Los sindicatos y organismos populares centroamericanos debemos luchar contra las extorsiones y el “impuesto de guerra”
La recién terminada Cumbre del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), realizada en Tegucigalpa, a la que asistieron Joe Biden, vicepresidente de Estados Unidos, y todos los presidentes centroamericanos, confirmó una vez mas que la región Centroamericana es la zona mas violenta del planeta, y que los artificiales Estados nacionales se están derrumbando ante el accionar del narcotráfico y del crimen organizado.
La Cumbre del SICA terminó como estaba prevista, con la sujeción de todos los gobiernos del área al plan imperialista, y con regateos sobre las ayudas económicas. Como era de esperarse, los presidentes no tocaron los problemas de violencia, asaltos cotidianos, extorsión y cobro del llamado “impuesto de guerra”, que golpea a los trabajadores de las barriadas, es decir, a los sectores más pobres de la sociedad centroamericana.
En los países del llamado “Triangulo del Norte” (Guatemala, El Salvador y Honduras) es donde se concentra el grueso de la violencia y este tipo de actividades delictivas. Los choferes o motoristas de estos países, son extorsionados y hasta asesinados cotidianamente por pandillas de delincuentes. Los maestros y trabajadores de la salud son extorsionados por delincuentes. El caso mas grave, probablemente, es el de los maestros de las barriadas mas alejadas o de lo sectores rurales, quienes tienen que pagar las extorsiones de sus escuálidos salarios. Pero no solo los trabajadores son extorsionados, la delincuencia golpe a pulperías, pequeños negocios, a cualquier tipo de actividad económica, pequeña o grande. Este es un mal social que crece aceleradamente, y que, contradictoriamente, sirve de pretexto para militarizar nuestras sociedades. Es un peligroso círculo vicioso, que debemos romper.
Aquí tenemos una expresión concreta de como la crisis del capitalismo y la descomposición social que genera, afecta directamente a los trabajadores. En algunos casos estos maestros, choferes o motoristas, deben abandonar su trabajo y sus hogares, o pagar la extorsión o el impuesto de guerra.
En la recién finalizada Cumbre del SICA los presidentes mencionaron, de pasadita, que la utilización de los ejércitos en la llamada guerra contra el narcotráfico en Centroamérica, era algo necesario y coyuntural, debido a la manifiesta incapacidad de las diferentes Policías para enfrentar a la delincuencia organizada, en todos sus niveles. Y aquí hemos llegado al punto decisivo: no es una exageración afirmar que, en la mayoría de los casos, existen fuertes vínculos de los mandos policiales con el crimen organizado, y que por ello la violencia, los asaltos, las extorsiones y el llamado impuesto de guerra” son imparables. No lo decimos nosotros, lo dicen el mismo general Douglas Fraser y el vicepresidente Joe Biden. Así también lo han reconocido los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras. El caso de corrupción mas dramático es el de Honduras, en donde se esta produciendo un proceso de depuración policía que, como era de esperarse, está en un punto muerto.
La izquierda Centroamericana, por vivir en la región mas violenta del planeta, está obligada a plantear alternativas para combatir esa violencia que perjudica directamente a los trabajadores. La burguesía vive en mansiones con seguridad día y noche, se traslada en lujosos carros con guardaespaldas. Los trabajadores y los sectores populares, por sus condiciones de vida y explotación, viajan en buses destartalados, son asaltados a cualquier hora, etc.
No se trata de montar nuestra propia guerra particular al narcotráfico y crimen organizado. Eso no es posible, pero sí podemos y debemos desde los sindicatos y organizaciones populares, dar una repuesta para frenar las extorsiones, los asaltos y el cobro de “impuesto de guerra” a los más pobres.
Los sindicatos tienen el desafío de organizar y movilizar a sus afiliados en contra de los cobros ilegales y las extorsiones. Las amenazas a maestros o empleados nos obliga a movilizar a todos los trabajadores, a buscar nexos en las comunidades, a hablar con las maras o pandillas de los barrios, con las organizaciones barriales, para lograr en conjunto el cese de ese tipo de actividades, que amenazan con destruir en los hechos la organización sindical y popular.
Además, en el fondo esta es una tarea de convencimiento político. Las maras o pandillas deben luchar contra la exclusión social a que los somete el capitalismo, no desangrar a sus propios hermanos de clase. Pero nada ni nadie garantiza atraerlas a la lucha revolucionaria.
En esta perspectiva, no hay recetas ni modelos a seguir. Solamente nos hemos limitado a señalar un grave problema que aqueja a decenas de miles de trabajadores en Guatemala, El Salvador y Honduras. También nos hemos limitado a plantear algunas posibles soluciones, que deben ser discutidas por los trabajadores, en sus centros de trabajo y en los barrios, para que ellos decidan democráticamente las salidas a aplicar.
Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) proponemos la creación de Comités Antiextorsión de los trabajadores. Esta labor la pueden hacer el propio sindicato, o grupos de trabajadores organizados de manera independiente para tal motivo. En las barriadas populares proponemos la creación de Comités de Vigilancia por cada territorio, sea por cuadras o bloques, o manzanas, para controlar y neutralizar a los delincuentes. La ventaja en los barrios populares es que todos nos conocemos. Estos comités deben proteger a los maestros, choferes y motoristas, amenazados. La deserción de los maestros afectaría directamente a la comunidad.
Estas son nuestras primeras propuestas. Los trabajadores tienen la palabra.