Por Leonardo Ixim
Con 2,3 millones de fallecidos y más de 106 millones de personas infectadas para inicios de febrero del 2021, la enfermedad del COVID-19 sigue amenazando a la humanidad, convirtiéndose en un verdadero fenómeno global propio de la época imperialista del capitalismo. Esta pandemia ha obligado a la mayoría de los gobiernos del mundo, salvo algunos negacionistas, a realizar medidas de cuarentena y distanciamiento social, por la forma de contagio de la enfermedad.
Estas medidas cayeron como balde de agua fría a la economía mundial, en un contexto de donde ésta mostraba síntomas de enfriamiento, en una incierta recuperación pos crisis mundial de 2008, producto del salvataje a los grandes conglomerados financieros de parte de los Estados imperialistas y marcado por el conflicto entre estos.
Las medidas emprendidas para detener el contagio, si bien lograron -en los países donde se aplicó más duramente- detener el contagio, los efectos en las economías nacionales fueron devastadores, afectando sobre todo con esto a la clase obrera mundial. En Centroamérica, donde la mayoría de la población laboral está en el sector informal, los efectos de estas medidas aumentaron con creces los índices de informalidad, así como el desempleo y la cesación laboral, pues los patrones descargaron sobre las y los trabajadores la crisis.
Competencia en torno a las vacunas
La característica de la época imperialista es la del oligopolio mundial, no la libre competencia como pregonan; la producción de medicamentos está concentrada en unas cuantas empresas, cuyos capitales son de los países centrales. Muy al inicio de la pandemia la Organización Mundial de la Salud (OMS) junto a la Coalición para la Innovación en Preparación para Epidemias (CEPI en sus siglas en inglés), instancias donde participan los grandes conglomerados farmacéuticos, organizaron un fondo mundial de 2,000 millones de dólares para la inversión rápida y el desarrollo de candidatos a vacunas donde estas grandes empresas obviamente eran las beneficiadas.
De tal forma, se fueron desarrollando una serie de vacunas que con retrasos -son tres fases de experimentación según los criterios científicos para aprobarlas- iniciaron en enero la vacunación, sobre todo en algunos países imperialistas. La CEPI, pese a anunciar la colaboración entre empresas, gobiernos y academia bajo las famosas alianzas público-privadas, como esfuerzo común para lograr las tan ansiadas vacunas, en la práctica con recursos públicos e investigación académica, varias empresas fueron desarrollando la vacuna cada una por su lado.
Sin embargo, toda esa palabrería esconde la verdadera falta de colaboración, donde instancias como la OMS están a merced de la voracidad capitalista; pese a que desde inicios del siglo se realizaron investigaciones producto de las primeras variantes de coronavirus (del cual COVID-19 es una) registradas en países asiáticos, muchas de estas fueron detenidas porque no representaban ganancias para estos grandes conglomerados.
Las diferentes vacunas
Para febrero de 2021, diez vacunas han sido autorizadas para su uso público por la OMS e instancias nacionales de regulación de medicamentos, así como 66 candidatas en investigación clínica. Las vacunas contra esta infección pueden clasificarse según el vector que utiliza el material genético del virus SARS-CoV-2. Estas son:
De ARN mensajero: a) Tozimeran de las empresas Pfizer, farmacéutica estadunidense y BioNTech, empresa de biotecnología alemana. b) mRNA-1273 de la empresa también estadunidense de biotecnología Moderna, elaborada junto al estatal Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de ese país.
Con vectores del propio virus desactivado: a) BBIBP-CorV del Grupo Farmacéutico Nacional Chino -Sinoparhm-, una empresa de carácter para estatal china. b) BBV152de capital indio junto al Consejo Indio de Investigación Médica. c) CoronaVac elaborada por Sinovac Biotech empresa privada china. d) WIBP también de Sinopharm.
Bajo el uso de otros vectores virales: a) Sputnik V del Centro Nacional de Investigaciones de Epidemiologia y Microbiología Gamaleya, el cual tuvo capital de fondos privados de inversiones rusos. b) AZD1222 elaborada por la Universidad de Oxford y por la empresa farmacéutica británica AstraZeneca. c) Ad5-nCoV elaborado por CanSino Biologics empresa privada china con sede en Hong Kong, elaborada junto al Consejo Nacional de Investigación de Canadá. d) Ad26.COV2.S de la empresa estadunidense Johnson&Johnson y su filial belga Janssen Pharmaceutica.
