo alertamos que el gobierno Ortega-Murillo intentaba remitir las negociaciones del Dialogo Nacional a los acuerdos que Ortega había firmado con Almagro en enero del 2017. Esta es la nueva estrategia de las fuerzas de la reacción que pretenden mantener con vida el statu quo. Ahora tenemos que todos los grupos empresariales se han puesto de acuerdo en este punto: una salida constitucional, tal como habían reclamado Ortega-Murillo.
La salida constitucional no es otra que abandonar la consigna de la renuncia del gobierno Ortega-Murillo, tal como lo exigen las masas en la calle, para dar paso a un complicado proceso de reformas graduales, que bien pueden terminar en elecciones anticipadas, o bien pueden alargar esta decisión.
No solo se requieren reformas al sistema electoral, sino cambiar todos los poderes, es decir, un cambio total, una profunda revolución democrática donde la mayoría del pueblo recupere la capacidad de elegir y destituir al gobierno y los altos funcionarios. Ortega y los empresarios se han puesto de acuerdo en reformar al sistema, con “ayuda” de la OEA, ese ministerio de colonias manejado por el imperialismo norteamericano, y también con el imperialismo europeo, pero nada ni nadie garantiza si esta reforma será profunda o cosmética.
Lo único que puede garantizar una profunda revolución democrática es que estudiantes y trabajadores impulsemos un gran Paro Nacional (los empresarios le temen) que tumbe el gobierno Ortega-Murillo y convoquemos inmediatamente a elecciones para elegir una Asamblea Nacional Constituyente que reorganice el Estado y la económica en beneficio de las mayorías pobres.