Estas empresas, además de conseguir fondos públicos para desarrollar la vacuna, son conglomerados con apoyo estatal tanto en recursos como investigación científica, sean empresas estatales como el caso de las chinas o monopolios privados que están imbricados con sus respectivos estados. Un caso especial es la vacuna cubana, también aprobada por la OMS de Soberana2 del Instituto Finalay de ese país, totalmente estatal y elaborada a base a componentes de otros virus y bacterias.
¿Un nacionalismo de vacunas?
Aunque existe el mecanismo de COVAX impulsado por la OMS y la misma CEPI, el cual es una canasta donde los fabricantes de vacunas ponen a disposición una cantidad de las mismas, mientras que los gobiernos aportan cierta cantidad de dinero para ser beneficiarios, estas solo cubren el 20 por ciento de la población para vacunar de cada país. La mayoría de lotes de vacunas están concentrados en Estados Unidos, China, Reino Unido, Francia, Japón, Alemania y Corea del Sur, el cual representa casi el 53 % de vacunas y solo el 14 % de la población en rango de vacunación.
En ese sentido, pese a que, en varias naciones del mundo (en la región centroamericana, por ejemplo, Costa Rica) ya se está vacunando, el grueso se concentra para las naciones imperialistas, habiendo además retrasos de los fabricantes, pese a que esos gobiernos ya han adelantado sumas millonarios a las farmacéuticas en contratos a futuro, además de las proporcionadas por estos para la investigación. Un ejemplo de esto fue que la UE invirtió 2.700 millones de euros para el desarrollo de vacunas y acordó la compra de 600 millones de dosis de Pfizer, 160 millones de Moderna, 400 millones de AstraZeneca, 400 millones de Curevac, otros 400 millones de Johnson & Johnson y 300 millones de Sanofi. Un total de 2.260 millones de dosis.
Así, por un lado, las naciones más desarrolladas concentran la demanda principal de vacunas sobrepasando la necesidad real y por el otro lado se generan conflictos entre estas, por ejemplo, Reino Unido bloqueó la exportación de la vacuna AZD1222 de AstraZeneca, mientras que la Unión Europea ha implementado medidas extraordinarias para bloquear la salida de su territorio. Medidas de carácter nacionalista reaccionario propias de una competencia inter-imperialista; de tales medidas ya fuimos testigos al inicio de la pandemia en lo que se refiere a equipos de protección personal o de atención a pacientes.
Se asiste también a una guerra entre empresas para adueñarse de los mercados, a partir de negociaciones secretas con los distintos gobiernos, aunque en los países dependientes se espera que el mecanismo de COVAX supla una primera parte; por ejemplo, en Guatemala se está a la espera de la llegada de la vacuna de AstraZeneca habiendo ya retrasos, así como la duda en toda Centroamérica de las capacidades logísticas de almacenamiento.
Además, se ha impuesto una serie de cláusulas prohibitivas, como plazos demasiados permisivos para el abastecimiento, protección de patentes y cláusulas de inmunidad para evitar ser responsabilizadas si algo sale mal, es decir todavía se quieren lavar las manos estas empresas. Así como prohibirles a los gobiernos imperialistas la donación o venta a un tercer país de las dosis, convirtiéndose en un bloqueo hacia los países más pobres y cláusulas para suspender los suministros si los Estados hacen públicos los precios negociados con las empresas.
A esto se le agrega la incertidumbre causada por la mutación y el aparecimiento de nuevas cepas, así como la capacidad de estas vacunas para generar inmunidad, ante las nuevas modificaciones del componente molecular (ADN y ARN) de este virus, situación generada en la medida que los escenarios de multiplicación de la pandemia se mantienen.
¡Por la liberación de patentes!
De hecho, una plataforma, dentro la cual se encuentran Médicos sin Fronteras, Oxfam y otras organizaciones no gubernamentales, está exigiendo la exención de los derechos de propiedad intelectual en relación con las vacunas y medicamentos para atender la infección por COVID-19. También gobiernos como India y Sudáfrica se han manifestado en ese sentido.
Las patentes y la propiedad intelectual no son más que la apropiación privada de un bien común, producido por el conocimiento científico acumulando durante años o décadas por la clase trabajadora. En este caso, esto es producto de múltiples investigaciones en diferentes países, en gran parte financiadas con dinero público, en universidades, hospitales o centros de investigación de todo el planeta.
Nosotros consideramos que los sindicatos de trabajadores de salud, organizaciones comunitarias que atienden la salud y otros organismos sociales deben asumir la consigna de liberación de patentes. Además de exigir la centralización del sistema público y privado, en un plan de vacunación general de toda la población, con la participación de sindicatos y organizaciones populares.
